La modalidad para la explotación de los 15 mil kilómetros cuadrados de salares que hay en el país, donde se encuentra más de la mitad de la reserva mundial de litio, será que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y que haya exploración, explotación e industrialización en Bolivia, afirmó hoy el presidente Evo […]
La modalidad para la explotación de los 15 mil kilómetros cuadrados de salares que hay en el país, donde se encuentra más de la mitad de la reserva mundial de litio, será que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y que haya exploración, explotación e industrialización en Bolivia, afirmó hoy el presidente Evo Morales y advirtió: «Ya no habrá simple venta de materias primas».
Al hacer un balance de su recién concluido viaje de cuatro días a Rusia y Francia, que consideró positivo sobre todo en los temas minero y de cooperación, el mandatario exigió que las empresas extranjeras cumplan y aceleren los compromisos de inversión que tienen en el país.
Se declaró «muy sorprendido» por el apoyo a la nueva Constitución Política boliviana que le expresaron tanto su par francés, Nicolas Sarkozy, como el ruso Dimitri Medvediev.
Morales se refirió a inquietudes de ejecutivos de la empresa petrolera francesa Total, socia del gobierno en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre si habría cambio en los contratos por la entrada en vigor de la nueva Constitución Política, y aseveró que no habrá ningún cambio en los contratos ya firmados y aprobados por el Congreso. Una vez aclarado lo anterior, añadió, a Total «le toca invertir y esperamos que pueda acelerar su inversión con base en los contratos firmados».
Explicó que en su entrevista con Sarkozy, éste le ofreció apoyo para la lucha contra el narcotráfico y una línea de crédito para la adquisición de helicópteros franceses Súper Puma, así como colaborar en la implementación de la nueva Constitución Política boliviana, cooperando para ello «con sus constitucionalistas».
La empresa francesa Bolloré expresó su interés en invertir «en la investigación, en la exploración, en la explotación y la industrialización» del litio que hay en la salmuera del salar de Uyuni. Al respecto, el presidente Morales se manifestó entusiasmado por haber manejado un automóvil con batería de litio y dijo esperar que se fabriquen en Bolivia, pero advirtió que no hizo «ningún compromiso escrito» con la empresa, a la que le pidió enviar por escrito sus propuestas.
Asimismo, el gobernante destacó ante la prensa el acuerdo firmado por YPFB y la estatal petrolera rusa Gazprom, que se inició en 2007 y ahora se ha ampliado para alcanzar inversiones de más de 4 mil millones de dólares hasta 2030, dependiendo de los programas y proyectos que puedan desarrollar los técnicos de ambas empresas.
Mencionó que Rusia otorgará un crédito a Bolivia -no precisó el monto- para la adquisición de helicópteros y equipamiento para las fuerzas armadas bolivianas; así como con entrenamiento e información de inteligencia para el combate contra el narcotráfico.
Además, indicó que el presidente ruso Dimitri Medvediev ofreció colaborar con becas para estudiantes universitarios y personal de las fuerzas armadas, y «sorpresivamente», le ofreció enviar un avión con medicinas para el combate a la epidemia de dengue en Bolivia, que ha dejado 13 muertos por dengue hemorrágico y más de 23 mil casos detectados de dengue clásico.
En otro orden, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, encabezó esta mañana una comisión de terratenientes rumbo a la zona de Alto Parapetí para participar en un acto de «desobediencia civil» contra la decisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de revertir a dominio del Estado siete predios de unas 40 mil hectáreas, en los que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que se detectó que había «relaciones servidumbrales» o de semiesclavitud.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, manifestó su preocupación por «estas permanentes inclinaciones antidemocráticas» del prefecto cruceño. «Una persona que no acata la ley es una persona que se opone a la democracia», afirmó, luego de que Costas arengó que «ni una sola hectárea será expropiada de manera abusiva y al margen de la ley como pretende el INRA».
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana , declaró a su vez que se impondrá la ley sobre los ganaderos, cívicos y autoridades prefecturales que promuevan acciones de desacato civil en el país bajo cualquier pretexto.
En tanto, el viceministro de Régimen Interior y Gobierno, Marcos Farfán, confirmó que siete personas fueron aprehendidas en El Porvenir, departamento de Pando, por la Policía Nacional durante allanamientos hechos esta madrugada en relación a un caso de personas sospechosas de haber participado en la masacre de septiembre pasado de 16 campesinos leales al presidente Morales.
Aclaró que en estas detenciones no hubo participación de militares y que se realizaron «con el mandamiento correspondiente» por instrucción de la comisión de fiscales que investiga el caso de la matanza de El Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre pasado, dentro del proceso que se le sigue por la misma causa al destituido prefecto pandino Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz.
Señaló que el gobierno nada tiene que ver con esas detenciones, ordenadas por la fiscalía debido a que los ahora detenidos desobedecieron un citatorio de hace un mes para comparecer ante la autoridad.
Entre los detenidos, que fueron llevados en avión a La Paz, la prensa mencionó que figuran el alcalde opositor del municipio pandino de El Porvenir, Erwin Ventura, una concejala, ex funcionarios de la prefectura departamental y un ex asesor de prensa del ex prefecto Fernández, quienes recién habrían regresado de Brasil donde se habían refugiado tras los sucesos de septiembre.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz, de la derechista opositora Poder Democrático y Social, calificó las detenciones de «ilegales» e informó que la Cámara alta convocará al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que rinda un informe al respecto.