Los sectores desplazados del poder político en Bolivia por la victoria popular en las elecciones de diciembre del 2005 y los intereses económicos puestos en jaque por el actual gobierno boliviano «echan el resto» para evitar que el referéndum revocatorio que ellos mismos impulsaron hace pocas semanas desde el Congreso pueda celebrarse el próximo domingo, […]
Los sectores desplazados del poder político en Bolivia por la victoria popular en las elecciones de diciembre del 2005 y los intereses económicos puestos en jaque por el actual gobierno boliviano «echan el resto» para evitar que el referéndum revocatorio que ellos mismos impulsaron hace pocas semanas desde el Congreso pueda celebrarse el próximo domingo, tal como está convocado. El motivo es claro: todas las encuestas otorgan más de un 50% de votos en favor del presidente Evo Morales. Si eso sucede en un marco de normalidad, como debería ser, el respaldo a la política de cambio tras más de dos años de gobierno resultaría irrebatible. Y la imagen de dos tercios de Bolivia en estado de virtual «insurgencia» quedaría reducida a su verdadera dimensión. La que le otorgan los Comités Cívicos, fachada de los sectores pro-empresariales ligados con los viejos partidos que en insólitas alianzas se han repartido el poder durante decenios, más las complicidades de prefectos que solo aspiran a continuar en sus cargos.
A esta nueva instancia se llega tras un largo recorrido que incluyó boicots parlamentarios o la promoción de todo tipo de conflictos, ( algunos «reinventados» como la movilización reclamando la capitalidad de Sucre, ciudad donde se fundó la república en 1825). También se alentó «autonomía» desde las regiones donde hay riqueza de hidrocarburos en el subsuelo, o se disfruta de un mayor desarrollo como el caso de Santa Cruz. Los mayores ingresos por las regalías petroleras y gasíferas a raíz de la nacionalización dispuesta por Evo Morales el 1 de mayo del 2006, o los nuevos precios negociados con Brasil y Argentina para la venta de gas, han permitido impulsar medidas sociales como el Bono «Juancito Pinto», que asiste a todos los niños de las escuelas públicas del país o la Renta Dignidad de apoyo económico para los adultos de más de 60 años sin jubilación. Desde estas regiones, sus prefectos y las clases dirigentes agitan el reclamo para que esas rentas queden mayoritariamente en los territorios donde se extraen, con lo cual dejarían sin recursos a estos planes sociales.
Los mismos oportunistas que hoy levantan estas reivindicaciones, son quienes gobernaban cuando las transnacionales se llevaban del país el 82 por ciento de la exportación de hidrocarburos (PODEMOS, Poder Democrático y Social; Unidad Nacional o el Movimiento Nacionalista Revolucionario) y los que se opusieron frontalmente a la nacionalización. Las medidas del nuevo gobierno permitieron casi triplicar los ingresos al estado por la venta de estos recursos nacionales. Entre otras disposiciones, fijó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32 por ciento. A ello se añade el 18 por ciento en concepto de regalías por explotación y exportación de hidrocarburos. Además de permitir medidas sociales, esos nuevos recursos se distribuyen también entre las prefecturas, municipios y universidades de todo el territorio nacional. Por concepto del IDH, el gobierno entrega a estas entidades del país 3.900 millones de bolivianos, unos 488 millones de dólares. Estos pasos significan un avance significativo para atenuar las diferencias entre regiones y sectores sociales. Y van acompañados por medidas que otorgan dignidad a comunidades campesinas e indígenas que han vivido entre olvidos, desprecios y marginación. Admitiendo todos los errores que pueda haber cometido el gobierno en todo este proceso, resulta evidente que los cambios prometidos se han puesto en marcha. Y eso es lo que votó en su dia mayoritariamente el pueblo boliviano.
Las leyes, normas y resoluciones del nuevo gobierno comienzan a corregir en mínima parte el andamiaje de una injusticia estructural que padece el país. En anteriores artículos sobre el proceso boliviano advertíamos que «a más cambios, más resistencia». Y eso es lo que hoy está ocurriendo.
Saben que si se vota, gana Evo
Pero la guerra de desgaste, la operación de «acoso y derribo», o el más explícito «voltear al indio» se ha convertido en una carrera «contra-reloj». Porque todos los indicios apuntan a que el domingo puede que algún prefecto saque más votos revocatorios que los que obtuvo cuando fue elegido. Y legalmente tendría que dejar su cargo.
Y las encuestas predicen que los votos contrarios a Evo Morales no alcanzarán el necesario 53,7 % para que su mandato resulte revocado. Ese fue el margen alcanzado en diciembre del 2005 cuando resultó electo. La desesperación de los opositores y de sus aliados internacionales entre quienes se encuentran las grandes transnacionales y el gobierno norteamericano, es que el pueblo ratifique su confianza en Evo Morales.
Eso ratificaría no solo su legitimidad, sino el soporte social a los cambios y reformas que ha iniciado. Eso explica el resurgimiento de conflictos y reivindicaciones de sectores que objetivamente terminan coincidiendo con el intento desestabilizador de la oposición. No es casual que en algunos de ellos reaparezcan dirigentes como el ex secretario de la COB ( Central Obrera Boliviana ) Jaime Solares, reiteradamente señalado con vínculos con sectores golpistas y como fuerza de choque de los grupos paramilitares durante gobiernos dictatoriales. Tras los incidentes entre mineros y policías que dejaron dos muertos y varios heridos, el ahora responsable de la Central Obrera de Oruro desmintió su responsabilidad en los sucesos. Curiosamente, admitió ante la prensa que los mineros están pasando por una excelente bonanza económica. El mismo – reconoció – percibió el último mes 15.000 bolivianos entre sueldo y un bono por producción.
