Es indispensable una Cumbre del bloque para exigir la integridad territorial y la inviolabilidad de la Constitución boliviana. Sería un freno efectivo al separatismo de Oriente.
Evo Morales no se cansa de llamar amigos y compañeros a Luiz Inacio Lula Da Silva y a Cristina Fernandez de Kirchner. Y es cierto que tanto el jefe de Estado brasileño como la presidenta argentina -antes su marido Néstor Kirchner- le han dado claras señales de respaldo, desde que él asumiera con uno de los caudales electorales más contundentes de la historia boliviana.
Sin embargo, en tiempos de globalización (de sistema capitalista-imperialista en su fase de hiperconcentración financiera y privatizadora de la gestión gubernamental), ni las mejores decisiones presidenciales son suficientes para trazar estrategias, ni mucho menos para cumplir en serio con las mismas.
Ello pone sobre el tapete la urgente necesidad de recuperar los Estados que tienen los actuales procesos relativamente contrahegemónicos que vive América del Sur -que algunos califican de inéditos y con inmejorables condiciones en décadas-, para transformarlos en actores de nuevo tipo, en consonancia y con participación de los movimientos sociales. Pero en esta nota la cuestión es otra, si se quiere más urgente.
Nadie puede criticar a los gobiernos de Argentina y Brasil por poner en el centro de las relaciones con Bolivia sus propias necesidades de abastecimiento gasífero.
Sin embargo, sí mueve a preocupación que, más allá de la voces políticas y gubernamentales, se esconden protagonistas más sigilosos: las empresas del sector petrolero, los «pooles» de siembra, que asociados con la multifacética corporación financiera trazan un futuro de nuevo dependencia vía producción de «commodities» para la región, y otros actores del poder económico concentrado.
En pocas palabras: las petroleras, con Repsol y Petrobrás (que poco tiene esta de estatal y es un verdadero Estado dentro de Brasil) a la cabeza, los zares de la agro-especulación y sus socios de los paraísos fiscales (que son los que tienen la sartén por el mango tanto en los países del área o República de la Soja) trazan visibles líneas de apoyo a las fuerzas conservadoras de Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija, y están detrás de los procesos de «autonomías» departamentales, como el que ya se puso en marcha en la primera de las regiones mencionadas en este párrafo.
Los poderes públicos de Argentina y Brasil, pero también de Paraguay y Uruguay, que son miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur) deberían ponerle límite o mejor aún terminar con esa red de poderes privados semiocultos y asumir en plenitud la marcha de la política regional.
Si se tienen en cuenta los factores económicos, comerciales, políticos, culturales y geopolíticos que juegan en forma histórica sobre el tablero de esta región, es dable sostener que si, en los próximos días, una Cumbre del Mercosur y asociados (incluida Venezuela) tuviese lugar en La Paz o en Santa Cruz, por ejemplo, para afirmar con claridad que, de acuerdo a la normativa misma del bloque, la integridad territorial y el sistema constitucional de Bolivia son inviolables, las fuerzas secesionistas del rico Oriente energético y agropecuario se verían casi obligadas a meter la cola entre las patas.
El bloque hegemónico transnacionalizado, con Estados Unidos a la cabeza, pero también con el involucramiento directo de la Unión Europea (UE) y en cierta medida el de la China emergente, ubican a Sudamérica y América Latine y el Caribe en su conjunto, como tablero de operaciones comerciales-financieras, políticas y militares al servicio de sus propias necesidades en materia de recursos estratégicos para la economía real.
Respecto del extremo Sur de nuestro continente, la situación boliviana representa lo que algunos denominan «caso testigo».
El rediseño y actualización de la fórmula «balcanización» (nuevo dibujo del mapa regional), con un despliegue militar preventivo desde México hasta la Patagonia -en Sudamérica tiene nombre propio y es Plan Colombia- y el recalentamiento de fronteras permeables (Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela, Ecuador-Perú, entre otras) son herramientas con las que el bloque hegemónico apuesta a contar con comodidad.
