Los prefectos opositores de la «media luna» pusieron tres condiciones al gobierno para evitar que las movilizaciones callejeras se reactiven en sus regiones: eliminar la norma que redistribuye los ingresos departamentales del Impuesto Directo a los Hidrocarburos -que según ellos anula la base financiera de los futuros gobiernos autonómicos-; que se reconozca la legitimidad de […]
Los prefectos opositores de la «media luna» pusieron tres condiciones al gobierno para evitar que las movilizaciones callejeras se reactiven en sus regiones: eliminar la norma que redistribuye los ingresos departamentales del Impuesto Directo a los Hidrocarburos -que según ellos anula la base financiera de los futuros gobiernos autonómicos-; que se reconozca la legitimidad de sus estatutos autonómicos redactados sin soporte legal, y que se anule la nueva Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente. El Presidente Evo Morales ofreció a los prefectos un Fondo productivo para compensar eventuales pérdidas de los departamentos; planteó que consejeros departamentales elegidos por voto directo elaboren los estatutos autonómicos y la Ley de Autonomías; y aceptó revisar las «contradicciones» de la nueva CPE y buscar mecanismos creativos para que las correcciones se incorporen en el texto que será sometido a referéndum.
El Poder Ejecutivo y los Prefectos de La Paz José Luis Paredes; de Chuquisaca Ariel Iriarte; de Tarija Mario Cossío; de Beni Leopoldo Fernández; de Potosí Mario Virreira; de Oruro Alberto Aguilar; de Beni Ernesto Suárez; de Cochabamba Manfred Reyes Villa y de Santa Cruz Rubén Costas iniciaron el diálogo el lunes a las 18.20 en Palacio de Gobierno. A la una de la madrugada del martes, el Presidente declaró cuarto intermedio de media hora, pidió a la prensa desalojar la sala y el debate continuó de forma reservada hasta las cinco de la mañana.
Al finalizar el encuentro, que se prolongó por más de 10 horas, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas dijo que lo importante es que el gobierno «tiene voluntad de avanzar en el diálogo». El prefecto de Tarija Mario Cossío declaró que es un avance muy importante que abre un acuerdo nacional «el hecho de que el Gobierno esté dispuesto a discutir algunos temas de la Constitución». Morales propuso que una «super comisión» comience a buscar un acuerdo sobre la base de principios básicos de entendimiento alcanzados en el primer encuentro. «Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país orientado a erradicar la discriminación y el racismo. Aquí no se trata de acabar y de enfrentarnos como cuando algún grupo viene y trata de imponer medidas ante quienes no comparten con sus posturas», dijo el Mandatario. Tres sub comisiones analizarían los temas puntuales. Se acordó que el miércoles 9 se reúnan en La Paz los equipos técnicos de las prefecturas y el gobierno para evaluar la renta Dignidad. El lunes 14 los prefectos y el Ejecutivo se volverán a reunir a las 8 de la noche en Palacio Quemado para retomar el debate sobre la nueva Constitución Política del Estado, el IDH y las autonomías.
Un acuerdo preliminar de ocho puntos (la unidad del país, el respeto a la institucionalidad, el reconocimiento del rol central del Estado en la economía, el apoyo al proceso de cambio en el marco de la legalidad, la profundización del proceso democrático con autonomías, la renta Dignidad, una ley corta de la administración regional y el respeto a la propiedad pública y privada) sería la base de un futuro acuerdo político nacional que incluirá a los alcaldes, empresarios, universidades y otras instituciones.
Algunos gobernadores como Fernández y Cossío consideran que los «principios» de acuerdo «son verdades de Perogrullo», y que el problema será definir cómo se entiende cada uno de ellos para que los representantes regionales y el gobierno hablen el mismo idioma. Por ejemplo, precisó el prefecto de Pando, si bien se reconoce que el Estado tiene un papel rector en la economía, eso no significa que sea operador (ejecutor) y que planifique todo «desde La Paz». El prefecto de Tarija comentó que sería una simpleza decir que los gobernadores y el Ejecutivo están de acuerdo en los ocho puntos, pues si el compromiso es respetar la legalidad y la institucionalidad, entonces el gobierno debiera anular el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente. Otro tema complejo es la unidad nacional. «La autonomía no es sinónimo de ruptura de la unidad, sino reparar el daño profundo del centralismo que atenta contra la unidad. En 181 años de vida republicana el centralismo ha demostrado su fracaso y ha creado un país desintegrado sin base productiva. Entonces lo que hay que discutir es si la reforma constitucional aporta a la unidad o no. (Nosotros creemos que) la CPE no satisface la expectativa autonómica de cuatro departamentos y frustra la oportunidad de consolidar la autonomía y el nivel intermedio de gobierno», opinó.
