No dejan de sorprender las formas que adquieren las relaciones y las estructuras de poder. No dejan de sorprender sus desviaciones, si se puede hablar así, pues no se puede suponer, en este caso, un eje normal, aunque pueda haber un eje central, incluso un eje ideal, en esto del ejercicio del poder. Lo que […]
No dejan de sorprender las formas que adquieren las relaciones y las estructuras de poder. No dejan de sorprender sus desviaciones, si se puede hablar así, pues no se puede suponer, en este caso, un eje normal, aunque pueda haber un eje central, incluso un eje ideal, en esto del ejercicio del poder. Lo que llama la atención es la proliferación de formas no institucionales del ejercicio de poder; por ejemplo, las que llamaremos, a modo de representación, formas viciosas de poder. Se trata de formas perversas, de formas fraudulentas, de formas vinculadas a la coerción, a la presión, al chantaje, a la extorsión. Anteriormente las nombramos como parte de la economía política del chantaje [1] ; ahora nos interesa su descripción tópica en lo que se ha venido en llamar la extorsión. Vamos a tratar de hacer un seguimiento de la génesis de esta forma de poder coercitivo, basándonos en la descripción del caso publicitado en Bolivia como red de extorsión vinculada a un grupo de abogados que trabajan para el gobierno, a quienes se otorgó plenos poderes para emplear todos los medios y deshacerse de la llamada oposición. Según versión del gobierno, este grupo de abogados, cuya extensión y alcance todavía no se ha aclarado, actuó por sí mismo, independientemente, de una manera arbitraria, montando una red delictiva, sin contar con ninguna aprobación del gobierno. No vamos a poner en cuestión esta versión oficial, pues formará parte de una de las hipótesis interpretativas de la explicación de la secuencia de sucesos escandalosos que se destaparon. Lo que interesa es develar el funcionamiento de esta forma de poder, su inserción en el aparto estatal y el uso del Estado por grupos coercitivos. En principio, entonces, trataremos de dibujar una suerte de descripción general del nacimiento y de la génesis de estos grupos, para luego proponer algunas hipótesis.
Estos grupos están íntimamente vinculados a los usos corrosivos de la administración de justicia, fuertemente ligada a la corrupción del aparato del poder judicial, en todas sus instancias. Estas circunstancias son ampliamente conocidas por la ciudadanía, sobre todo la que sufrió en carne propia el escarnio del manejo de los largos e interminables procesos judiciales. Entonces, en primer lugar, el nacimiento y la reproducción de estos grupos forman parte de la historia de la administración de justicia. El problema es que parte de la ciudadanía, a pesar de sus condenas y observaciones, veía y ve como cosa «natural» estos procedimientos, como un mal que hay que soportar. Se puede decir que cada gobierno tiene su propia historia vinculada a estas formas de extorsión. Puede ser que se diferencien por una mayor o menor extensión, por una mayor o menor penetración en el gobierno y en la institucionalidad estatal, también puede ser que se diferencien por una mayor o menor profundidad en el alcance de la perversión; empero, lo cierto es que ningún gobierno se ha salvado de esta incidencia demoledora. Entonces, no hablaremos de un nacimiento, sino de varios renacimientos, dependiendo del periodo, del contexto, de la coyuntura. Lo problemático es que ahora reaparece el ejercicio del poder colateral y paralelo en las fases de un gobierno que proclamó la lucha política contra la corrupción, incluso conformó un ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. La historia efectiva parece vengarse de estas pretensiones y pone a prueba al gobierno ante las magnitudes alarmantes de la expansión de la corrupción, de la economía política del chantaje, de las formas de coerción y los procedimientos de extorsión. ¿Por qué sucede esto?
Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales. Si se controla la justicia, se controla la legalidad de lo que se hace, aunque lo que se haga sea una administración de ilegalidades. Si se controla el órgano legislativo, se controla la legitimidad, aunque lo se haga se ilegitimo, por ejemplo, las leyes y las acciones respeto de la Constitución. Si se controla el ejecutivo, se controla la construcción de la decisión política. Si se controla el órgano electoral, se controla la posibilidad de reelección y del manejo electoral. Entonces, este monopolio da la sensación de un poder desmesurado, lejos del alcance de los mortales. En estas condiciones se puede creer que los que dan órdenes, los administradores, los operadores, los ejecutores, son inalcanzables. Se piensa que aunque afecte lo que se haga a la institucionalidad y las normas, se trata de procedimientos necesarios en la lucha contra la oposición y la permanente conspiración. Quizás se apueste a que después se busque una corrección de esta desviación momentánea, de este recurso externo en la lucha política, quizás se crea que después se puede enderezar de nuevo la distorsión. Esto es notoriamente una equivocación, a la luz de la experiencia en distintos regímenes. Estas prácticas se vuelven una costumbre, terminan formando parte de los bordes y del propio funcionamiento institucional, en la medida que su porosidad lo permite. La apuesta «momentánea» o «coyuntural», si se quiere, de «emergencia», de estas prácticas es altamente peligrosa, pues estas prácticas responden a sus propias «lógicas», a sus propias redes, a sus propias estructuras de poder. La excepción no sólo confirma la regla, sino que se empieza a volverse la regla.
Es posible que sea esto lo que ha sucedido en gran parte de la secuencia de hechos coercitivos y de extorsión develados. La lucha beligerante contra la derecha, durante la primera gestión de gobierno, llevó en un determinado momento a optar por procedimientos y recursos de emergencia, usando el monopolio de la violencia legal del Estado. Cuando se optó por la elección de estos recurso no se comprendió, en su debido momento, que son los mismos procedimientos de todos los gobiernos a los que se criticó, que, en la medida, que se utilizaban estos dispositivos se caía en lo mismo de todos los gobiernos, en esa zona incierta y arbitraria de la efectuación de la violencia simbólica y física del Estado por las vías no-institucionales. No se comprendió que al hacerlo se reproducía el carácter canalla de la dominación y el carácter perverso del usufructuó del Estado. Al no caer en cuenta en estos condicionamientos distorsionantes se termina avalándolos. Lo que ocurre después es que el gobierno termina atrapado en el desenvolvimiento de estas prácticas y estas relaciones colaterales, en la incidencia perversa de estos grupos, que ya se han convertido en redes.
Esto pasa cuando se comprende a la política como definición del enemigo, cuando termina la política siendo la continuidad de la guerra [2] . La exacerbación de esta comprensión fue llevada a cabo por dos expresiones acentúas de la política como práctica de combate; primero, por parte de una cierta interpretación «leninista», interpretación llevada al extremo de la reinvención del enemigo, incluyendo a los enemigos internos, por parte del estalinismo; segundo, por parte del nazismo, que llevó a la definición del enemigo como enfermedad contaminante al interiormisma de la sociedad. Analogía de extremos opuestos aprovechada por Carl Schmitt en su análisis de lo político [3] . Obviamente no son lo mismo, el «leninismo» y el nazismo, ni los estamos acercando, son expresiones histórico-políticas diametralmente diferentes, empero, que al llevar al extremo las consecuencias de esta forma de ejercicio de la política, terminaron involucrados en descomunales desbordes de violencia, que podríamos decir se llevaron a cabo de una manera incontrolada, aunque ejecutadas con una fría racionalidad instrumental. Esta observación la hace elocuentemente Jacques Derrida en Políticas de la amistad [4] .
Sin embargo, no estamos hablando del desencadenamiento de la violencia a partir de la comprensión de la política como hostilidad y antagonismo, sino del desencadenamiento de una forma de violencia que se ha venido en llamar extorsión. La ex-torsión es una ex-poliación; se trata de un procedimiento forzado, de una presión, de una coerción, de un chantaje, que viene de un exterior a un adentro institucional. Este exterior no es propiamente institucional, no está normado, aunque sí puede estar regulado. En esta forma de poder, el enemigo es visto como objeto de extorsión, como materia de expoliación; en estas condiciones, el enemigo no tiene derechos, sus derechos se suspenden en el momento que entra en contacto con los extorsionadores. Esto concurre secretamente, en la oscuridad de los recovecos y de los intersticios laberínticos de la frontera porosa entre Estado y sociedad, en las líneas discretas, discontinuas, que hacen de delimitaciones inciertas entre lo público y lo privado. Las víctimas de la extorsión tienen perfiles variados; pueden ser desde infractores hasta inocentes, pueden encontrarse en pleitos con el Estado o ser afectados por la irradiación de estas modalidades, aunque no hayan incurrido en «delitos». Pueden ser propietarios, empresarios, deudores, empleados, trabajadores, pequeños propietarios, comunarios, campesinos o sin tierra. Pueden ser hombres o mujeres. Pueden ser opositores o partidarios. La extorsión es amplia y flexible, puede incluso extenderse a gran parte de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque, de alguna manera, se puede decir que tiene cierta inclinación por los adinerados, mucho mejor si éstos se encuentran vulnerables.
