Dentro de los muros los detenidos corren peligro de ser violados, torturados, obligados a salir de las unidades con el fin de cometer delitos e incluso ser asesinados por realizar denuncias
Un informe elaborado por el Comité Contra la Tortura, presidido por el fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón, que se encarga de vigilar el estado de los detenidos en las 52 cárceles de la Provincia de Buenos Aires, arroja como resultado varios casos de torturas y asesinatos cometidos por los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.).
La realidad de los más de 28 mil presos de las cárceles bonaerenses muestra que dentro de los muros los detenidos corren peligro de ser violados, torturados, obligados a salir de las unidades con el fin de cometer delitos e incluso ser asesinados por realizar denuncias contra el SPB. El informe elaborado por el Comité Contra la Tortura revela una llamativa coincidencia entre los presos suicidados y quienes habían denunciado previamente a algún miembro policial por apremios dentro de las cárceles. También se pudo comprobar el uso de la picana eléctrica.
Uno de los casos que surge de éste informe es el de Luis Monterrosa, de 23 años, quien se suicidó en el año 2005, justo dos días antes de prestar declaración por una denuncia que había hecho contra el Servicio en la Unidad Penal 24. Un agente del SPB relató que vio como Monterrosa se autolesionaba e incendiaba su colchón, produciéndose heridas que terminarían siendo mortales. Sin embargo, el informe confirma que a Monterrosa: «No sólo no lo protegieron sino que además lo violaron, golpearon y prendieron fuego los propios miembros del SPB ya que nadie más podía tener acceso al detenido». De todos modos, para el gobierno bonaerense de Felipe Solá, esos casos son agresiones o autolesiones producidas por los mismos presos.
Prensa De Frente entrevistó al fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón, quien también es miembro de la Comisión por la Memoria y comprobó los graves delitos cometidos por el SPB.
¿Cómo es el estado de los detenidos dentro de las cárceles?
-Las cárceles bonaerenses son un verdadero lugar de extermino de personas. Allí no hay respeto por nadie y se trata a los detenidos como basura. Son depósitos de carne humana sin valor alguno e incluso se los obliga a salir del penal para delinquir. Además, también se los traslada lejos de sus familias a cientos de kilómetros y la capacidad de los edificios está colapsada.
¿Qué delitos ha podido comprobar el Comité Contra la Tortura?
-Hemos evidenciado el uso de la picana eléctrica, torturas de todo tipo e incluso dos asesinatos de detenidos por parte de miembros del SPB quienes han querido hacer pasar los hechos por simples peleas entre presos o que ellos mismos se han lastimado.
¿Qué lo llevó a calificar a los presos como «desaparecidos en democracia»?
-Existe un sistema de calesita. Esto significa que pasean a los presos de un lugar a otro y cuando un juez o familiar quiere saber donde se encuentran, no se los puede localizar. En la práctica está desaparecido dentro del sistema, por eso se habilitó un registro único de detenidos pero sólo se registró al 10 por ciento de la población, por lo cual hay un 90 por ciento restante que está en estado de indefinición, en el limbo. Además el traslado significa ser golpeados al subir y bajar de las unidades, también un descenso en el puntaje de los detenidos para obtener libertad condicional u otros beneficios. Por este sistema de calesita tenemos presos que en cuatro meses han recorrido más de cuarenta unidades penitenciarias. Esto también es una forma de tortura.
Para el SPB no se trata más que de autolesiones o agresiones entre los detenidos, por eso no llama la atención que en ningún informe elevado por el gobierno de Felipe Solá sobre el estado de las cárceles se reconozca o haga alusión a alguna responsabilidad por parte de los miembros del Servicio. Sin embargo el Comité ha podido comprobar casos de supuestos ahorcamientos en lugares en donde era imposible llevarlos a cabo y donde sólo tenían acceso los guardiacárceles.
Por su parte el jefe penitenciario bonaerense, Fernando Díaz, niega los resultados de las investigaciones del Comité. En diálogo con el diario Perfil trató a los miembros de la Comisión por la Memoria de «mercenarios de los derechos humanos»: «Digo lo de mercenarios por el fiscal Cañón. Tienen un subsidio anual importante, el día que digan que en las cárceles pasan cosas positivas, se tiene que dedicar a otra cosa. Por eso son mercenarios».
Díaz también apoyó una resolución que prohíbe filmar y sacar fotos dentro de las cárceles. Cañón esta en total desacuerdo con esa medida: «El subsecretario de Políticas Penitenciarias, Mario Rotundo, sacó esa resolución y se nos complica cuando integrantes del Comité van a filmar dentro de los penales. Hace dos años que está el planteo hecho pero el Ministerio de Justicia lo cajoneó. Lo importante no es el crimen sino que no se sepa.» Respecto a las acciones tomadas por el gobierno bonaerense de Felipe Solá, Cañón afirmó: «El Estado no toma medidas para reformar profundamente el sistema y de alguna manera avala métodos que vienen de la época de la dictadura militar: una forma de exterminio de los internos».
El informe del Comité Contra la Tortura demuestra que prácticas que se aplicaban hace 30 años en plena dictadura militar para torturar y asesinar personas siguen ocurriendo hoy en día dentro de los muros de las cárceles y comisarías bonaerenses.