Sin ceder nada y con los dos ojos puestos en la ambivalente clase media, donde buscan más respaldo para desgastar al contrario, el presidente Evo Morales y los prefectos (gobernadores) opositores acordaron iniciar un diálogo de sordos sobre la crítica situación política que vive Bolivia. En lo formal, tanto Morales como sus opositores, que representan […]
Sin ceder nada y con los dos ojos puestos en la ambivalente clase media, donde buscan más respaldo para desgastar al contrario, el presidente Evo Morales y los prefectos (gobernadores) opositores acordaron iniciar un diálogo de sordos sobre la crítica situación política que vive Bolivia.
En lo formal, tanto Morales como sus opositores, que representan los intereses de la oligarquía, dicen que la reunión prevista para el 7 de enero podría servir para desactivar la crisis política que virtualmente ha generado dos gobiernos en Bolivia, el legal y de la izquierda indigenista que domina en el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y otro de facto, de derechas, asentado en los llanos y parcialmente en los valles (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
Nadie cede
Sin embargo, en lo real, los hechos parecen torpedear toda iniciativa de diálogo. El gobierno de Morales ha puesto en vigencia la ley financial del 2008, recortando los ingresos de las prefecturas para financiar un modesto bono (300 dólares al año para los ancianos mayores de 60 años) y sigue adelante con su proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Estas dos medidas son rechazadas de plano por los prefectos, que son la cabeza visible de una oposición derechista, racista y reaccionaria, que ha tenido sin embargo la virtud de organizar, aglutinar y dirigir a casi todos los sectores (excepto los campesinos e indígenas) de cuatro de las nueve regiones de Bolivia en contra de Morales.
Los prefectos y los movimientos cívicos que los acompañan, por su parte, avanzan en sus intentos por legalizar, vía referéndum, sus ilegales y separatistas estatutos autonómicos, que en los hechos les permiten constituirse en verdaderos Estados, con capacidad para dictar sus propias leyes, contar con un brazo armado legal (policía), disponer a su antojo de sus recursos naturales (gas, tierra, bosques), manejar la educación fiscal, los medios de prensa, los impuestos y la vida en sociedad, sin injerencia ni participación del gobierno central, todo ello en abierta subversión y desacato.
Tras la clase media
En el fondo, tanto Morales, que cuenta con la adhesión total de campesinos e indígenas y parcial de los sectores laborales y populares urbanos del altiplano, como los prefectos hablan del diálogo y la pacificación para ganar el apoyo de la clase media, atemorizada ante el peligro de conflictos sociales y regionales. Ambos quieren mostrarse como pacifistas y demócratas y demostrar, al mismo tiempo, que el intransigente y culpable de la crisis es el contrario.
En rigor, sin embargo, el más interesado en el diálogo y la pacificación es el presidente Morales, que busca mayor gobernabilidad y retomar, mediante la conciliación con la oligarquía, el control real sobre los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que están en manos de los opositores.
La oligarquía y la derecha fascista, en cambio, apuesta, al menos por ahora, a la confrontación, mecanismo que le ha permitido fortalecerse desde hace dos años, luego de que en el 2003 y 2005 estuvieran al borde de la sepultura.
Piropos y show
Una vez que los prefectos opositores anunciaran su disposición a reunirse con el Presidente, Morales saludó la apertura al diálogo de sus rivales y dijo que esas autoridades departamentales habían «recapacitado» en sus posiciones radicalizadas.
«Mi deseo es que como un solo hombre, junto a los prefectos apostemos por la unidad y la democracia», dijo Morales en una de sus últimas apariciones públicas del 2007.
Los prefectos de Santa Cruz (el racista y ultraderechista Rubén Costas), de Cochabamba (el ex capitán fascista Manfred Reyes Villa), de Tarija (el derechista y estrecho colaborador del genocida Gonzalo Sánchez de Lozada, Mario Cossío) de Beni (el derechista Ernesto Suárez) y de Pando (el derechista y millonario ganadero Leopoldo Fernández), acordaron reunirse con Morales, pero poniendo sus condiciones.
Condicionamientos
Sus exigencias se basan en una agenda de cuatro puntos que se orientan a liquidar toda perspectiva racional de diálogo. El primero está referido a eliminar la redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) definida por Morales. Los otros tres puntos están vinculados a las autonomías, a la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente y rechazada por los opositores y el cuarto para otros temas que disponga el Gobierno.
Sobre la naturaleza del diálogo, el prefecto de Santa Cruz fue en extremo elocuente. «Concertación no significa ir a ceder», dijo en clara alusión de que no aceptarán la redistribución departamental del IDH y la nueva Constitución Política del Estado.
«Se trata de demostrar, dijo Rubén Costas, que nunca han rehuido al diálogo». Por su parte, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, afirmó que si el Gobierno «quiere careo, careo tendrá».
Por todo lo visto, el diálogo de sordos es una realidad, por lo menos mientras uno de los contendientes no ceda en su posición y en tanto no se incorporen plenamente a la pelea los sindicatos y organizaciones populares urbanas, que quieren, por lo menos declarativamente, ir más allá del tibio reformismo gubernamental para liquidar el latifundio y las enormes ventajas que mantiene la oligarquía boliviana aún en los tiempos de la «revolución democrática y cultural» del indigenismo izquierdista y que son la base sobre la que se levanta, cada vez con más fuerza, el fascismo y el racismo.