En México hay una cifra de 250 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, personas que son víctimas de este crimen que el Estado comete con el objetivo de someter al pueblo a la pasividad, al miedo, terror para que no se organice y luche por mejorar sus condiciones de vida. El 95 por ciento de estos casos se mantienen en total impunidad como el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz al cumplirse el día de hoy 4 años en esa condición.
En la actualidad el gobierno estatal y el federal hacen todo lo posible para que no se investiguen los crímenes de lesa humanidad en esta entidad, en especial cuando éstos tienen motivaciones políticas, protegen a los responsables de la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados.
Un caso ampliamente documentado en el estado de Chiapas que demuestra la existencia del crimen de la desaparición forzada y la impunidad como política de gobierno, es el de Fidencio Gómez Sántiz. Al tratarse de un integrante del pueblo organizado, florece la nula voluntad política para dar con su paradero y responsables, hecho que expresa continuidad de una política de impunidad.
Fidencio fue víctima de este flagelo por motivos políticos, por defender los derechos del pueblo y luchar contra la represión y el terrorismo de Estado en el sexenio anterior. Habitante de la comunidad organizada Las Perlas en el municipio de Altamirano, Chiapas, se sumó a diversas jornadas para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos de manera forzada, exigió la desarticulación de los grupos paramilitares, entre ellos, “Los Petules” quienes agreden constantemente a las comunidades organizadas en el FNLS en el municipio de Ocosingo, entre otras exigencias populares.
El 5 de marzo de 2016 regresó a su comunidad y en ese trayecto fue detenido desaparecido en el municipio de Ocosingo, el casó fue denunciado ante el Ministerio Público radicada en la Carpeta de Investigación 090-059-1003-2016, misma que hasta el año pasado no presentaba avances sustanciales para dar con su paradero, por el contrario, mientras el asesor jurídico pregunta por la carpeta de investigación para conocer los avances, la respuesta del Fiscal es que está extraviada.
La respuesta del Fiscal no se debe a un descuido o casualidad, forma parte de una orden de las máximas autoridades, desvanecer toda evidencia que demuestren responsabilidad del Estado en la materialización de la violencia institucional y del cometido de la desaparición forzada, en otras palabras es un indicativo de imposición de la impunidad.
No es de mucha sorpresa el actuar de las instituciones, al frente de una de ellas está un criminal de Estado responsable de tortura y represión, Jorge Luis Llaven Abarca Fiscal General del Estado se ha encargado de criminalizar la protesta, crear expedientes incriminatorios y proteger a los responsables de la violencia institucional contra el pueblo.
Ismael Brito Mazariegos Secretario General del Estado y Rutilio Escandón Cadenas representante del ejecutivo estatal ejercen una campaña represiva contra las organizaciones independientes e imponen la impunidad como forma de ocultar su responsabilidad en la violencia desatada en todo el estado, así como para proteger a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en sexenios pasados.
A nivel federal las cosas en el tema de justicia tienen la misma lógica, impunidad, no hay muestras de voluntad del gobierno de la república por atender a los familiares de víctimas y dar con el paradero de los detenidos desaparecidos así como enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, máxime cuando se trata del Ejército y sus mandos.
Por ejemplo, Manuel Velazco Coello, no responde por los crímenes cometidos en su administración ni por sus actos de corrupción, por el contrario, es premiado con nuevos puestos dentro de las instituciones en la administración actual, lo mismo sucede con el grupo paramilitar “los petules”, no son castigados por sus crímenes, son premiados y protegidos.
Gobierno federal y estatal deben responder ante los cuestionamientos de los familiares de víctimas de desaparición forzada, no pueden evadir su responsabilidad o únicamente estarían exhibiéndose aún más como los protectores de los criminales de Estado.
Hemos dejado claro que no queremos “el perdón”, queremos la ¡presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia! la represión que ahora aplican contra nuestra organización y el conjunto del movimiento popular desenmascara su verdadera esencia represiva y criminal, los crímenes de lesa humanidad no se resuelven con más crímenes sino con justicia.
Está en manos del gobierno federal poner un alto a la violencia, poner un alto a los responsables de la represión en Chiapas para evitar más derramamiento de sangre. Como organización popular nuestra lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos no se detiene, por el contrario, ante el clima de represión e impunidad toma un nuevo aire las demandas de justicia.
El clima de violencia en la entidad genera cada vez mayor descontento popular y protesta, no hay otra alternativa para el pueblo que la denuncia, acción política combativa para frenar esta política criminal.
Para nadie es un secreto que el actual gobierno de Chiapas busca a como dé lugar destruir a las organizaciones, odia al pueblo que lucha por justicia y mejores condiciones de vida, situación que nos llama como pueblo a fortalecer la organización popular e independiente.
En este contexto el FNLS sale a las calles y plazas públicas a exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no descansaremos ¡hasta encontrarlos!