La administración de Morales se ha propuesto hacer una distribución equitativa de tierras para garantizar que los pueblos originarios y campesinos tengan de nuevo el derecho a administrar los recursos naturales y se garantice así, el cumplimiento de la función social y económica de las áreas en beneficio del pueblo boliviano y de los sectores rurales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgará este jueves la Ley de Tierras que busca promover una redistribución equitativa entre campesinos y pueblos originarios, además de garantizar una mayor productividad y el cumplimiento de la función económica-social, según explicaron fuentes gubernamentales.
La Ley será presentada en un acto oficial en la localidad de Ucureña, en el departamento de Cochabamba (centro) en un acto encabezado por Evo Morales y con la presencia de autoridades del Gobierno.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, catalogó la Ley de Tierras como un importante avance en la reforma agraria en el marco de la política de tierras del Gobierno, y que «prioriza» la Función Económico Social (FES).
La histórica ceremonia es de vital importancia para Bolivia luego de más de 500 años de explotación, según explicó la titular de Desarrollo Rural, Susana Rivero.
Dijo que la legislación «devolverá a los pueblos originarios el derecho de administrar sus suelos y los recursos naturales», además de promover una transformación integral que termine con el latifundio.
También tiene un alto contenido de género orientado a evitar la discriminación de la mujer en el acceso equitativo a la tierra.
Explicó Rivero que la norma ofrece el pleno respaldo a todos los sectores productivos del área agropecuaria e incluye a los grupos rurales, históricamente excluidos, por lo que desestimó cualquier intento gubernamental, de perjudicar las inversiones privadas.
El director nacional de Tierras, Cliver Rojas aseguró que la reforma es una acto de justicia a favor de los campesinos e indígenas y señaló que el único sector que tiene que temer con la aplicación de esta norma es el ocioso, porque el Gobierno le ofrece el pleno respaldo a los sectores productivos agropecuarios para que incrementen sus inversiones e incluso el Estado puede colaborar subvencionándolos para que se hagan más eficientes.
De acuerdo con estadísticas oficiales, el Gobierno del presidente Morales ha entregado títulos de propiedad de más de cinco millones 200 mil hectáreas, en poco más de año y medio de gestión.
Este resultado forma parte del proceso de saneamiento de las parcelas fiscales donde se verifica si las áreas cumplen una función económico-social.