Un dibujo animado de un minerito en La Rioja despide a los niños a la hora de dormir, de espaldas a las poblaciones que vienen resistiendo con alma y vida a la megaminería, el Gobierno Nacional conformó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros). Y por si todo esto fuera poco, como el gas y […]
Un dibujo animado de un minerito en La Rioja despide a los niños a la hora de dormir, de espaldas a las poblaciones que vienen resistiendo con alma y vida a la megaminería, el Gobierno Nacional conformó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros).
Y por si todo esto fuera poco, como el gas y el petróleo convencional se están agotando, para extraer lo que queda de ellos se utiliza el llamado fracking que radica en introducir innumerables litros de agua, sustancias químicas altamente tóxicas y arena para romper la roca que atesora los hidrocarburos. De todos estos temas habló la socióloga y escritora Maristella Svampa en diálogo con el periódico de la CTA.
-En 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, guía para desmontar el imaginario prominero, ustedes hablan de las mentiras sobre las que está construido el discurso que sostiene el extractivismo a gran escala, ¿cuáles son los ejemplos más paradigmáticos?
Conviene aclarar que se trata de un libro colectivo, producto de nuestra intervención en el debate legislativo para aprobar la Ley Nacional de Glaciares, en septiembre de 2010. Cuando el tratamiento pasó de la Cámara de Diputados al Senado, nos encontramos con que no sólo había mucho desconocimiento sobre el tema, sino también una fuerte embestida de los voceros de la minería, desde gobernadores hasta la cámara empresarial minera. Estos señores utilizaban su poder de lobby en los medios para hablar de las bondades de la megaminería, incurriendo en todo tipo de falsedades y terrorismo estadístico. Fue por eso que, con varios colegas, entre ellos Enrique Viale (abogado ambientalista), Marcelo Giraud (géografo) y Horacio Machado (politólogo), decidimos contestar esas mentiras punto por punto, buscando datos y desarrollando argumentos. Así nació el libro, inspirado en un texto corto de la periodista canadiense Jeniffer Moore, sobre los mitos de la minería. El libro tuvo mucha repercusión; tal es así que va por su tercera reedición, fue publicado en Uruguay y Ecuador y ahora está por tener su versión peruana. En Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo (Killaricocha) y, en nuestro país, un documental, el de Germán Ciari, «Desiertos de Piedra», estrenado este año.
Entre los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los económicos son los más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de trabajo. En realidad, la minería a gran escala es una actividad económica capital-intensiva, pero no trabajo-intensiva. Así, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. En Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Sin embargo, en 2011, la Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los últimos datos elaborados por mi equipo de investigación, tomando como base el Boletín Anual de Empleo y Empresas 2011, elaborado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la actividad minera, para ese año, totalizaba unos 28.743 puestos de trabajo directo. Estamos muy lejos de las cifras difundidas oficialmente. Así, una de las estrategias es inflar las estadísticas para tratar de crear en la población la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de empleo.
Otro de los mitos consiste en asociar minería y motor de desarrollo. Sin embargo, la megaminería está lejos de promover el desarrollo regional. Más bien, compite por agua y recursos con la agricultura, la ganadería y el turismo, y produce fuertes procesos de reconfiguración territorial, que llevan a la consolidación de enclaves de exportación, que no generan encadenamientos endógenos, dependientes del mercado internacional. Vean el caso de Bajo La Alumbrera, la principal exportadora en Catamarca desde 1997. Pese a ello, esta provincia sigue siendo una de las más pobres del país, con altísimos niveles de empleo público y personas asistidas con planes sociales.
Esto sucede también en Santa Cruz, provincia de enclaves, donde la minería está lejos de ser motor de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno provincial reclamó a las corporaciones mineras que «invirtieran más dinero» en un fondo de Responsabilidad Social Empresarial. Les pedía 14 millones de pesos por mes para financiar los 14 hospitales de la provincia, poniendo en evidencia la profunda crisis del Estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de empleados públicos. Las empresas rechazaron el pedido y eso llevó a una situación de máxima tensión con el gobernador, luego abandonado por el poder ejecutivo nacional.
