Un día después de que el Vicepresidente Alvaro García Linera convocara a la movilización popular para defender las políticas del gobierno, un grupo de padres de familia de las Juntas Escolares encabezadas por Franklin Gutiérrez, los señores Huamán, Venegas y Choquetarqui, todos acusados de recibir plata del gobierno, intentaron tomar la Casa Social del Maestro […]
Un día después de que el Vicepresidente Alvaro García Linera convocara a la movilización popular para defender las políticas del gobierno, un grupo de padres de familia de las Juntas Escolares encabezadas por Franklin Gutiérrez, los señores Huamán, Venegas y Choquetarqui, todos acusados de recibir plata del gobierno, intentaron tomar la Casa Social del Maestro en La Paz, sede de la Federación del sector, y apedrearon la Escuela México, todo esto para escarmentar a los dirigentes trotskistas huelguistas que perjudican a sus hijos. El fin de semana pasado, el Presidente Evo Morales convocó a los campesinos, indígenas y originarios de los pueblos del oriente, del valle y del occidente a declararse en emergencia para defender la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.
‘Lo que se requiere en esta batalla definitivamente es la movilización. Hemos llegado al gobierno con la movilización y vamos a gobernar con la movilización’, dijo García Linera en Cochabamba, en un momento de inflexión para la administración de Morales, caracterizado por el estallido de múltiples conflictos sectoriales.
‘Frente a lo que está pasando en Sucre es necesario que todos nos declaremos en estado de emergencia’, dijo Morales, tras revelar que en semanas pasadas los prefectos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba se reunieron en Trinidad ‘para hacer fracasar la Asamblea Constituyente’. El plan de los prefectos opositores era ordenar el repliegue de todos los constituyentes de Poder Democrático y Social (Podemos) ‘para hacer fracasar, sabotear y empantanar’ la Asamblea. Morales confía en el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y de los movimientos sociales para consolidar la nacionalización y la Constituyente.
Como en los viejos tiempos, en las últimas dos semanas estallaron al menos 10 conflictos no articulados entre sí, reivindicando diferentes demandas sectoriales, algunos con fuerte componente conservador. Los maestros, transportistas públicos, salubristas y padres de familia congestionaron la sede de gobierno en la semana pasada, mientras que movilizaciones cívicas paralizaron Tarija y Chuquisaca y cortaron el suministro de gas a Argentina.
En el plano político, la derecha ‘antipatria y perversa’, como denomina el Vicepresidente a Podemos, intentó voltear al Ministro de Hidrocarburos y a la nacionalización de los hidrocarburos, al tiempo que comandaba varios conatos de revueltas cívicas en Santa Cruz, Tarija y Pando y obstaculizaba el desarrollo de la Asamblea Constituyente, que sigue trabada.
Otro conflicto también con tintes político partidarios fue la movilización cívica en Chuquisaca por la construcción del aeropuerto de Alcantarí en Sucre. Por primera vez abuchearon públicamente el Vicepresidente, al tiempo que algunos asambleístas del MAS fueron golpeados en las calles de Sucre. Al vocero gubernamental Alex Contreras le llamó la atención que una ex ministra del gobierno de Jorge Quiroga, Tomasa Yarhui, se haya sumado a un piquete. ‘Como gobierno les pedimos que reflexionen y no se dejen manejar. En seis meses hemos hecho lo que en 20 años no pudieron hacer los otros partidos’, reclamó Contreras.
El gobierno popular del MAS enfrenta momentos de convulsión y un clima de agitación, en gran parte por obra de los sectores políticos más conservadores del país. El ‘podemizado’ Comité Cívico de Tarija declaró paro cívico de 24 horas en solidaridad con los comerciantes informales de la frontera con Argentina y el lunes respaldó el cierre del gasoducto que lleva gas desde Bolivia al norte argentino durante 12 horas, al tiempo que el Comité Cívico de Yacuiba mantuvo un bloqueo de caminos en San José de Pocitos. Además, la intervención de tierras privadas en Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, puso en emergencia al ultraconservador Comité Cívico cruceño que no descarta medidas de presión.
Entre otros conflictos, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) tomó los ductos de la compañía Transierra y los dirigentes desconocieron un convenio firmado en 2005 que comprometía a la empresa a cancelar a los guaraníes, en 20 años, compensaciones por nueve millones de dólares por el impacto ambiental de la construcción del gasoducto a Brasil.
En El Alto, postulantes a la Normal mantienen una huelga de hambre por más de 10 días en la Fejuve; el bloqueo caminero en Palos Blancos se extendió por más de 10 días por una disputa municipal, con muertos y heridos incluidos; y los campesinos del distrito minero de Caracoles amenazan con tomar la mina Matilde y el ingenio Molinos si la Comibol no cumple con los compromisos asumidos, en días pasados los campesinos sacaron a chicotazos a los mineros asalariados.
En La Paz, rentistas fabriles y mineros militantes del MAS intentaron tomar las instalaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS), mientras que los trabajadores ayunan y se crucifican en defensa de tres ex dirigentes sometidos a un proceso legal por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos, Jaime Burgos, ya no tiene apoyo de la COB.
