Estado de situación, riesgos y perspectivas de la democracia

Desde que a inicios de los años 80 se recuperara la democracia de una noche larga de gobiernos dictatoriales y autoritarios, han pasado algo más de 3 décadas. Es decir, prácticamente una vida y una generación que da por sentada una conquista tan costosamente obtenida, y que actualmente se disfruta como si se tratase de un hecho dado e irreversible. No se suele reparar que más bien se trata de un logro dinámico y en permanente transformación, a pesar de la falta de sobresaltos, los golpes de Estado y la inestabilidad social y política que fueron tan frecuentes en aquellos regímenes antidemocráticos que parecían haber quedado en el pasado histórico.

Muy en contrario de lo que muchos piensan, entienden, o inclusive viven a la democracia como un estado de situación dado (generalmente asociado a un conjunto de valores y principios heredados y que el liberalismo burgués y republicano se encargó de reforzar en el imaginario social como si fueran imperfectibles y estáticos); en realidad la democracia es más bien el mejor termómetro que da cuenta de la dinámica de la correlación de fuerzas en la sociedad y frente al Estado, y de cómo ella misma se encara y resuelve en la realidad. Es decir, que NO se trata de un lugar ideal de llegada preestablecido e inmutable, sino de un continuum en constante búsqueda de perfeccionamiento y profundización (que refleja, claro está, la fuerza, la disponibilidad y la potencia de las luchas populares, en su permanente interacción con el Estado).

Tan dinámica y cambiante es la democracia, que a pesar de percibirse alguna estabilidad y la relativa vigencia de libertades y derechos que dan una sensación de calma y orden social; éstas se ven frecuentemente resquebrajadas, sea por la emergencia coyuntural de crisis y conflictos que ponen en jaque el orden establecido, o sea por la acumulación de medidas y formas de gobierno que, amparados en el poder circunstancial, deciden adoptar comportamientos y decisiones autoritarias que conculcan derechos, restringen libertades y, a título de efectuar reformas necesarias (muy en consonancia con el modelo salvajemente desarrollista y extractivista tan en boga), atentan contra la naturaleza, el estado de derecho y las conquistas sociales. Ver al efecto lo que sucede actualmente en países como Argentina o Nicaragua. En el caso de Bolivia por ejemplo, y en el afán de perpetuarse inconstitucional y antidemocráticamente en el gobierno, inclusive pretenden burlarse y desconocer decisiones mayoritarias del soberano expresadas en las urnas.

EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA EN LAS ESFERAS DEL GOBIERNO

Para efectuar un ejercicio acerca del concepto de democracia que se tiene en el gobierno, es imposible omitir aquella memorable sentencia utilizada por el vicepresidente García Linera, según la cual nadie debería creer que la repostulación de Evo Morales «la vamos a rifar por un apego abstracto a la norma» [1].

El contenido de la misma, como se puede advertir, no solo delata una intencionalidad y una voluntad política. Sucede que expresa la falta de respeto y no repara en deshacerse de cualquier tipo de límite (así sea inclusive constitucional o de otra índole) para conservar, reproducir y perpetuarse en el gobierno. Pero además, también refleja un concepto de democracia por la cual lo que importa es la detentación del poder a cualquier costo.

Y esta última certeza no es producto de la especulación o de una deducción arbitraria; en realidad corresponde a lo que el mismo vicepresidente se ha encargado de explicar más detenidamente, sobre todo si recordamos cuando espetó que entiende a la democracia como una guerra, donde él se ve como un aguerrido e innato luchador.

Es más, según él repitiendo a Gramsci «las clases dirigentes se constituyen en el Estado», porque cuando están en el llano «son subalternas (y) siempre están fragmentadas, porque son dominadas y dirigidas». En cambio, «cuando las clases subalternas se convierten en clase dirigente, solamente lo pueden hacer a través del Estado. Son poder estatal». Más adelante dirá: «Esta dimensión de lo democrático no la podemos perder (…) si las clases subalternas se vuelven dirigentes solo en el Estado, lo que ha permitido ser Estado a las clases subalternas es su unificación en torno a un proyecto y un líder». Por tanto, «renunciar a la candidatura de Evo, es decir regresar a la subalternidad. Eso no pasará».

