Los pasados días 14 y 15 de septiembre, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma visitó oficialmente el Estado español. Su llegada se produce en un momento clave para el desarrollo del proceso de transformación política en su país, y para las relaciones entre los gobiernos populares y progresistas de América Latina […]
Los pasados días 14 y 15 de septiembre, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma visitó oficialmente el Estado español. Su llegada se produce en un momento clave para el desarrollo del proceso de transformación política en su país, y para las relaciones entre los gobiernos populares y progresistas de América Latina y la Unión Europea, con el Estado español como principal puerta de entrada.
El golpe de estado en Honduras, primero de este siglo, y las crisis de las bases norteamericanas en Colombia son claras señales de que en Latinoamérica pugnan proyectos encontrados de alcance global, configurándola como la región políticamente más rica e innovadora de nuestro tiempo. Bolivia es, a menudo, un referente olvidado en la región, pese a la extraordinaria importancia política y simbólica de su proceso de refundación estatal.
Las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 6 de diciembre encuentran a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS) en óptimas condiciones, las encuestas publicadas hasta hoy le otorgan alrededor del 50%, a casi 40 puntos de su inmediato seguidor.
Sin embargo, en las últimas semanas la derecha ha conseguido articular un frente de oposición- ni tan amplio y «único» como en principio pretendían, ni construido sobre la base de ningún programa ni discurso alternativo al Gobierno. Los sectores más conservadores de la oligarquía, indignados por su relevo democrático, tienen en los medios de comunicación empresarial la resonancia que hace tiempo perdieron en la calle.
Evo Morales y el MAS llegaron al poder a caballo de una masiva emergencia histórica de los sectores subalternos. Las mayorías sociales, empobrecidas y racializadas por un estado colonial excluyente, se hicieron mayorías políticas en la contestación de las políticas neoliberales, de devastadores costes sociales. El MAS gobierna aupado sobre la hegemonía de este bloque indígena y popular.
Las dos principales acusaciones que se leen y escuchan contra el actual gobierno boliviano son las de «racismo» y «populismo». Éstas encuentran mucho más eco en los medios de comunicación europeos que entre los ciudadanos bolivianos. Tal vez porque los primeros pertenecen a grupos empresariales con suculentos negocios en el país, conseguidos mediante acuerdos con las élites hoy desplazadas del poder.
El Gobierno del MAS, según estas voces, habría provocado una profunda polarización política, fracturando la sociedad en líneas étnicas y gobernando por encima de los mecanismos institucionales de control y fiscalización del poder, claves en el Estado de derecho.
Para que esto fuese cierto la primera premisa es que Bolivia, antes de Evo Morales, era una nación armoniosa y unida que transitaba en el camino correcto – el único que hay, el de la economía de mercado, según Vargas Llosa- hacia la prosperidad. Hay millones de bolivianos, desprovistos de ciudadanía y empujados a la más descarnada miseria, que invalidan el mito de esta Bolivia democrática y socialmente cohesionada.
La segunda premisa es que Evo Morales ha «racializado» un Estado que, anteriormente, era ciego y neutral a la «etnia». Costaría entonces explicar la correlación directa entre pertenencia a los pueblos indígenas y la pobreza, o el carácter mayoritariamente blanco y castellano parlante de la esfera pública en un país donde son minoría quienes comparten estas características. Como sostiene Coetzee para el caso de Sudáfrica, lo que verdaderamente les molesta a los viejos detentadores del poder político es haber perdido la capacidad de nombrar, lo que esto significa en términos de pérdida relativa de poder y la obligación que tienen ahora de compartir la toma de decisiones nacionales con miembros de los grupos secularmente marginados, son resistidos por todos los medios posibles- no siempre democráticos.
La acusación de «populismo» argumenta que el poder ejecutivo debe estar sometido a los controles institucionales que permiten que las minorías de hoy puedan ser mayorías mañana. El Gobierno de Evo Morales, según esta crítica, estaría dinamitando la institucionalidad apoyándose en su liderazgo carismático y no mediado con «el pueblo», convocadas como fundamento último y tendencialmente exclusivo de un poder cada vez más autoritario.
