Redacción de Econoticiasbolivia.com (La Paz, octubre 3, 2006).- Pródigos en amenazas y en gestos simbólicos e histriónicos, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales y la rancia oligarquía petrolatifundista de Bolivia continuaban este martes midiendo fuerzas para definir el rumbo de la Asamblea Constituyente.Una reunión de emergencia de los gobernadores, alcaldes y […]
Redacción de Econoticiasbolivia.com (La Paz, octubre 3, 2006).- Pródigos en amenazas y en gestos simbólicos e histriónicos, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales y la rancia oligarquía petrolatifundista de Bolivia continuaban este martes midiendo fuerzas para definir el rumbo de la Asamblea Constituyente.
Una reunión de emergencia de los gobernadores, alcaldes y comités cívicos de las cuatro regiones dominadas por la oligarquía declaró anoche el desacato y la resistencia civil, si el gobierno de Morales continuaba adelante con su intención de imponer su mayoría en la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución Política del Estado, sin el aval de los oligarcas. De inmediato, el gobierno de Morales calificó esta declaratoria como «subversiva» y «sediciosa».
La reacción de las agrupaciones empresariales y logias de poder, asentadas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, surgió tras que la mayoría de los asambleístas del MAS aprobaran la pasada semana el primero de 104 artículos del Reglamento de Debates de la Constituyente, declarando el carácter «originario y fundacional» de la convención. Esta definición sitúa en perspectiva a la Constituyente en un poder por encima de los actuales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), aunque sin interferir con ellos hasta su aprobación formal, dentro de un año.
La minoría conservadora y regionalista, que ya ejecutó a mediados del mes pasado un paro de 24 horas contra Morales en las cuatro regiones, alega que la Constituyente debe ser derivada y no originaria, es decir reformadora, sin posibilidades de refundar el país bajo nuevas bases políticas, sociales y económicas, tal como pregona insistentemente la versión gubernamental, aunque sin un programa sólido de reivindicaciones que lo sustente.
Ayer, las deliberaciones de la Constituyente quedaron suspendidas, ante las indecisiones y vacilaciones de los asambleístas de la izquierda indigenista leales a Morales, que parece orientarse a aprobar ese Reglamento a cámara lenta para forzar a los asambleístas de la oligarquía a llegar a un acuerdo.
Empantanada en el análisis del reglamento que defina su funcionamiento, la Asamblea no avanzó casi nada a dos meses de su inauguración, por la indefinición del MAS, que hasta ahora se abstuvo de imponer su clara mayoría en la Asamblea para no romper totalmente con las fuerzas de la oligarquía, que demandan el respeto al poder de veto que el propio oficialismo les otorgó en la Ley de Convocatoria a la Constituyente con el mecanismo de los dos tercios. Hasta ahora el MAS no ha querido imponer su mayoría, por instrucción directa de Evo Morales y de su influyente entorno blancoide-mestizo, que teme que la ruptura del pacto con la oligarquía origine un enfrentamiento de impredecibles consecuencias.
LA DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ
El encuentro de cuatro horas de los representantes de la oligarquía, que tienen gran influencia en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, donde controlan a casi todas las organizaciones empresariales, cívicas y sindicales, con excepción de las campesinas, señala textualmente:
1.- En caso de persistir el irrespeto a la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y de aprobarse la reforma constitucional al margen de ella, expresamos nuestra decisión de no acatar el texto de la nueva Constitución Política del Estado. Del mismo modo, los departamentos en los cuales el pueblo votó por el Sí a la autonomía, consideraremos la declaratoria de departamentos autónomos cumpliendo el mandato de nuestros pueblos expresado en el histórico Referéndum del 2 de julio pasado, en caso de que esta aspiración histórica que busca reafirmar la unidad y solidaridad nacional, sea anulada en la Asamblea Constituyente.
2.- Convocar a un gran encuentro nacional de la Bolivia democrática, con la participación de los nueve departamentos del país, para defender la legalidad y la democracia que se encuentra en peligro.
3.- Reafirmar nuestra decisión de defender, en todos los escenarios posibles, el mandato de ley de convocatoria, que establece que la reforma constitucional, debe ser aprobada de manera ineludible por dos tercios de voto de los asambleístas y que define la naturaleza de la Asamblea como derivada y no como originaria, fundacional ni plenipotenciaria. En esa línea declaramos nuestra decisión de denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional, el atropello y violación de nuestra Constitución Política del Estado y de la Ley Especial de la Asamblea Constituyente, a la vez que se trabajará en la presentación de los recursos constitucionales que correspondan para resguardar la democracia y el Estado de derecho.
4.- En este contexto, impulsaremos la convocatoria a un referéndum en nuestros departamentos para consultar la voluntad de nuestros pueblos, en torno si están dispuestos de aceptar la pretensión que existe de crear un nuevo Estado sin respetar las decisiones democráticas del conjunto de los bolivianos.
REACCIONES
Los parlamentarios del MAS calificaron este pronunciamiento como sedicioso. El jefe de la bancada de senadores del MAS, Gastón Cornejo, señaló que los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando muestran la división entre quienes quieren el privilegio de seguir manejando el país y entregando su recursos naturales y los pobres que quieren más equidad y justicia.
A su vez el senador masista Antonio Peredo sostuvo que los cuatro prefectos y comités cívicos, representan a una corriente política que demostró en las últimas elecciones que cada vez es más minoritaria.
El diputado del MAS, Javier Zabaleta, dijo que se quiere llevar al país a un escenario de enfrentamiento, sin entender que lo que salga de la Asamblea Constituyente, tendrá que ir a un Referéndum el 2007.
Por su parte, el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, aliado al MAS, exigió al Gobierno hacer cumplir las leyes. «Se debe utilizar a la Policía y a las Fuerzas Armadas para hacer cumplir las leyes. Creemos que es el momento de que se respete las normas del país. La posición de los cívicos es considerada como un desacato y sedición», aseguró.