El pasado jueves se han sancionado la llamada “ley bases” y la apodada “paquete fiscal”. El gobierno de Javier Milei consiguió trascender por primera vez su posición de minoría acentuada en el poder legislativo y logró contrarrestar en parte la movilización popular contra esas normas.
“Hay que darle al gobierno las herramientas indispensables para la gestión”, palabra más palabra menos es una de las frases más escuchadas en la política argentina en las últimas semanas, Se convirtió en la contraseña para la justificación de legisladores elegidos por listas distintas al oficialismo votaran de acuerdo a los propósitos de éste.
Se dudaba hasta ahora de la posibilidad efectiva para gobernar de la actual gestión, con bloques legislativos tan reducidos. Los “dadores de gobernabilidad” han posibilitado que pueda ir adelante pese a la escasez de congresales que le responden. La oposición “amigable” es mucho más amistosa que oposición.
El contexto de estos hechos es ya conocido. La democracia está degradada. El espectro político se halla virado a la derecha y el devenir del gobierno apunta a profundizar esas tendencias. El actual presidente, se halla apalancado en el fracaso estrepitoso de los gobiernos anteriores. Así como en la situación calamitosa de amplios sectores que hoy miran hacia la opción más conservadora como posible camino de solución.
Entretanto la violencia represiva vale para sofocar las rebeldías y asimismo como instrumento de propaganda con destino a sectores populares que lo apoyan. Los gases, las balas de goma y las tonfas, sumadas a las detenciones arbitrarias, serían la expresión de firmeza en el “respeto a la ley” y de castigo instantáneo a quienes se manifiestan en la calle. Sin esperar procesos judiciales con sus consiguientes demoras y complejidades, que de todas maneras se inician.
Las leyes aprobadas ¿y ahora qué?
Como es su práctica habitual, el presidente redobló la apuesta de inmediato. Insiste con “emisión cero” como segunda parte del “déficit cero” y con una ofensiva desregulatoria y de achicamiento del Estado que haga que los contenidos de la ley “bases” sean solo un punto de partida para la reforma de segunda generación.
La nueva iniciativa se llamaría “ley hojarasca” y reuniría un centenar de medidas desregulatorias en variados rubros, que terminaría con normas entorpecedoras e inútiles. ¿Vendrá en forma de un proyecto de ley o de un decreto respaldado en la delegación de facultades?
Hizo estos anuncios enseguida de la aprobación de las dos leyes. Cultiva así la imagen de que toma decisiones implacables, veloces, basadas en una voluntad que rompe con las “timideces” de los políticos de la derecha más tradicional. No descuidó el flanco del ataque sostenido contra las clases populares: Puso en duda que se siga con el otorgamiento de los “bonos” que complementan el monto de miseria de las jubilaciones mìnimas.
Después de votadas las leyes la perspectiva de una sociedad aún más injusta oscurece el horizonte cercano. La desmesurada transferencia de recursos en dirección a los grandes empresarios acelera la configuración de una sociedad más desigual que nunca. El “paquete fiscal” es una dramática muestra. Rebaja de tributos para las grandes fortunas y restitución del impuesto a las ganancias que comprende hasta a trabajadores que vienen ganando un millón cuatrocientos mil pesos “en la mano”.
Esa redistribución regresiva hace juego con las enormes ventajas impositivas y cambiarias que se proporciona al gran empresariado en varios rubros estratégicos de la economía, desde el extractivismo hasta las inversiones tecnológicas y la siderurgia. Con duración de 30 años. No otra cosa es el R.I.G.I, componente sustancia de la ley “bases”.
“Buen clima de negocios”, “seguridad jurídica”, “nuevas oportunidades”, “reforma de una normativa laboral anticuada”, los eufemismos habituales que utiliza el gran capital para preconizar la vía libre para la maximización de las ganancias y la acumulación del capital tienen un encuadre de concreción plena a partir de la nueva legislación.
En medio de la desregulación y la perspectiva de una “reforma del estado” bajo el signo del desmantelamiento, las áreas estatales que el gobierno quiere preservar por sobre todo, más allá de las profesiones de fe “anarcocapitalistas” son las vinculadas a la promoción de los intereses del gran capital o a las distintas instancias de utilización de la violencia contra cualquier oponente (Defensa, Seguridad, Justicia). Los sectores dedicados a políticas sociales operan más bien como mecanismo para desarticular la organización popular y sepultar valores progresivos, como los ligados a la salud y la educación públicas.
