¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que se niega a desaparecer, […]
¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que se niega a desaparecer, aferrándose con todo, para persistir y continuar; en tanto que el segundo, es apenas un germen, un proyecto, que anida en la Constitución y en los colectivos sociales que luchan por que se den las transformaciones estructurales e institucionales establecidas en la carta magna. En el TIPNIS el Estado-nación declaró la guerra al Estado plurinacional, al germen del Estado plurinacional, declarando también la guerra al proyecto constitucional. ¿A qué se opone el Estado-nación? A la descolonización.
El Estado-nación, dispositivo político de la colonialidad, se opone a la descolonización, pues esta deconstrucción implica la desaparición del Estado-nación. Las bases del Estado-nación radican precisamente en la homogeneización, en el equivalente general del ciudadano, individuo abstracto, que cuenta con derechos individuales, civiles y políticos; sin embargo, esta equivalencia general hace desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, a las culturas resistentes, a la heterogeneidad lingüística y social. El equivalente general, el ciudadano, se estructura en la economía política colonial, economía política que diferencia hombre negro de hombre blanco, hombre indio de hombre blanco, hombre de color de hombre blanco, diferencia efectuada sobre la matriz de género, la diferenciación hombre de mujer. La dominación colonial es también, al mismo tiempo, dominación patriarcal. El equivalente general, el individuo abstracto, el ciudadano universal, es pues el hombre blanco. La modernización consiste en parecerse a este arquetipo colonial.
Los derechos conquistados en la historia del Estado-nación, derechos sociales, derechos de trabajo, derechos democráticos, no terminan de efectuarse, pues se pronuncian en el espacio indeterminado del equivalente general, el individuo, el ciudadano; no se dan en los espesores abigarrados, plurales, heterogéneos, de las territorialidades sociales y formaciones sociales concretas. La herencia colonial se transfiere de las administraciones coloniales a los Estado-nación, después de las independencias. Hablamos de estados que se construyen sobre cementerios indígenas. Hablamos de estados que tienen como proyecto democrático la mestización; es decir, la desaparición de los pueblos indígenas, y aunque parezca paradójico, la desaparición de las mezclas dinámicas dadas, pues el mestizaje de los Estado-nación es un mestizaje abstracto, el perfil del individuo y ciudadano concebido como síntesis de las culturas, culturas también sometidas a la estatalización, sintetizadas en la cultura moderna.
La Constitución interpela la composición colonial del Estado-nación, cuestiona el mito de la modernidad, cuestiona el mito del mestizaje abstracto, develando la composición plural efectiva de las formaciones sociales, de la sociedad heterogénea. La Constitución deja en claro que la profundización democrática, la realización efectiva de los derechos democráticos, sólo pueden materializarse mediante la descolonización. Esta deconstrucción histórico-política emancipa la pluralidad frente a la representación homogénea, liberal la potencia social, la riqueza heterogénea de lo diverso. La descolonización restituyen los derechos conculcados de las naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades. En Bolivia el Estado plurinacional se constituye sobre las matrices culturales y civilizatorias de las naciones y pueblos componentes de la sociedad heterogénea, incluyendo los mestizajes concretos. Esto equivale a pasar de la institucionalidad homogénea, disciplinaria, disciplinaria, moderna, al pluralismo institucional, abierto a composiciones creativas; pasar al pluralismo jurídico, pluralismo administrativo, pluralismo de gestiones.
Uno de los lugares neurálgicos de la activación de la condición plurinacional del Estado en transición es la institución defensa del Estado-nación, las Fuerzas Armadas. Esta institución de emergencia del Estado es el crisol del diagrama disciplinario, de la inscripción en los cuerpos de la dócilización de las conductas y comportamientos. En Bolivia, como en los países andinos y amazónicos, es el aparato disciplinario por excelencia de la colonización interna, modulando los cuerpos su incorporación al Estado en condiciones de ciudadanos de la nación mestiza. El cuartel modula los cuerpos haciéndolos aptos a los requerimientos del mercado, de la producción capitalista, a los fetiches de la modernidad universal, de-culturizando, decodificando, por lo tanto, borrando la memoria larga de los pueblos, sustituyéndola por la memoria corta de la institución imaginaria del Estado-nación.
Sin embargo, a pesar del proyecto disciplinario del cuartel, los espesores corporales no desaparecen, se ocultan, se los destierra a las sombras; mostrando, en contraste, los perfiles modulados, uniformados, pretendidamente modernos. El ejercicio de poder disciplinario se tropieza con la manifestación de los cuerpos; cuando esto ocurre, se opta por la ejecución de discriminaciones, por la estratificación racial institucionalizada, por jerarquizaciones patriarcales. La asonada de los suboficiales pone en evidencia estos procedimientos coloniales en el dispositivo por excelencia disciplinario, el cuartel. Acudiendo el pliego petitorio de los suboficiales, en realidad, el pedido explicito es modesto; que no haya oficiales de primera y de segunda, que se los considere oficiales técnicos, que puedan acceder a equivalentes beneficios y servicios. Sin embargo, incluso ante esta demanda modesta el gobierno y la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas han reaccionado represivamente, dando de baja a más de setecientos suboficiales.
De todas maneras, a pesar de la demanda modesta explícita, la misma pone en evidencia la crisis profunda de las Fuerzas Armadas y del Estado-nación, que se niega a desaparecer. Las fuerzas armadas son un dispositivo de la colonialidad reiterativa. Es un aparato de la colonización interna, que no solamente modula los cuerpos, sino también, marca, hendiendo en ellos la historia política colonial, inscribiendo en ellos discriminaciones, violencias minuciosas, detalladas, raciales. ¿Cómo se puede construir un Estado plurinacional a partir de la permanencia de la malla institucionalidad de la colonialidad?
Nuevamente estamos ante la manifestación elocuente de las contradicciones profundas del llamado «proceso de cambio», ante los contrastes evidenciados entre el discurso gubernamental y las prácticas efectivas, ante grotescas simulaciones de un gobierno y los órganos de poder del Estado, que se nombran como plurinacionales, en tanto que en la práctica niegan la condición plurinacional de la formación social.
La respuesta oficial del gobierno es recurrir a la Ley de las Fuerzas Armadas cuestionada, puesta en duda, deslegitimada por la Constitución. La medida represiva gubernamental de las centenas de bajas de suboficiales se sostiene sobre la argumentación de la subordinación y la obediencia disciplinaria, clausulas que corresponden a la institución armada del Estado-nación. Este discurso se invalida inmediatamente ante la estructura normativa y conceptual de la Constitución. En todo caso, los suboficiales hablan desde el proyecto de una nueva institucionalidad, aquella que establece la Constitución. Las bajas dadas por la jerarquía del ejército y por el gobierno no son legítimas desde la composición jurídico-política de la Constitución. La demanda de los suboficiales es legítima.
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