Calificando como «un milagro» el trabajo de la Asamblea Constituyente, el presidente boliviano Evo Morales recibió la Carta Magna de manos de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, tras un multitudinario desfile cívico-militar. Entretanto, los grupos oligárquicos de cuatro de los nueve departamentos del país amenazan con declarar las autonomías de hecho y […]
Calificando como «un milagro» el trabajo de la Asamblea Constituyente, el presidente boliviano Evo Morales recibió la Carta Magna de manos de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, tras un multitudinario desfile cívico-militar. Entretanto, los grupos oligárquicos de cuatro de los nueve departamentos del país amenazan con declarar las autonomías de hecho y con incendiar el país.
Ningún parto transcurre sin dolor. De la misma forma, la nueva Constitución, que recoge importantes avances sociales, políticos, económicos y culturales, no nace sin conflictos. Aprobada el pasado 9 de diciembre por 165 de los 255 asambleístas, en la ciudad de Oruro, la nueva Constitución es celebrada por amplios sectores de la sociedad.
A los bolivianos, razones para estar de fiesta no les faltan. Por primera vez, al cabo de hace más de 500 años, la Constitución ha sido escrita «por quienes han sido despojados de sus terrenos, de sus costumbres y de su cultura». Pero además, festejan el hecho de que el aymara Evo Morales, quien ganó en el 2005 con el 53.7% de la votación, ha venido cumpliendo sus promesas de campaña, como la nacionalización de los recursos naturales, lo que le ha permitido al Estado aumentar sus ingresos de 170 millones de dólares a más de 1200.
En lo social, para mencionar solo un caso, se han creado el bono Juancito Pinto que se entrega en efectivo directamente a más de un millón de niños de ciclo básico con el objetivo de evitar su deserción escolar. En el ámbito internacional, Bolivia ha adoptado una política latinoamericanista de dignidad e independencia que no es bien vista por Estados Unidos.
En materia política, Evo Morales ha recogido, como uno de los ejes centrales de su gestión, el planteamiento de los movimientos sociales de convocar una Asamblea Constituyente para refundar Bolivia, pacífica y democráticamente, y generar nuevas reglas en la sociedad boliviana que permitan incluir y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, de los mineros, de los trabajadores y del pueblo en general.
Luego de que la Asamblea Constituyente fuera aprobada en un referéndum, se convocó a elecciones generales para integrar la misma, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) del Presidente Morales obtuvo una nueva victoria, ganando 164 de los 255 de los representantes constituyentes.
El mandato recibido por los asambleístas elegidos era claro: elaborar una nueva Constitución, en un plazo determinado, luego de lo cual deberá ser ratificada en una nueva consulta popular.
Sin embargo, el proyecto asambleísta ha sido torpedeado permanentemente por los partidos de derecha que fueron derrotados en las elecciones (como PODEMOS, dirigido por el ex presidente Jorge Fernando Quiroga) y por los prefectos y los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. Desde una posición, marcadamente racista y violenta, han utilizado más que argumentos de fondo, asuntos de forma y sobre todo acciones desestabilizadoras para oponerse a la decisión mayoritaria del pueblo boliviano.
Durante varios meses, la Asamblea Constituyente quedó paralizada por la acción de la minoría de derecha que interpretaba a su manera un articulo del Estatuto de la Asamblea que dispone que las decisiones deben ser adoptadas por los dos tercios de los asambleístas, cifra que el MAS no alcanzaba.
Luego vino la disputa por la capitanía del país entre Sucre y La Paz, una divergencia de carácter histórico que fue aprovechada por la derecha para movilizar a sectores de Sucre, lugar de reunión de la Asamblea, para exigir que a esta ciudad se trasladen los tres poderes del Estado, provocando enfrentamientos que dejaron tres muertos. Los asambleístas fueron cercados, varios sufrieron actos de racismo, sus propias vidas corrían peligro. Por motivos de seguridad, la Asamblea se trasladó a una escuela militar de Sucre, donde, el pasado 24 de noviembre, 138 de los 255 constituyentes aprobaron un proyecto general de Constitución.
Cinco días antes del 14 de diciembre del 2007, plazo fijado para que la Asamblea Constituyente culmine su trabajo, el organismo, esta vez reunido en la ciudad de Oruro, aprobó la nueva Constitución que tiene un carácter incluyente, reconociendo los derechos de todos los bolivianos y estableciendo las bases para conformar un Estado plurinacional y pluricultural.
La nueva Constitución, para entrar en vigencia, deberá ser sometida a referéndum, junto con un artículo en el que no hubo acuerdo que se refiere a la extensión de tierra que una persona puede poseer. Quien no esté de acuerdo con la Constitución puede rechazarla en las urnas, como corresponde a un sistema democrático.
