Una verdadera explosión de alegría, abrazos y llantos fue protagonizada por miles y miles de mujeres en el momento en que escucharon el número 38 que garantizaba la sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Por primera vez, el clásico cántico «aborto legal en el hospital» no suena a reclamo sino a reivindicación. Unos pocos fuegos artificiales y el humo verde de bengalas adornaron el festejo de un resultado que, aunque se sabía positivo de antemano no restó intensidad al momento. Además, no se esperaba semejante diferencia. Las mujeres con sus pañuelos verdes en la cabeza, en el cuello, en las muñecas, con ropa verde, jóvenes, sobre todo, se fundieron en múltiples abrazos que parecían uno solo. Enseguida, el fondo de las pantallas se tornó verde también y anunció: “Lo conquistamos, ¡es ley! El aborto es un derecho desde hoy».
“Quisiéramos haber pronunciado estas palabras muchísimo antes. Muchas vidas de mujeres y otras personas con capacidad de abortar se hubieran salvado. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene a resolver una injusticia. La de los embarazos forzados, la de las niñas obligadas a parir, la de la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Ahí donde había una injusticia hubo organización feminista. Desde hoy podemos finalmente decidir. Es el primer paso para ejercer nuestra autonomía, ser soberanas y vivir libres de violencia”, expresaron referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito desde el escenario principal del sector verde, del cual colgaba una bandera que decía: “Ni una muerte más por aborto clandestino”.
Las oradoras recuerdaron a Dora Coledesky, fundadora de la Campaña, y dijeron que esta nueva norma es la “Ley Dora”. “Esta ley es el reconocimiento de que hay otras decisiones, realidades y deseos, y que ninguna de nosotras va a morir, ser juzgada o encarcelada por no querer continuar un embarazo. Y si así fuera estamos para darlo vuelta. Este avance de los feminismos de nuestro país resuena en el mundo como un augurio de libertad y emancipación”, celebraron.
Como aseguraron desde la Campaña, esta noche los feminismos torcieron el brazo de la historia impuesta para escribir la propia, y así fue como se sintió en la calle.
Catamarca en la calle
El lunes 21 de diciembre organizaciones sociales y populares se movilizaron en San Fernando del Valle de Catamarca para exigir políticas públicas que atiendan la crisis económica y social que vive la provincia.
Fue la quinta jornada de movilizaciones convocada por las organizaciones populares de la provincia, ante el silencio y la inacción del gobierno encabezado por Raúl Jalil.
En la Plaza 25 de Mayo se realizó un acto y se dio lectura del petitorio enviado al gobernador.
Reproducimos Petitorio:
Al Gobernador de la Provincia de Catamarca Lic. Raúl Jalil
«Los movimientos sociales y populares (Corriente Clasista y Combativa Catamarca, Barrios de Pie, Unidos por la Gente Catamarca, MP La Dignidad, Polo Obrero, CTD Aníbal Verón, MST), conjuntamente con la CTA Autónoma Catamarca, unidos frente a la crisis social y económica que atraviesa a nuestra provincia.
Vemos con estupor que la carencia y el hambre recorran cada una de las familias de los sectores populares de Catamarca, amenazando la vida de nuestros niños, mujeres y ancianos.
No tenemos otra alternativa que salir a la calle en busca de respuestas, pidiendo lo que nos corresponde…, es por ello que las organizaciones abajo firmantes exigimos 3.000 módulos navideños para poder pasar una NAVIDAD SIN HAMBRE, como un acto de justicia social, mitigador de esta crisis que nos abruma.
Sr. Gobernador queremos pasar una NAVIDAD SIN HAMBRE, quedamos a la espera de su respuesta».
Lomas de Zamora
Organizaciones sociales se movilizaron el martes 22 de diciembre para exigir provisión y reconocimiento de comedores populares, obras públicas y trabajo genuino, entrega de bolsones navideños y reclamo de bolsones suspendidos y no al cierre y despidos en el UPA.
Reproducimos comunicado de prensa:
La crisis económica y social que golpea las familias de nuestro pueblo sigue dejando a su paso desocupación, hambre y miseria, y en particular en el municipio de Lomas de Zamora la situación recrudece aún más. Esto porque lejos de que el Municipio tomara medidas para paliar la situación siguió adelante una política de ajuste donde se paralizó la obra pública, no se construyó ni una sola vivienda en el marco de la crisis habitacional, nunca reconoció la inmensa cantidad de merenderos y comedores que se fueron abriendo producto del hambre en el distrito. A esto se suma que los centros de salud están completamente desabastecidos como la Unidad Sanitaria Villa Independencia, y se agrava la situación por los despidos en el UPA.
Las organizaciones sociales y piqueteras venimos desarrollando intensamente un trabajo comunitario para organizar comedores y merenderos sin ningún aporte del municipio cuando debería ser el Estado, con recursos materiales y trabajadoras y trabajadores con todos los derechos, el que debería garantizar esa asistencia. Sin embargo, gracias a la profunda solidaridad popular, una infinidad sobre todo de mujeres trabajadoras se exponen al contagio del Covid, para garantizar la alimentación del pueblo lomense.
Estas organizaciones compuestas por los sectores populares más golpeados por la crisis son quienes asisten a estos centros de salud vaciados por el municipio, por eso abrazamos incondicionalmente la lucha de las y los trabajadores del UPA.