A buen entendedor pocas palabras. Cuando García Linera sostiene que «por ningún apego abstracto a la norma» dejarán de repostular a Evo; lo que está diciendo expresamente es que ello los devolvería a la subalternidad, a la fragmentación. Es decir, perderían su condición de élite dominante en el poder. El Estado es concebido y disputado de esa manera, como espacio de acumulación y concentración de poder. Es más, en su repetida y característica lógica de tergiversar y voltear los hechos (y los pensamientos como el de Gramsci) para justificar y fundamentar tramposamente su razonamiento, sostiene que «las clases subalternas son portadoras de los democrático», pero entiéndase bien, «solamente cuando se convierten en clase dirigente a través del Estado y son poder estatal». En otras palabras, cuando asumen y concentran el poder y se apropian del Estado.

Se trata de un concepto de poder que va totalmente a contrapelo de construir cada vez menos Estado y cada vez más sociedad; donde el «pacto social» entre la sociedad y el Estado, solo sea una cesión circunstancial y temporal del poder que reside en el pueblo (el soberano) y no un cheque en blanco para apropiarse y acumular poder. Para García Linera lo que importa es que las clases subalternas se constituyan en clase dirigente a través del Estado, con el propósito de fortalecer el poder, su propio poder, y reproducir nuevas élites de dominio para imponer su voluntad. Es como si los obreros decidieran adoptar y fortalecer el capitalismo que los explota, domina y somete, pero que según la lógica de García Linera, sería para superar su condición de pobres explotados. El tufo colonial así apesta, porque quiere travestir la única salida que le queda a los oprimidos (luchar y acabar con el sistema), a cambio de reformarlo, convivir con el sometimiento y convertirlos en sus defensores. La metáfora irónica no es casual, habida cuenta de aquel planteamiento suyo sobre el capitalismo andino.

No hay que olvidar que la capacidad de control y manipulación es el máximo anhelo de los gobernantes sobre la sociedad y sus organizaciones. Esta aspiración que puede asociarse al concepto de hegemonía colonial, viene a constituir un método de anulación de las autonomías y de las libertades democráticas, que finalmente acallan, dividen y buscan someter a las organizaciones sociales y sus movimientos, destruyendo así sus modos de pensar, de vivir y de interrelacionarse. De esa forma, la cooptación, el prebendalismo, la clientelización y la división de las organizaciones y sectores sociales de la que todos hemos sido testigos, vienen a constituir la más palpable verificación objetiva de la utilización de este mecanismo colonial de subordinación y control que se ha ejercitado, con tal de preservar el poder como fin último.

Como si todo lo anterior no fuese suficiente y con el explícito propósito de conservar el poder a toda costa, García Linera y el gobierno no han tenido ningún reparo de acudir al argumento del racismo y la discriminación [2], como motivo de descalificación y victimización para capitalizar y cooptar engañosamente lealtades.

Utilizando como ejemplo algunos casos sucedidos (indiscutiblemente condenables, pero no generalizables al conjunto de la sociedad como pretendieron), buscaron asociar la imagen del propio presidente Evo Morales con los sectores sociales que le guardan lealtad y una inocultable afinidad social y étnica, haciéndolos aparecer como víctimas y blanco de dichas expresiones racistas y discriminadoras. Al margen de sembrar resistencias y antagonismos que el propio Estado debía haberse encargado de ayudar a superar (pero que solo se ocupa de reprimir en forma selectiva, sobre todo cuando se trata de casos políticamente aprovechables), el propósito más importante que se buscaba era desencadenar un fuerte movimiento de indignación, para aprovecharlo como respaldo a las pretensiones prorroguistas y de perpetuación en el poder.

Lo irónico del asunto es que el propio vicepresidente y nada menos que el viceministro de descolonización, han sido registrados efectuando el mismo tipo de discriminación, incitación a la violencia y racismo del que se quejaban y denunciaban. De esa manera se hizo evidente la grosera manipulación que luego quisieron volcar como arma en contra de la sociedad que entienden como blancoide y racista, para capitalizarla en función de sus intereses de poder. Así, aquella tarea de descalificación y condena en que se embarcaron con el propósito de alimentar adherencias en torno a la figura de Evo Morales, terminó siendo un boomerang que se estrelló contra la actitud y las expresiones de sus propias altas autoridades.