Al tiempo de redactar esta crónica previa al referéndum, el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana dijo que Bolivia está «en el umbral de un verdadero golpe de estado contra el orden constitucional» y atribuyó a los prefectos ( gobernadores ) de las regiones autonomistas un plan para derrocarlo. Horas antes, su vehículo había sido baleado por sicarios en la ciudad amazónica de Trinidad, en el departamento de Beni, que está en manos de la oposición. Por su parte Evo Morales, en un acto realizado en Cochabamba lamentó que algunos grupos, «falten el respeto al pueblo boliviano y apliquen una especie de dictadura civil atentando contra la democracia».
Repasemos …
En anteriores artículos sobre Bolivia hemos mencionado infinidad de datos sobre la trama golpista que viene operando desde el mismo momento en que se perfilaba la posible victoria electoral del MAS en el 2005. Y también destacamos los intereses económicos y políticos que alimentaban esta conspiración permanente que ha tratado de bloquear la gobernabilidad del país. A pesar de ello, el nuevo gobierno generó numerosas medidas que representan un fuerte avance para los sectores más postergados de la población. En esta nota, es oportuno tener presente algunas de esas medidas adoptadas por Evo Morales y su gobierno en estos dos años y medio. Intentaremos resumirlas:
Nacionalización de los hidrocarburos y recuperación del control de las plantas de producción el 1º de mayo del año 2006. Aumento sustancial de la renta por la explotación y exportación de esta riqueza natural. Derivación de estos beneficios a medidas sociales dirigidas fundamentalmente a los niños y a los ancianos. Nacionalización de la Metalúrgica Vinto y de la empresa de telecomunicaciones ENTEL. Medidas que devuelven la dignidad a gran parte de la población, en particular a los indígenas marginados (36 etnias y que representan casi el 60 por ciento de los nueve millones de habitantes) que padecen esta situación desde la época del coloniaje español. Este año se beneficiarán 1.792.000 niños y niñas de primero a octavo de primaria con más de 375 millones de bolivianos (casi 47 millones de dólares) provenientes del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). En mayo del 2006 el gobierno puso en marcha la Tarifa Dignidad, que otorga la rebaja del 25 por ciento en las facturas de energía eléctrica a los usuarios cuyo consumo no supera los 70 kilovatios/hora al mes en el área urbana, y 30 kilovatios/hora al mes en el campo. En agosto del 2007, aprobó el Reglamento de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Por primera vez una medida de este tipo beneficia a los pueblos originarios que fueron despojados de su territorio. En dos años y medio de gobierno, se han otorgado títulos de casi 15 millones de hectáreas. La medida establece la distribución justa de la tierra, la mecanización del agro y la reactivación productiva con el propósito de que los sectores desamparados como campesinos e indígenas accedan a mejores condiciones de vida a través del crédito y la asistencia. En mayo pasado se revirtió totalmente al estado la empresa ENTEL hasta entonces en manos de transnacionales. Eso permitió al estado beneficiar a los bolivianos con una rebaja del 17 por ciento de tarifas a favor de 1.700.000 usuarios que constituyen la mitad en el total de la población que utiliza esos servicios. Puso en marcha en mayo del 2007 el Banco Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta para facilitar créditos a los microempresarios y pequeños productores en los rubros de textiles, manufacturas, cuero, madera, industria alimenticia y turismo. Se inauguró la primera radio comunitaria de las 30 que están siendo instaladas en el país. En ellas, la participación y dirección estará a cargo de las diferentes comunidades indígenas. Los convenios internacionales con Cuba, permitieron desarrollar el programa «Operación Milagro», con la instalación de 18 centros oftalmológicos distribuídos por todo el país, donde profesionales y técnicos cubanos han atendido gratuitamente a más de 262.000 personas. Por su parte, los acuerdos con Venezuela permitieron disponer y entregar más de un millar de tractores a los municipios y alcaldías de todo el país. Esta cifra es seis veces más de lo que hicieron gobiernos neoliberales en 24 años.
La lista es más extensa, pero valga lo indicado para tener una idea aproximada de que es lo que defiende gran parte del pueblo boliviano. Y a la vez, que es lo que molesta a los sectores que se han beneficiado de los gobiernos neoliberales y de los pactos y repartijas entre los políticos tradicionales. Todos ellos, más los intereses afectados por los cambios, hacen intentos desperados para frenar estos avances. Saben que si los cambios se consolidan, los viejos métodos del miedo y la violencia ya no servirán. Puede que lamentablemente en el campo popular haya dudas, confusión o recelos. Pero ellos, «los otros», lo tienen claro: «hay que voltear al indio». Tienen que detener los cambios como sea. Por eso intentan bloquear el referéndum revocatorio que ellos mismos impulsaron.
Es de esperar que la larga experiencia de lucha del pueblo boliviano, la que permitió derrocar dictaduras y gobiernos entreguistas, la que defendió el agua y los recursos naturales, la que peleó por la dignidad y la soberanía nacional , asuma lo que está en juego el domingo: Evo o «p’atrás».
Y ese «p’atrás», significaría retroceder a un pasado que no debe volver jamás a Bolivia.