Por todo esto reclamamos:
1.Trabajo y obra pública en los barrios con contrataciones para los desocupados y las desocupadas del distrito. APERTURA DE NEGOCIACIÓN INMEDIATA CON EL IMPTCE Y AYSA PARA LA CONTRATACIÓN DE COOPERATIVAS.
2. RECONOCIMIENTO Y ASISTENCIA INMEDIATA PARA LOS MERENDEROS Y COMEDORES POPULARES. MERCADERÍA, FRESCOS Y EQUIPAMIENTO.
3. KITS DE SALUD Y LIMPIEZA.
4. Continuidad laboral para las y los trabajadores esenciales de la salud en el UPA. Fortalecimiento de todos los centros de salud del distrito.
Chaco
El miércoles 16 y jueves 17 de diciembre, la policía provincial reprimió a movimientos sociales que se manifestaban en Resistencia por techo y trabajo.
Durante la mañana del miércoles la Policía del Chaco reprimió a manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos, mientras cooperativistas reclamaban frente a la municipalidad el pago de los salarios adeudados de obras realizadas hace dos meses.
“A días de la Navidad, la represión aparece como mecanismo para convencer a personas que integran movimientos o no que no se debe reclamar. El disciplinar por la fuerza -ante falta de diálogo- es la constante con los sectores pobres”, expresaron desde el Movimiento Socialista Emerenciano que el miércoles a la mañana acompañaron a trabajadores informales -desalojados y desocupados hace más de 20 días- al municipio de la Ciudad de Resistencia en la Plaza 25 de Mayo, donde fueron reprimidos por la policía.
El jueves los movimientos sociales volvieron a manifestarse en el microcentro de la capital chaqueña, donde estaba previsto un corte de calles y marcha hacia diferentes dependencias del gobierno provincial, pero la actividad fue bloqueada por la policía. Hubo heridos y detenidos.
Mar del Plata
Militantes del Frente Piquetero de Lucha realizaron el 10 de diciembre un acampe sobre el boulevard marítimo, en pleno centro de Mar del Plata, en reclamo de «canastas navideñas y puestos de trabajo genuino».
El acampe se llevó a cabo a la altura de la peatonal San Martin y la costa, en pleno centro de Mar del Plata.
Participaron de la jornada de protesta integrantes de Barrios de Pie, Polo Obrero y Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otras organizaciones.
«Queremos que el Gobierno nos escuche y atienda las necesidades de los compañeros. Queremos tener unas fiestas sin hambre, por eso reclamamos la canasta navideña», dijo Walter Orozco, del Frente Piquetero.
El dirigente social remarcó asimismo la necesidad de «comenzar el año con trabajo genuino» y reclamó unas 24.000 bolsas navideñas.
Villa Carlos Paz: La justa protesta de la COOPI volvió a la calle
La tercera jornada de recorridos de la comitiva municipal terminó con una nueva protesta de la COOPI en la municipalidad y en el Concejo de Representantes.
Tras exhibir una orden judicial y acompañados por la policía, funcionarios municipales ingresaron el jueves 17 de diciembre a la planta potabilizadora de agua de Cuesta Blanca que desde hace 57 años opera la Cooperativa Integral.
Era la primera vez que los funcionarios municipales se presentaban en el lugar.
Desde bien temprano, lxs trabajadorxs de la COOPI estaban en el lugar expresando su rechazo a la medida, en estado de asamblea y quita de colaboración. La notificación de fiscalía decía que si se negaban a dejar pasar a la comitiva municipal se haría uso de la fuerza pública y se incurría en un delito, sin especificar cuál.
Los primeros en ingresar fueron los abogados de la municipalidad Darío Pérez y Ramón Montenegro. Desde la Cooperativa impugnaron el procedimiento diciendo que hay plazos procesales abiertos. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha llegado al Tribunal Superior de Justicia y menos a la Cámara Contencioso Administrativa, que es quien debe autorizar el desarrollo de los pasos administrativos del eventual traspaso del servicio de agua a la esfera municipal.
Tras ello, los abogados de la municipalidad se retiraron de la planta para habilitar el ingreso de la comitiva municipal que se había especificado en el decreto 534/2020: el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti (finalmente no estuvo por razones familiares), el subsecretario de agua y saneamiento, Roberto Cotti, el vocal del Tribunal de Cuentas, Salvador Insigna, el director de Servicios Públicos, Germán Rivero, y el director de Obras Públicas, Luis Piñero.
La presencia de Cotti e Insigna fue fuertemente repudiada. Vale recordar que fueron empleados de la COOPI y fueron desvinculados. En el caso de Cotti fue despedido al comprobarse que había utilizado infraestructura de la cooperativa para beneficio propio. No contento con ello, demandó a la institución y el Poder Judicial ratificó que se trató de un despido justificado. “Corrupto, ladrón”, le gritaban con bronca lxs trabajadorxs de la COOPI.
Desde la COOPI consideraron que esto fue un acto de provocación.
La comitiva también se hizo presente en la planta potabilizadora de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz. En este caso, la policía le dijo a Roberto Cotti que no ingrese al predio.