La expansión de la megaminería confirma la ecuación «exiguos ingresos fiscales versus enormes ganancias empresariales». No por casualidad, en 2011 Catamarca continuaba recibiendo del Estado Nacional, es decir del conjunto de los argentinos, el triple de fondos que Mendoza, y San Juan, el símbolo de la megaminería, el doble.
-Ustedes también hablan de la colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general, ¿cómo se plasma esa colonización en lo concreto?
Las grandes empresas buscan en las universidades socios estratégicos, en algunos casos, como el de aquellas ligadas al modelo minero, para obtener la legitimación que la propia población les niega. Por ejemplo, Bajo La Alumbrera, pionera en esto, firmó varios convenios con universidades públicas, que incluyen cláusulas de confidencialidad. Hoy, la empresa Apache, que explota gas no convencional en Neuquén, y tiene conflicto con comunidades mapuches por haber ingresado a sus territorios sin autorización ni consulta previa, firmó un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, donde donó una biblioteca. Se configuran así unidades de negocios entre ambas, bajo el paraguas no sólo de una concepción lineal y productivista del desarrollo, sino también de un discurso asociado a la responsabilidad social de las empresas (RSE).
También hay que decir que esta estrategia de mercantilización del saber encontró obstáculos, ya que las universidades y el propio sistema científico están lejos de ser homogéneos. Por ejemplo, en 2009, se abrió el debate en relación a los fondos de La Alumbrera, el emprendimiento minero más cuestionado del país, y la gente en las universidades se enteró que la Universidad Nacional de Tucumán era socia del mismo, a través del YMAD (Yacimiento Aguas del Dionisio), y que las Universidades Públicas recibían parte de esos beneficios, desde 2007. Ese debate posibilitó la socialización de saber y obligó al conjunto de las universidades a posicionarse en relación a esta actividad. Algunas, como la Universidad Nacional de Córdoba, fueron ejemplares en esto, fundamentando el rechazo de los fondos mineros luego de un debate amplio e interdisciplinario. Pero en muchas universidades, hubo y sigue habiendo un doble discurso. El llamado progresismo académico evita discutir cuestiones que ponen en el tapete el rol de la universidad pública y problematizan su vínculo con los movimientos sociales. Queda claro, son temas en los que el oficialismo no tiene un discurso nacional y popular que ofrecer.
-¿Qué se sabe de la nueva relación entre Chevron e YPF en función de la explotación del yacimiento Vaca Muerta?
Vaca Muerta es uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que está en la cuenca del Neuquén. Pero bueno es decir que es una buena parte del territorio nacional que estaría comprometido por este tipo de explotación. Para el caso de Vaca Muerta sabemos que, por el momento, la asociación con Chevron no fue posible, ya que esta última fue embargada por 19.000 millones de dólares, debido a una sentencia que tiene en Ecuador (cuando era Texaco), por el delito de contaminación y de violación de derechos indígenas. Gracias a los tratados de reciprocidad que la Argentina tiene con Ecuador, la justicia de este país dio curso al embargo y puso en duda el acuerdo de inversión conjunta por 1.000 millones de dólares entre Chevron e YPF para avanzar en 100 perforaciones de shale gas en Vaca Muerta. Así, YPF tendría que buscar nuevos socios.
En un momento se hablaba de PDVESA. Conviene aclarar que los costos operativos de una explotación de gas no convencional, mediante fractura hidráulica o fracking, superan largamente los de un pozo convencional; con lo cual estos exigen enormes subsidios del Estado (como sucede en Estados Unidos), o asociación con grandes empresas del sector. Hay expertos que sostienen que para que el fracking sea rentable para dichas empresas, habría que modificar el marco regulatorio de la actividad, tal como sucedió en Ucrania y otros países, de la mano de la USAID. Y esto también sería difícil de justificar en clave nacional y popular.
