Prefectos, legisladores, cívicos, empresarios, terratenientes y medios de información de la burguesía se rearticulan para resistir en bloque la reversión de haciendas semi feudales y la implementación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). El Presidente Evo Morales pidió a la comunidad internacional que supervise la transición política y la abolición del latifundio en […]
El gobierno de Morales desea cumplir el mandato del pueblo boliviano que ha decidido en referéndum que ninguna persona posea más de 5 mil hectáreas de tierra. Ha llegado la hora de aplicar la Constitución y eliminar el régimen hacendal en el país de manera transparente y en presencia de observadores internacionales. Pueden venir la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, no tenemos nada que ocultar, dijo Morales, luego de que la oposición anunciara nuevas escaramuzas contra las políticas «confiscatorias» y «dictatoriales» de su gobierno.
Líderes de gremios patronales, comités cívicos y cuatro de los nueve prefectos a la cabeza del cruceño Rubén Costas, representantes del empresariado latifundista, convocaron a la «desobediencia civil» para evitar que la reconducción comunitaria de la reforma agraria revierta haciendas improductivas en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Como segunda consigna movilizadora, la oposición convoca a luchar por la libertad de sus aliados de Pando caídos en desgracia: el alcalde de Porvenir Edwin Ventura, el concejal Hernán Ugarte y el oficial mayor Roberto Rea, detenidos en la cárcel de San Pedro en La Paz, junto con el ex prefecto Leopoldo Fernández, acusado por el gobierno de ser el principal responsable de la matanza de al menos 15 campesinos.
La jueza Bethy Yañíquez ordenó la detención preventiva de tres de los siete detenidos el miércoles de la semana pasada en Pando por su presunta participación en la masacre del 11 de septiembre de 2008, y dispuso la liberación de Hugo Mopi, Marcial Peña, Wilson Da Silva y Vilma Venegas.
El presidente del Senado Oscar Ortiz y los legisladores Roger Pinto y Paulo Bravo (Podemos) denunciaron que el gobierno violó los derechos humanos de los sospechosos, acusados de cometer delitos de sedición, terrorismo, asesinato y daños graves.
El prefecto Costas reclamó la presencia de veedores internacionales que «garanticen» el cumplimiento de los acuerdos sobre autonomías que se alcancen en un diálogo sincero con el gobierno, «sin amedrentar metiendo presos o amenazando a los productores con la reversión de tierras».
Costas y el diputado Carlos Klinsky advirtieron que no permitirán que detengan a su gente. El prefecto cruceño visitará al ex prefecto Fernández luego del Carnaval; solicitó audiencias al presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández y al fiscal general Mario Uribe Melendres y anunció que acudirá ante organismos internacionales para reclamar por las detenciones.
Los medios de información cumplen un papel esencial en la movilización «pacífica» contra la reforma agraria y la Constitución, especialmente las cadenas de televisión Unitel y Uno controladas por ganaderos y dueños de tierras, y muchos otros medios audiovisuales y escritos de propiedad de la burguesía, sobre todo cruceña.
Los medios repiten una y otra vez que se violaron los derechos humanos de las siete personas detenidas sin contextualizar el hecho, aunque la masacre en Porvenir ha sido demasiado grave y todavía está impune, comentó a la radioemisora estatal Patria Nueva el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) Rolando Villena.
El ministro de Gobierno Alfredo Rada dijo que la campaña de manipulación de parlamentarios opositores y medios privados busca proteger al ex prefecto Fernández levantando una cortina de humo en torno a la investigación de la masacre en Pando. Aseguró que a Unitel le interesa que la investigación no avance.
El tema de fondo no es la forma en que se ejecutaron las detenciones por orden del Ministerio Público en Cobija sino saber quiénes asesinaron a decenas de campesinos en Porvenir; «no hay que confundir tema de fondo con fondear el tema», comentó Rada.
Peligros
La nueva CPE crea nuevos instrumentos jurídicos para erradicar el latifundio, pero el Estado es débil para hacer cumplir las leyes. El frente terrateniente paralizó el saneamiento de tierras y la titulación de una TCO guaraní en Alto Parapetí desplegando una violenta movilización entre febrero y junio de 2008, con el respaldo de partidos políticos, medios de información e inclusive de un sector de la Iglesia Católica.
Hay muchos intereses en juego. El mundo asiste a una feroz ofensiva del capital y de las empresas transnacionales sobre la agricultura y los bienes naturales como el agua y los bosques, traducida en el despojo de tierras de campesinos e indígenas para la producción de cultivos de exportación y agrocombustibles. La privatización de los recursos naturales agravó la lucha de clases y la criminalización de los grupos desplazados.
Al mismo tiempo, los movimientos sociales reivindican las ocupaciones de tierras y territorios como mecanismos legítimos de defensa y conquista de derechos en respuesta a la inacción de los gobiernos.
El Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) decidió fortalecer la articulación y las alianzas con el Pacto de Unidad, el Bloque Oriente y otros gremios sociales urbanos y rurales con el objetivo de hacer cumplir la nueva CPE.
En su segunda Asamblea Nacional celebrada el 28 y 29 de enero en Santa Cruz, el MST-B se comprometió a luchar contra del latifundio, contra todas las formas de explotación que sometan al ser humano a condiciones indignas de vida, y contra toda actividad que atente contra el medio ambiente y la naturaleza.
El coordinador nacional del MST-B Silvestre Saisari valoró los límites de la propiedad agraria establecidos en la CPE, ya que antes «había propietarios de 50 mil y hasta 200 mil hectáreas y no había un límite de dotación». Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la irretroactividad del límite porque «no se podrá tocar a aquellas propiedades inmensas ya consolidadas».