Una delegación del Parlamento Europeo confirmó hoy que entre agosto y septiembre la oposición intentó un golpe de estado en contra del gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma y constató in situ los daños que causaron grupos violentos vinculados a los sectores golpistas. «Se intentó dar un golpe de Estado», aseguró el vicepresidente de […]
Una delegación del Parlamento Europeo confirmó hoy que entre agosto y septiembre la oposición intentó un golpe de estado en contra del gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma y constató in situ los daños que causaron grupos violentos vinculados a los sectores golpistas.
«Se intentó dar un golpe de Estado», aseguró el vicepresidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el italiano Giusto Catania, quien fue parte de esa delegación oficial del Parlamento Europeo. Ante ese hecho que ya fuera denunciado por el Gobierno boliviano, Catania, citado por la agencia Efe, aseguró que «el Parlamento Europeo no se puede quedar con los brazos cruzados» ante esa situación. Por ello demandó a la Unión Europea (UE) que defienda los derechos humanos en Bolivia tras ese intento de golpe de Estado.
A su vuelta de un viaje al país andino en el que constató los daños causados por los grupos violentos, la misión presentó hoy en rueda de prensa las conclusiones de esa visita a La Paz y Santa Cruz, epicentro del movimiento autonomista y opositor al presidente boliviano.
La delegación, encabezada por la eurodiputada rumana Gabriela Cretu (PSE), también contó con la presencia del vicepresidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el italiano Giusto Catania (Izquierda Unitaria), y el embajador boliviano en Bruselas, Christian Inchauste.
Durante esos días se hicieron con material audiovisual grabado durante las violentas jornadas vividas en Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Cobija, en las que opositores destruyeron importante infraestructura, un gasoducto y, entre otras sedes, la del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS), una ONG defensora de los derechos humanos financiada en parte por la Comisión Europea (CE).
Según el eurodiputado italiano Catania, los grupos PSE, ALDE, Izquierda Unitaria Europea, Unión por la Europa de las Naciones y los Verdes propondrán en la mesa de presidentes de formaciones parlamentarias, que tendrá lugar esta semana, una «resolución de urgencia».
Esa iniciativa será presentada para rechazar esos actos violentos, con vistas a que sea aprobada por el pleno durante la próxima sesión plenaria en Estrasburgo.
«La Unión Europea no puede interferir en la política nacional» boliviana, indicó, aunque subrayó que tiene que «salvaguardar los derechos humanos» y apoyar el proceso democrático en el país.
Por su parte, Gabriela Cretu señaló que Bolivia debe ahora «buscar y encontrar una solución pacífica y duradera a la situación».
Además, hizo hincapié en que se debe evitar que «los niños, los jóvenes y los adolescentes vuelvan a verse involucrados» en acciones de este tipo, y denunció la «manipulación» a la que se ven sometidos.
De su parte, Inchauste afirmó asimismo que la Unión Europea tiene la «obligación de luchar contra el fascismo», ya que Europa, dijo, «ya tiene experiencia» en la lucha contra totalitarismos.
Las conversaciones entre Morales y los opositores autonomistas se abrieron tras la ola de violencia que afectó al país el mes pasado y que tuvo su peor momento durante la emboscada a campesinos por parte de sicarios presumiblemente contratados por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien se encuentra encarcelado.
No obstante de las abundantes pruebas recolectadas hasta el momento por diferentes fuentes involucradas en el proceso de investigación, esa masacre aún es calificada como «un enfrentamiento» por la oposición boliviana y medios de comunicación afines.