El ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y la embajada de Estados Unidos se culpan hoy mutuamente por la entrega de 41 misiles de las Fuerzas Armadas al país del norte, que motiva un proceso contra el primero. En un intercambio recogido por la prensa local, ambas partes ofrecen sus argumentos sobre el envio a […]
El ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y la embajada de Estados Unidos se culpan hoy mutuamente por la entrega de 41 misiles de las Fuerzas Armadas al país del norte, que motiva un proceso contra el primero.
En un intercambio recogido por la prensa local, ambas partes ofrecen sus argumentos sobre el envio a Estados Unidos de los cohetes de procedencia china, del cual Washington quiere responsabilizar al ex gobernante.
Ante la reiterada posición norteamericana, Rodríguez negó haber pedido que los misiles sean sacados del país y emplazó a la embajada a que muestra la solicitud que alega haber recibido.
«Yo no solicité nada a la embajada nortemericana; si tienen la solicitud que la exhiban», dijo en tono desafiante el ex mandatario que gobernaba en octubre pasado, cuando personal militar norteamericano retiró de arsenales bolivianos los misiles, para sacarlos del país.
Invocó las conclusiones de una investigación de su administración -de junio de 2005 a enero de 2006-, que llegó a la conclusión de que el retiro de los misiles se hizo sin respetar los procedimientos legalmente establecidos y sin la autorización de autoridad alguna.
El informe estuvo a cargo del ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez, y el ex jefe de las Fuerzas Armadas almirante Marco Justiniano, quienes son coacusados de Rodríguez en el proceso para el cual la Corte Suprema de Justicia pidió autorización al Congreso.
La representación diplomática insistió en cargar tácitamente todas las culpas del escándalo en Rodríguez, al que la Corte Suprema de Justicia acusa de espionaje y sometimiento a un gobierno extranjero, por la entrega de los cohetes tierra-aire.
La embajada norteamericana reiteró extraoficialmente que el gobierno de Rodríguez pidió ayuda a Washington para desactivar los misiles, de fabricación china, que estaban supuestamente obsoletos y deteriorados, lo que ha sido desmentido por militares bolivianos.
«Todo el procedimiento fue hecho de manera legal y respetando las normas vigentes», sostuvo la declaración estadounidense, pese a que el ex presidente dijo no haber autorizado la salida de las armas de fabricación china, sino únicamente su desactivación.
Según la Constitución, el juicio requiere la autorización previa del Parlamento, con el voto de dos tercios de los legisladores y, entre estos, los representantes del gobernante y mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS) han adelantado que votarán a favor.
El MAS, que denunció el caso antes de llegar al gobierno, tiene más de la mitad de los escaños legislativos, lo que hace necesario el respaldo de otros grupos para alcanzar la mayoría requerida para autorizar el juicio.
Los grupos Poder Democrático Social, del ex presidente Jorge Quiroga -reo en otro proceso pendiente de aprobación parlamentaria-, y Unidad Nacional (UN), del millonario Samuel Doria Medina, anunciaron su oposición al proceso.
Ese rechazo puede imposibilitar el juicio, al impedir los dos tercios de los votos, y alegan que el proceso es una maniobra política gubernamental contra Rodríguez.
La afirmación desafía el hecho de que la Corte Suprema tiene una composición ajena y para muchos contraria políticamente al gobierno de Evo Morales, quien ha demandado reiteradamente castigo a quienes desarmaron a la defensa antiaérea del país.
Apenas asumió la Presidencia, el enero pasado, Morales sustituyó al alto mando de las Fuerzas Armadas y separó de filas a cerca de una treintena de generales involucrados de una u otra manera en el escándalo de los misiles.