El pasado 21 de febrero el pueblo de Bolivia fue llamado a las urnas. En esta ocasión el órgano ejecutivo preguntaba: «¿nos dais permiso para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional?» Dicho artículo dice así: «el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o […]
El pasado 21 de febrero el pueblo de Bolivia fue llamado a las urnas. En esta ocasión el órgano ejecutivo preguntaba: «¿nos dais permiso para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional?» Dicho artículo dice así: «el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua». Es decir, lo que se preguntaba es si el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera podrían volver a presentarse como candidatos en las próximas elecciones de gobierno en 2019. La pregunta en la papeleta de votación se encontraba en los siguientes términos: «¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?»
Por lo pronto, se nota que por esta parte del mundo las cosas se hacen de otra manera. En el Estado español, por poner un ejemplo, la Constitución se cambia en un despacho y a puerta cerrada sin temor a la insurrección del pueblo; pues los atrevidos y atrevidas que sí abrirán la boca hace tiempo cayeron en un saco que los medios de comunicación hegemónicos denominaron antisistema. Un prototipo, a día de hoy, denostado por esa clase que, olvidándose de sus orígenes, decidió hipotecarse por un bienestar de sillón de noche y centro comercial de fin de semana, a cambio de vender durante toda la vida su fuerza de trabajo.
La consulta al pueblo no admitía sombras, ni argumentos, ni restricciones. La pegunta a la que se expusieron los bolivianos y las bolivianas se respondía con un ‘SI’ o un ‘NO’. Sabido es que cualquier monosílabo es un mal comunicador, pero con todo, por este mal comunicacional pasa una de las mejores democracias de los mal llamados países democráticos. Por contra, en Bolivia el referéndum constitucional ha estado posicionado en todos los espacios, públicos y privados, populares y oligárquicos, en forma de debates, pintadas o camisetas. El pueblo ha tenido que buscar dentro de sí los sentimientos y las razones que le llevarían a votar a favor o en contra de la reelección del Presidente. Un presidente que afirma «Bolivia es mi vida y el pueblo boliviano mi familia». Un presidente de rostro indígena que creció en el campo y que se curtió en la lucha sindical cuando los gobiernos neoliberales siervos a EEUU querían, hipócritamente, erradicar la hoja de coca en la región del Chapare castigando a los pequeños productores mediante la política de erradicación forzosa.
Para la historia oficial de las clases dominantes hablar de Bolivia es hablar desde el ángulo de la riqueza, el poder, el éxito, la explotación y el monopolio. La contraparte, la clase subalterna, dialoga bajo otras lógicas, desde la Bolivia de la colonización, despojada, masacrada, humillada, patriarcalizada, donde hubo miles de millones de desapariciones y muertes. Acontecimientos históricos que hablan de lucha de clases y rebelión. De esa resistencia acumulada durante siglos y por esa resistencia nace la contrahegemonia del siglo XXI en esta región andina.
Las dictaduras sangrientas prepararon el terreno a los gobiernos neoliberales, que en 1985 aprueban el Decreto Supremo 21060 y el Plan de Ajuste Estructural, facilitando la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED); lo llamaron capitalización, eufemismo de privatización, lo que generó el caldo de cultivo para la acumulación de otro tipo de capital: la construcción de tejido social. En 2000 estalla la Guerra del Agua en Cochabamba. Una inédita victoria popular le da al pueblo una fuerza inmensa al conseguir revertir el contrato de privatización con el consorcio empresarial Aguas del Tunari. En 2003 se produce una sublevación a nivel nacional contra el Impuestazo y meses más tarde la Guerra del Gas en la ciudad de El Alto, que acaba con la huida del país del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De esta lucha nace la Agenda de Octubre, conformada por el Pacto de Unidad entre diferentes organizaciones sociales, y que demanda una nueva Constitución, la nacionalización de los hidrocarburos y la refundación del estado.
Toda esta resistencia avecinaba cambios de calado para la sociedad boliviana. Y aquí es donde aparece en escena el Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales de referente. Se suele afirmar que este gobierno es el gobierno de los movimientos sociales. Desde sus inicios no fue un partido político convencional. Se trataba de un Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), un instrumento para la toma del poder y de las instituciones que en 2005 consigue su objetivo. Evo Morales Ayma se convierte en el primer presidente indígena-campesino de la historia de Bolivia. Las demandas de la Agenda de Octubre son recogidas y ampliadas por el MAS en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que además de la constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos plantea la reforma agraria y políticas distributivas y sociales. Una Bolivia «digna, soberana, productiva y democrática».