Esta acusación tiene mucho de falso y algo de cierto. Es absolutamente falso que se estén erosionando los mecanismos de expresión de la voluntad popular o de control del gobierno. Más aún, la nueva Constitución los ensancha introduciendo mecanismos de «control social» y la autonomía -particularmente la indígena- como canal de ejercicio colectivo de derechos sobre el territorio.
Es igualmente falso que se esté dañando la libertad de expresión, y al respecto baste citar que el 80% del espectro mediático sigue en manos de unas pocas familias adineradas que siguen diciendo y publicando cada día, sin restricción alguna, que existen ataques a su derecho a expresarse.
Es rotundamente falso que el proceso de refundación estatal en marcha sea excluyente: los que hasta ahora han venido siendo «ciudadanos de primera» perderán, es cierto, tal condición…justamente porque se han habilitado mecanismos positivos para eliminar la ciudadanía de segunda clase para mujeres, indígenas, pobres.
Es cierto, sin embargo, que el fundamento del Gobierno boliviano es la movilización popular: de ahí viene el propio Evo Morales. Quienes acusan al MAS de populista se remiten a una identificación absoluta entre liberalismo y democracia. El problema es que esta convergencia, históricamente variable, sólo puede ser sostenida para América Latina mediante la abstracción ideológica: Las capas dominantes locales no construyeron jamás Estados con capacidad de inclusión y regulación social, más allá de sus estrechos intereses de clase.
Así, las demandas populares no se procesaban de forma individual ni por cauces institucionales, posibilitando que se agregasen produciendo una separación del campo político entre «el poder» y los sectores populares. Esta es la condición de existencia del populismo según el prestigioso politólogo Ernesto Laclau, posiblemente uno de los científicos sociales que más en profundidad se ha ocupado del estudio del fenómeno.
En Bolivia, no es de extrañar que el protagonismo histórico de los sectores populares se haya vehiculado electoralmente en torno a un «outsider» de un sistema político oligárquico y ampliamente deslegitimado. El espanto de las castas mestizas y propietarias ante el ascenso de la «Bolivia plebeya» ha encontrado en el término «populismo» el mejor eufemismo para maquillar su repugna por lo popular.
En estos 4 años de Gobierno el MAS ha conseguido transformaciones relevantes: la Constitución, aprobada por más del 61% en enero pasado, supone un cambio en profundidad de la organización político jurídica vigente: Un intento real de construir y articular un «país plurinacional y multisocietal»; se ha revertido el proceso de capitalización-privatización de la etapa neoliberal que otorgó el control del excedente a manos extranjeras y prácticamente liquidó el patrimonio nacional, el Estado ha recuperado un papel destacado en la economía, las reservas internacionales se encuentran en máximos históricos y las cuentas fiscales aparecen saneadas.
Con esto se han podido financiar, entre otras iniciativas, la Renta Dignidad, para personas mayores, el Bono Juancito Pinto para los escolares y el Bono Juana Azurduy para las mujeres embarazadas en un esfuerzo por reducir la mortalidad infantil.
En política internacional el balance es positivo, la proximidad ideológica de varios gobiernos de la región, y sus nuevos mecanismos de integración y coordinación: ALBA y UNASUR, principalmente, han sido claves a la hora de contener el intento del golpe cívico-prefectural de septiembre de 2008 -cuando algunos líderes cívicos cifraban en la autonomía departamental la defensa de sus privilegios, sin importarles que el peaje fuera una guerra civil- o cuando han ofrecido mercados alternativos a los productos bolivianos que ya no se beneficiarán mas del ATPDEA- en un indisimulado castigo estadounidense al Gobierno de Evo.
La visita de Evo Morales ha tenido lugar en un momento decisivo para Bolivia y la humanidad: cuando convergen las crisis económica, ecológica y civilizatoria, Bolivia se muestra, con toda la humildad y toda la dignidad, como un proceso democrático y popular de refundación del estado en un sentido descolonizador, de inclusión ciudadana y redistribución de la riqueza. No es poco.
[1] Íñigo Errejón es investigador en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Fundación CEPS. Manuel Canelas es investigador en la Universidad Complutense de Madrid.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de los autores, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.