Pero esto no es lo que piensan los prefectos y los comités de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Cochabamba, quienes han anunciando la declaratoria de autonomías de facto con la presentación de su propio estatuto, lo que, en la práctica, implica optar por el separatismo.
Tras estas propuestas secesionistas se esconden los intereses de grupos económicos que pretenden mantener intocada la injusta estructura de propiedad de la tierra, cuyo ejemplo más revelador es Santa Cruz, donde 378 familias acaparan más de 20 de las 37 millones de hectáreas que tiene el departamento. El tema de la tierra, según la derecha, debe ser abordado en los respectivos departamentos.
Así mismo, está el interés de controlar la explotación y comercialización del gas y el petróleo que se extrae de los departamentos mencionados pero que constitucionalmente pertenecen al Estado boliviano. El articulo 104 del estatuto autonómico elaborado por cívicos y empresarios de Santa Cruz establece que «El Gobierno departamental, a través de su correspondiente Secretaría Departamental controlará y fiscalizará la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se realice en el departamento y dará por una correcta aplicación del pago de las regalías y de los impuestos».
A la defensa de sus privilegios, las elites bolivianas le han añadido una buena dosis de arrogancia, violencia y racismo. El relator de la ONU sobre derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su reciente visita a Bolivia cumplida del 25 de noviembre al 7 de diciembre de este año, constató la «grave persistencia de los fenómenos de racismo y discriminación en contra de las personas indígenas, y sobre todo en contra de las mujeres indígenas».
«Dichos fenómenos -señaló Stavenhagen-, se expresan aún en la actuación de los funcionarios de los poderes públicos en los niveles nacional y subnacional, así como en las actitudes de partidos políticos y grupos de presión, quienes en ocasiones incitan a la violencia en contra de personas por razón de su condición indígena. Las expresiones de contenido racista anti-indígena son frecuentes en algunos medios de comunicación masiva, que con frecuencia sacrifican los principios de objetividad e imparcialidad en pos de intereses partidarios. Resulta preocupante que el conflicto político que atraviesa actualmente Bolivia haya dado lugar a un rebrote de expresiones de racismo, más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno».
Una de las últimas agresiones racistas la protagonizaron en Santa Cruz los jóvenes pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, «rama juvenil» del Comité Cívico dirigido por el multimillonario Branco Marinkovic. Los miembros de la UJC, que realizaban una supuesta huelga de hambre golpearon brutalmente al ex minero René Chávez, de 57 años, por vestir y tener rasgos indígenas. A Chávez, lo acusaron, sin pruebas, de ser un infiltrado del MAS y de estar filmándolos. «Indio de mierda, colla de mierda» le gritaba los jóvenes de la UJC revelando con ello el sentido excluyente y discriminador que quieren darle a su «autonomía» departamental. Por este caso, el gobierno de Evo Morales presentó una querella criminal ante la Fiscalía General de la República contra Marinkovic y representantes de la UJC.
Pero los separatistas de Santa Cruz han ido más lejos, elaborando una lista de 47 ciudadanos bolivianos a quienes acusan de «traidores a los intereses cruceños». La lista, en la que constan constituyentes del MAS, dirigentes campesinos e indígenas, sacerdotes y diputados, ha sido colocada en diferentes lugares de la plaza principal, en una clara muestra de persecución e intolerancia política.
El presidente Evo Morales ha llamado al diálogo y a dirimir los conflictos de Bolivia pacíficamente, no con las balas sino con las urnas, señalando que las autonomías departamentales son compromisos que ya están plasmados en la nueva Carta Magna junto con las autonomías indígenas.
Para buscar una salida al conflicto actual, Morales propuso un referéndum revocatorio de su mandato y el de los 9 prefectos departamentales. Según este proyecto de ley, que esta siendo debatido en el Congreso, si el Presidente pierde, convocará a elecciones generales en un plazo de 90 a 120 días. Si el pueblo revoca los mandatos de los prefectos, el Presidente nombrará a sus reemplazos interinos hasta que se realice una nueva elección. Los prefectos rechazan la propuesta de Evo Morales porque, según algunas encuestas, carecen de apoyo ciudadano y temen perder sus cargos.
«Este es un momento muy difícil, es un momento complicado, pero todos los momentos que hemos vivido en Bolivia son complicados, son difíciles y hemos sabido salir de ellos, hay algo que es muy recurrente en la historia de Bolivia, es que somos una sociedad que llega al borde del abismo pero sabe negociar, al borde mismo del abismo, y avanzar y así a veces de una manera recurrente: conflictos acuerdos, acuerdos-conflictos», dijo a ALAI el abogado boliviano Miguel Castro. Ojalá que en esta coyuntura se cumplan sus predicciones.