Comenzaron también a aparecer fisuras en el gobierno. El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana debió salir a ratificar la política de negociar con Chile ‘gas por mar’, luego de que el martes el canciller David Choquehuanca deslizara la posibilidad de vender gas a Santiago independientemente de la demanda boliviana de una salida al Pacífico. La metida de pata del ‘choquehuanquismo pro chileno’ indispuso al gabinete y casi abre otro frente de conflicto.
¿Es el fin de la luna de miel?
Las recientes manifestaciones sociales no critican las ‘modificaciones estructurales’ promovidas por gobierno sino más que todo son ‘desencuentros que hay que entenderlos’, opina el diputado César Navarro, jefe de bancada del MAS. Para otros analistas, se trata de un momento de inflexión por la falta de capacidad de resolver los problemas concretos de la gente, es decir el mejoramiento de los ingresos y la generación de empleo.
La ‘nacionalización’, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el proceso autonómico y los decretos de la ‘revolución agraria’ son la continuación de las medidas asumidas por anteriores gobiernos (Ley 3058, Ley INRA, Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Ciudadanas como marco para la elección de constituyentes). El MAS da continuidad a las políticas económicas que favorecen la articulación primario exportadora del país con la economía mundial, con el control del excedente todavía en manos de transnacionales, interpreta el investigador del Cedla Javier Gómez.
El gobierno aspira a gerenciar mejor el modelo, no confiscar ‘ni un tornillo’ a las empresas transnacionales, revertir a dominio del Estado el LAB, Entel, Ferrocarriles, Aguas de Illimani o confiscar todas las tierras improductivas de los terratenientes, aunque Fausto Reinaga dice que ‘La revolución India no aspira a regenerar el sistema político social en descomposición bajo el cuál agoniza Bolivia’. Según el Vicepresidente, lo que se necesita ahora es ‘una gran revolución administrativa’ que erradique la burocracia, la ineficiencia y la exclusión de las instituciones del Estado. El gobierno busca un Estado ‘eficiente y transparente’.
La estrategia es dividir
El gobierno quiere dividir al movimiento popular y así contener la ola de conflictos y evitar fracturas con los movimientos sociales que le apoyan. Está claro que el gobierno estimula polaridades y enfrenta a padres de familia contra maestros; a trabajadores sin tierra con campesinos e indígenas; a mineros asalariados contra cooperativistas, e inclusive a productores de coca, interpreta el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz José Luis Alvarez.
Uno de los gremios de gran interés gubernamental es el magisterio urbano, que ha decidido masificar los piquetes de huelga desde el 6 de septiembre y preparar una huelga general indefinida para el 12 de septiembre. Navarro opina que el gremio docente está ‘más allá de la izquierda’. ‘Son los últimos residuos del conservadurismo gremial’, opina el vicepresidente García Linera. El Presidente Morales anunció en Chapare que ‘revisará todos los bonos del magisterio, pues significan ingresos extras por tareas que no cumplen’.
El plan gubernamental es desprestigiar a los docentes que educan jóvenes ‘que no saben redactar bien un párrafo entero (…) y que no pueden entender la mitad de una página de un libro’, y convocar a las bases del magisterio para que hagan reflexionar a sus direcciones ‘ultraconservadoras’.
Para neutralizar a los mineros sindicalizados partidarios de la segunda nacionalización, el gobierno se apoya en los microempresarios del sector. Los rentistas mineros de Cochabamba acusaron al ministro de Minería Walter Villarroel y al diputado masista Víctor Mena, ambos cooperativistas, de impulsar el avasallamiento de Huanuni, Colquiri, Caracoles, Bolívar y otros centros mineros, desplazando de sus fuentes de trabajo a los mineros asalariados activos de Comibol. ‘Consecuentes con nuestros principios de solidaridad de clase, condenamos enérgicamente la conducta divisionista y rechazamos las malas intenciones del gobierno que, con el pretexto de la refundación de la Comibol, está conduciendo a un sangriento enfrentamiento entre trabajadores y sus familias’, afirman en un comunicado público de esta organización del 18 de agosto.
En el tema del narcotráfico, el gobierno de Evo Morales no tiene problemas para erradicar coca excendentaria en el Chapare cochabambino, pero le está resultado casi imposible hacer lo mismo en los Yungas de La Paz. El viceministro de la Coca y Desarrollo Integral Felix Barra intentó sin éxito el fin de semana pasado dar inicio al programa de erradicación de cocales en la población yungueña de Cuchumpaya.
Ibarra fue dirigente cocalero y en el año 2000 enfrentó a las fuerzas erradicadoras del gobierno; ahora como autoridad pretende comenzar la racionalización de coca sin consultar a la Federación de Productores de Coca de la Asuntas sino negociando directamente con pequeñas comunidades. Ibarra anunció que existen cuatro comunidades yungueñas que hasta fin de mes firmarían convenios para reducir sus cultivos.