¿Existe una policía que defiende realmente la gente, y una justicia eficiente que respete sus derechos? Seguramente no, podríamos contestar, conociendo los abusos que, en cada lugar del planeta, perpetran los cuerpos policiacos y las autoridades judiciales. Sin embargo, en América Latina varias experiencias populares de justicia y seguridad van en sentido contrario a nuestras […]
¿Existe una policía que defiende realmente la gente, y una justicia eficiente que respete sus derechos? Seguramente no, podríamos contestar, conociendo los abusos que, en cada lugar del planeta, perpetran los cuerpos policiacos y las autoridades judiciales.
Sin embargo, en América Latina varias experiencias populares de justicia y seguridad van en sentido contrario a nuestras convicciones: un ejemplo es el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero.
En los días 14 y 15 de octubre se celebró el 14° aniversario de esta institución popular, un encuentro rico de propuestas que abre nuevas perspectivas organizativas a nivel regional; un evento que ha desafiado la campaña de hostigamiento que en los últimos meses el Ejercito y la Policía Estatal han recrudecido. Justamente en el día de inauguración del evento, un grupo de Policías Comunitarios que se dirigían al encuentro fueron detenidos por medio día en un retén del Ejército. El hecho, que llamó la atención por haber sucedido en un día especial, es solo un ejemplo de la cotidianeidad de represión y amenazas que vive esta organización indígena, ejemplar en la práctica de la autodefensa y la autonomía.
El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria es sin duda, después del zapatismo, el proceso de autonomía indígena más importante en México. Pero su importancia trasciende el ámbito nacional, enseñando que es posible construir una justicia diferente que rechaza el castigo, y que la seguridad, en lugar de ser pretexto para la represión (como es utilizada por los gobiernos de arriba), puede significar la defensa de un territorio por parte de sus habitantes, en contra de la arrogancia de los narcotraficantes y de las policías corruptas.
«El respeto a nuestros derechos será justicia»
La Policía Comunitaria nace el 15 de octubre de 1995, como respuesta a la exasperación de la violencia y la criminalidad en la región de la Montaña y Costa Chica. En esta zona, catalogada por la ONU como la más pobre de AL, los habitantes luchan diariamente contra la violencia, la pobreza, el narcotráfico, la falta de acceso a la justicia y la fuerte presencia militar.
La población indígena, históricamente discriminada por las autoridades, decidió resolver sus necesidades organizándose y ejerciendo su derecho a la libre determinación: crearon así un sistema autónomo de control del territorio y de vigilancia comunitaria organizado a nivel regional, en donde la seguridad y la justicia se entienden como cargo comunitario, gratuito y voluntario. Los más de 600 Policías Comunitarios, distribuidos en las 72 comunidades que integran el sistema, son coordinados por el Comité Ejecutivo, mientras la justicia es impartida colectivamente por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y las Asambleas.
Otra Justicia
En la resolución de los conflictos las autoridades regionales no aplican una justicia punitiva, sino privilegian siempre la conciliación entre las partes, elemento característico de las culturas indígenas. Cuando esto no es posible, y la CRAC juzga el acusado como culpable, la pena prevista es la reeducación, o sea realizar trabajos útiles en las comunidades, promoviendo la reintegración a la sociedad de los detenidos.
Las mismas autoridades judiciales confirman la eficacia del Sistema: la criminalidad en la región ha disminuido del 95%. Se trata de una extraordinaria experiencia intercultural, en la que los pueblos me’phaa (tlapanecos), ñu saavi (mixtecos), nahuas y mestizos de la región están practicando su derecho a la autonomía, tal como es reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU y los Acuerdos de San Andrés.
Legalidad versus legitimidad
Lamentablemente, el derecho a la autonomía sigue siendo un tabú para el estado mexicano. El conflicto que emerge es entre la legalidad a la que se apela el Estado y la legitimidad con la que cuentan la CRAC y la Policía Comunitaria.