El país sufre una conmoción sociopolítica de enormes matices simbólicos. Por primera vez el sujeto indígena-campesino se consolida, no solo como vanguardia política, sino como sujeto capaz de la toma del poder por medio de las urnas, ese invento liberal. Quizás ahí comience la primera contradicción: un gobierno de carácter nacional, popular e indígena, con un apoyo masivo de diferentes movimientos sociales, inserto en una estructura institucional demócrata-liberal creada para mantener los privilegios de una élite burguesa a la que en los últimos años se había puesto en vereda.
El verdadero reto para esta nueva experiencia comenzaba entonces. Para realmente construir un poder que respondiera a las demandas e identidades del pueblo boliviano había que reformar las propias instituciones, comenzando por la ley de leyes, la Constitución. Se llamó a una asamblea constituyente con la participación de diferentes sectores de la sociedad. Tras diversas dificultades, la nueva Constitución Política del Estado se aprueba en referéndum el 25 de enero de 2009. Muchos fueron los avances; sin embargo, y debido a la necesaria negociación con la derecha, la cual generó violentos disturbios en el país, también fueron muchas las deficiencias. El fundamental logro fue la reformulación del Estado de Bolivia, ya no como una República, sino como un Estado plurinacional 1/ , convirtiéndose en referente internacional. Por primera vez en la historia, los pueblos originarios tienen voz en la sociedad y las instituciones.
Son muchas las voces, incluso leales al proceso de cambio, que hablan de dos gobiernos del MAS-IPSP, marcando diferencias entre la primera y la segunda gestión. En 2009 se produce la segunda victoria electoral, esta vez con una amplísima mayoría, el 64% de los votos. Esta victoria aplastante consolidaría para muchos una tendencia al institucionalismo y al economicismo, dejando a un lado esa característica inicial de instrumento político y asumiendo una línea más cercana a un partido clásico. Ya al final de la primera gestión se produce el primer conflicto fuerte de la sociedad boliviana con el gobierno de Evo: «el gasolinazo». En la segunda gestión los desencuentros crecen. El más conocido es el conflicto del TIPNIS, a raíz de un proyecto de construcción de una carretera que atravesaría el corazón de Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure. Un conflicto a día de hoy sin resolver.
No se pueden negar los avances sociales que este gobierno ha implementado desde su llegada. Uno de ellos es el mencionado carácter plurinacional, pero hay otros:
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La nacionalización de los hidrocarburos 2/ y del sector eléctrico, junto con un largo periodo de alza de los precios de las materias primas, ha permitido una redistribución basada en bonos para la infancia, la mujer, los pensionistas y mejora en obras públicas.
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Se ha reducido la extrema y moderada pobreza, posibilitando que muchos sectores se incorporen a una clase media en aumento.
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La reformulación de la reforma agraria de 1996 (ley INRA), mediante la aprobación de decretos como el de «Reconducción comunitaria de la reforma agraria», ha permitido un reparto de tierras a comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o con tierras insuficientes, mejorando sus precarias condiciones.
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En materia de soberanía, se han sentado unas bases impensables hace unos años para un país que es, en palabras de Rafael Puente, «el más fuertemente neocolonial de Sudamérica«; donde las empresas transnacionales y los EEUU lo tomaban como su cortijo. El Estado ha recuperado su papel de promotor y protagonista del desarrollo económico, implementando una política de control que la inversión extranjera debe respetar.
Se puede decir sin temor a equivocarse que este gobierno ha sido el mejor gobierno de la historia de Bolivia. Pero si obviáramos algunas apreciaciones y críticas, aun siendo dolorosas, haríamos un flaco favor a los intentos de construcción de procesos revolucionarios. Como internacionalistas en busca de voces y experiencias en lucha por la dignidad y la soberanía, bajo la premisa de que cualquier crítica constructiva al proceso sólo debería beneficiarlo y desde el respeto absoluto y la admiración que ya desde la distancia sentíamos hacia el mismo, nos permitimos hacer algunas valoraciones a raíz de las reuniones y las entrevistas realizadas durante los últimos cuatro meses a múltiples sectores y personalidades de la sociedad boliviana.
A 10 años del proceso, se puede hacer una retrospectiva que permite afirmar que:
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Si bien se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población, estas mejoras se han producido en base a una recuperación parcial en la soberanía de algunos recursos naturales, en la distribución de un excedente acumulado en una coyuntura económica favorable, y a través de bonos que si bien cumplen una función social transitoria importante para paliar el problema, no lo solucionan de raíz.
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Si bien se ha disminuido la pobreza, no se han tocado las estructuras socioeconómicas que reviertan el desigual reparto de la riqueza. A pesar de la enorme estabilidad económica de la última década, la mayor del continente.
