«No quieren autonomía, sólo la usan para conspirar y para no perder sus privilegios de casta», fue una de las expresiones lanzadas por el presidente Evo Morales el pasado 5 de abril en Ivirgarzama, corazón del subtrópico cochabambino. El Presidente boliviano pronunció un discurso de aproximadamente dos horas desnudando sin pelos en la lengua los […]
«No quieren autonomía, sólo la usan para conspirar y para no perder sus privilegios de casta», fue una de las expresiones lanzadas por el presidente Evo Morales el pasado 5 de abril en Ivirgarzama, corazón del subtrópico cochabambino. El Presidente boliviano pronunció un discurso de aproximadamente dos horas desnudando sin pelos en la lengua los propósitos de una reducida élite agroindustrial que, atrincherada en el oriente del país, ha desatado una ola de terror mediático y campal como prolegómeno de un referéndum que busca imponer, de facto, la separación del departamento de Santa Cruz mediante un Estatuto Autonómico anticonstitucional y golpista. Por ese discurso franco y transparente, la ultraderecha que le hace coro al separatismo antinacional condenó a Evo Morales estigmatizándolo hipócritamente como «enemigo del diálogo».
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Mientras el presidente Morales asistía el sábado a la multitudinaria concentración campesina de Ivirgarzama denunciando la escalada balcanizadora que subyace en el referéndum autonomista convocado por la Prefectura de Santa Cruz para el 4 de mayo, el empresario estadounidense Ronald Larsen, propietario de más de 15.000 hectáreas de tierra fértil en el municipio de San Julián, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, organizaba grupos de choque -paramilitares- ligados a la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista, para impedir las labores de saneamiento de tierras que emprendían técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) bajo la dirección del viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
Los latifundistas que acaparan ricas tierras agrícolas, forestales y ganaderas en el oriente boliviano que abarca, además de Santa Cruz, los departamentos nortinos de Pando y Beni alienados bajo la hegemonía feudal-agroindustrial en la llamada «media luna» junto con el departamento petrolero de Tarija en el Chaco sureño, están comandados por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, quien se apropió ilegalmente, gozando de favoritismos durante regímenes pasados, de casi 27.000 hectáreas de un vasto territorio ancestral perteneciente al pueblo indígena guarayo, incluyendo una Laguna llamada Corazón, importante reservorio acuífero en aquellas tierras despojadas por el empresario de origen croata y de fuertes nexos con el capitalismo chileno.
Los federalistas feudales
Al igual que el norteamericano Ronald Larsen, el croata Branco Marincovic enfrenta procesos judiciales impulsados por el viceministro Almaraz y la respuesta de estos acaparadores delictivos de tierras ante la justicia boliviana la da el Prefecto de Santa Cruz, el masón Rubén Costas, quien encabeza la escalada separatista y golpista forzando un referéndum que busca imponer un Estatuto Autonómico de corte abruptamente federalista, con el fin, entre otros, de impedir el proceso de saneamiento de tierras que, acaparadas, no cumplen una real función económica y social.
«Si el sistema judicial no estuviera cuoteado y realmente se ejerciera justicia en el país» -dijo Evo Morales en Ivirgarzama-, «todos estos separatistas que atentan contra la unidad de Bolivia serían juzgados e irían presos por lo que están haciendo». El Presidente del país advirtió además que el Estatuto Autonómico que Rubén Costas pretende imponer el 4 de mayo para proclamarse «Gobernador de la República de Santa Cruz», destruirá el Poder Judicial boliviano ya que «las sentencias de la Corte Superior del Distrito cruceño serán inapelables y pondrán fin a los pequeños propietarios de la tierra para favorecer a los grandes terratenientes».
El discurso de Evo Morales en Ivirgarzama describía una realidad incuestionable en la coyuntura boliviana y reflejaba fielmente el sentimiento de la mayoría indígena y rural del país que sufre cotidianamente los abusos de este latifundismo expoliador que, por si fuera poco, tiene en su poder el control de los alimentos imprescindibles de la canasta familiar cuyos precios suben exorbitantemente. Como es sabido, los nuevos señores feudales bolivianos son a la vez potentados agroindustriales que gracias a dineros lavados por el narcotráfico durante la dictadura del general Hugo Banzer en los años setenta, controlan hoy estratégicamente la producción de alimentos básicos como el aceite, el azúcar y la carne, monopolizando vastas extensiones de cultivos de soya y caña, además de latifundios ganaderos, sobre territorios originarios de los pueblos indígenas chiquitanos, moxeños y guaraníes entre otros.
Sin embargo, portavoces políticos del separatismo, como el jefe de Podemos y ex primer mandatario Jorge Tuto Quiroga Ramírez, criticaron el discurso de Ivirgarzama como «inoportuno» y «provocador», acusando a Evo Morales de sabotear el diálogo vía Iglesia Católica que es invocado por el propio Presidente.
«Evo hizo gala otra vez de su doble discurso», declaró Quiroga, negándose a reconocer que la denuncia presidencial en Ivirgarzama debe ser precisamente un punto vital en la agenda del necesario Diálogo Nacional.
El terrorismo petrolero
A los señores feudales del separatismo oriental, se suman los operadores de las compañías petroleras trasnacionales que operan especialmente en el Chaco sureño de Tarija y Chuquisaca, en cuya primera línea figura el propio Tuto Quiroga.