Las 38 de órdenes de aprehensión por «violación de los derechos humanos», «privación ilegal de la libertad» y «abuso de poder» se deben a las demandas presentadas por los familiares o las mismas personas detenidas y sometidas a reeducación por la CRAC. Según el sistema jurídico mexicano, que no reconoce la institución jurídica autónoma, esto representa una violación de los derechos humanos individuales. Como ha acontecido en acusaciones contra las autoridades zapatistas en Chiapas, el discurso de los derechos humanos se utiliza con frecuencia como mecanismo de control por parte de los gobiernos.
Uno de los temas abordados en las mesas de discusión durante el 14° Aniversario ha sido precisamente la relación entre el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y el Estado. No obstante se hayan realizado intentos de acercamiento y dialogo con las autoridades estatales, las negociaciones siempre se han interrumpido frente a la reiterada voluntad de institucionalizar a la Policía Comunitaria, asimilándola a los cuerpos de Policía Municipal. La organización rechaza cabalmente esta postura, ya que acabaría con la autonomía decisional de la institución comunitaria; asimismo, los Policías Comunitarios ya no podrían ser nombrados en las asambleas, sino a través de los mecanismos formales y con los requisitos establecidos por las instituciones.
Por este motivo, en el aniversario, se reiteró que «este proyecto no necesita el reconocimiento del gobierno, porque basta y sobra que el pueblo lo avale y lo respete». La Policía Comunitaria exige el respeto y rechaza el reconocimiento (frecuentemente usado por los gobiernos para reducir la autonomía de los movimientos).
«La relación institucional con el estado no existe ni la requerimos, porque el pueblo es libre y soberano como lo mandata la Constitución. Las órdenes de aprehensión representan una lógica de venganza y criminalización de la justicia comunitaria», se dijo en la declaración final del aniversario.
Campamento Gral. Enrique Rodríguez: blanco de la represión
Este año la Policía Comunitaria celebró su aniversario en una comunidad de larga tradición de lucha: el Campamento General Enrique Rodríguez, ubicada en el municipio de Marquelia, a escasos kilómetros del mar, entre grandes plantíos de cocos y campos de maíz. En la comunidad la organización colectiva es una práctica profundamente arraigada en todos los aspectos de la vida cotidiana.
El Campamento tiene este nombre porque, con la misma táctica de los Sem Terra brasileños, hace veinte años un grupo de campesinos decidieron ocupar la hacienda de un rico ganadero español, acampándose en una parte del latifundio y empezando a cultivarlo. La determinación de los campesinos pudo ganar sobre los pistoleros del latifundista, que finalmente abandonó la zona.
El Campamento organizó su Policía Comunitaria hace apenas un año y medio, pero ya ha sido repetidamente objeto de la represión del estado. Hace unos meses, la Policía Estatal entró en la comunidad para detener una persona, sin respetar la autoridad y la jurisdicción de la policía Comunitaria: la tensión degeneró en un enfrentamiento que duró algunas horas. Al final de agosto, 80 soldados irrumpieron en la comunidad arrestando 12 Policías Comunitarios, acusándolos en un primer momento de ser miembros de un grupo guerrillero (el EPR) y juego justificando la aprehensión por el hecho que, al momento del operativo, los campesinos no traían una identificación oficial.
Episodios como éstos son un ejemplo de la estrategia del Estado mexicano, que, bajo el pretexto de la lucha al narcotráfico y a la guerrilla, mira a criminalizar las organizaciones independientes y los movimientos. En los últimos tiempos, los activistas son frecuentemente acusados de ser vinculados al narco y por esto arrestados, en un clima de impunidad y miedo provocado por la militarización en vastas regiones de México, entre las cuales emerge Guerrero.