-¿Cómo se puede explicar lo que es el fracking y qué consecuencias tiene para el medio ambiente y las economías regionales?
El gas y petróleo convencional se han ido agotando y lo que queda hoy es el llamado «no convencional» (esquisto o pizarra, shale, arenas compactas, tight), el cual puede extraerse mediante el uso de la controvertida metodología de la fractura hidráulica o fracking que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, sustancias químicas tóxicas y arena, a elevada presión, a fin de producir micro-fracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos.
Las consecuencias ambientales son de corto plazo: la experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, muestra la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano; la activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos, el impacto sobre la salud de las personas y los animales, entre otros. Por otro lado, hay una reconfiguración del territorio y una devaluación de las economías regionales: un caso concreto es el Alto Valle de Río Negro, donde quiere explotarse el gas no convencional, entre perales y manzanas.
Allí empresas como Apache apuntan al eslabón más débil, los chacareros pequeños, a quienes rentan o compran parte de sus tierras para hacer perforaciones. El caso es que estas zonas no solo conocen la contaminación, sino el ingreso masivo de una actividad extractiva que golpea a la economía frutícola, basada en la exportación, debido a que en poco tiempo los productores no podrán cumplimentar las rigurosas exigencias sanitarias del mercado internacional.
-¿Existen experiencias de explotación minera ‘sustentable’? Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene de la economía verde, es decir, es posible construir un equilibrio entre capitalismo y vida?
No hay una única forma de explotación minera, ni las resistencias sociales se oponen a «todo tipo de minería». Los conflictos y las resistencias se centran sobre un tipo específico de explotación: la minería transnacional a gran escala, mayormente practicada «a cielo abierto». Y este tipo de minería es insustentable por definición.
La megaminería es un «modelo» que hay que mirar en su integralidad, lo cual implica incorporar en su valoración diferentes aspectos -sociales, económicos, sanitarios, ambientales, culturales y políticos-. En términos ambientales, la utilización de sustancias químicas, de toneladas de explosivos, la gran cantidad de agua y electricidad que requiere, la hacen insustentable. Respecto de la dimensión socioeconómica, las empresas tributan muy poco, pero además tienen un impacto destructivo sobre otras actividades económicas (con las cuales compite por agua y tierras), y van generando enclaves de exportación.
Hay una dimensión cultural ligada a los procesos de «contaminación» social y cultural que se producen, visibles en la división de la comunidad, en el clientelismo empresarial, en la explosión de conflictos sociales, entre otros. Hay, por último, una dimensión política del modelo, en la medida en que nos encontramos con emprendimientos que avanzan de arriba hacia abajo, que ocupan y reconfiguran territorios enteros, sin consenso de las poblaciones, y en no pocos casos, violentando procesos de decisión ciudadana.
Todo esto hace difícil hablar de «correcciones», a menos que pensemos desde un escenario de transición de salida del extractivismo. Pues si pensáramos en correcciones como, por ejemplo, la aplicación de gran parte de la normativa ambiental existente (que incluye el principio precautorio), este tipo de minería no sería posible. Por otro lado, si pensáramos en una reforma del marco regulatorio de la minería, si se hiciera pagar a las empresas por el agua y la energía que consumen, si se aplicara un impuesto a las sobreganancias, muy probablemente este tipo de megaminería dejaría de ser rentable para dichas empresas.
-¿Cómo sigue la resistencia de las Asambleas Ciudadanas que han logrado frenar proyectos megamineros como en el Cerro Famatina? ¿Qué otras experiencias de resistencia hay en el país?