Los prefectos admitieron que fue un avance el haber coincidido con el gobierno en principios fundamentales, pero ahora es necesario «pasar por el filtro de estos principios» la reforma constitucional, el estatuto autonómico y el resto de los temas como el IDH.
Los temas calientes del debate
Los prefectos opositores están convencidos de que el plan gubernamental de redistribución de los ingresos regionales por IDH busca debilitar a la autonomía departamental. Según Cossío, «arrebatarles el IDH a los departamentos es borrarles su presupuesto» y quitar la base financiera de las futuras autonomías. El prefecto de Pando recordó que su departamento tenía 211 millones de bolivianos de presupuesto, pero con el decreto de redistribución le sacaron 126 millones y dejaron a la Prefectura con 85 millones. A ese monto le dedujeron 25 millones para la renta dignidad. Luego destinaron 30 millones para salud, hicieron transferencias para el servicio de caminos y dejaron a la Prefectura con 10 millones de bolivianos. «Eso quiere decir que el 95% de los recursos del IDH se van, aunque el IDH para Pando representa casi 80% de los ingresos departamentales.
Fernández informó que en Pando existen 3.500 ancianos; «con 8 millones les pagamos a todos, pero nos sacan 92 millones de bolivianos para pagar la renta a los ancianos del resto del país. Ocurre lo mismo en todos los departamentos pequeños». Los prefectos aseguran que la renta dignidad les quita recursos a los departamentos más chicos y pobres (Potosí, Oruro Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija) para financiar la renta de los tres departamentos del eje, lo que significa que los más pobres subvencionan a los más desarrollados.
El ministro de Hacienda Luis Arce respondió que en 2007 los 211 millones por IDH no era el único ingreso de Pando, pues la región accedió también a recursos de co participación, regalías y otros ingresos que hacen un total de 383 millones de dólares. La autoridad precisó que el IDH representa el 55 por ciento de los recursos de Pando. Arce reiteró que las Prefecturas reciben hasta el doble de ingresos que antes, a pesar de los eventuales recortes del IDH. Por ejemplo, el presupuesto de inversión pública para las prefecturas era de 120 millones de dólares. A partir de 2006, este presupuesto subió a 325 millones de dólares. En 2007, pese a las transferencias, la inversión pública de las prefecturas continuará por encima de 300 millones. Arce recordó que el gobierno no recibió en 2007 los proyectos de presupuesto de las prefecturas de Santa Cruz, Beni y Pando, omisión puso en riesgo los ingresos regionales, dado que el presupuesto del Ejecutivo rige por fuerza de ley desde el 1 de enero.
Si las autoridades no inscribían un estimado, el presupuesto de las tres prefecturas hubiese sido cero. El presupuesto gubernamental dispone 310 millones para Santa Cruz (que había pedido 404 millones); 78 millones para Beni (reclama 218 millones) y 68 millones para Pando (quiere 215 millones). Las tres gobernaciones fundan sus requerimientos en listados de proyectos sin estudios de prefactibilidad.
«Suponiendo que sean proyectos con respaldo normativo y legal, pueden ser cubiertos con los recursos que tienen las prefecturas actualmente (más de 400 millones de dólares en promedio en 2007 que provienen del IDH y regalías)», aseguró el ministro de Hacienda. Además, el presupuesto del Ejecutivo se calcula en base a 66 dólares por barril de petróleo, aunque hoy ese valor está por encima de 100 dólares. «Eso equivale a que las prefecturas tendrían 16 millones adicionales por mejor precio y el país tendría en total 150 millones de bolivianos adicionales».