En el lugar, el asesor letrado de la Cooperativa Integral, Juan Carlos Antonino, aclaró que los funcionarios municipales podrían haber recorrido las instalaciones hace años, porque se trata de una facultad del ente concedente. Sin embargo, decidieron hacerlo en este momento donde pretenden avanzar con el traspaso del servicio de agua a la esfera municipal.
“Evidentemente lo hacen ahora como inicio de un procedimiento de retomar el servicio que nosotros hemos objetado y hemos instaurado otras acciones, la última ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de la que vamos a interponer ante las autoridades judiciales locales”, expresó.
La COOPI está dejando constancia en acta de las objeciones a cada recorrido que está haciendo la comitiva municipal. En este sentido, Pablo Conci, trabajador y delegado del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) recordó que en todo este proceso jamás se puso en cuestión la calidad del servicio. https://archive.org/embed/pablo-conci-17-12-2020
“Los propios funcionarios municipales han dicho que no está en discusión la calidad del servicio. Entonces, si eso no está en discusión, le pedimos por favor que nos dejen trabajar en paz. Si tienen diferencias, que se sienten a hablar como los hemos convocado en muchísimas ocasiones, pero no están dispuestos a hacerlo”, expresó.
El planteo fundamental es que el servicio de agua que brinda la COOPI es de calidad, de modo que no hay razones para plantear el traspaso a la esfera municipal. A esto se suma que hasta el momento el municipio no ha especificado qué sucederá con las fuentes de trabajo que hoy sostiene la cooperativa.
Al respecto, más de cuatro horas se extendió la audiencia concretada en la sede del ministerio de Trabajo. En la audiencia el municipio dijo que enviaría al Concejo de Representantes un “instrumento” para absorber a lxs trabajadorxs de la COOPI, aunque no precisó de qué se trata y qué tipo de tratamiento requerirá para abrirse paso en el cuerpo legislativo.
“La situación es complicada. Cuando parece que logramos avanzar un poquito, no en grandes decisiones y definiciones, sino que entiendan de qué se trata dejar cientos de trabajadores en la calle. Cuando parece que avanzamos, aparece alguna actitud o planteo y volvemos a foja cero. No entienden nada, no les interesa nada”, dijo el secretario general del SIPOS, Gustavo Valdez en asamblea al terminar la reunión.
Sostuvo que “lo novedoso” es que los representantes municipales dijeron que la absorción de lxs trabajadorxs se haría a través de la sanción de una ordenanza. “En la propuesta va implícito reconocer que no es el intendente quien puede resolver incorporar a los trabajadores de la COOPI en las condiciones de legalidad y con respeto en sus derechos laborales adquiridos”, manifestó el gremialista. https://archive.org/embed/gustavo-valdez-21-12-2020
Además, detalló que se le ha solicitado al ministerio de Trabajo que intime al municipio para que suspenda el proceso de traspaso del servicio hasta tanto no traigan el proyecto donde se detalle cómo van a resolver la continuidad de los puestos de trabajo.
“Seguimos sosteniendo que tienen que incorporar a todos y todas las trabajadoras. Hasta que no tengan la ordenanza, no pueden seguir avanzado en el proceso de toma del servicio”, dijo y remarcó: “No hay 26 de febrero, no hay recepción provisoria sino está resuelta la situación de todas y todos los trabajadores”.
La postura de la COOPI fue en la línea de cuestionar todo el proceso y enfatizó: “La única prestadora capaz de sostener la cantidad y calidad de puestos de trabajo es la cooperativa. No hay otra alternativa”.
En cuanto a los cuestionamientos de la municipalidad sobre la cantidad de trabajadorxs que hoy tiene la institución, el gerente general de la COOPI, Rodolfo Frizza, contestó que es un orgullo seguir generando trabajo y que eso no puede ser un cuestionamiento. Y agregó: “Tenemos una ciudad que crece promedio un 3% anual. Cada año se incorporan más conexiones, más usuarios, más servicios. También crecen los reclamos porque sigue la obsolescencia de la cañería, merced a que ellos siguen sin aprobar los planes directores”.
La COOPI también planteó en la audiencia que, en función de la presentación hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cesen con todo el proceso. “Esta presentación tiene que ver con el avasallamiento de los Derechos Humanos. Les dijimos que no pongan en riesgo las responsabilidades del Estado municipal, provincial y nacional”, dijo Frizza. https://archive.org/embed/frizza-y-martinez-21-12-2020
También se le solicitó al ministerio de Trabajo que interceda para generar una instancia de diálogo. “El proceso de diálogo ni siquiera está comenzado. Lejos está de estar agotado”, subrayó recordando la cantidad de veces que lxs sucesivxs presidentes de la COOPI (Edith Manera, Alicia Clerico y hoy Adolfo Mena), solicitaron ser recibidos.
Por su parte, el abogado Aníbal Martínez dijo que todo el traspaso del servicio de agua a manos municipales fue tildado de nulo e ilegal.
Sostuvo también que la propuesta de la que habló el municipio en la audiencia es lo mismo que vienen diciendo desde el 2016, sin embargo, el “instrumento” no aparece. “Hoy ha sido una demostración vaga. Lo único que manifestaron es tener la voluntad política de llevar al Concejo un proyecto para la incorporación de todos los trabajadores, aunque eso también hay que ponerlo en tela de juicio porque se sigue hablando de cifras muy inferiores”, explicó el letrado.
