El Presidente Evo Morales dejó en manos de la Asamblea Constituyente cualquier posibilidad de modificar la nueva Constitución Política del Estados. «No es atribución del Presidente hacer las consideraciones a la nueva Constitución (…) si hay que compatibilizar, no modificar, o ajustar algunas contradicciones ello es de responsabilidad de la Asamblea», dijo, en tanto que […]
El Presidente Evo Morales dejó en manos de la Asamblea Constituyente cualquier posibilidad de modificar la nueva Constitución Política del Estados. «No es atribución del Presidente hacer las consideraciones a la nueva Constitución (…) si hay que compatibilizar, no modificar, o ajustar algunas contradicciones ello es de responsabilidad de la Asamblea», dijo, en tanto que la presidenta del Foro Silvia Lazarte (MAS) pidió a los prefectos y sectores sociales que tengan observaciones a la nueva Carta Magna que pasen sus sugerencias a la directiva de la Asamblea.
Representantes del MAS, Concertación Nacional, Alianza Social Patriótica, Movimiento Originario Popular, Movimiento Bolivia Libre, y los disidentes de Podemos Álvaro Azurduy, Ramiro Ucharico y Lindo Fernández, que ayer se reunieron con Morales en La Paz para estudiar posibles cambios a la Carta Magna anunciaron que se reunirán con sus bancadas para consultar la posibilidad de compatibilizar la propuesta de Constitución y los estatutos autonómicos presentados por cuatro regiones.
A pesar de la apertura del Jefe de Estado, algunos asambleístas oficialistas se resisten a modificar el texto constitucional, como el jefe de la bancada del MAS Román Loayza, quien manifestó que «no puede haber ninguna modificación ni artículos, ni comas ni una palabra». En su criterio, son los estatutos autonómicos los que deben adecuarse a la nueva Constitución.
El asambleísta Raúl Prada (MAS) comentó que la nueva Carta Magna no puede ser modificada porque fue aprobada de manera legal, en grande y en detalle. Opina que sólo el pueblo puede poner a consideración el texto, no la Asamblea Constituyente, menos el gobierno o el Congreso. Otra percepción tienen el constituyente de UN Ángel Villacorta, que acepta cualquier corrección pertinente, y David Vargas, para quien es posible realizar las correcciones, pero ampliando las sesiones de la Asamblea.
El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas reiteró que la Constitución «masista» debe volver hacia atrás porque perforó las autonomías y vulneró los principios legales.
El senador de Podemos Luis Vásquez aclaró que el término «compatibilización» usado por el Presidente no es constitucional ni legal. «Si lo que se quiere es modificar el proyecto de Constitución que está en marcha, la pregunta tiene que ser quién tiene competencia constitucional para modificar, derogar o abrogar una disposición, no hay más, no confundan con sofismas». Según Vásquez, sólo el Congreso tiene competencia para modificar el texto porque es un legislador constitucional por eminencia, un legislador constitucional nato permanente, en tanto que la Asamblea Constituyente es un órgano especializado solamente para la producción con la norma, que es la Constitución Política del Estado.
«La Asamblea ha concluido su término, ha perdido, digamos, competencia por efecto del tiempo y si quisiéramos habilitar a la Asamblea tendríamos que hacer una ley especial del Congreso, votada por dos tercios de votos para que vuelva a sesionar y continúe con su trabajo, pero habría que dar marcha atrás en todo lo que se ha obrado y eso es muy complicado», explicó Vásquez.
Vásquez puso en duda las competencias de la directiva de una Asamblea que ya no existe. «Al no existir la Asamblea, tampoco existe la directiva de la Asamblea, es decir, la Asamblea ya ha concluido su trabajo y va a volver a ser convocada cuando sea el momento y se apruebe un referéndum dirimitorio, pero eso puede ser de aquí a tres, seis meses o un año». Esto significa que no tiene sentido ni lógica que la Asamblea pida observaciones.
IDH
Por otro lado, en la reunión sostenida ayer por los ministros de Hacienda Luis Alberto Arce y de Planificación del Desarrollo Gabriel Loza con representantes técnicos de las prefecturas de los nueve departamentos se habló de compensar a las regiones que pierdan por la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y también de buscar nuevas fuentes de financiamiento para la Renta Dignidad para los ciudadanos mayores de 60 años.
El gobierno reiteró que la renta respaldada por la Ley Nro 3791 se pagará a partir de febrero indefectiblemente. El monto variará entre 2.400 bolivianos para aquellos que no tienen una renta mensual y 1.800 bolivianos para aquellos que si tienen un ingreso.
El diputado del MAS Gabriel Herbas manifestó que es «imposible» modificar el recorte del IDH. «Yo no veo las formas de rediscutir estos temas, porque la Renta Dignidad está consolidada, es imposible modificar esta Ley», aseveró Herbas, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Los representantes de los prefectos quieren que la renta Dignidad sea financiada con viejas fuentes, las
que recaen en la economía del pueblo boliviano a través del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que no es sostenible en el tiempo, y por otro lado, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se haga cargo de la subvención de la renta.