En total, ninguno de los saldos disponibles de las Prefecturas será negativo, lo que quiere decir que todos los proyectos de inversiones planificados podrían cubrirse e inclusive habrá saldos adicionales. El Vicepresidente Alvaro García Linera enfatizó que no es cierto que el gobierno quiera afectar la base material de las autonomías porque los ingresos regionales se han duplicado. Incluyendo los recortes, los departamentos invertirán a través de sus gobiernos departamentales y municipales más recursos que el gobierno central. «Ningún prefecto puede decir que en el gobierno de Evo Morales recibe menos que antes. El ministro de Hacienda demostró que las prefecturas recibirán ingresos extras no calculados. (Por otro lado) el gobierno ha firmado la venta de gas a Argentina a un dólar más por cada millón de BTUs. Eso significa que los ingresos prefecturales se duplicaran a partir del año 2010», aseguró García.
Bonos ilegales
Mario Cossío recordó que el referéndum de Carlos Mesa dispuso que el dinero del IDH era para financiar servicios de educación, salud y caminos y no para pagar rentas y bonos (se preguntó a la gente si estaba de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional y que los recursos de la industrialización y exportación se destine a servicios, caminos y generar empleos). Añadió que la Ley de Hidrocarburos indica que todos los beneficiarios del IDH deben destinar sus recursos a servicios básicos, al desarrollo productivo y a otros rubros que creen empleos, no al pago de bonos o gasto corriente. Por tanto, el bono de vejez propuesto por el gobierno violaría la ley.
Por otro lado, añadió Cossío, la Constitución clasifica las rentas en nacionales departamentales y municipales, mientras que la Ley de Hidrocarburos dispone que los recursos departamentales y municipales recaudados por el Tesoro no puede ser centralizados. Sin embargo, la redistribución del IDH propuesta por el gobierno es una centralización de recursos que ya fueron reconocidos como ingresos departamentales.
El ministro de Defensa Walker San Miguel respondió a estas observaciones diciendo que la política del gas fue una conquista del pueblo boliviano que debe ser interpretada a la luz de los principios constitucionales de 1938 luego de la Guerra del Chaco. Esa constitución de corte social habla de los derechos fundamentales de las personas, de que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano y de que los regímenes de seguridad social se basan en la solidaridad. Estos principios quedaron siempre en la retórica, en la letra muerta de la ley. Hoy el 80% de los bolivianos no cotiza para la seguridad social y no tiene derecho a ella, y por primera vez se reconocen con una renta mínima para los ancianos que tiene efectos macroeconómicos y en la seguridad de la gente, explicó la autoridad.
En criterio de San Miguel, la renta dignidad establece mediante ley el hecho de que los ciudadanos mayores tengan derecho a una renta. «Por eso, de manera madura hemos planteado una ley que permite que todos los bolivianos realmente tengan un seguro social de vejez mínimo y digno, haciendo realidad los principios de la CPE de 1967». Además, declaró que la contribución prefectural a la renta de vejez es parcial, pues también aportan el TGN y el Fondo Indígena.
Constituyente y estatutos autonómicos
La oposición de la «media luna» rechaza de plano la nueva Carta Magna porque no fue aprobada por dos tercios de voto, como mandaba expresamente la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. El nuevo texto constitucional carece de legitimidad porque fue aprobado a la fuerza, con sangre y muertos, y porque no expresa un pacto nacional. La nueva Constitución requiere pacto nacional que no hay en Bolivia. Entonces, aseguran los prefectos, lo que queda es desandar las ilegalidades y legalizar el cambio.
Según el gobierno, rechazar la nueva CPE que reconoce explícitamente las autonomías departamentales implica inviabilizar las demandas autonómicas regionales de los prefectos, pues la actual Constitución no contempla autonomías y limita las atribuciones de las autoridades departamentales. No se puede hace estatutos autonómicos con la actual Constitución, asegura el viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce.
En criterio del prefecto Cossío, el marco constitucional de la autonomía lo otorga el artículo 4 de la CPE vigente que dice que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y del referéndum. Las autonomías departamentales han sido consultadas en un referéndum y en ese acto el pueblo decidió dar la condición de gobiernos autónomos a cuatro departamentos. Por eso, las autonomías no solo tienen legitimidad de voto sino también un marco constitucional. La autonomía departamental no es una concesión de nadie sino una conquista de cuatro departamentos, afirmó el prefecto tarijeño.