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Si bien la reforma agraria ha significado una distribución de tierras para el sector indígena-campesino, no ha tocado los intereses de los latifundistas agroindustriales del oriente cruceño. La tenencia de la tierra sigue siendo favorable para el latifundio, que sigue ampliando la frontera agrícola a favor de la agronegocio.
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Si bien el proceso de nacionalización ha recuperado la soberanía económica nacional, no se ha logrado modificar el patrón productivo. El modelo primario exportador fuertemente extractivista sigue siendo la base de la economía. Además, las empresas transnacionales todavía tienen una importante presencia en el país.
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Si bien se habla de plurinacionalidad, los procesos de autonomía y autorrepresentación indígena se encuentran debilitados; con una sola autonomía indígena en marcha, la del territorio guaraní de Charagua. Igualmente, existe un desequilibrio en la Economía Plural reconocida en la Constitución, siendo minoritaria la economía comunitaria a favor de la estatal, privada o mixta.
Conforme se acercaba el referéndum, hemos observado una fuerte división respecto a la intención de voto. De hecho, son muchas las voces que a pesar de apoyar al MAS, en este asunto se mostraban dubitativas. La oposición de derechas, dividida y debilitada, ha utilizado todas las argucias para desgastar el liderazgo de Evo. Incluso con financiación venida directamente desde Washington, con grandes intereses en suelo boliviano, como han explicado intelectuales como Atilio Borón. Pero en contra del argumento oficialista de que todo el ‘NO’ es la derecha, hay que decir que nos hemos encontrado con muchos sectores no alineados con ésta que se posicionan en un espacio crítico tanto al gobierno actual como a los anteriores. Esta heterogeneidad del voto por el ‘NO’ hace que la citada explicación oficialista ayude poco al proceso, pues al boliviano y la boliviana común, crítico y politizado, no le convencen estos argumentos. Flaco favor le hacen a la verdad dichas posturas; por el contrario le apuntan un tanto a la derecha, que con este resultado sale fortalecida. Además, los recientes casos de corrupción vinculados al gobierno reforzaron la dicotomía frente al referéndum. Más allá de argumentos liberales de alternancia política, el pueblo se preguntaba si era saludable una permanencia en el poder del presidente y el vicepresidente.
Hay que señalar la gran debilidad que supone moverse en el marco de los sistemas electoralistas. La enorme maquinaria puesta en marcha para garantizar la permanencia supone una pérdida de fuerza abismal que ningún gobierno de estas características debería pasar por alto. Con tanta energía puesta en este asunto, uno se pregunta si queda mucho tiempo para las reformas estructurales que los pueblos del mundo piden a gritos.
Sería injusto no tener en cuenta que Bolivia ha sido un país enormemente castigado por la colonización y el imperialismo, absolutamente vapuleado por el saqueo de sus recursos naturales, una condición de dependencia que hace imposible revertir esta situación en 10, 20 o incluso 50 años. De modo que no sería adecuado pedirle a Bolivia que se convierta en el superhéroe de la revolución que a todos nos gustaría, y más teniendo en cuenta que se trata de una economía, queramos o no, inmersa y rodeada del sistema capitalista mundial. Pero eso no significa que el proceso no pueda ser sometido a críticas constructivas que puedan ayudar a resolver algunas fallas que para muchos comienzan a ser demasiado evidentes y que pueden llegar a enquistar el proceso.
Al analizar el marco de posibilidades y variables, debemos observar la realidad desde una perspectiva no sólo nacional, sino regional. Nos encontramos en un momento de debilitamiento de los gobiernos progresistas y de intento de restauración neoliberal en la región. Aunque no se pueden meter a todos los procesos llamados progresistas en el mismo saco, conjuntamente representan la construcción de una integración con fundamentales matices antiimperialistas y de recuperación de soberanía, escenario que queda debilitado a raíz de sucesos como los acaecidos en Argentina o Venezuela, y que se agravaría si Bolivia perdiese la soberanía lograda.
El reciente ‘NO’ en el referéndum no debe representar una derrota para el proceso. Por el contrario, como ha pasado en Venezuela, puede ser una llamada de atención de que algo no está marchando como debería, de que algo se ha dejado en el camino, y hacer un ejercicio de autocrítica, que permita profundizar las virtudes, modificar los vicios y construir las ausencias. Puede ser un estímulo necesario para generar nuevos paradigmas, nuevas inventivas que tracen caminos hacia una plena construcción de soberanía y de un marco hegemónico basado en modelos éticos de construcción de poder para el pueblo.