En esa línea remarcó que la COOPI dejó expreso que, en lugar de estar hablando de la continuidad de las fuentes de trabajo, hay que hablar de un nuevo contrato de concesión.
“El agua no es un negocio”
Bajo la consigna “el agua no es un negocio” cerca de 1.000 personas participaron el miércoles 9 de diciembre de un acto en defensa de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, Córdoba.
El evento se desarrolló en los jardines municipales y contó con la presencia de referentes del arco político local y provincial, integrantes de organizaciones cooperativas, sociales, sindicales, culturales y de Derechos Humanos.
“Estamos en apoyo a la Cooperativa y totalmente en contra de las medidas que está queriendo tomar el municipio. Una cosa de locos, increíble. Evidentemente ellos quieren dos motivos: privatizar o tomar los servicios. Las dos cosas son totalmente inviables para Carlos Paz”, expresó Miguel Molina, presidente del Centro Vecinal de barrio Villa Independencia.
Giuliana Bravo, vecina de San Antonio, aseguró que la Cooperativa “es muy indispensable para toda la comunidad, tanto para las comunas del sur como la ciudad de Villa Carlos Paz”. “Este apoyo que le brindamos es para que no baje los brazos”, agregó.
Eva Calamita contó que vive en Villa Carlos Paz desde 1976 y que en ese momento “tenía un agua sucia, barrosa, que no era posible de tomar” y cada tres o cuatro días “tenía que ir a la calle de las canillas a buscar agua, cargar bidones y tenerlos en mi casa para tomar el agua más saludable”. También, afirmó que “una vez que la Cooperativa comienza a trabajar fuertemente en esa zona mejoró el servicio, nunca nos faltó el agua, nunca tuvimos inconvenientes”.
Lucía, integrante del movimiento Ni una Menos, destacó el trabajo de la Cooperativa Integral no sólo para brindar el servicio de agua: “Decidimos estar acá porque sabemos de la importancia de un servicio esencial como es el agua. Conocemos todo el laburo que tiene la Coopi por detrás, su banco de sangre, sus servicios en relación a la cultura, los espacios que brinda, la radio”.
El acto contó con el acompañamiento musical de Pachi Herrera y Jorge Peralta. https://archive.org/embed/vecinxs-en-defensa-coopi-09-12-020
Concejales y dirigentes de diferentes espacios políticos locales participaron del acto. Estuvieron lxs edilxs Gustavo Molina, Daniel Ribetti, Natalia Lenci y Carlos Quaranta, el referente del Frente Capaz, Walter Gispert, el ex concejal y dirigente de Ciudad Futura, Adrián Lizarriturri y el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa. El concejal Jorge Lassaga envió una carta de apoyo.
“Vamos a seguir respaldando la lucha de la cooperativa porque creemos que es una institución que es un emblema de la comunidad de Carlos Paz. Creemos que el servicio público que brindan es un ejemplo para la ciudad, para todo Córdoba y para el país”, dijo el concejal peronista Carlos Quaranta.
Y añadió: “Desde mi espacio político con la legisladora Mariana Caserio y el legislador Miguel Maldonado vamos a seguir respaldando el trabajo de la Cooperativa. Y a nivel nacional con el senador Carlos Caserio que seguirá trabajando por el sostenimiento de esta cooperativa. Estamos convencidos que es lo mejor para la ciudad”.
El concejal Gustavo Molina del Frente Capaz habló del cerramiento del gobierno de Carlos Paz Unido. “Frente al autoritarismo vamos a ofrecer democracia y pluralidad de ideas”, dijo enfáticamente.
El líder de su espacio, Walter Gispert, habló de la necesidad de armar una Multisectorial que le ponga un freno al gobierno. “La única forma de vencer al poder es con el poder, que se construye en la unidad. Hay que construir una multisectorial que le ponga un freno a estas decisiones inconsultas del gobierno”.
Desde el espacio Carlos Paz Despierta también se hicieron presentes. El edil Daniel Ribetti aseguró que el octavo voto que necesita Carlos Paz Unido para seguir adelante con su plan de destrucción de la COOPI, no lo van a tener. “No la van a tener fácil. Un municipio que no es capaz de prestar el servicio de salud como corresponde, que tienen un conflicto abierto en plena pandemia; un municipio que tardó 230 días en poner a funcionar un sistema precario de transporte”, enumeró al hacer referencia a las deficiencias de la gestión municipal.
Emilio Iosa, líder del espacio y ex candidato a intendente, subrayó que “el cooperativismo puede ser amigo del Estado y el Estado tiene que ser amigo del cooperativismo”. “Estoy como dirigente político y como vecino porque creo en esta ciudad. Y creo que la Cooperativa puede tener una y 20 oportunidades más, a pesar de tener muchas diferencias con la dirigencia”, expresó.
Las federaciones y cooperativas de base también expresaron su apoyo a la COOPI en este difícil momento.
“La COOPI es una referencia ineludible a nivel nacional y provincial. Desde esta integración cooperativa -que incluye a 270 localidades a lo largo de 20 provincias- abogamos por la apertura de un espacio de recapacitación”, dijo Alberto Calvo de Colsecor.
Raúl Hoya, representante de FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad) y FECESCOR (Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba) dijo: “No podemos entender que el municipio no pueda tener dialogo y un acuerdo con la COOPI. Estamos hablando de que está en juego una institución que es propiedad de todos”.
