El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la operadora de gasoductos Transredes, filial del grupo petrolero británico Ashmore, de apoyar una conspiración de grupos opositores contra su gobierno, en medio de amenazas de huelga y protestas en seis de las nueve regiones del país. Aunque el mandatario renovó su promesa de garantías para las […]
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la operadora de gasoductos Transredes, filial del grupo petrolero británico Ashmore, de apoyar una conspiración de grupos opositores contra su gobierno, en medio de amenazas de huelga y protestas en seis de las nueve regiones del país.
Aunque el mandatario renovó su promesa de garantías para las inversiones extranjeras, advirtió que no tolerará que petroleras trasnacionales respalden acciones políticas de este tipo. «Tenemos información que en alguna región en vez de incentivar políticas sociales más bien tratan de conspirar contra la democracia», dijo en El Alto durante la inauguración la tercera ampliación del Gasoducto Al Altiplano, obra que permitirá aumentar el transporte de gas natural al occidente de Bolivia.
Morales, que nacionalizó el año pasado los hidrocurburos, destacó que para Bolivia es importante tener socios porque necesita inversión, y aseguró que las empresas extranjeras que inviertan en el país, «como socios, no como patrones», tendrán seguridad jurídica si acatan las leyes.
Ashmore Energy International tiene 50 por ciento y el derecho de administración de la operadora boliviana de gasoductos Transredes, en la que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controla 34 por ciento e inversionistas particulares la participación restante.
Sobre este punto, Morales señaló que su gobierno negocia para adquirir 50 por ciento más uno de las acciones de Transredes.
En tanto, el presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz (CCPSC), Branco Marinkovic, dijo que unos mil delegados de diversos sectores civiles y empresariales de ese departamento acordaron anoche la realización de paros cívicos y huelgas de hambre para la próxima semana, y que el martes se definirá el curso de las medidas.
Las autoridades de Santa Cruz rechazan un recorte de presupuesto a las prefecturas planteado por el gobierno, en beneficio de unos 500 mil ancianos.
En tanto, líderes políticos y regionales lograron un acuerdo preliminar para que la Asamblea Constituyente reanude sus deliberaciones el lunes, paralizadas desde hace más de dos meses por la demanda de esa ciudad de ser la capital efectiva del gobierno nacional.