Junto con la ratificación o rechazo de la nueva Constitución aprobada hace ocho meses por la Asamblea Constituyente, los bolivianos deberán también decidir en referendo, el próximo 7 de diciembre, si la extensión máxima de las propiedades será de 5 mil o 10 mil hectáreas, tema sensible en las regiones agropecuarias del este del país, […]
Junto con la ratificación o rechazo de la nueva Constitución aprobada hace ocho meses por la Asamblea Constituyente, los bolivianos deberán también decidir en referendo, el próximo 7 de diciembre, si la extensión máxima de las propiedades será de 5 mil o 10 mil hectáreas, tema sensible en las regiones agropecuarias del este del país, donde viven grandes latifundistas que han fomentado un movimiento autonomista para sus departamentos.
En el decreto publicado este viernes y dado a conocer la noche del jueves, el presidente Evo Morales convocó a la consulta popular para destrabar el proceso de refundación de Bolivia, que incluye el llamado referendo dirimitorio de tierras.
Este tema fue el único que la Asamblea Constituyente, dominado por el gobernante Movimiento al Socialismo, no aprobó en diciembre de 2007 en el contexto del proyecto constitucional que impulsa el mandatario y que fue uno de los ejes de su campaña electoral presidencial en 2005.
Morales ofreció una reforma a la ley agraria pero ha encontrado fuerte resistencia en los departamentos de los llanos orientales del país, enfrentados con el mandatario casi desde el comienzo de su mandato, y donde las reformas tendrían sus mayores efectos.
Desde noviembre de 2006 el Ejecutivo aprobó una reforma agraria que determina que la tierra debe tener una función económica social y que debe ser sometida a revisiones periódicas en plazos no mayores a dos años, pero se ha encontrado con la resistencia de los latifundistas, por lo cual en la práctica nada ha sucedido.
Hace dos meses, a raíz de pugnas entre el gobierno y los hacendados, se estableció que hay extensos latifundios en el sudeste del país, donde todavía prevalece la servidumbre.
El gobierno dijo entonces que el estadunidense Ronald Larsen, que llegó al país en 1968, consolidó con sus hijos y familiares 17 haciendas con una extensión de 57 mil 145 hectáreas que representan tres veces la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz, donde habitan un millón 200 mil personas.
La administración socialista hizo un intento por aplicar allí la reforma agraria pero sin éxito, porque en la zona no se permitió el paso de los agentes agraristas, e inclusive un viceministro fue secuestrado por algunas horas.
Para analistas el tema de la tierra es el fondo de la confrontación de las visiones de país que tienen oficialistas y opositores enfrentados desde hace más de un año.
Morales convocó al referendo sobre la nueva Constitución, que alienta las autonomías indígenas, después de haber recibido peticiones de grupos sociales y políticos afines al partido gobernante.
Asimismo, la convocatoria a la consulta fue emitida casi tres semanas después de haberse celebrado un referendo revocatorio del mandato del presidente y ocho de los nueve gobernantes departamentales, proceso en el cual recibió el apoyo de 67 por ciento de la población, 14 puntos más que en la elección presidencial de 2005.
Los prefectos autonomistas de los departamentos de Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca reaccionaron este viernes en contra de la convocatoria al referendo, no obstante que el presidente Morales pidió durante la última semana que aceptaran reunirse para hallar una solución dialogada y resolver las diferencias en torno al proceso autonomista.
«Se ha llegado al acuerdo de que en caso de que el gobierno quiera imponer su ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios», informó a los medios de comunicación el prefecto de Tarija, Mario Cossío, al final de una reunión a la que asistieron los cinco opositores, cuatro de ellos ratificados el 10 de agosto pasado.