En el caso boliviano de la llamada red de extorsión parece haberse ido lejos, sobre todo porque los abogados involucrados gozaban de plenos poderes, además de estar acompañados por el uso de destacamentos policiales, lo que los convertía en pequeños «déspotas», que se encontraban en una zona de excepción, donde se suspenden los derechos fundamentales. ¿Importa saber el alcance y la extensión de esta red de extorsión? Ciertamente sí; pero, lo que también importa es anotar que sólo el hecho de haber permitido que exista unos dispositivos de poder de esta índole compromete la propia legitimidad y legalidad del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la Constitución. Lo que importa es comprender la incidencia corrosiva de estas prácticas en la institucionalidad estatal.
No se trata pues de un caso aislado, como pretende la versión oficial. El problema es que se trata de procedimientos extendidos, que tienen su propia historia, procedimientos avalados por el gobierno, que gozan con permiso, aunque el permiso no alcance a las iniciativas propias que puedan tomar los extorsionadores. El problema es que la existencia de estos grupos «externos» e «internos» era conocida por las autoridades que avalaron con cartas y ordenes el funcionamiento de estos grupos. El problema es que el escándalo estalla recién, a consecuencia de que una de las víctimas es un extranjero, un empresario norteamericano, con influencia. El problema estalla por presión de los dispositivos con que cuenta la potencia de la que es coterráneo la víctima. Si no hubiera sido investigado el caso por servicios de inteligencia policiales de esa potencia, si no se hubiera presionado al gobierno, quizás los involucrados, hasta ahora, seguirían gozando de la libertad para efectuar sus acciones perversas. El problema es también que hasta el momento la afectación incriminadora sólo ha afectado a los operadores, empero se cuida, con mucha cautela a los que avalaron estos dispositivos de coerción «externos» y de emergencia.
De todas maneras ya estalló el escándalo, de alguna manera difundido por los medios de comunicación, contando con declaraciones de autoridades gubernamentales, además de acusaciones y condenas de la llamada oposición, además de instituciones como la Defensoría del pueblo, fuera de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Empero, lo que no hay que olvidar es que este problema es un contrariedad estructural; no es un problema que atinge a este gobierno, sino al Estado-nación mismo, sin pretender, de ninguna manera, salvar de responsabilidad al gobierno vigente. El develamiento de los secretos recovecos de la administración de justicia y de los pasillos opacos del Estado, es una oportunidad para la manifestación movilizada de la sociedad contra estas formas viciosas de poder. La reacción ante el escándalo no puede circunscribirse a la denuncia de los medios de comunicación, menos al desahogo de la oposición, sino tiene que abrirse a la participación y al control social. Es una oportunidad para la interpelación social a las formas ambivalentes del Estado-nación y de las formas de gobierno colaterales, además de ser una oportunidad para las búsquedas del ejercicio participativo, de transparencia y de control social. La sociedad no puede permitir la existencia de este tipo de grupos y de redes colaterales, pues no sólo atentan contra los derechos fundamentales y el ideal de la institucionalidad, sino que terminan convirtiendo a la propia sociedad en reen de estos grupos y formas de poder perversas.