En materia de relaciones internacionales la actual gestión profundiza el rumbo regresivo. Acaba de manifestarse la representación argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) con un cúmulo de disidencias en materia de políticas de género, derechos de minorías, protección ambiental argentina. Y, más importante, el mandatario se negó de modo rotundo a pedir cualquier disculpa al presidente brasileño por los insultos que profirió contra él.
Es ilimitada la voluntad de ruptura, o al menos la indiferencia, con todo lo que no sea EE.UU, Israel y algún aliado estrecho de los anteriores o correligionarios ultraderechistas. China podría ser una parcial excepción, bajo el peso de la deuda en forma de swap.
En lo que respecta a derechos humanos el embate negacionista se profundiza, expresado en parte en la “limpieza” de organismos estatales que actúan hasta ahora en temas vinculados a derechos humanos. Se hallan bajo amenaza la Comisión Nacional de la Memoria y los centros de memoria que funcionan en ex campos clandestinos de detención. El vocero presidencial se ha permitido hablar en sus conferencias de prensa de la necesidad de implantar la “verdad completa”.
Frente al presente intento de reconfigurar la sociedad y el Estado para fundar un “nuevo orden” capitalista se corre el riesgo de la confusión, la parálisis o la complicidad.
Complacencias y oposiciones
Una parte del establishment político ve con agrado que el oficialismo en definitiva “rosqueó”, negoció, hasta conseguir brindarle a las grandes empresas fuentes de ganancias extraordinarias en el corto y en el mediano plazo, como el Régimen de Incentivo a las grandes inversiones (R.I.G.I), un nuevo modo de asociación entre Estado y “mercado” que parece un sueño dorado del gran capital.
La oposición no es portadora de alternativa. La “amigable” está en gran medida de acuerdo con las “reformas indispensables” que se reclaman desde hace tiempo desde el “arriba” social. Que no son sólo un imperativo de las clases dominantes argentinas sino que tienen inspiración a escala global. Las reformas radicales que se propone el actual gobierno son contempladas con complaciente atención por un sector importante de los conglomerados económicos de alcance mundial.
La llamada oposición “dialoguista” no es hoy tal oposición sino una aliada de la gestión Milei a la hora de los hechos. Lo previsible es que respaldará en líneas generales las iniciativas del poder ejecutivo, disentirá con aspectos más o menos secundarios y sólo va a despegarse con más ímpetu si el actual gobierno ingresara en una zona de crisis profunda.
Muchxs pensaron al comienzo que PRO cogobernaría con Milei o, más aún, colonizaría por completo al gobierno. Se comenzó a hablar del gobierno Milei-Macri. Hasta ahora es más bien PRO el que está en riesgo de ser absorbido por las huestes libertarias. En definitiva las propuestas que bajan del ejecutivo son en buena parte una versión más extrema de las del partido conducido por el expresidente, tanto en el terreno económico como en aspectos políticos sustanciales.
Las estructuras del peronismo ya piensan en 2025 o 2027, sin lanzarse con firmeza a la resistencia frente a las políticas en curso. Cultivan la espera de alguna rebeldía más o menos espontánea, con entusiasmo decreciente. O bien de un gradual desgaste del gobierno que lo lleve a la derrota en el turno electoral intermedio.
La actitud pactista predomina en la dirigencia sindical más burocratizada, en una disputa en la que entre distintas vertientes del “colaboracionismo” y algún pujo combativo hasta ahora ha tendido a predominar las primeras.
El peso del fracaso del último intento de un neoliberalismo “administrado”, compatible con la preservación de algunas políticas sociales e instrumentos regulatorios pesa como una losa sobre el justicialismo, atravesado por disidencias internas que en buena parte son las ondas de superficie que no llegan a ocultar el surco profundo de la carencia de propuestas.
Con ser graves, algunos desgarramientos en la lealtad de los gobernadores y en los bloques legislativos del peronismo en dirección al apoyo a la derecha no alcanzan la magnitud de los producidos bajo el gobierno de Mauricio Macri. Está por verse si ese statu quo se sostiene o da lugar a deserciones más extendidas.