La última provocación llegó precisamente mientras se inauguraba el 14° aniversario: un grupo de Policía Comunitaria que se dirigía al evento fue detenido durante varias horas por un retén (ilegal) del Ejército. La respuesta no se hizo esperar: al día siguiente, 15 de octubre, más de 700 policías comunitarios, uniformados (con gorrito y playera) y armados, marcharon por las calles de Marquelia, cabecera municipal, acompañados por los participantes al encuentro.
14 años de lucha: nuevos proyectos y perspectivas para la Policía Comunitaria
La relativa seguridad en la región y la presencia de una justicia cercana a la gente son las grandes conquistas del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, que pero no puede cierto dormirse en los laureles. La crisis económica y la creciente descomposición social que se vive en todo el país se sienten también en esta región indígena y rural. En los últimos tiempos se registra un aumento de la delincuencia, a causa de la falta de alternativas y de la pobreza en aumento. Se viene diciendo desde hace años, pero ahora más que nunca es necesario que la organización comunitaria amplíe su influencia a otros aspectos de la vida cotidiana y refuerce la construcción de autonomía y de una sociedad alternativa.
En este sentido, el encuentro para el aniversario de este 2009 ha sido rico en reflexiones y propuestas. Animaron el debate colectivos y organizaciones provenientes de varios estados de México, así como una delegación de la Vía Campesina Internacional, integrada por representantes del Movimiento Sem Terra brasileño, activistas del Salvador y mexicanos.
La Vía Campesina alimentó la discusión sobre el tema de la soberanía alimentaria, y al final estableció formalmente una alianza con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Los proyectos que así se impulsarán prevén la cultivación orgánica, la creación de un banco de semillas locales y de un mercado regional.
El tema de la soberanía alimentaria es estrechamente ligado al de la salud, en una región donde la pobreza alcanza niveles extremos, junto con la desnutrición y la muerte por enfermedades curables. La discusión acordó crear el Sistema Comunitario de Salud, y formar promotores de salud en todas las comunidades integradas a la Policía Comunitaria. El proyecto es impulsado por la Caravana Estudiantil R. Zavala de la UNAM, en colaboración con profesores y estudiantes de medicina de la UAM y de la UNAM. Asimismo, médicos especializados propusieron una campaña enfocada a combatir el hambre y la desnutrición, promoviendo los Módulos Comunitarios de Vigilancia contra el Hambre y estableciendo Canastas Regionales de Alimentos.
Por otro lado, la discusión dedicada a la participación de las mujeres informó que está lista para instalarse la Casa Comunitaria de Salud de la Mujer, en San Luis Acatlan, en la que participan seis organizaciones de mujeres de la región.
Durante el aniversario, momento de fiesta e encuentro entre numerosas organizaciones indígenas del estado, el tema de la seguridad comunitaria y del derecho a la autodefensa de los pueblos indígenas ha sido abordado por muchos participantes. La delegación de Temanazapa, perteneciente al municipio de Tlacoapa, comentó la inminente formación de una Policía Comunitaria en la zona.
Un llamado a la unidad y a la coordinación de los proyectos de autonomía y resistencia llegó desde los colaboradores de Radio Ñomndaa, histórica emisora comunitaria de Xochistlahuaca, y desde los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca.
Y es con el apoyo de tantas organizaciones que la Policía Comunitaria se enfrenta a esta nueva etapa de construcción. Pero no sólo fue discusión la convivencia en la comunidad costeña: trovadores y soneros de Guerrero compartieron el escenario con grupos de danza regional de la Universidad de Guerrero. Al caer la noche, la atención de todos los presentes (en particular los indígenas de la región) fue cautivada por la historia de amor entre un insurgente del EZLN y una joven base de apoyo, relatada en la película Corazón del tiempo. La proyección, que fue un éxito entre todos los presentes, trazó un filo virtual entre las dos experiencias de resistencia y de autonomía indígena que destacan en este México contemporáneo, el México de la crisis de arriba y de las alternativas de abajo.
– Giovanna Gasparello es antropóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.