En mayo del 2005, antes de concluir su mandato presidencial, Néstor Kirchner firmó el decreto 527 a través del cual prorrogó por 10 años las licencias de servicios de radiodifusión vigentes en la Argentina aludiendo, entre otras cuestiones, que en virtud de la grave crisis que atravesó el país… los medios de comunicación, orientados básicamente […]
En mayo del 2005, antes de concluir su mandato presidencial, Néstor Kirchner firmó el decreto 527 a través del cual prorrogó por 10 años las licencias de servicios de radiodifusión vigentes en la Argentina aludiendo, entre otras cuestiones, que en virtud de la grave crisis que atravesó el país… los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, fueron uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que provocó situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Esta decisión fue objetada -entre otros- por el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, quién sostuvo que el decreto 527 era una capitulación ya que, a través de él, los grandes grupos económicos tendrían 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. Y, por su parte, también desde la Central de los Trabajadores de la Argentina se criticó la extensión de las licencias a los canales de televisión y a grupos monopólicos que son explotadores de trabajadores, fomentan el trabajo en negro, realizan persecuciones ideológicas, y propician la falta de libertad de expresión.
Pero en estos días el gobierno argentino, que se caracteriza por sus imprevistos giros políticos e ideológicos, promovió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de la cual busca democratizar y universalizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; impedir la formación de monopolios y oligopolios; fomentar la producción nacional; y propiciar la participación de cooperativas, universidades, pueblos originarios y organizaciones sin fines de lucro en los medios audio visuales argentinos.
Ahora bien, teniendo en cuenta la manera en la que los medios oficiales difunden o silencian los acontecimientos que pasan en su país, muchas organizaciones sociales apoyaron la nueva ley de comunicación -que reemplaza a la elaborada en épocas dictatoriales- pero, paralelamente, se mostraron escépticas a la hora de creer que el gobierno argentino verdaderamente quiera democratizar la comunicación.
En este sentido, por ejemplo, resulta dificultoso hallar algún medio oficial que divulgue las promesas incumplidas por el gobierno argentino lo cual quedó evidenciado, entre otras tantas veces, cuando Cristina Kirchner sostuvo que su gobierno iba a reconstruir o refaccionar las viviendas que en Tartagal (Salta) habían sido destruidas por un alud en febrero de este año pero, al día de hoy, solo se realizaron el 40% de las obras prometidas.
Tampoco es sencillo encontrar información sobre lo que esta ocurriendo en San Pedro (Misiones) donde, ante un tornado que provocó muertes y destrucción de inmuebles, el gobierno argentino garantizó que iba a prestar ayuda a los lugareños pero, como lo afirmó recientemente Orlando Wolfart -intendente de San Pedro-, las donaciones prometidas por Cristina Kirchner no llegaron a la localidad, de los 600 mil pesos en mercadería que se prometió desde la Aduana, sólo llegaron 70 bultos y un televisor.
Así mismo los medios oficiales brindaron una amplia difusión al anuncio realizado por Cristina Kirchner, el pasado 14 de agosto, en donde afirmó que se iban a crear 100.000 puestos de trabajo para que tengan inserción laboral los integrantes de las cooperativas argentinas; pero, como contrapartida, fue escasa la cobertura que le dieron a las protestas realizadas por numerosas organizaciones sociales que denunciaron las serias dificultades que tenían para acceder a estos puestos laborales, entre otras cuestiones, porque la asignación de los mismos estaba en manos de punteros políticos aliados al gobierno.
Por otra parte, el pasado 25 de septiembre, mientras la Policía Bonaerense reprimía brutalmente a los trabajadores de la firma Kraft Foods que mantenían ocupada la empresa reclamando que la multinacional reincorpore a todos los despedidos tal y como lo había ordenado el Ministerio de Trabajo de la Argentina, en el canal estatal se mostraban dibujos animados.
Y, por último, en los medios oficiales poco -o nada- se dice sobre las llamativas estadísticas dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina según el cual, en contraposición con las mediciones realizadas por numerosas organizaciones sociales y consultoras privadas que muestran un panorama mucho mas desalentador, del total de la población argentina el 13,9% vive en la pobreza y el 4% en la indigencia.
Por todas estas razones, y procurando abandonar la lógica del gobierno argentino que -en palabras del coordinador del Movimiento Barrios de Pie, Roberto Baigorria- pretende que no se diga nada en contra de sus políticas porque sino se le hace el juego a la derecha o se crea inestabilidad social o realidades desestabilizadoras o des instituyentes, muchos acuerdan en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene el objetivo de democratizar los medios de comunicación pero, paralelamente, dudan que el gobierno argentino tenga la intención de que se transmita información veraz sobre la realidad de su país.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.