Hipótesis de interpretación
Hay varias hipótesis o conjeturas que se han puesto a circular a propósito de la explicación de la llamada red de extorsión; hipótesis de sentido común, hipótesis políticas, hipótesis económicas, hipótesis con pretensiones históricas, hipótesis culturales. Hay de todo, para escoger, incluyendo las hipótesis relativas a la teoría de la conspiración. De las hipótesis de sentido común quizás interese esa que se enuncia en esa frase conocida de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Quizás un tono de esta hipótesis se ha hecho sentir en nuestra propia descripción, cuando decimos que el monopolio y el control absoluto del poder, absoluto en el sentido de mayoría absoluta o, mejor dicho, de la mayoría de los 2/3, dio lugar a la ilusión de impunidad, a una certeza de la condición de aparente invulnerabilidad que otorga el control total del poder. Sin embargo, este enunciado no podría entenderse si no se comprende, al mismo tiempo, de qué relaciones, estructuras y diagramas de poder se está hablando. No se está hablando de los diagramas disciplinarios y de los diagramas de control instaurados en la modernidad, como parte de la genealogía de sus instituciones y de la formación del Estado-nación, sino de otros mapas de poder. Hablamos de una cartografía de poder singular, aquella que está vinculada al ejercicio de gobierno, a la efectuación de gobierno en sentido práctico, utilizando los mismos mecanismos institucionales para ejercer una dominación anexa. Estamos hablando del gobierno sobre los hombres y las mujeres, también del gobierno sobre las cosas, entre estas del gobierno sobre los circuitos monetarios. El gobierno de los hombres y las mujeres, el gobierno sobre las cosas, el gobierno sobre los circuitos monetarios, viene acompañada por sus posibilidades de distorsión; no por el manejo de las fuerzas y su conducción estratégica, sino por el manejo de las fuerzas y su distorsión «táctica», desviada según el interés privado, en este caso de atesoramiento dinerario. El ejercicio del poder se usa para el beneficio privado de ciertos grupos, para su enriquecimiento llamado «ilícito». En este sentido el ejercicio del poder se efectúa de la manera más pedestre y vulgar. Se trata del imaginario más antiguo del botín; el poder, el Estado, el gobierno, son mirados como botín de guerra. Es como una costumbre; antes lo hicieron otros, ahora nos toca. Esto ocurre por una desmesura del ejercicio del poder, ejercicio por cierto no democrático, aunque se usen instrumentos democráticos, como la validación electoral. Esta desmesura tiene que ver con la condición oculta de la excepcionalidad; se trata de comportamientos que se basan en el Estado de excepción, en la situación de emergencia, en el argumento de la seguridad del Estado, en el secreto de Estado. Todo Estado moderno ha recurrido a esta condición excepcional una y otra vez cuando supuestamente han visto el peligro para el Estado.
Ciertamente hay distintas figuras de esta condición de excepción o, mas bien, distintas consecuencias de esta excepcionalidad. Nos interesa ahora las más perversas, las que ven por conveniente extorsionar a enemigos, a opositores, a supuestos conspiradores, a quien sea, por razones de Estado. La extorsión se convierte en un sistema, por así decirlo o, si se quiere, es un subsistema de un sistema mayor, que es el relativo al diagrama de poder de la corrupción. Es un procedimiento forzado para reunir dinero para el partido, aunque este dinero termine controlado por unos grupos, otros grupos, quizás no los mismos de los operadores. Las formas de distribución pueden variar, empero lo que importa es el argumento usado; el Estado puede «expropiar» riquezas, parte de las mismas, en beneficio del propio Estado. Estos «métodos» no tienen nada que ver con las nacionalizaciones, que son mas bien medidas populares de recuperación de soberanía. Estos «métodos» tienen que ver con el interés de la élite gobernante. Para comprender esta situación hay que entender que el Estado no es una abstracción, es un campo burocrático, es un mapa institucional, es una estructura de poder; pero, además de todo esto, está manejado por grupos específicos, que cuando están en el poder no escatiman nada para lograr sus objetivos de la manera más práctica y expedita por así decirlo. Que unos gobiernos lo haga de una manera más torpe que otros, más extensa que otros, es otra cosa, lo que no hay que perder de vista es que la desmesura de poder como que posibilita la maniobra de gobierno en este sentido.
El liberalismo ha tratado de escapar de la desmesura del poder distribuyéndolo por poderes independientes, buscando una suerte de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, una política de balances; empero, la paradoja evidenciada es que precisamente los regímenes liberales se ven como compelidos a enfrentar la corrupción que atraviesa los poderes de una manera invisible. Por eso estos regímenes tratan esforzadamente de mantener una cierta independencia del poder judicial, quizás como último recurso de defensa al modelo ideal. Con esto no decimos que otras clases de regímenes escaparon a las paradojas del ejercicio práctico de la política; al contrario, terminan envueltos en formas más visibles de estos manejos colaterales del poder.