Pablo Tissera, del Instituto Movilizador de Fondos de Cooperativos expresó sus sospechas de que “detrás de todo esto, hay negocios”. “Por eso nos tenemos que poner firmes y no movernos de estos espacios, que es la calle. Es acá donde tenemos que acompañar a la cooperativa”, subrayó.
Feriazos Navideños
Los realizó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) el jueves 17 y viernes 18 de diciembre, en Plaza Once y Plaza Constitución (CABA) y otros puntos del país con la consigna “que a nadie le falte alimento en esta Navidad”. En los feriazos ofrecieron miles de kilos de frutas y verduras a precios populares a todas las personas que se acercaban respetando el distanciamiento y utilizando barbijo.
Reproducimos comunicado:
En un año donde el país se encuentra atravesando una crisis económica producto de la pandemia y la suba de precios estuvo encabezada por los alimentos, el gremio de familias campesinas acerca esta alternativa al pueblo para paliar el hambre a través de la solidaridad.
“Las familias productoras queremos acercar soluciones, por eso realizamos estos feriazos a precios muy baratos para que todas y todos puedan acceder al alimento en estas fiestas», expresó Zulma Molloja, vocera de la UTT.
“Estos feriazos los hacemos porque vemos que hay hambre y necesidades en el pueblo ya que la crisis y el modelo actual generan exclusión. Nosotras y nosotros siempre decimos que somos el campo que alimenta y lo vamos demostrando con estas acciones”, agregó Gilda Sánchez, vocera de la UTT.
La primera colonia agroecológica de Entre Ríos ya está en marcha
Un sector de la reserva municipal Las Piedras, gracias a un convenio firmado por la comuna de Gualeguaychú, consolida el trabajo de 10 familias huerteras agrupadas en la UTT. “Seguimos avanzando en la producción de alimentos sanos y de cercanía”, dijo Manuel Trujillo, integrante de la Unión de los Trabajadores de la Tierra.
Y escribió Alejandro Maidana: “Al modelo de producción se le discute con las manos en la tierra”, supo decirme un agricultor indígena perteneciente a Desvío a la Raíz (Santa Fe). Palabras que supieron hacerse semilla, una arenga que no ha dejado de resonar jamás, en los tímpanos de aquellos que eligieron no retroceder ante los embates del agronegocio.
[…]Mientras que la pandemia desnudó las raquíticas respuestas que puede ostentar el modelo agroexportador a la hora de empujar soluciones al hambre y la pobreza, el mismo busca seguir imponiendo su agenda a como dé lugar. Casi la mitad de los argentinos no tiene cubiertas sus necesidades básicas, a seis de cada diez pibes les han cercenado el derecho a soñar, es por ello que, sin un viraje valiente en torno a las políticas productivas, el cuadro de situación seguirá empeorándose radicalmente.
La ley de Acceso a la Tierra es imprescindible, sobre esa discusión se sostienen los procesos del campesinado que resilientemente, siguen resignificando el suelo para producir alimentos saludables, sin el uso de agrotóxicos, estrechando lazos en la comercialización, asegurando la trazabilidad y la confianza.
Entre Ríos al igual que las distintas provincias fumigadas, viene luchando contra un modelo expulsivo, concentrador y envenenador. El latifundio arrollador de voluntades, jamás pidió permiso en un país que siempre ha oficiado de garante de los privilegios de unas pocas familias en detrimento de la enorme mayoría.
Pero lejos de estar perdida, la batalla por un nuevo paradigma a la hora de producir, sigue su curso sumando procesos transformadores que abrazan argumentos tan sólidos como esperanzadores. Ese es el caso de la primera granja agroecológica que nació en 15 hectáreas ubicadas en la reserva municipal Las Piedras, a las afueras de la ciudad de Gualeguaychú.
Allí 10 familias de huerteros han iniciado un camino luminoso que busca generar ese tan ansiado efecto contagio, que pueda hacer avanzar de manera sostenida a la emancipadora soberanía alimentaria. “Hemos trabajado en conjunto junto al municipio de Gualeguaychú para seguir generando condiciones favorables para los pequeños productores del lugar. Particularmente vengo trabajando con la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) desde sus inicios en la agroecología, me ha tocado ser el impulsor del diálogo con el municipio trayendo esta propuesta que hoy es una realidad, la de darle vida a una colonia en el lugar”, indicó Manual Trujillo (UTT) quien se encuentra trabajando en una hectárea de las diez que hay disponibles.
“Estamos tratando que aquellas familias que lleguen a la colonia cuenten con todas las condiciones, tanto del terreno como de sus hogares. Desde este lugar vamos a iniciar capacitaciones para nuevos técnicos en producciones, productores, generar la posibilidad de que quienes se acerquen puedan aprender a producir en estos lugares, esta es solo una de nuestras metas.
De mi parte como productor agroecológico de verduras estoy llevando adelante dos parcelas con un par de familias. Cabe destacar que dentro de la reserva también hay pastoreo racional, apicultura, pollitos de gallinas, parques frutales y la biofábrica, donde se crean insumos mediante la fermentación de distintos abonos.
Este proyecto de tener una huerta dentro de la reserva, fue un verdadero desafío que pudimos llevar adelante. Seguiremos construyendo, tratando de llevar adelante esta propuesta, buscando ser un modelo que se replique tanto en Gualeguaychú, como en el resto de la provincia, ese es nuestro sueño”, concluyó Trujillo.