En ese sentido, Estados Unidos, la UE y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) mucho se han entrenado desde la pasada década del ’90, al administrar en su favor la crisis en la que la ex Yugoslavia se vio envuelta tras la caída de la Unión Soviética.
Hace pocos días, el diario mexicano La Jornada formuló un ajustado diagnóstico de la situación política boliviana. Sería muy útil recordar algunos de sus párrafos.
«Evo Morales proclamó un referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y del vicepresidente y de los prefectos (gobernadores) de los departamentos bolivianos. Como dicho referéndum pasó en el Senado gracias a los celos de Tuto Quiroga, jefe del partido derechista Podemos, ante el creciente liderazgo en la derecha de la oligarquía de Santa Cruz, y puesto que el resultado previsible del mismo amenaza a varios prefectos, dividió al frente derechista, y seguramente serán confirmados en sus puestos Evo Morales y Álvaro García Lineras. Hay quien cree que la medida es una maniobra hábil, pero la realidad es diferente».
«En primer lugar, de aquí a agosto puede pasar mucho agua bajo los puentes, y la derecha presentará muchos hechos consumados; mientras el gobierno se aferra al texto de la Constitución (que la derecha repudia y cuya modificación exige), y también trata de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para el futuro referéndum, la derecha en cambio toma medidas económicas, políticas, jurídicas, sociales y militares construyendo su poder ilegal».
«Para colmo, si en el referéndum ganase nuevamente Evo Morales (como seguramente lo hará), y fuese también confirmado en Santa Cruz el puñado de oligárquicos racistas que está construyendo un Estado paralelo, el empate catastrófico continuaría, pero a un nivel superior, aún más grave, ya que no habrían opciones pacíficas para resolverlo. Mientras el gobierno pelea su batalla de papel, Santa Cruz organiza sus paramilitares, crea su equipo de recolección de impuestos y de chantajes a las grandes trasnacionales -así como su sistema jurídico antinacional-, organiza el comercio exterior de la región por la vía de facto, trata de incorporar a su legislatura ilegítima representantes de las etnias indígenas locales (que tienen viejos agravios por cobrar al poder de La Paz), concede servicios sociales para todos y un salario mínimo que duplica el vigente en el resto del territorio nacional, para ver si compra a algunos despistados (…)».
«La propuesta de Antonio Peredo de enjuiciar a los dirigentes cruceños por sedición tiene por el contrario una firme base legal y permitiría, si la justicia los condenase, dejar en claro que no se está discutiendo la autonomía ni se está ante una mera disputa por la interpretación de la Carta Magna y de las leyes, sino frente a un intento de golpe de Estado y de usurpación del poder legal y frente al secesionismo promovido por motivos racistas y de clase por delincuentes que están fuera de la ley (…)».
«Lo cierto es que si Evo Morales no adapta de inmediato medidas agrarias urgentes y no se dedica urgentemente a movilizar sus bases de apoyo, encarando una situación que es de emergencia nacional, no es seguro que pueda arrastrar fuera de la influencia de la derecha a vastos sectores de las clases medias urbanas, que se mueven sobre todo por motivaciones nacionales (estatización petrolera, destrucción del poder de la tradicional rosca oligárquica, mejoras sociales en todos los terrenos claves)».
Por otro parte, la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), realizada el fin de semana pasado en Lima, concluyó sin demasiadas sorpresas: palabras, palabras y más palabras, como las tantas que sólo se pueden esperar de un encuentro en el cual una de las partes – la UE- forma parte del bloque comprometido con la ocupación recolonizadora de América Latina.
El Mercosur sí podría jugar un significativo papel de cara el futuro de la región -además de poner en acto sus tantas veces proclamada vocación de convertirse en sujeto activo del complicado tablero internacional- si, como planteamos en esta nota, asume la responsabilidad que a todas luces le cabe, de defender el orden constitucional y la integridad territorial de su países miembros y asociados. Si no también será sólo palabras, palabras y más palabras.