El gobierno del presidente Evo Morales dictó este primero de mayo un decreto que otorga 180 días para que las transnacionales petroleras legalicen sus operaciones en Bolivia y firmen nuevos contratos en el marco de la neoliberal Ley 3058, aprobada hace un año y combatida por todos los sindicatos y el propio Morales. Aunque presenta […]
El gobierno del presidente Evo Morales dictó este primero de mayo un decreto que otorga 180 días para que las transnacionales petroleras legalicen sus operaciones en Bolivia y firmen nuevos contratos en el marco de la neoliberal Ley 3058, aprobada hace un año y combatida por todos los sindicatos y el propio Morales.
Aunque presenta esta acción como una «nacionalización» de los hidrocarburos, el nuevo decreto reabre y formaliza, en lo esencial la posibilidad para que todas las petroleras que operan ilegalmente en Bolivia, –según estableció en su momento un dictamen del Tribunal Constitucional–, puedan adecuarse a la Ley 3058, aprobada el 17 de mayo de 2005 por el Congreso dominado por las fuerzas neoliberales. La aprobación de esta ley ocasionó hace un año un levantamiento popular que derivó en la caída del expresidente neoliberal Carlos Mesa, sustituto de Gonzalo Sánchez de Lozada.
De uno u otro modo, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses su disposición a adecuarse a la Ley 3058, que nominalmente les obliga a cancelar más impuestos y regalías, hasta en un 50%, aunque en términos reales, según estudios especializados independientes, no superaría el 35%.
El decreto firmado por Morales y sus ministros establece la intervención de los campos petroleros para presionar por la suscripción de los nuevos contratos, definiendo un periodo de transición máximo de seis meses, hasta la firma de los nuevos contratos.
Durante esta transición, tal como establece la Ley 3058, las petroleras negociarán con el Estado la adecuación de los contratos, así como los montos y características de las compensaciones que les otorgará el Estado como indemnización por el cambio de régimen tributario.
Temporalmente, en este periodo de transición, se establece una nueva distribución de impuestos para los megacampos de gas, como San Alberto y Margarita, quedando el resto con la actual distribución tributaria
«Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales, de las trasnacionales», dijo el presidente Morales, al presentar el decreto al cumplir los primeros 100 días de gobierno. El vicepresidente Alvaro García Linera agregó que «hoy el gobierno boliviano lleva a cabo la primera nacionalización del siglo XXI», al destacar la medida que fue recibida con alborozo en una concentración pública en la ciudad de La Paz, conformada básicamente por empleados públicos y organizaciones afines al gobierno.
En cambio, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, calificó el decreto de nacionalización como «demagógico», ya que, en vez de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente en el país, «se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales del país».
Solares adelantó que un ampliado nacional de la COB evaluará el decreto de Morales, especialmente de algunos aspectos aún no muy claros como la anunciada «nacionalización del 51% de las acciones» de algunas empresas como Chaco, Andina, Transredes y dos refinerías, que serían compradas por el Estado a las transnacionales.