El viceministro Arce resaltó que la pregunta del referéndum autonómico del 6 de junio de 2006 vincula claramente la autonomía departamental con la Asamblea Constituyente: «¿Esta usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la asamblea constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del estado nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas y los recursos económico-financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?». Por tanto, no puede haber autonomías si no se reconoce el trabajo de la Constituyente.
El Ejecutivo observó que el referéndum autonómico establecía la elección de autoridades, competencias administrativas y recursos económicos, pero no incluyó competencias legislativas. A pesar de ello, la nueva Constitución va más allá del referéndum e incorpora la competencia legislativa. Fue un gran error histórico de los representantes de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, pero fue corregido por la nueva Constitución, dijo García Linera. «Somos los más interesados de que la autonomía entre por la puerta ancha de la constitucionalidad, no por la ventana o el sótano. Si bien el pueblo gobierna a través del referéndum, hay una ley que prohíbe que el referéndum trate temas de división política administrativa, impuestos, seguridad interna. Hay una legalidad que prohíbe muchas de las cosas que están en el Estatuto Autonómico, No podemos violentar esas normas», agregó.
Si bien el artículo 4 reconoce el referéndum, existe un límite, que es la unidad nacional. San Miguel recordó que a partir de la Constitución española de 1978 que reconoce las autonomías Cataluña comenzó a legislar y normativizar su autonomía, pero no al revés como se quiere hacer en Santa Cruz. «No sale primero el estatuto y la Constitución se acomoda porque eso sería el caos».
Además, más allá de la verdadera descentralización reclamada por las regiones, existen aspectos y competencias en los estatutos recientemente aprobados que van más allá de la descentralización política, «en algunos casos van más allá del federalismo con la creación de ciudadanías departamentales». A pesar de todo, el prefecto Cossío asegura que el nuevo texto constitucional «no es compatible con la visión autonómica departamental». Fernández cuestiona el hecho de que las autonomías regionales, indígenas y departamentales tengan igual rango constitucional y no estén subordinadas unas a otras, que las normas departamentales tengan menor rango que los decretos supremos, «aquí está la trampita, no somos tan tontos».
García Linera aseguró que las autonomías regionales e indígenas están «subordinadas» al gobierno autonómico departamental, pues es el concejo departamental el que asigna las competencias. «En orden de jerarquía, está primero la departamental y subordinadas la regional y la indígena (art. 281). No se coloca en igualdad de condiciones la región con el departamento», dijo el Vicepresidente antes de resaltar que las autonomías indígenas están reconocidas por Naciones Unidas.
Las 10 horas de intenso debate no exento de violencia verbal (se burlaron de la fama de lector que tiene el Vicepresidente y de su enorme biblioteca; del histrionismo de José Luis Paredes, del lenguaraz Leopoldo Fernández; de las limitaciones del Presidente Morales…) no alcanzaron para que los prefectos y el gobierno lleguen a un mínimo acuerdo. Costas insistió hasta el final que la Constituyente incumplió el mandato del soberano en los referéndums autonómicos departamentales; que parte del país no está de acuerdo en la forma de elaboración de la nueva CPE; y que los estatutos de Santa Cruz son legales (ya se obtuvo 100 mil firmas) y no son copia fuel de los estatutos catalanes. «No voy a permitir que nuestros estatutos sean desprestigiados o que se quiera hacer ver como si la AC cumplió con procedimientos legales», advirtió el prefecto cruceño.
El prefecto de Pando fue más allá. Le dijo al Presidente que no entiende por qué se movilizan las regiones, que sea más «responsable» y que no sea tan «simplista», pues la situación política es difícil. «Con una Constitución ilegítima no podrá gobernar. Se ha roto la institucionalidad en el país desde que no tenemos Tribunal Constitucional. Jura que la Asamblea Constituyente es legal y nosotros juramos desde el primer día que es ilegal. ¿Quién puede definir si ustedes o nosotros tenemos la razón? No hemos avanzado un milímetro. Estoy decepcionado. (Esta) no es una reunión más. Nosotros no vinimos acá para que se diga sí hay voluntad de diálogo. Cuidado que nos ocurra lo mismo que con la AC. O se produce la gran ruptura o se construye un nuevo Estado», declaró Fernández minutos antes de que el Presidente declare cuarto intermedio y saque a la prensa del Salón de los Espejos de Palacio de Gobierno.