En la problemática petrolera también está presente el asunto de la territorialidad indígena. El heroico Pueblo Guaraní soporta hoy no solamente los regímenes laborales de esclavitud y cautiverio que le son impuestos por los patrones terratenientes, sino también un violento avasallamiento de las compañías petroleras como Repsol, Chaco, Andina y Transredes que se niegan a cumplir especificaciones de las Naciones Unidas para preservar y proteger los bosques tropicales que pertenecen por derecho ancestral a las comunidades indígenas. Fuentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní aseguran que estas compañías petroleras financian, junto con USAID y otras agencias siniestras de la Embajada norteamericana, grupos paramilitares de choque organizados en torno a la «Unión Juvenil Cruceñista», además de campañas mediáticas racistas y separatistas que agravan el clima de tensión social en la zona.
A tal extremo son maltratados los pueblos indígenas en áreas de exploración y explotación petrolera, que una carta remitida en octubre del año pasado por la Asamblea del Pueblo Guaraní a la trasnacional Repsol, en su sede de Madrid, España, exigiendo el cumplimiento de acuerdos internacionales de protección cultural y ambiental, no ha sido respondida hasta hoy debido a que Repsol no tiene un interlocutor válido en Bolivia, es decir tiene una gerencia fantasma. Esta ilegalidad debería ser motivo suficiente para la reversión de las acciones y activos de Repsol a propiedad estatal-comunitaria.
Para colmo de males, la política oficial petrolera que impulsa el gobierno de Evo Morales tras el Decreto de Nacionalización dictado el 1 de mayo del 2006, está contaminada por una solapada infiltración de agentes de las trasnacionales dentro el propio aparato gubernamental, según denunció con pelos y señas el ex Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, quien fue destituido por el propio Evo Morales en un acto de lealtad del Presidente de la República para con su jefe de campaña electoral en Cochabamba, el estalinista Jorge Alvarado (hoy embajador en Caracas), a quien Sainz acusó con pruebas en la mano de cometer turbios e ilegales negocios cuando aquel presidía la renaciente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según las nuevas denuncias de Sainz, el actual Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, viene prohijando acciones decisivas de operadores de las trasnacionales desde la actual administración estatal, con una larga lista de enemigos del proceso que actúan desde el propio aparato gubernamental: Tatiana Genuzio, Horacio Romanelli, Carlos Tamayo, Jenny Reyes, Germán Calderón, Mario Adrián, Hernán Peña, Gonzalo Castro, Joaquín Moscoso, Javier Guzmán, Leonor Caballero, Javier Vega, Susana Anaya, Jenny Medinacelli y Roger Uzquiano.
El caso de Horacio Romanelli es estremecedor: se trata de un ex funcionario de Transredes, ligado a los tecnócratas que trabajaron con Sánchez de Lozada, que a pesar de haber sido destituido de YPFB por instrucciones del propio presidente Evo Morales en el 2006, es hoy un funcionario jerárquico de la Superintendencia de Hidrocarburos responsable, bajo amparo de Villegas, de negociar la transferencia de acciones nada menos que con la propia Transredes, una de las trasnacionales petroleras que oprime y conculca los derechos del Pueblo Guaraní.
Diálogo y autocrítica
Bolivia atraviesa las horas cruciales de su crisis libertaria. La Conferencia Episcopal presidida por el cardenal Julio Terrazas, tomó la decisión -tras reunión que celebró en Cochabamba el pasado fin de semana- de gestionar un acercamiento entre los polos del conflicto, en aras de preservar la paz y la democracia; pero en función a ello, exhortó el Cardenal, debe haber una predisposición de honestidad.
En efecto, el punto de quiebre de esta coyuntura será de naturaleza ética. Bolivia reclama de sus políticos, gobernantes y opositores, transparencia en sus actos que son de interés público, y en esa línea parece enmarcarse el discurso de Evo Morales en Ivirgarzama. Sin embargo, existen puntos débiles en la actual gestión gubernamental, como el caso de las denuncias de Sainz en el ámbito petrolero, y uno de ellos tiene que ver precisamente con algunos contenidos cuestionables de la nueva Constitución Política del Estado en ciernes, donde se inserta un proceso de autonomía tan federalista y separatista como la que propugna el feudalismo agroindustrial del oriente.
Los intelectuales autonomistas del gobierno del MAS, ligados muchos de ellos a ONG´s financieras, proponen la instauración de «gobernaciones indígenas» que se yuxtaponen a las alcaldías municipales creando una perspectiva conflictiva, por choque de competencias territoriales, entre las llamadas «autonomías indígenas» y las autonomías municipales (que en esencia son lo mismo). Los constituyentes masistas no han sabido resolver la disyuntiva entre el espacio macro-territorial y las mancomunidades locales, yuxtaponiendo aquellos escenarios en el contexto de las autonomías departamentales, que son esencialmente separatistas desde su diseño original impuesto por teóricos norteamericanos.
La posibilidad de superar estas limitaciones conceptuales avanzando hacia un diseño mancomunitario de autonomía integradora mediante articulaciones interdepartamentales de tipo mega-regional, y la necesidad de introducir una reforma al proyecto de nueva Constitución haciendo viable ese diseño autonómico de nuevo tipo, bajo una hegemonía democrática con predominio de la sociedad civil sobre la sociedad política, podría ser una llave para avanzar victoriosos en el Diálogo Nacional.