Por último, y en el marco de las políticas públicas de alimentación sana, segura y soberana, el intendente Esteban Martín Piaggio, junto con el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio y el equipo del PASSS, recibieron a Rosalía Pellegrini, Nahuel Levaggi, Manuel Trujillo, Rolando Ortega y Andrés Sousa da Ponte de la UTT. El motivo de la reunión tuvo su anclaje en el trabajo realizado, con la intención de avanzar en proyectos conjuntos que se desarrollarán en la Reserva Municipal Las Piedras, para producir y abastecer de alimentos sanos a la población.
El intendente Piaggio afirmó que “Gualeguaychú ya decidió que sobre su territorio no se usan venenos para trabajar la tierra. Acompañar al sector productivo en la transición del modelo actual a uno que permita abastecer con alimentos sanos sin agrotóxicos es una tarea fundamental que nuestro gobierno realiza mediante la implementación de acciones para fomentar la producción agroecológica. Con la UTT hemos desarrollado un fuerte vínculo gracias al trabajo conjunto en Las Piedras y coincidimos en profundizar sobre lo realizado para producir y comercializar de alimentos sanos proveniente de nuestra propia tierra”.
Intento de desalojo a trabajadores de La Terre (Mendoza)
Las y los trabajadores de La Terre se convirtieron en un símbolo de lucha en Mendoza. Desde que el empresario Matas abandonó la fábrica en 2013, la recuperaron y pusieron a producir, generando nuevos puestos de trabajo y convirtiéndose en una de las principales deshidratadoras de verdura del país.
En un contexto de crisis económica y social en la provincia, La Terre abrió sus puertas a la comunidad, no solo abriendo el predio para distintos emprendimientos sociales y autogestivos, sino que se puso a la cabeza de organizar la solidaridad obrera con una campaña para producir y donar 50.000 raciones de comida para comedores populares.
Sin embargo, la Justicia nuevamente amenaza la continuidad de esta experiencia obrera que ya lleva seis años. «La corporación judicial y el gobierno de Mendoza operaron a favor de los intereses de un empresario, burlándose y desconociendo la legislación vigente de nuestra Ley, la 8874», explicaron los trabajadores. La Justicia rechazó el pedido de la cooperativa, confirmando la cuestionada venta de la fábrica al empresario Ruggeri, y abriendo la puerta al desalojo.
Ante esta situación, los trabajadores comenzaron un plan de lucha para resistir el desalojo, mientras la fábrica sigue produciendo. El jueves 24, realizaron una conferencia de prensa y un «brindis solidario» abierto a todas las organizaciones y mendocinos y mendocinas.
Las y los trabajadores exigen el cumplimiento de la Ley 8874, que resguarda a las cooperativas. En su lucha por garantizar la continuidad de la fábrica, La Terre realizó tres ofertas de compra enmarcadas en la modificación de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras y las Leyes provinciales 8.811 y 8.874, sin embargo, estas leyes fueron desoídas por la Justicia y sus ofertas rechazadas.
Comunicado de los trabajadores y trabajadoras:
La corporación judicial y el gobierno de Mendoza operaron a favor de los intereses de un empresario, burlándose y desconociendo LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE NUESTRA LEY, LA 8874. La democracia otra vez utilizada para los poderosos, burlándose de todas y todos nosotros, burlándose de nuestro trabajo y lo que hemos construido. Esto atenta a un gran proyecto realizado con cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos, y emprendimientos de la economía social. NOS REMATAN UNA FÁBRICA, NOS QUIEREN ROBAR EL SUEÑO QUE HEMOS CONSTRUIDO BAJO EL AMPARO DE LEYES QUE NO LAS QUIEREN RESPETAR.
Las y los trabajadores reunidos en asamblea decidimos continuar el PLAN DE LUCHA para resistir el desalojo, mientras la fábrica sigue produciendo. Por ello convocamos a todas las Organizaciones Sociales, Gremiales, Políticas, Estudiantiles, Barriales, de Mujeres y Disidencias, Comedores, Religiosas, Derechos Humanos, Ambientales, Artistas, Feriantes, Cooperativas, y Productores, como también a todo el pueblo trabajador a acercarse y participar este 24 de diciembre a las 11:00 para dar una conferencia de prensa que realizaremos en nuestra fábrica, luego hacer un brindis solidario y finalizar con una olla popular.
Porque
somos un ejemplo de la salida a esta crisis, porque somos un ejemplo de
solidaridad, La
Terre es de lxs trabajadorxs. NO al desalojo. Sí a la Autogestión y
Experiencia Cooperativa. En defensa de la Ley de Empresas Recuperadas
8874.
#LaTerreEsDeLxsTrabajadorxs #LaTerreResisteElDesalojo #Este24BrindamosPorLaTerre #SobreLaTerreNoPasarán
Trabajadores de Gotan difundieron una carta abierta al municipio
El martes 22 de diciembre se realizó una volanteada en las entradas del Parque Industrial de Burzaco convocada por los trabajadores de la cooperativa Gotan. Con apoyo de organizaciones solidarias se difundió la carta abierta que hace algunas semanas dirigieron al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al gobernador, Axel Kicillof.
