El gobierno de Evo Morales flexibilizó su posición en el tercer capítulo del diálogo con los prefectos de los nueve departamentos del país iniciado el 7 de enero: Reconoció que la nueva Constitución Política del Estado adolece de contradicciones que deben ser corregidas; propuso conformar una comisión legal con un representantes de cada departamento para […]
El gobierno de Evo Morales flexibilizó su posición en el tercer capítulo del diálogo con los prefectos de los nueve departamentos del país iniciado el 7 de enero: Reconoció que la nueva Constitución Política del Estado adolece de contradicciones que deben ser corregidas; propuso conformar una comisión legal con un representantes de cada departamento para que se encargue de ese trabajo y eventualmente aumente las competencias autonómicas departamentales, y aceptó la propuesta de ampliar nuevamente las sesiones de la Asamblea Constituyente para incluir cambios en la Carta Magna.
Morales permitió que el asesor de la Prefectura de Santa Cruz en el tema autonómico Juan Carlos Urenda, ideólogo del estatuto de corte federalista, participe en la reunión y explique los fundamentos del documento. Urenda afirmó que la única forma de llegar a un acuerdo político es que la Constituyente incorpore la autonomía departamental «real, basta, plena y franca» en la nueva Constitución y que no se siga «torpedeando a las autonomías» departamentales.
En criterio del abogado, la Carta Magna aprobada de forma «ilegal» induce al desgobierno al interior de los departamentos con el reconocimiento de cinco niveles de gobierno (departamental, regional, provincial, municipal e indígena originario y campesino), que en definitiva le «quitan atribuciones al gobierno departamental». Además, las competencias de los gobiernos regionales e indígenas son de infinita mayor capacidad autónoma que las de los gobiernos departamentales. Reclamó que los decretos del Ejecutivo están por encima de una resolución prefectural o de una normativa municipal.
Pese a que el viceministro Héctor Arce y el ministro de Defensa Walker San Miguel demostraron la ilegalidad e ilegitimidad de los estatutos autonómicos, el Presidente dijo entender perfectamente que son «otra forma de aportar para el bien de Bolivia» y reiteró la necesidad de buscar un gran acuerdo político con el fin de juntar los dos instrumentos (la Constitución y los estatutos), que podrán ser ilegales, pero existen y son demandas de determinados sectores populares.
Los prefectos demostraron que hay contradicciones en la Carta Magna y los constituyentes tienen que revisarlas, porque no puede haber una Constitución con contradicciones, declaró Evo y planteó la conformación de una comisión de estilo y concordancia con uno o dos constitucionalistas por cada departamento para que compatibilice la autonomía que quiere Santa Cruz y la autonomía reconocida en la nueva Constitución.
Urenda destacó que el gobierno tuvo la «valentía de reconocer las contradicciones» en materia de autonomía, el hecho de se puedan aumentar las competencias departamentales y que no haya desmentido una serie de ilegalidades cometidas en la aprobación del texto.
«Quiero decirles señores prefectos -dijo el Jefe de Estado- que como compromiso que contraje la semana pasada, tuve la reunión con jefes de bancada, constituyentes del MAS y de otras agrupaciones planteando sus observaciones sobre la nueva CPE, y segundo, tuve una reunión en Cochabamba. Siento que hay algún espacio aún para debatir este tema».
Los prefectos de Pando Leopoldo Fernández y de Cochabamba Manfred Reyes Villa propusieron ampliar el tiempo de trabajo de la Asamblea Constituyente mediante una ley facultativa, con el fin de compatibilizar el texto constitucional y los estatutos y corregir sus contradicciones. «No me hago problema de ampliar la Constituyente», respondió Morales. La discusión partiría del informe en minoría de la comisión de la Constituyente encargada de las autonomías
Debatiendo, observando y corrigiendo las ilegalidades, respetando la unidad nacional, la democracia y las leyes, viabilizaremos un acuerdo político nacional, dijo Morales y comentó que lo mejor para avanzar es partir de una agenda mínima de consensos.
La agenda de Morales
Morales Ayma ofreció a los prefectos suscribir una agenda de 10 puntos que recoge los temas de discrepancia debatidos en las tres jornadas de diálogo iniciado el 7 de enero.
La propuesta presidencial indica que más allá de los intereses regionales, los dialogantes se comprometen a precautelar la unidad de la patria, respetar plenamente la institucionalidad y las leyes de la República, y fortalecer la presencia del Estado en la economía.
Morales propone un compromiso conjunto en la necesidad de profundizar el proceso de cambio en el marco de las leyes de la República, y el respeto al resultado y a la pregunta del referéndum autonómico del 2 de julio del 2006.
Se plantea además la necesidad de garantizar la sostenibilidad del pago de la Renta Dignidad como política social que permita contribuir a la lucha para reducir la pobreza; el compromiso de lograr una gestión pública transparente en el manejo de los recursos públicos administrados por el gobierno nacional y las prefecturas (se impulsará y tramitará una ley de transparencia administrativa); la generación de acciones orientadas a garantizar la propiedad privada y la propiedad pública; impulsar, a través del Congreso, la elección de los miembros faltantes en el Tribunal Constitucional, y trabajar de manera conjunta para enfrentar los desastres naturales.
La propuesta del Ejecutivo incluye acuerdos mínimos: 1. Contradicciones en el nuevo texto constitución aprobado en grande y en detalle y mecanismos que viabilicen su compatibilización; 2. Elección democrática de los consejeros departamentales para que elaboren legal y legítimamente los estatutos autonómicos; 3. Compatibilización del nuevo texto Constitución y los estatutos autonómicos; 4. Distribución equitativa de los recursos como base material del Estado nacional, nivel departamental y local, destino de los mismos y roles de cada nivel, en el marco del un debate y un acuerdo nacional planteado por los gobiernos municipales el en el denominando pacto fiscal; 5. Necesidad de ampliar el diálogo a otros sectores; 6. Programas y modalidades para encarar de forma concertada el referéndum revocatorio.
Los prefectos no quisieron firmar el pacto previo. Mejor discutamos el acuerdo y después lo firmamos, explicó Leopoldo de Fernández. El Prefecto de Oruro observó que mientras el Presidente flexibiliza su posición, otros se atrincheran, como el abogado Urenda, que insistió hasta el final que Santa Cruz seguirá tramitando una autonomía departamental desvinculada del orden constitucional, es decir de la Constitución Política de Estado vigente.