La aplicación fuera de sus fronteras de la absurda política del bloqueo también alcanza al ciberespacio.
Hace apenas unos días, un estudiante cubano de informática intentó «descargar» desde su computadora el lenguaje de programación Java, desarrollado por la compañía Sun Microsystems en la década del 90 y de amplia difusión hoy.
Un cartel bien explícito le advirtió que su intento de descarga sería infructuoso, pues su país no tiene autorización para usar ese programa producido por una empresa norteamericana. Al cartel solo le faltó explicarle al atónito joven que la negativa es una expresión más del bloqueo norteamericano.
El constante torpedeo al acceso de los cubanos a todo tipo de programas, servicios o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones forma parte de una estrategia muy bien planeada y exquisitamente desarrollada por el gobierno norteamericano, que incluso mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) persigue a quienes intenten violar en el ciberespacio el fortísimo cerco virtual que ha tendido la Casa Blanca.
Las limitaciones son tan agudas, que incluso alcanzan hasta grandes y famosas empresas .COM, como se les conoce a las entidades comerciales del mundo de la tecnología. De las limitaciones no escapa ni siquiera el gigante buscador Google, que a pesar de haber contratado un dominio bajo el .cu, autorizado sin limitantes por el Registro de Nombres de Dominio de Cuba, actualmente niega a los cubanos servicios como Google Code Search, sin dar más explicación al respecto en inglés que: «Lo sentimos, pero Code Search no está disponible en su país».
Peligro en la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
La presencia cubana como Estado miembro en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se vio amenazada en el 2006 por las presiones del bloqueo sobre bancos suizos que normalmente sirven de depositarios de la cuota que deben pagar los miembros de la organización internacional.
El 6 de enero de este año, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba realizó las acostumbradas tramitaciones anuales pertinentes con el Banco Financiero Internacional S.A. para efectuar el pago por concepto de la cuota de Cuba como Estado miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por un monto de 80 557 CHF (Francos Suizos).
Sin embargo, este pago fue rechazado por el banco donde posee su cuenta la UIT, en Suiza, argumentando: «los fondos no pueden ser acreditados debido a la imposición de sanciones económicas». Esto, además de hacer peligrar la presencia de Cuba en un organismo internacional de Naciones Unidas y constituir una aplicación extraterritorial del bloqueo, también implicó gastos adicionales por las gestiones que se tuvieron que efectuar para poder ejecutar esta transferencia a través de otro banco, así como retrasos en los pagos de casi seis meses.
No obstante, no es el único ejemplo de los intentos por cortar el flujo de conocimientos y tecnología al país, o de impedir sus contactos en este campo con el exterior. Las imposiciones llegan incluso a boicotear la confianza de las redes informáticas cubanas, como lo demuestra la negación a la Oficina para la Seguridad de las Redes Informáticas (OSRI) de utilizar las siglas CuCERT para el Equipo de Respuestas a Incidentes Computacionales, cuya misión es la de prevenir y responder a los incidentes computacionales en Cuba.
La OSRI ha tratado de obtener autorización para utilizar las siglas CERT con el propósito de aprovechar el reconocimiento internacional que la misma posee, que facilitaría el alcance de los objetivos de este equipo, tanto nacional como internacionalmente, así como su identificación con instituciones homólogas en el extranjero con similares misiones y objetivos que los nuestros. Esta autorización redundaría en beneficios de alcance mundial en la lucha contra los incidentes computacionales y el «cibercrimen».
A pesar de esto, y aunque desde finales de octubre de 2004 la OSRI viene haciendo gestiones vía correo electrónico con el Instituto de Ingeniería de Software, de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, la propietaria de la Marca Registrada CERT, después de múltiples y extensas gestiones, respondió el pasado 17 de marzo de 2006 que «…desgraciadamente, debido a las políticas del Gobierno de Estados Unidos», eran incapaces de satisfacer nuestra demanda de permiso en este momento (se refiere al uso de las siglas CERT).
Cables cortados
Además de impedir que el país se conecte con las redes internacionales de fibra óptica, el gobierno norteamericano también ha tratado de evitar que esta importante vía de conexión se extienda por el interior del país, negando la exportación de cables a las empresas estadounidenses que los producen o amenazando con sanciones a las extranjeras.
CUBATEL, la entidad encargada de esa tarea, solicitó durante 2006 ofertas a un total de 45 entidades relacionadas con la producción o comercialización de diversos tipos de cables, accesorios o equipos relacionados con las comunicaciones por fibra óptica. De todas, solo cuatro enviaron respuestas diciendo que no estaban interesadas o no podían hacer negocios con Cuba como resultado de las leyes del bloqueo; dos respondieron acerca de la posibilidad de contactar por intermedio de sucursales en terceros países, y las restantes 39 simplemente no respondieron. Algunos correos con respuestas negativas a la parte cubana por hombres de negocios norteamericanos son más que evidentes de la intención de empresas de ese país de establecer relaciones comerciales normales, las que se ven imposibilitadas por la absurda política del bloqueo.
Así, Saif Usmani, funcionario del Departamento de Ventas de Standard Marketing Incorporated, respondió: «Le agradecemos por contactarnos para sus requerimientos industriales, pero tenemos que declinar su solicitud porque no podemos romper la ley federal. En el caso de que las relaciones USA-CUBA mejoren en el futuro cercano y el embargo sea levantado, amaríamos ofrecerles nuestros productos».
Mientras, Scott Clay, funcionario de ventas de 3M Telecommunications, explicaba: «Desearíamos poder hacer negocios con ustedes, pero debido al embargo de EE.UU. con Cuba nos están prohibidas esas actividades. Si nuestras regulaciones cambian alguna vez, estaremos felices de asistirlos en el futuro».
Garrotes extraterritoriales
Hasta programas tan nobles como el de llevar la computación a todas las escuelas cubanas, la creación de salas de video, consultorios médicos o centros para el acceso a las nuevas tecnologías, muchos de estos ubicados en lugares de difícil acceso y que por ende deben funcionar con paneles solares, se ven afectados por la cacería criminal contra cualquier intento la Mayor de las Antillas de acceder a nuevas tecnologías.
Un ejemplo en este sentido es la situación con los inversores de corriente y otros equipos que se utilizan como parte indispensable de los Sistemas de Energía Fotovoltaicos que obtenían de una empresa canadiense, la cual, debido a sus intereses de negocios con Estados Unidos, se negó a seguir vendiendo estos productos a otra entidad del mismo país que negocia con la cubana COPEXTEL, lo cual provocó tener que buscar un suministrador alternativo y por ende el encarecimiento de los precios.
De hecho, hasta las sucursales en Canadá de los tres principales suministradores de equipos de computación en Estados Unidos: Ingram Micro, Tech Data y Sinnex se han negado a suministrar medios a una compañía canadiense porque esta hace negocios con Cuba, a pesar de que la mayor parte de estos suministros ni siquiera son fabricados en territorio de Estados Unidos, en franca aplicación extraterritorial del bloqueo.
Son apenas algunos pocos ejemplos de un ensañamiento cruel e innecesario contra los cubanos, quienes a pesar de eso cada día alcanzan un mayor dominio de las nuevas tecnologías, basado en el uso social de estas a favor del desarrollo de todo un pueblo.