Cientos de trabajadores que se dirigían a sus fábricas recibieron con atención el volante donde los obreros les piden colaboración ante su difícil situación a los funcionarios del gobierno. Llevan más de un año en defensa de sus puestos de trabajo, luego de que el empresario macrista, Horacio Lamberti, quebrara la empresa, y realizaron numerosos actos solidarios con hospitales de la zona, donando materiales sanitarios que producen. Solicitan que el Estado coopere destinando partidas de este tipo de trabajo que podrían producir en beneficio de la comunidad.
Entrevista a Andrés Ruggeri del Programa Facultad Abierta de la Facultad de FFyLL
Los y las trabajadoras de las recuperadas y de la Economía popular no acceden a los derechos laborales que tienen los trabajadores asalariados
M.H.: ¿Cómo atravesaron este año las empresas recuperadas?
A.R.: Como todos se podrán imaginar fue y es bastante complicado. Se venía de cuatro años muy difíciles con el macrismo y este año arrancó prácticamente con la pandemia y una crisis brutal que paralizó la economía y eso obviamente afectó a las empresas recuperadas como afectó a todos.
En el caso de las recuperadas en particular y en general en las cooperativas de trabajo se dio una situación que las medidas de asistencia que fue dando el gobierno nacional iban dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, pymes mayoritariamente, el famoso ATP o a gente que no estaba alcanzada por ningún tipo de regularidad laboral, el IFE.
El problema con las cooperativas de trabajo y el trabajo autogestionado es que quedaron en el medio de esos dos grandes programas que alcanzaron a una cantidad enorme de la población activa y frente a eso las respuestas tardaron en llegar, porque no se comprendía demasiado cuál era la problemática de una legalidad del trabajo autogestionado, no había forma de acceder a un programa, pero también tenían demasiadas formalidades para entrar al otro.
Se hicieron algunas cosas, se reactivó la Línea Uno del ministerio de Trabajo que permitió sobrellevar la situación, otros la llevaron muy mal porque con eso no alcanzó, sobre todo algunos sectores que fueron muy afectados por la pandemia como la hotelería y la gastronomía. El caso lamentable fue el cierre del Bauen. Y de a poco se fueron instrumentando algunas medidas que empezaron a alcanzar al sector.
Ahora se anunciaron una batería de cosas, medidas, un subsidio importante, se va a empezar a trabajar en la reforma de la legislación y aparecieron algunas otras líneas de crédito. Veremos si eso empieza a resolver de una vez por todas algunas de las cuestiones más básicas que afrontan las empresas recuperadas.
M.H.: ¿Qué necesitan en este momento las empresas recuperadas?
A.R.: Yo creo que por un lado necesitan asistencia de emergencia, que es a lo que todos los reclamos apuntan, pero también la incorporación plena a los programas económicos de apoyo a la producción y la resolución de los problemas jurídicos. Que les permitan ser sujetos de crédito, solucionar los problemas de acceso a la propiedad, las disputas que tienen que ver con las leyes de expropiación que se han ido cayendo, con las quiebras y algo más amplio, la sanción de alguna legislación que legalice el trabajo autogestionado, porque en la práctica es un vacío legal absoluto que hay que hace que los y las trabajadoras de las recuperadas y los trabajadores de la Economía popular en general no accedan a los derechos laborales que tienen, más o menos porque siempre están siendo golpeados, los trabajadores asalariados.
M.H.: ¿De qué universo estamos hablando en este momento?
A.R.: Una de las cosas que sí se lograron, es que se haga un registro de recuperadas en el INAES, que lo estamos llevando nosotros desde Facultad Abierta (FA) con la Comisión de Fábricas recuperadas que se armó en el INAES. Es el viejo relevamiento de FA oficializado. Hay 425 empresas recuperadas aproximadamente en el país y 16.000 trabajadores, de rubros muy diferentes, con distintas situaciones, algunas atravesando problemas serios, otras un poco mejor, pero es eso. En el universo de la economía sigue siendo poco, algo limitado y reducido, pero como siempre decimos, con una potencialidad enorme de transformación de relaciones económicas y de dar oportunidades a los trabajadores y a la clase trabajadora en general de fijar otras reglas de funcionamiento de la economía.
M.H.: Comentaste que hubo una presentación de un Plan para el desarrollo productivo cooperativo 2021, un paquete de apoyo económico a empresas recuperadas y autogestivas que se va a instrumentar a través del INAES destinado a la recuperación, fortalecimiento y desarrollo de las cooperativas y mutuales de Argentina. ¿En qué consistió esta presentación a cargo del ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas?
A.R.: Consistió en presentar una serie de medidas que se plantean con ese objetivo, de la reactivación y el desarrollo cooperativo en el país, de articular el INAES que es el Instituto de Asociativismo y Economía social, el organismo que regula las cooperativas y las mutuales en Argentina. Hasta febrero de 2020 era parte del ministerio de Desarrollo social, ahí se hizo el traspaso al ministerio de Desarrollo Productivo, fue justo para la pandemia.