El propio Evo Morales, en una reciente entrevista a un medio de comunicación europeo, habla de la pérdida de apoyo al gobierno, y la achaca «al machismo, la corrupción y la división interna en el MAS. Todos quieren ser alcaldes, concejales. Tenemos ejemplos de alcaldes que si no están en la cárcel están procesados. Estos temas de corrupción nos han afectado«. También afirma que de no poder ser reelecto, «me voy feliz y contento a mi chaco. Jamás voy a claudicar en mis principios. Me quedaré apoyando desde abajo».
No cabe duda que el MAS sigue teniendo un amplio apoyo de la sociedad boliviana, a juzgar por el resultado del referéndum, al menos de casi el 50%. Pero este apoyo sería más amplio si consideramos que muchos de los que han votado ‘NO’, siguen respaldando al gobierno, pues aquí jugaban otros factores. Respaldo mayoritario que posibilitaría al proceso emprender un período de reestructuración de algunos de sus planteamientos.
Son muchos los retos que se presentan en esta nueva etapa. Será fundamental profundizar en la experiencia de socialismo comunitario. Fomentar la democracia participativa y comunitaria mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Implementar un sistema Salud y de Educación integral, universal y gratuito. Transformar un sistema judicial que hoy es un desastre. Avanzar en la recuperación de los medios de producción. Crear industrias nacionales para no basar el crecimiento en la exportación de materias primas, siempre dependientes de la variabilidad de los precios en el mercado internacional, diversificando la matriz productiva en relación respetuosa con la naturaleza. Ampliar las fuentes de empleo, medio no-asistencial para acabar con la pobreza. Reducir el altísimo porcentaje de economía informal, fiscalizando y ofreciendo seguridad a este sector de trabajadores y trabajadoras. Atajar el problema de la reforma agraria y del desigual reparto en la tenencia de la tierra, haciendo frente a los latifundistas y agroindustriales del oriente cruceño, e impulsar la tan necesaria soberanía alimentaria. Seguir avanzando en descolonización y despatriarcalización, para lo cual no podemos olvidar la batalla cultural, ética e ideológica, formando ciudadanas y ciudadanos comprometidos y responsables con la sociedad en la que viven y de la que deben ser actores de cambio. Bolivia tiene que decidir si quiere seguir el camino de las sociedades del bienestar, cuyas consecuencias socioculturales podemos ver en los pueblos de Europa, o si por el contrario quiere profundizar en la sociedad del Vivir Bien, fomentando primero de todo el debate de qué significa Vivir Bien.
Con el reciente resultado del referéndum se abre una nueva oportunidad para hacer un análisis serio que lleve a la profundización y radicalización del proceso de cambio iniciado en Bolivia, no desde el 2005, sino desde la primera victoria popular que tuvo lugar en Cochabamba con la Guerra del Agua. Para ello, nada mejor que apelar a la socialización, a la concientización, a la construcción de un sujeto social con una fuerte formación ética primero y política después, donde la conciencia sea el faro que permita dirigir con responsabilidad la necesaria construcción de alternativas al modelo capitalista, el verdadero empoderamiento de lo comunitario, de las fuerzas indígenas y campesinas, de la participación popular, sin olvidar a los sectores urbanos, periféricos y empujar a esa clase media que en los últimos años ha podido acceder a mejores posibilidades, a la ruptura del individualismo y de la sociedad del consumo a la que dichos sectores tienden, para sumarse a la construcción de este proyecto político y comunitario que para muchos pueblos expoliados del mundo es una esperanza.
Vanessa Pérez y Raúl García. Proyecto sobre América Latina Vocesenlucha
Bibliografía
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Mier, Carlos Adolfo, 2009. «El modelo del Socialismo Comunitario». La Paz
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Garcés, Fernando, 2013. «Los indígenas y su Estado (pluri)nacional: una mirada al proceso constituyente boliviano». CLACSO. Cochabamba
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Pinto, Juan Carlos, 2014. «El proceso de cambio en el segundo período de Evo Morales». Andamios. La Paz
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Viaña, Jorge, 2015. «A diez años del ciclo estatal de las luchas y la necesidad de reflexión autocrítica en Bolivia». La Paz
Notas
1/ El Estado Plurinacional se traduce en el reconocimiento institucional de la igualdad de oportunidades de pueblos, idiomas, identidades; y se concretiza en la igualdad de derechos, en la igualdad de culturas y pueblos, en la supresión del colonialismo y discriminación.
2/ La Ley de Hidrocarburos no supone una nacionalización en términos absolutos, pues las empresas transnacionales siguen como socias, pero se aumenta la participación del Estado en la renta petrolera. La participación del Estado en el valor de la producción asciende al 82%, obligando a las empresas a firmar nuevos contratos que «cumplan con las condiciones y requisitos legales y constitucionales». Habría que hablar pues de un modelo de nacionalización mixto.