La esperada arremetida opositora contra el gobierno y el referéndum revocatorio se radicaliza al comenzar la nueva semana. Se llevan adelante de manera simultánea acciones legales para frenar la consulta «ilegal» del 10 de agosto; está en marcha una campaña política para revocar el mandato de Evo Morales y pesisten movilizaciones callejeras en todo el […]
La esperada arremetida opositora contra el gobierno y el referéndum revocatorio se radicaliza al comenzar la nueva semana. Se llevan adelante de manera simultánea acciones legales para frenar la consulta «ilegal» del 10 de agosto; está en marcha una campaña política para revocar el mandato de Evo Morales y pesisten movilizaciones callejeras en todo el país. La misión de los grandes medios de comunicación es amplificar la campaña contra el Presidente ineficiente en un país ingobernable, igual como hicieron con Hernán Siles en 1985.
El Presidente Evo Morales denuncia que en Bolivia hay «terroristas mediáticos» que distorsionan la realidad para dañar la imagen de su gobierno. Se refiere a los dueños de medios de comunicación de las logias, que a la vez son dirigentes de las oligarquías y del movimiento cívico que intenta fracturar la unidad con autonomías separatistas.
Apoyan al movimiento autonomista opositor de manera militante los empresarios y banqueros Ivo Kuljis, dueño de la Red UNO, y el ex senador por el MNR Oswaldo Monasterios, propietario de UNITEL. Además, figuran en la lista de los grandes «medios políticos» las cadenas de radio Panamericana y Fides de La Paz; los diarios La Razón (La Paz), Los Tiempos (Cochabamba) y El Deber, El Nuevo Día y El Mundo (Santa Cruz), entre otros menos importantes.
El ministro de Gobierno Alfredo Rada asegura que los dueños de decenas de periódicos, radioemisoras y canales de televisión de la oligarquía conspiran contra el revocatorio y asumen un rol político para desgastar al gobierno. Se espera que la prensa burguesa en los próximos días comience a bombardear con encuestas pagadas que ponen en duda un apoyo masivo a Morales en el referéndum. «Algunos medios sólo ven la plata, si les das plata suben la encuesta y te hacen ganar», dice el Presidente.
Algunos periodistas entran en el juego de la derecha, entre ellos los afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), sindicato de dueños de periódicos que en días pasados solicitó suspender el revocatorio ilegal. El director de la ANP Juan Javier Zeballos criticó al gobierno por haber declarado al estatal Canal 7 «empresa estratégica» y haber encargado al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana la tarea de dirigirlo, una acción que, en su criterio, atenta contra el «pluralismo informativo».
A muchos llama la atención la moral selectiva de la ANP, autonombrada defensora de la legalidad, del pluralismo y de la objetividad informativa.
La prensa opositora «guardiana» de la ley dedica amplia cobertura al debate sobre la «ilegalidad» del referéndum revocatorio, figura inexistente en la actual Constitución, aunque meses antes minimizó las críticas a las consultas autonómicas que ni siquiera contaban con el respaldo de una ley.
En el pasado, la gran prensa respetuosa de la «objetividad» casi nunca prestaba atención a las marchas y huelgas de gremios «minoritarios» por demandas «sectoriales». Hoy se cubre con eficiencia las «masivas movilizaciones» opositoras, aunque los contingentes movilizados no pasen de 50 personas. Según los medios, bastan unos cuantos jovenzuelos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para opacar la campaña de Evo Morales en áreas rurales de Santa Cruz.
Morales recordó que el sábado en Camiri, Santa Cruz, menos de 20 activistas de la UJC hicieron reventar algunos petardos y se movilizaron en su contra luego de que una multitud lo recibiera en el coliseo de la ciudad. Una emisora local informó que «el pueblo camireño no permitió que llegue Evo Morales, información que me causó risa».
En estos días, los noticieros de TV reportan con lujo de detalles las marchas de protesta contra del alza de precios de los alimentos de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz y del Comité Cívico Femenino de Beni.
Nunca antes habían recibido tanta atención los comercializadores de coca que protestan hace una semana en inmediaciones de la Dirección General de Control e Interdicción de la Coca e Industrialización (Digcoin) en La Paz exigiendo más licencias para vender hoja. El Viceministerio de la Coca informó que no se prevé aumentar el número de permisos para comerciantes al detalle, que en la actualidad suman más de 6.000.
También se muestran en horario estelar las protestas de pobladores de la provincia Omasuyos en puertas de la Vicepresidencia de la República reclamando la creación de municipios. Ni qué decir de los 50 activistas de la organización opositora Acción Joven La Paz, que hoy protestaron en puertas de la Corte Nacional Electoral exigiendo suspender el referéndum revocatorio.
Los trabajadores de salud, maestros, mineros, cooperativistas y otros sectores que se movilizan pidiendo al gobierno la aprobación del proyecto de Ley de Pensiones elaborado por la COB también han sido beneficiados con una inusual cobertura mediática. Ocurre lo mismo con los jubilados que bloquean vías principales de La Paz pidiendo que se deje sin efecto el descuento del 8% a sus rentas.
Las personas con discapacidad que reclaman un bono anual de 3.000 bolivianos desde hace una semana se han convertido en estrellas de la TV. Las movilizaciones de este sector se extendieron a siete departamentos y desde hoy las medidas de presión se radicalizaron con la instalación de nuevos piquetes de ayuno, crucifixiones, marchas de protesta y bloqueo de caminos.
Los medios reportaron con detalle los intentos de toma de la refinería de Palmasola en Santa Cruz; los bloqueos en la carretera Panamericana, y la toma de instalaciones de Impuestos Nacionales en Cobija. Pero muy poco han informado de los motivos del conflicto.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Sacha Llorenti recordó que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley al Congreso para favorecer a los discapacitados en el que se plantea la creación de un fondo de solidaridad con recursos que los partidos políticos recibían del Estado para financiar campañas electorales. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero los senadores cambiaron la ley. «Los medios deberían preguntar a los parlamentarios de Podemos por qué cambiaron la ley en vez de atacar al gobierno», recomienda la autoridad.
Los medios ganan por doble partida. Por un lado, cumplen a cabalidad su rol de amplificadores de la campaña derechista, y por otro se llenan los bolsillos con la plata del gobierno y de otras fuentes.
En la inauguración del Encuentro de Intelectuales y Artistas por la Unidad y la Soberanía de Bolivia, Evo Morales denunció que Estados Unidos financia la difusión de spots en contra de su gobierno. Morales no sabe si el dinero sale del Departamento de Estado de Estados Unidos o de las cuentas del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Aseguró que tiene las pruebas y que los resultados de las investigaciones se conocerán en los próximos días.
El Defensor del Pueblo Waldo Albarracín recomendó a los medios que «traten de mantener la equidistancia necesaria, imparcialidad y el apego a la verdad de los acontecimientos en la difusión de noticias y cobertura diaria». En repudio a la manipulación mediática, algunas organizaciones sociales de izquierda proponen dejar de comprar periódicos opositores al menos por un día.
«Proponemos a toda la sociedad boliviana que el 12 de agosto próximo sea declarado UN DÍA SIN DIARIOS BASURA para que Bolivia tenga libertad de expresión y no solo libertad de empresa. Démosle donde les duele, el dinero», dicen los proponentes. La idea es reclamar más imparcialidad, información plural y titulares menos cargados con adjetivaciones y expresiones tendenciosas. Si los «diarios basura» no reflexionan, se plantea radicalizar la campaña en el futuro con «Dos Días Sin Diarios Basura».