Un apunte marginal importante. Cuando la defensa por mantener a toda costa el supuesto «derecho humano» de ser reelegido y perpetuarse en el gobierno, pasa de un inocultable culto a la personalidad (que convierte al caudillo en imprescindible), prácticamente repitiendo el mismo tipo de razonamiento monárquico-feudal por el que se justificaba una especie de designio de dios; entonces se hace inocultable también otra evidencia proporcionalmente equivalente en su magnitud y significación.

Estoy haciendo referencia a que si nada menos que el segundo hombre en el gobierno y el Estado, llega a ese extremo de conclusiones y afirmaciones para sustentar la candidatura de Evo Morales, NO es por la convicción y la creencia (al menos la única), de que se trata de la única carta ganadora de las elecciones a las que legal y constitucionalmente está prohibido de asistir (nótese que es el mismo tipo de cábala que hicieron con el referéndum tan prematuramente convocado y perdido el 2016); sino que expresa diáfana y claramente que sin Evo Morales como candidato, implosionaría inmediatamente su estructura partidaria y gubernamental, dando lugar a la división, el fraccionamiento y la disputa al interior de todo su aparato. Por tanto, quien guarde la más mínima esperanza de que el MAS decida ceder, respetar y retomar el cauce democrático y constitucional, está completamente equivocado, puesto que una decisión en ese sentido (tomando en cuenta las claras expresiones vicepresidenciales), sería imposible, por la sencilla razón de que equivaldría a un suicidio, a decretar su autodestrucción y el fraccionamiento irreversible (lo que García Linera llama «retornar a la subalternidad»).

En ese sentido y vistas así las cosas, se hace evidente que más allá de la diletante como tramposa trama argumentativa y conceptual que crea Alvaro García Linera para justificar y defender la candidatura de Evo Morales, en realidad sea ésta la causa fundamental (y el extremo pavor) para lanzar semejantes argumentos. Las conclusiones y consecuencias que ello contrae para el proceso democrático que va hasta el año 2019 cuando deberían realizarse las elecciones, las debe sacar cada uno.

UNA EMERGENCIA INÉDITA: LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA CIUDADANA [3]

El movimiento de resistencia ciudadana democrática, es un producto inesperado pero previsible que surge como resultado de la negativa oficialista de acatar el mandato constitucional, así como los resultados del referéndum nacional 21F de 2016, que fue expresamente convocado por el propio gobierno en la falsa percepción de que podía ganar holgadamente y con el afán explícito de prorrogarse en el gobierno indefinidamente.

El movimiento ciudadano así constituido, está conformado por un conjunto muy heterogéneo y diverso de corrientes, colectivos, plataformas y agrupaciones, cuya característica fundamental es el rechazo contundente a la terca intención oficialista de prorrogarse en el poder, como a la injerencia de partidos, políticos y dirigentes de la derecha tradicional y neoliberal que habiendo sido expulsados en el pasado, pretenden arrimarse y utilizar esta fuerza social como trampolín para retornar al gobierno.

Desde entonces, este movimiento espontáneo esencialmente, ha ido generando un proceso de acumulación paulatina de fuerza, hasta el punto de empujar al gobierno a que tome decisiones desesperadas, que lo llevaron a obligar y forzar la movilización de funcionarios públicos y otros sectores sociales, que fueron trasladados de una ciudad a otra con la penosa tarea de hacer multitud para contrastar y medir fuerzas con el movimiento ciudadano. A su turno, éste último no solo había logrado concentrar, marchar y protestar multitudinariamente en las calles primero (cuando se cumplió el primer año del 21F), sino también paralizar el país después, en inéditas jornadas cuando se logró la abrogación completa del Código Penal que ya se había promulgado, y posteriormente, cuando en el segundo aniversario de referéndum 21f de 2016, se logró paralizar el país nuevamente.