Ese pasaje implica adoptar otra lectura sobre el papel de las empresas recuperadas y las cooperativas en general que es formar parte de la economía. Lo que se planteó fue justamente un paquete de 280 millones de pesos de subsidios para recuperadas, eso va a beneficiar a entre 50 y 80 empresas; eso para este año, con el objetivo que se instale esa línea; la creación de un fideicomiso con varios bancos públicos, justamente para solucionar la cuestión de las expropiaciones que se caen, y las deudas y las quiebras que originan las empresas recuperadas, el objetivo es ir trasladando la propiedad a los trabajadores, de las fábricas y las empresas recuperadas, sobre todo en provincia de Buenos Aires. También hay líneas de crédito que surgieron en Banco Nación, con garantías que pone el fondo de garantías argentino que fue creado por el ministerio de Producción y después cuestiones que tienen que ver con la articulación del INAES con las políticas de desarrollo productivo, algunas reformulaciones para que salgan más rápido los trámites, las matrículas y todas esas cosas que complican la vida de las cooperativas en el INAES y la creación de una comisión para estudiar y generar cambios legislativos para todo el sector. Eso es lo que se presentó.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
A.R: Hicimos una encuesta para ver el impacto de la pandemia en las recuperadas, se hizo sobre 195 casos, que es bastante, y ahí salieron datos interesantes acerca de cómo afectó el Covid, hay un porcentaje alto de trabajadores y trabajadoras en las recuperadas que fueron afectados. Cómo se logró en algunos casos reorientar la producción y en otros casos adaptarse a las condiciones, cuántas quedaron paradas, cuántas lograron seguir funcionando, durante por lo menos el período más duro del ASPO. Y también el alcance de las ayudas públicas, la ATP, el Línea Uno, créditos, etc. La semana que viene vamos a estar presentando los resultados de esto.
Walter Correa presentó un proyecto para empresas recuperadas
El titular del Sindicato Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Walter Correa, presentó el 21 de diciembre un Proyecto de ley para que se declare «de interés público y social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores», y sostuvo que «las particularidades en cada actividad se regirán por la negociación colectiva».
Correa sostuvo en la iniciativa que «las empresas recuperadas podrán funcionar como cooperativas de trabajo (aún en trámite), sociedades laborales u otras formas asociativas», y explicó que el fin es «laboralizar» la figura de esas firmas.
Correa y el secretario de Prensa del gremio, Luis Sind, señalaron que el Proyecto promueve «la equidad de género en el ámbito laboral desde su concepción»; garantiza un piso de derechos individuales a mejorar por los Convenios colectivos, cobertura de riesgos del trabajo, seguridad e higiene, licencias, feriados y días no laborables.
También garantiza jornada de trabajo, tareas femeninas y protección de la maternidad, accidentes y enfermedades inculpables y las invenciones y descubrimientos; derecho de afiliación, de reunión y acción sindical, participación en la vida interna de las organizaciones y posibilidad de elegir y ser elegido.
«La ley promueve la inclusión en las mesas paritarias. La representación sindical la ejercerá el gremio de la actividad principal de la empresa, y se garantiza el acceso al sistema previsional, la cobertura de obra social y por desempleo y riesgos laborales y las asignaciones familiares. También podrán firmar convenios con otras obras sociales y de corresponsabilidad gremial y constituir un fondo compensador jubilatorio», señalaron.
La iniciativa genera comités mixtos de seguridad, salud e higiene con delegados de prevención en firmas de más de 30 empleados, y crea en el Ministerio de Trabajo la Comisión Nacional de Conservación del Trabajo para determinar un registro de empresas recuperadas, administrar su fondo especial, intervenir en conflictos y en instancias previstas por la norma de concursos y quiebras y ofrecer asistencia técnico-económica.
La Comisión tendrá un Consejo Asesor que integrarán las Federaciones del sector, la CGT, las carteras de Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, el Inaes y la AFIP.
«Las empresas inscriptas accederán a asistencia técnica, jurídica y acompañamiento estatal, a la preferencia como proveedores del Estado, a líneas de crédito y programa de fomento, tratamiento fiscal diferenciado, capacitaciones y asistencia comercial», dijeron.
Las empresas recuperadas estarán libres de toda tasa, impuesto, sellado y arancel para adquisición y transferencia de bienes de la firma fallida, y podrán firmar convenios de cooperación con Gobiernos provinciales, municipales y gremios.
Además, se introducen cambios en el régimen de concursos y quiebras para favorecer «la continuidad y subsistencia de las empresas en crisis por parte de los trabajadores a través de cooperativas, para conservar los empleos y generar trabajo», indicaron los dirigentes.
Los bienes de la empresa fallida se entregarán en comodato al personal, por lo que no deberá abonar canon/alquiler alguno. Para conformar una cooperativa solo serán necesarios 10 trabajadores de la compañía fallida. El proyecto establece un sistema de adquisición de bienes de la empresa fallida a favor de los trabajadores a través de la compensación de sus créditos laborales y, si ello no es posible, se suspenderá el trámite de la liquidación de activos de la quiebra e intervendrá el Poder Ejecutivo a través de Trabajo para elevar una propuesta al juzgado.
«El objetivo de los cambios a la norma de concursos y quiebras es que los trabajadores continúen cumpliendo tareas en una cooperativa, sin necesidad de intervención de la sindicatura judicial o de previa autorización del magistrado del proceso», concluyeron.
El gremio de Correa integra la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT que lideran el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, ¿Sin salida? – FM La Boca (90.1) – ma. de 20:00 a 21:00, Télam, La Izquierda Diario.