De esto no se puede deducir que no se pueda escapar a la condena de la corrupción, que siempre ha acompañado al poder, que es inherente al mismo, que el mal es atingente al humano, que se inclina por la maldad. Esta hipótesis moralista es insostenible, aunque ha sido usado en las teorías del Estado. El mal se convierte en una especie de sustancia o causa, como la figura del demonio en las religiones, que sustituye a las estructuras y relaciones de poder en la explicación de las manifestaciones perversas. El problema no radica en la existencia de una sustancia o esencia metafísica que inclina al humano a la satisfacción egoísta por cualquier medio al alcance, sino en la conformación de formas de poder, que no son otra cosa, que formas de dominación, que indudablemente no son democráticas, aunque se efectúen a su nombre. El ejercicio privado del poder, en manos de élites y de grupos, aunque se lo efectúe a nombre de lo público, deriva en es desmesura de poder que abre la posibilidad a la maniobra.
Se puede decir que a mayor institucionalidad mayor control normativo y administrativo, para cuidarse de caer en manejos prebéndales, clientelares, patrimoniales del poder. Puede ser; pero, no se puede decir que la mayor consolidación institucional ha abolido la corrupción. Ante lo que podemos decir que, en relación al problema anterior, a esta relación desbordante entre poder y corrupción, se añade el agravante de la expansión y el dominio de estas formas viciosas de poder cuando la institucionalidad es corroída por estas prácticas colaterales. Esto parece ocurrir cuando se pierden los equilibrios de poderes, los pesos y contrapesos, en los regímenes liberales. Ya hicimos notar que esta no es una solución histórica, sino mas bien un tipo de administración de equilibrios, donde se termina conteniendo y controlando la corrupción, en el marco de ciertos límites. Pero, el problema no desaparece. Al respecto, no hay que olvidar que el Estado-nación forma parte del régimen liberal, no ha salido del mismo, al contrario es su expresión más acabada.
A la desmesura del poder se suma la desmesura del usufructúo privado, del manejo grupal, de la desviación en beneficio privado, altamente extensible cuando se pierden los bordes, la estructura y el funcionamiento institucional. En este caso estamos ante una forma de régimen que ha convertido la excepcionalidad en una conducta política. En esta situación no solamente los operadores se hallan atrapados en estas «lógicas» perversas del ejercicio del poder, sino todos los que ejercen poder, aunque lo hagan de una manera no-consciente, ilusionándose con que cumplen mediante una división del trabajo; la tarea sucia a los operadores, las tareas limpias a los gobernantes. No hay tal cosa, todos se encuentran envueltos en los circuitos desmesurados del poder, atrapados en la irradiación corrosiva de estas prácticas colaterales.
¿Cómo escapar de este estado de cosas corrosivo, de esta situación colateral invasiva? Cuando estallan los escándalos es mejor ir al fondo, en vez de limitar el alcance de los involucrados a los operadores. Ante esta opción se tienen por lo menos dos alternativas; una de ellas tiene que ver con las reformas institucionales, que buscan modificar las instituciones conformando sus funcionamientos en sentido democrático, más participativo y transparente; la otra, tiene que ver con la opción por una revolución cultural que afecte prácticas, conductas, comportamientos y mentalidades. No optar por ninguna de estas alternativas, limitando el alcance de la afectación, no es más que diferir una descomposición y desmoronamiento, creyendo que se pueden guardar los secretos y buscar soluciones acordadas.