El panorama es muy cambiante y complejo. En realidad, desde la pueblada de Famatina, en enero de 2012, y luego de un período de exposición mediática nacional, hubo un nuevo realineamiento entre poder económico, político y mediático en favor de la megaminería. El gobierno nacional se expresó abiertamente a favor; de espalda a las poblaciones y los gobernadores conformaron OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros). Todo apuntó a cerrar el debate a nivel nacional, con lo cual las luchas quedaron nuevamente encapsuladas en la escala local y regional.
Recordemos que hay siete leyes provinciales que prohíben la megaminería, con algún tipo de sustancia química. A fines de 2011, en Río Negro se derogó la «ley anticianuro», como la llamaban y se avanzó en la explotación minera en la zona de la meseta. En Chubut también buscó derogarse la ley 5001, que fue la primera en prohibir la megaminería (justo ahora se van a cumplir 10 años), pero ahí la resistencia de la población fue tal, que finalmente el gobernador Buzzi no pudo imponer la reforma del marco regulatorio.
En La Rioja, la megaminería, pese a que está detenida en Famatina, es política del Estado provincial: Si ustedes encienden la televisión, verán que el dibujito que da las buenas noches a los niños riojanos es un minerito… En Catamarca se avanza con otros proyectos, más allá del fracaso de Bajo La Alumbrera y la fuerte oposición que hay en Andalgalá. En Tinogasta me han dicho que las empresas están realizando una campaña de cooptación increíble, cuando gran parte de la población hasta hace poco tiempo se oponía.
En fin, hay numerosas resistencias en el país, son más de cien las asambleas contra la megaminería, y a nivel regional, sigue habiendo muchas acciones conjuntas. Esa acumulación de luchas socio-ambientales se hace visible en el nuevo capítulo de conflictos que se abre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking. Así, hay asambleas en Entre Ríos y en toda la Patagonia, donde se presentaron acciones de amparo y proyectos de ordenanza para prohibir el fracking.
La CTA hacia una Consulta Popular sobre los Bienes Comunes
La idea de lanzar una consulta popular sobre los bienes comunes nació en Mar del Plata a fines de 2012 en una reunión de conducción nacional. Lo que se busca, así como lo fue con el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) hace 20 años, es que el pueblo argentino responda a una pregunta clara y concisa pero contundente sobre su posición en torno al modelo extractivista.
«El objetivo es que el pueblo pueda expresar con total claridad el rechazo del pueblo que hemos visto en la diversidad de luchas que hubo en todo el país y que descontamos que se va a dar en caso de una consulta. Pero también queremos responsabilizar al poder político institucional de este país que habla de democracia, que habla de progresismo, que habla de participación popular pero que le tiene miedo al pueblo al momento de la toma de decisiones en cuanto a los recursos naturales», dijo Normando «Piojo» Ocampo, secretario general de la CTA de La Rioja y uno de los encargados de organizar la consulta.
Hace unos días, representantes de las distintas provincias del país se reunieron en la sede de la CTA Nacional para unificar criterios sobre la campaña para la consulta en la que «se pone en cuestionamiento el modelo productivo de país que queremos respecto a las políticas extractivitas que hay actualmente: el saqueo, la contaminación de la mega minería, las fumigaciones y las consecuencias que genera el monocultivo sojero, el petróleo con el sistema del fracking, entre otros», agregó Fernando «Nando» Acosta, secretario de Interior de la CTA y otro de los responsables de llevar adelante el plebiscito.
«Hay que ver si queremos una política extractiva de saqueo y contaminación o una política de soberanía de los recursos naturales o bienes comunes», agregó Acosta. «Unos tienen problemas con la mega minería, otros tienen problemas con el fracking, el vaciamiento de las comunidades originarias, la contaminación que genera el monocultivo de la soja, etcétera. Encontrarnos y profundizar en cada una de ellas implica poder pensar el conflicto de manera integral y avanzar conjuntamente en una Campaña por una consulta popular en defensa de nuestros bienes comunes» concluyó el secretario del Interior de la Central.
Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 93, edición correspondiente al mes de abril de 2013