Pasar del discurso a la acción. Esa frase sobrevoló las evaluaciones y autoevaluaciones que fueron convocadas la semana pasada para marcar las fortalezas y debilidades del gobierno boliviano. Primero fue el turno de los movimientos sociales cercanos al oficialismo, que se reunieron el miércoles en Cochabamba junto a Evo Morales. Luego, la autoevaluación que viernes […]
Pasar del discurso a la acción. Esa frase sobrevoló las evaluaciones y autoevaluaciones que fueron convocadas la semana pasada para marcar las fortalezas y debilidades del gobierno boliviano. Primero fue el turno de los movimientos sociales cercanos al oficialismo, que se reunieron el miércoles en Cochabamba junto a Evo Morales. Luego, la autoevaluación que viernes y sábado congregó a 14 ministros y 44 viceministros en la localidad de Huatajata, a orillas del mítico lago Titicaca. Sólo faltó la ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, y su viceministro, que se encuentran firmando convenios de cooperación en Teherán. El resultado fue claro: la hiperactividad de Evo Morales no alcanzó para llenar los agujeros negros de la gestión gubernamental, producto de las deficiencias de los ministros y las tensiones al interior del gobierno.
Sólo un dato sintetiza estas falencias, justo cuando el gobierno traspasó esa línea imaginaria de seis meses -lleva siete- que empieza a encender la luz roja del fin de la «luna de miel» de la población con el gobierno recién electo: hasta el momento, la administración central sólo ejecutó el 20 por ciento de su presupuesto anual, mientras que los municipios (que gozan de autonomía de acuerdo con la Ley de Participación Popular) llegaron al 40 por ciento y las prefecturas (gobernaciones) al 25 por ciento. Una verdadera paradoja en un país pobre, plagado de déficit en términos de infraestructura básica, viviendas y vías camineras. Por ahí, y no por las grandes políticas, vinieron también las principales críticas de los movimientos sociales: la gestión es deficiente y ello -sumado a las sospechas de corrupción de algunos funcionarios- conspira contra la transformación de la ideología «revolucionaria» en bienestar para los más postergados. El malestar sobre la nueva ética pública que quiere imponer Morales tiene nombre y apellido: Jorge Alvarado, presidente de la estatal petrolera YPFB, quien firmó un cuestionado contrato con una intermediaria para vender petróleo a Brasil anulado por la superintendencia de Hidrocarburos (tal como informó Página/12 el 30-7-2006). Sin embargo, el funcionario con posgrado en Moscú fue ratificado por Morales, quien denunció a los «enemigos internos y externos de la nacionalización» como los autores de las denuncias contra Alvarado. Y hoy este tema es una bandera de la debilitada oposición.
Según pudo saber este diario, la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, una de las que más traspiés tuvo en sus acciones -y declaraciones a los medios- llegó a derramar lágrimas en medio del examen ante el presidente. Un confuso operativo bajo su dirección contra los «sin techo» -según el gobierno, manipulados por una mafia de loteadores ilegales de Oruro- el 10 de junio pasado, dejó un muerto cuyo autor aún no fue identificado (la policía no estaba autorizada a usar armas de fuego). Y hace pocos días, en medio de un fuerte malestar policial, la ministra, que tiene a la policía bajo su mando, no tuvo mejor idea que justificar las ventajas salariales de las que gozan los militares diciendo que «es un problema de calidad». Una vez, ante una pregunta de la prensa sobre un mercado ilegal de coca respondió: «¿Quién respeta la ley en este país?». Otros, como el titular de educación Félix Patzi, quien está enfrentado con los maestros dirigidos por el trotskismo -a los que les declaró ilegal la huelga del viernes- y con la Iglesia por su proyecto de educación laica, pareció pasar la prueba y hasta «conmover» con su discurso a la selectatribuna.
Evo Morales reconoció deficiencias en su coordinación con los ministros y resolvió dejar sus viajes casi diarios para los fines de semana. «A partir de este momento, recogiendo las observaciones hacia mí… me dedicaré a trabajar de lunes a jueves en el Palacio y de viernes a domingo visitaré, como siempre, algunas comunidades, entregando pequeñas obras y recogiendo sus propuestas», afirmó el Jefe de Estado a la hora de la digestión de las truchas fritas del lago. Y también les habría dado más poder a sus ministros para remover a sus viceministros: uno de los actuales problemas es que los viceministros fueron nombrados desde el Palacio Quemado y suelen no congeniar con sus jefes. Por ahora, los ministros salvaron sus cabezas y, luego de sus amagues, Morales prefirió no cambiar de caballo en medio del río.
Esta semana el gobierno tiene un desafío adicional: lograr imponer su voluntad en una empantanada Asamblea Constituyente. El Movimiento al Socialismo (MAS) quiere que los artículos de la nueva carta magna se aprueben por mayoría absoluta y no por dos tercios, que sólo se aplicarían para el texto final. La oposición se alineó con la posición contraria y los acuerdos que tejió el oficialismo antes de la instalación de la convención se evaporaron. Y en este campo de batalla las posiciones en el gobierno están divididas: para algunos hay que forzar las cosas incluso al riesgo de que la derecha de Poder Democrático Social (Podemos) se vaya a su casa; para otros hay que tratar de consensuar. Mientras tanto, los campesinos amenazan con movilizarse contra los dos tercios y los sectores empresariales del oriente en defensa de esos mismos dos tercios que le permiten a los sectores conservadores vetar cualquier propuesta «radical» y «revanchista» del gobierno indígena.