Una de las hipótesis políticas que ha circulado es la que está ligada a la teoría de la conspiración; ha sido veredita tanto por el gobierno, en el sentido de que el escándalo desatado ha sido tramado por agencias de inteligencia internacional para desacreditar al gobierno, así como por otros voceros, no necesariamente oficiales, que consideran el decurso de una conspiración al interior del propio gobierno. Aunque la forma de estas versiones resulte un tanto simplona, repite chabacanamente las tesis de la conspiración. Es insostenible esta hipótesis, se desmorona ante las evidencias, la secuencia de los hechos y la génesis de estos procedimientos auxiliares de los gobiernos. Pueden haber grupos que calculan las consecuencias de sus acciones, pueden haber grupos que intrigan, tanto dentro como fuera del gobierno, tanto internamente como externamente, incluso, si se quiere internacionalmente; empero, estas actitudes y predisposiciones, no explican fenómenos como los relativos a la corrupción, a la economía política del chantaje, al uso de la coerción y de la extorsión. Estamos ante la fenomenología de relaciones, circuitos, estructuras de poder colaterales y paralelas. Este tipo de hipótesis en vez de aclarar estos fenómenos del ejercicio del poder lo que hacen es oscurecerlos, transfieren la explicación a una supuesta causa omnipresente, la conspiración, a la presencia de grupos de poder, que aparentemente lo controlan todo, controlan todas las variables, convirtiéndose en una especie de superhombres capaces de conducir la historia. Aunque existan estos grupos y busquen incidir en la secuencia de los eventos, estos grupos son mas bien parte del ejercicio de estructuras y relaciones de poder. El accionar de estos grupos no escapa al juego de las fuerzas en el campo político; en lo que respecta a las prácticas colaterales y paralelas, ocurre algo que puede parecer extraño, hasta paradójico, los grupos operadores de la economía política del chantaje terminan enredados en sus propias redes. Si nos diéramos una figura para representar este fenómeno, podríamos decir que se parece al de una araña atrapada en su propia telaraña. La economía política del chantaje forma parte de la economía política generalizada, aunque lo haga de una manera distorsionada; entonces termina reproduciendo el sistema generalizado de la economía política, sistema que no controlan los grupos «externos», paralelos y colaterales a la institucionalidad.
Una hipótesis histórica, que también puede ser tomada como hipótesis económica, que se ha usado es la que atribuye al capitalismo la «naturaleza» de la corrupción. Esto puede ser relativamente cierto, empero habría que ampliar el panorama. Antes del capitalismo había corrupción, aunque se haya dado de otra forma y quizás de una manera menos intensa. También en los estados del llamado socialismo real se ha dado la corrupción, incluso, a veces, de manera alarmante, guardando la excepción de algún país, que ha tratado de compensar estas contingencias con la moral revolucionaria. Entonces la corrupción es un fenómeno más viejo que el capitalismo, incluso vuelve a reaparecer en las transiciones al socialismo. En Bolivia y Ecuador vuelve a reaparecer en complicadas, diferidas, formas no-dadas de transición al Estado plurinacional, aunque sólo lo usen de nombre. Ante esta genealogía de la corrupción, parece más adecuado usar la hipótesis de la desmesura del poder y asociar mas bien la corrupción con el Estado, aunque sean los circuitos del capitalismo los que expandan y proliferan este fenómeno colateral y paralelo.
Una de las hipótesis culturales usadas para explicar el fenómeno develado de la llamada red de extorsión, es la de la cultura política. En Bolivia no habría una cultura política, se daría mas bien una especie de incultura política, una suerte de cultura de la corrupción. A los ojos de los pregoneros de este tipo de hipótesis nos convertiríamos en el país más corrupto del mundo. De alguna manera se ayudan, a pesar de no validar el extremo de su interpretación, con los famosos indicadores de la corrupción que sacan organismos internacionales. Lo que pasa que estos organismos internacionales se olvidan notoriamente de introducir a las potencias del orden mundial imperial, a las empresas trasnacionales y al propio sistema financiero internacional. Si lo hicieran cambiarían los lugares de las estadísticas. En esto hay un jueguito de legitimación cuantitativa de las formas de dominación colonial y neocolonial, de las grandes corporaciones, gravitantes, auspiciadoras de formas paralelas de cooptación de funcionarios públicos y de «métodos» efectivos de garantizar inversiones. Hay pues una hipocresía denodada en estos organismos internacionales y en estos cálculos supuestamente objetivos.
La hipótesis concreta que vamos a usar, desprendida de las tesis e hipótesis que hemos expuesto, relativa a la desmesura del poder, es la siguiente:
Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices. Uno de los nudos gordianos de estos circuitos y recorridos de corrosión se encuentran indudablemente en la administración de justicia, la misma que se hallaba ya atada al ejecutivo desde antiguos tiempos republicanos, ataduras ahondadas ahora por el control y el monopolio absoluto del poder. Otro de los nudos gordianos, quizás el más gravitante, se encuentra en el mismo aparato estatal, sobre todo en los ministerios que tienen que ver con el orden interior y de gobierno. Hay otros nudos, que tienen que ver con las contrataciones y de bienes y servicios, con las adjudicaciones de obras, con las concesiones, etc.; empero, sólo observando los recorridos y lazos entre los dos nudos mencionados, justicia y ministerio de gobierno, que puede ser ampliado a los nudos ciegos de los dispositivos institucionales de lucha contra la corrupción, incluyendo incluso a los dispositivos de contratación de bienes y servicios, vamos a ver que la concomitancia y complicidad de estos nudos termina expandiendo e intensificando las prácticas paralelas y colaterales del ejercicio del poder. Por eso no es sorprendente que el escándalo se haya sucintado en estos corredores.
