En respuesta a organizaciones cívicas opositoras de tres provincias del sureste de Bolivia, que amenazaron al gobierno con tomar instalaciones petroleras y gasíferas e interrumpir el tránsito por las carreteras que comunican al país con Paraguay y Argentina, el presidente Evo Morales ordenó la movilización de las fuerzas armadas para garantizar la normalidad de las […]
En respuesta a organizaciones cívicas opositoras de tres provincias del sureste de Bolivia, que amenazaron al gobierno con tomar instalaciones petroleras y gasíferas e interrumpir el tránsito por las carreteras que comunican al país con Paraguay y Argentina, el presidente Evo Morales ordenó la movilización de las fuerzas armadas para garantizar la normalidad de las exportaciones de gas natural a las naciones vecinas y la libre circulación.
Tres regiones del Chaco boliviano, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, se declararon ayer en «pie de guerra» contra Morales luego que empezaron a surgir peticiones del Movimiento al Socialismo -el partido gobernante- y sectores sociales para que el presidente convoque a referendo sobre la nueva Constitución Política, aprobada en diciembre de 2007 con el voto mayoritario de los constituyentes, pero sin el respaldo de los partidos de derecha y algunos líderes y movimientos provinciales.
Este nuevo enfrentamiento entre Morales y los dirigentes «cívicos» de los principales departamentos de la región conocida como «media luna», se presenta dos semanas después de que el presidente fue ratificado en su cargo, en una consulta celebrada el 10 de agosto y en la que también fueron reafirmados en su mandato los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que encabezan un movimiento autonomista.
El presidente del comité cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, informó que durante una reunión celebrada en la localidad de Villamontes, mil 200 kilómetros al sureste de La Paz, los dirigentes de organizaciones cívicas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija se declararon «en pie de guerra en tanto el gobierno persista en imponer un modelo totalitario y racista».
Los dirigentes cívicos también reclamaron a Morales que su administración eleve al doble el precio del gas que vende a Brasil y Argentina, cuyo precio renegociaron en 2006, tras la inauguración del gobierno masista.
El millón de unidades térmicas británicas se cotiza para Brasil en siete dólares y para Argentina en nueve dólares. Asimismo, los cívicos exigen la devolución de parte de un impuesto petrolero que Morales destinó al pago de una renta universal para ancianos.
El mandatario respondió a las afirmaciones de los líderes cívicos durante un discurso en la ciudad de Cochabamba ante organizaciones sociales cercanas a los izquierdistas, que este sábado discutieron sobre la estrategia que podrían tomar para lograr la aprobación de la nueva carta fundamental.
Ésta reconoce distintas formas de autonomía (incluso de comunidades indígenas), pero no es compatible con los proyectos autonómicos de los departamentos, que pretenden adjudicarse facultades del gobierno central, incluidos los tributos por la explotación de recursos naturales y la distribución de tierras agropecuarias.
«El gobierno nacional va a garantizar los ductos, las válvulas, va a dar seguridad. El comandante en jefe de las fuerzas armadas de la nación, general Luis Trigo, tiene instrucciones precisas de dar seguridad y defender al pueblo boliviano», dijo Morales.
Los dirigentes cívicos dijeron que comenzarán a cerrar carreteras el próximo lunes, pero no aclararon cuándo intentarían tomar instalaciones petroleras.
De sus yacimientos surorientales Bolivia exporta actualmente poco más de 33 millones de metros cúbicos diarios de gas a Brasil y Argentina, según un reciente reporte gubernamental.
El presidente Morales caracterizó las amenazas de los líderes cívicos como una reacción de la «derecha agonizante y enemiga del país» altiplánico.