Las calles se convertían así en el epicentro de la compulsa de fuerzas que, muy a pesar de los criterios enfrentados que todavía persisten acerca de quién tiene mayor arrastre y capacidad de convocatoria, solo se dirimirá efectivamente en el futuro, y en el mejor de los casos en las elecciones previstas para fines del 2019.

También se puede decir que fueron jornadas de enfrentamiento (simbólico y real) entre un concepto de democracia de guerra, del miedo y de la amenaza, contra la resistencia pacífica de un concepto de democracia de la dignidad, la autoconvocatoria, la conciencia de derechos y la libertad.

Sin embargo y a pesar de los incuestionables méritos descritos, el movimiento ciudadano también adolece de limitaciones, vacíos y errores, que a la postre podrían dispersar y atomizar el impacto de sus acciones, pero que sobre todo deberían ser motivo de análisis para calibrar exactamente el alcance de sus expectativas.

De la merecida sensación de orgullo y triunfo que emergieron como resultado de las impactantes y sucesivas movilizaciones que pusieron en jaque al gobierno, se ha entrado en un periodo de latencia donde predomina la duda y la incertidumbre sobre lo que queda por hacer. Una vez desgastada la trillada repetición de lo que NO se quiere, sin saber lo que verdaderamente se busca; lo que sucede es que los diversos colectivos se preguntan ahora qué hacer y cómo lograr mantener movilizada la resistencia pacífica.

Como queriendo curarse en sano y con el argumento de que el movimiento ciudadano debe liberarse de toda tutela político partidista, e inclusive de la dependencia de cúpulas dirigenciales de sectores sociales agremiados, para reafirmarse como un movimiento autoconvocado e independiente; lo que está sucediendo es la negativa y resistencia a «mezclarse» y efectuar un análisis político de la coyuntura y el contexto. Se asocia la política con las malas prácticas, la corrupción, la ausencia de ética y el consuetudinario aprovechamiento que han ejercido tradicionalmente los partidos, los políticos y sus dirigentes. Por eso se produce un impulso de rechazo para no relacionarse con la política (entendida como el mal mayor), sin advertir que por más «cívico», autoconvocado o independiente que quiera mostrarse el movimiento ciudadano, finalmente no tendrá otra alternativa (sea en el plano colectivo o en el individual), que definir posiciones y adoptar decisiones que no podrán eludir una determinada forma de concebir la sociedad, el Estado, la economía y la propia política.

Ensimismados como están muchos de los colectivos en sus reflexiones acerca de qué hacer para defender la Constitución y la decisión mayoritaria del 21F; no reparan que mientras tanto el gobierno continúa conculcando derechos, restringiendo libertades, avasallando organizaciones y destruyendo la naturaleza y los recursos naturales, con base en la exacerbación del modelo salvajemente extractivista y desarrollista que impulsa. Es decir, que continúa atentando impunemente contra la democracia, el Estado de derecho, la institucionalidad y todos aquellos valores que supuestamente son defendidos por aquel movimiento ciudadano por el 21F, la democracia y el respeto a la Constitución. Sucede que no logran (o no quieren) percatarse y articular las luchas cotidianas que se producen en diferentes lugares del país (como por ejemplo del TIPNIS, el proyecto Rositas, Bala-Chepete, Tariquía, deforestación y transgénicos, justicia, feminicidios, etc., etc.), siendo que estas causas constituyen el meollo del problema, que hace al modo de gobernar y el tipo de país que se quiere, una vez que concluya el periodo del actual gobierno. No se percibe que más allá de hacer respetar la decisión soberana del pueblo y la Constitución, se encuentra la responsabilidad de evitar la destrucción y construir el país que queremos (para todos, las generaciones futuras, la naturaleza y la propia vida).

La firme convicción de defender la democracia como único escenario que garantiza un futuro para el país, no puede estar asociada exclusivamente a hacer respetar la decisión soberana del pueblo, e impedir un prorroguismo inconstitucional. Es imprescindible imaginar y construir una alternativa programática de izquierda que supere aquel tan frecuente error histórico de supeditarse a la figura de un candidato (generalmente improvisado y ficticiamente construido) y/o subordinar sus alcances al establecimiento de pactos y acuerdos (con el argumento de la unidad u otro inconsistente motivo), que con seguridad volverán a desvirtuar, pervertir y traicionar el proyecto nacional-popular.