Obturadas las posibilidades para una política reformista consecuente no son pocos los que se inclinan por una deriva que genere un peronismo con marbete de derecha que pueda rivalizar con Milei en una disputa entre conservadorismos. La figura de Guillermo Moreno, reconvertido como celebridad mediática y fundador de un partido nuevo, se perfila como un emergente de esa tendencia, en el polo opuesto a Axel Kiciloff, aspirante a la reconstrucción de un polo “progresista”.
El prospecto “progresista” Kiciloff arrostra el ser gobernador de “la Provincia”, distrito cuya enmarañada gestión lo ha hecho un cementerio de aspiraciones presidenciales. En cuanto a sus propuestas se insinúan síntomas de “adaptación” a la ofensiva ultraliberal. Ya habría aprontes, con venia del gobernador, para situar en la zona de Bahía Blanca una planta de gas natural licuado beneficiada por el régimen del RIGI.
Una vez más, no hay que dar por fenecido el liderazgo de Cristina Kirchner. Hoy se halla abocada a interceder en la rivalidad entre los partidarios encendidos del gobernador bonaerense y “La Cámpora”, golpeada pero aún poderosa. Su actuación a medio tono no se juega por ahora a dar cohesión y presencia al peronismo.
A la izquierda y hacia delante
El Frente de Izquierda de los Trabajadores- Unidad (FIT-U) ha realizado una tesonera labor en el Congreso Nacional, con oposición firme y frontal a todos los avances favorables al gran capital y a las innovaciones políticas de carácter regresivo. Tanto que se han ganado la aseveración contrariada de que “son cinco pero parecen 100”, del presidente oficialista de la cámara de diputados, Martín Menem.
También obtuvieron el reconocimiento del presidente del bloque de Unión por la Patria, que propuso un homenaje a las, en sus propias palabras, destacadísimas diputadas del Fit-U que dejaron su lugar por el sistema de rotación de bancas, Myriam Bregman y Romina del Plá.
El campo parlamentario y el comunicacional y cultural son los de mayor enjundia en el desempeño de la izquierda. En el plano sindical los esfuerzos localizados no consiguen dar lugar a un frente clasista y combativo con una incidencia mayor. Los movimientos territoriales, tanto los conducidos por el Fit-U como los de otras orientaciones, se hallan bajo el fuego sostenido del aparato represivo y judicial. Y frente al propósito de desmantelarlos privándolos de recursos alimentarios y de la administración de planes sociales.
El de hoy es un momento que requiere conjugar la reflexión crítica, la iniciativa en el terreno organizativo y la elaboración y amplia difusión de propuestas programáticas. El Fit-U no encuentra aún el camino para la superación de las pujas interpartidarias en su interior ni desenvuelve la vocación por desplegar un frente más amplio hilvanado sobre propuestas más abarcativos.
Las organizaciones de izquierda más pequeñas, tras un largo período de dispersión, han comenzado un proceso de entendimiento y de elaboración conjunta de propuestas. El camino no es sencillo. Necesitan una mayor presencia pública y una proyección mayor sobre las organizaciones de masas que les son afines. Y tienen por delante la tarea de hacer llegar su voz, su capacidad organizativa y su voluntad de lucha a sectores sociales cada vez más amplios.
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La sociedad argentina ha exhibido en estos meses su capacidad para desplegarse en el espacio público, con masivas movilizaciones que han conmovido al país, como la marcha en defensa de la educación o la que acompañó a uno de los paros de la CGT. La última, cuando el tratamiento en senadores de las dos leyes, estuvo sujeta a una muy fuerte represión, que buscó a conciencia el “desarme” de la concentración y la intimidación generalizada, con procedimientos judiciales y encarcelamientos incluidos.
Las protestas y la disputa por el espacio público seguirán. Para que no corran el riesgo de desgastarse en el “luchismo” se necesita elevar su sentido en torno a una alternativa nueva. Un sistema político se hunde, se juega en el presente y el futuro próximo si el que alumbre en su lugar incluirá en lugar destacado una propuesta popular y de izquierda.
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