En México se efectuará el próximo primero de agosto una Consulta Ciudadana con la finalidad de conocer la opinión pública sobre la posibilidad-necesidad de enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), por diversos delitos acontecidos durante sus respectivos periodos de gobierno. La medida ha recibido críticas de los sectores conservadores por considerarla propaganda gubernamental, sin embargo, es de notarse que muchos de los opositores estuvieron directamente ligados a los mandatarios en cuestión, por lo que de ser enjuiciados podrían verse vinculados de una u otra forma a los delitos que se persigan.
La Consulta Ciudadana ciertamente podría haberse evitado si desde la presidencia se emitiera la denuncia correspondiente contra cada uno de los ex presidentes, pues mucha evidencia pública existe de la corrupción, la represión y violencia de Estado, la depredación, el saqueo y la sobreexplotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo proletaria que se efectuó en cada uno de los sexenios correspondientes, así como del despojo de territorios, la paramilitarización, las desapariciones forzadas, la militarización, los asesinatos, los presos políticos, los vínculos con el narcotráfico, la entrega de la política al interés imperialista, la violación de los derechos humanos, laborales y de salud de millones de seres humanos. Estos últimos hoy resultan indispensables frente al Covid-19, en suma, la Consulta pudo no necesitarse mediante una acción decidida del gobierno federal para finalizar con la sabida impunidad que rodea a los personajes mencionados.
Por otro lado, la Consulta servirá como barómetro para poner en la palestra la correlación de fuerzas entre los sectores de la burguesía y los partidos políticos después de la elección del 6 de junio pasado, pero lo que es significativo es nuevamente la falta de vinculación de estos procesos con las necesidades reales de la clase trabajadora y los sectores populares, pues si bien es verdad que el enjuiciamiento de los ex presidentes sería una medida paliativa de los agravios sinfín sufridos durante décadas de neoliberalismo, también es cierto, que mientras las estructuras económicas y sociales del capitalismo mexicano se mantengan, poco o nada se podrá esperar en beneficio de los oprimidos, y como ejemplo, baste notar que muchos de los delitos, si no es que todos, por los que son señalados los ex mandatarios continúan siendo parte de la vida cotidiana del México actual.
A mi parecer los ex presidentes deben ser enjuiciados sin ninguna duda, así como también un gran número de ex gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, y otros sectores vinculados a ellos como son los intelectuales orgánicos de esos regímenes por su complicidad cínica ante tanto agravio, e igualmente, creo que personajes como Luis Echeverría deberían ser incluidas en la lista de ex presidentes a juzgar por su participación en los genocidios de Tlatelolco en 1968 y el “Halconazo” en 1971. Hoy claros procesos reivindicativos se efectúan en países como Bolivia y Chile, en los que son puestos en juicio los golpistas neofascistas y los reductos de la dictadura pinochetista respectivamente.
Establecer la justicia no es ni será solo un acto de votar, aunque este mecanismo pueda abrir caminos y generar cierta conciencia, lo que hace falta, es la conjunción de la voluntad proletaria-popular para poner fin a tantos años de agravio e impunidad.