 APUNTES A MODO PROSPECTIVO

En perspectiva a futuro, lo que se puede apreciar es que mientras se siga divagando para encontrar modos de cómo defender la decisión soberana del 21F y la democracia, es claro (como de hecho ya lo hace), que el gobierno continuará conculcando derechos, atentando contra la democracia, restringiendo libertades y avasallando todo indicio de resistencia que interfiera o ponga en riesgo su decisión de perpetuarse en el poder.

Eso significa que mientras se prefiera continuar criticando e interpelando acremente las intenciones prorroguistas del oficialismo en forma exclusiva (y que por lo demás supone un esfuerzo de movilización muy desgastante), pero sin hacer nada frente al modelo de desarrollo extractivista y las cotidianas medidas que se imponen, siendo las principales causas de los problemas y conflictos que tiene el país; entonces debe tenerse clara conciencia de que no se logrará el objetivo buscado, pero sobre todo no se crearán, ni existirán condiciones para generar una verdadera articulación social, que permita cohesionar las luchas sociales con la necesidad de defender la democracia y construir una alternativa popular.

El llamado a la unidad tampoco constituye una alternativa. Los acuerdos con la vieja política y la derecha tradicional, no suman, solo restan, por la sencilla razón de que lo que en principio aparece como la «única» o «mejor» solución con condiciones para disputar electoralmente y generar posibilidades de alternancia; la experiencia y los ejemplos frecuentes que se han dado recientemente en países vecinos, muestran que a lo largo y final del proceso emprendido por dichas «alianzas», termina como lastre y mala carga. Se ha demostrado suficientemente, que a la postre los pactos por la democracia (u otros principios aparentemente enaltecedores que sirven de anzuelo), terminan imponiendo y haciendo prevalecer los impulsos conservadores y reaccionarios, pero lo que es peor, terminan destruyendo las posibilidades de construir un país y un futuro diferentes para todos.

Por ello, a tiempo de recuperar el claro rechazo y la explícita resistencia democrática al prorroguismo oficialista, como también a la derecha tradicional, cuya convicción se ha impostado en el imaginario nacional; debe tenerse claro que si no se da curso y construye paralelamente una verdadera alternativa de izquierda, entonces es previsible esperar un resultado negativo y desfavorable para la nación. Es decir, que el país tendrá que conformarse en el peor de los casos con el retorno de una derecha reaccionaria y neoliberal (al estilo de Argentina, Brasil o Chile) o, en el mejor de los casos, con una opción moderada y amarilla (producto de componendas y pactos que ya habían sido desterrados), que en buenas cuentas no será otra cosa que más de lo mismo. Es decir, la exacerbación de un modelo salvajemente extractivista y desarrollista que terminará con la naturaleza, los recursos naturales y la propia economía nacional.

Notas:

[1] Para conocer el contexto y la versión completa de la afirmación sostenida por Alvaro García Linera, ver: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Alvaro-Garcia-Linera-Las-fuerzas-opositoras-lograron-irradiarse-a-escala-nacional-20180224-9355.html

[2] Se trata de un asunto de gran importancia vinculado a la descolonización interna del país, que merecería una reflexión aparte. Sin embargo, lo que se puede decir es que en 12 años de gobierno del MAS y pese a tratarse de una tarea fundamental de cambio y transformación, el enfoque utilizado tuvo únicamente un carácter penalizador y de castigo, preferentemente utilizado para sancionar a adversarios políticos, y casi nunca para abordar los reiterados como evidentes casos protagonizados por diversas autoridades de gobierno.

[3] El abordaje de este acápite no está relacionado en absoluto, ni hace mención alguna a la oposición tradicional de derecha, porque en 12 años de gobierno no ha logrado siquiera generar el más mínimo atisbo plausible de alternacia y, mucho menos, una alternativa política que no sea el retorno al modelo neoliberal ya expulsado de Bolivia.