Tal parece que esta llamada red de extorsión no se ha limitado a la zona de los nudos gordianos mencionados, sino que ha abarcado más, tiene un espaciamiento mayor, hay más ministerios comprometidos, al contar con avales para proceder sin límites, además de contar con destacamentos policiales, su propio aparato de represión. Volvamos a la pregunta, ¿cuál es el alcance, la extensión, la intensidad y profundidad de este fenómeno? No lo sabemos a ciencia cierta. Tampoco parece que el gobierno está dispuesto a destapar la olla. Sólo parece estar dispuesto darle un alcance limitado al espacio de los involucrados.
Ahora bien, al respecto de la solución sancionadora, hay en el aire como un espíritu de venganza en mucha gente, tanto del gobierno como fuera del gobierno, incluso en gran parte de los ciudadanos. Todos creen que esto se resuelve el problema, encerrando y castigando a los involucrados, cuantos más aparezcan mejor. Este problema de la corrupción no se resuelve encerrando, encarcelando, vigilando y castigando. Los vacios que queden en los circuitos colaterales van a ser llenados por otros. El problema es estructural. Mientras no se desmonten estas estructuras, redes, circuitos paralelos y colaterales del ejercicio del poder, la fenomenología de la corrupción no es afectada en su propia circulación, no tiende a disminuir cualitativamente, menos tiende a desaparecer. Mientras se ejerza el poder de una manera no democrática y transparente, es decir no participativa, tal como lo exige la Constitución, las consecuencias perversas de la desmesura del poder reaparecen, se reproducen, se expanden y se intensifican, moviéndose holgadamente en los espacio que abre el usufructúo privado del poder.
Haremos una anotación más, en relación a la concepción de la política como hostilidad. Vamos a retomar la crítica de las feministas radicales y de-coloniales; ellas plantean que el problema de la reproducción de las dominaciones, en el ejercicio de la política, se sostiene en ese paradigma de la política que se constituye definiendo al enemigo. De lo que se trata es de salir de este círculo vicioso de hostilidad, ir más allá de la política, construir una alternativa a la política, abrir otros horizontes de la cohesión social, ir más allá de las políticas de la amistad. Un más allá de la política no basadas en el sustrato de la fraternidad masculina, base del Estado patriarcal, sino en otras relaciones alternativas concurrentes, como la sororidad entrelazada con otras formas intersubjetivas de complementariedad.
Jacques Derrida entre sus conclusiones de Políticas de la amistad saca una fuerte interpelación a la política basada en la fraternidad de los hombres:
¿Qué relación mantiene esa dominación con la doble exclusión que se ve que se practica en todos los grandes discursos ético-político-filosóficos sobre la amistad, a saber, por una parte la exclusión de la amistad entre mujeres, por otra parte la exclusión de la amistad entre un hombre y una mujer? Esta doble exclusión de lo femenino en este paradigma filosófico conferiría, pues, a la amistad la figura esencial y esencialmente sublime de la homosexualidad viril [5] .
La desmesura del ejercicio del poder descansaría en la concepción de lo político como hostilidad, que a su vez se asienta en las formas de la amistad fraterna, en las complicidades, concomitancias y pactos de sangre entre amigos, que es a los que se reduce el ejercicio del poder y la práctica política por parte de entornos palaciegos y grupos de operadores de la guerra sucia. En el fondo estas amistades cómplices despliegan su proximidad a una homosexualidad viril, que rechazan, ocultan y esconden con la emisión de mitos de masculinidad que se construyen entre ellos y en sus atmósferas de intimidad.
[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Diagrama de poder de la corrupción; Bolpress 2012; La Paz.
[2] Tesis inversa a la de K. von Clausewitz, usada por Michel Foucault en Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica 2006; Buenos Aires.
[3] Carl Schmitt: El concepto de lo político. Alianza 1992; Madrid.
[4] Jacques Derrida: Políticas de la amistad. Trotta 1998; Valladolid.
[5] Jacques Derrida: Ob. Cit.; pág. 308.
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