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La herencia de extranjerización de los recursos naturales disfrazada de concesiones y una ley que debe ser un comienzo

Fenómenos silenciosos

Fuentes: Revista Debate

En este mes, el gobernador de la provincia de Río Negro, el radical kirchnerista Miguel Saiz, viajará a la República Popular China para lograr un acuerdo de financiamiento e inversiones por cien millones de dólares. Su proyecto consiste en obtener fondos para irrigar, con caudal del río Negro, doscientas mil hectáreas que -en el marco […]

En este mes, el gobernador de la provincia de Río Negro, el radical kirchnerista Miguel Saiz, viajará a la República Popular China para lograr un acuerdo de financiamiento e inversiones por cien millones de dólares. Su proyecto consiste en obtener fondos para irrigar, con caudal del río Negro, doscientas mil hectáreas que -en el marco de este acuerdo- estarían destinadas a la producción (incluso de soja) para abastecer al mercado chino.

Desde la perspectiva china, es un eslabón más en la cadena de búsqueda de ese gobierno para obtener disposición de tierras que le permitan ampliar su «frontera agropecuaria».

China ha sufrido el agotamiento de parte del recurso territorial. Según informes de la Unesco, la superficie afectada es de, aproximadamente, más de un cuarto de la tierra del país. La desertificación avanza 2,5 mil kilómetros cuadrados por año; y cuatrocientos millones de personas, de una población de 1.300 millones, sufren las consecuencias de esa degradación, que es causada por el uso irracional del suelo, la mala gestión del agua y  -según la Unesco- de las explotaciones mineras y petroleras excesivas (atención 1). El clima aporta lo suyo, sumado a la ausencia de una efectiva política ambiental (atención 2), han generado esta gravísima situación. En consecuencia, China ha privilegiado la expansión de «su frontera», realizando, por ejemplo, compras de vastas extensiones en África. Precisamente este acuerdo respondería a la lógica de esta expansión extraterritorial de la «frontera agropecuaria china». En segundo lugar, este convenio de financiamiento e inversión, que se propone explorar en China el gobernador de Río Negro, podría estar asociado a la compra china de las extensiones a irrigar en ese territorio y a la radicación en ellas de familias de colonos chinos.

Algunas aclaraciones. La Argentina cuenta desde hace años -y particularmente revitalizado a partir de la presidencia de Néstor Kirchner- con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), que es el instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que conduce Julián Domínguez. Sólo para mencionar su potencial de apoyo y ejecución en materia de riego, podemos señalar que, por ejemplo, cuenta entre sus obras con 385 kilómetros de canales construidos y 282 kilómetros de drenes rehabilitados. 

En otras palabras, en el país hay potencial de realización, financiación e inversión en obras vinculadas al riego, y, además, un programa nacional específico para hacerlo en «moneda blanda». Más de una provincia ha dispuesto de sumas superiores a cien millones de dólares para sus proyectos vinculados al desarrollo rural, que cuentan, a través del Prosap, con el financiamiento del Banco Mundial, del BID y de otros organismos multilaterales. Es que esas agencias reconocen que la cuestión del incremento de la producción alimentaria es una prioridad que ha encontrado en el país una definición muy sólida y eficiente, cuyos resultados están a la vista. Hay más. 

Uno de los grandes problemas de la Argentina es la continua concentración de población en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Más de un tercio de los habitantes vive allí; y gran parte de quienes allí viven también es emigrada del interior del país.

Esta situación compleja, sino crítica, contrasta, por una parte, con el gran desierto argentino -medido por la baja densidad de población por kilómetro cuadrado que caracteriza a la región a la que pertenece Río Negro-, que es el agobio de un país vacío de enormes riquezas potenciales, como lo atestigua esta iniciativa que se ofrece a otros y no a los argentinos. Pero, en realidad, no es un desierto sino dos: el físico y el de idea de integración nacional, que duele más cuando se protagoniza en provincias que son hijas de la construcción del espacio argentino por la voluntad política de la Nación. Por la otra parte, contrasta con la huida -no por falta de recursos naturales sino por falta de proyectos de inversión y de infraestructura productiva- de los habitantes del interior histórico hacia las grandes concentraciones urbanas en busca de la deriva residual de una riqueza extremadamente concentrada. 

La situación descrita, harto conocida, denuncia por sí sola la ausencia de una política territorial y demográfica que, si bien debe ser prioritariamente de diseño nacional, debe también ser parte de la demanda federal de las provincias que reclaman el proceso de inclusión regional al que ha renunciado nuestro país hace años, dejando vacío un territorio integrado hace más de cien años y vaciando poblacionalmente el territorio que hizo nacer a la patria. Éstos son hechos, datos e historias personales de una gran frustración nacional. 

En ese contexto, con la demanda de inclusión por trabajo que vive nuestra Nación, con un diagnóstico apropiado acerca de las repercusiones de la estrategia de un país con el que debemos fortalecer las relaciones en el marco de nuestras decisiones tácticas nacionales y no de espejo, resulta inexplicable que una provincia que requiere -como se desprende de las acciones manifiestas de su gobernador- de asistencia financiera y de inversión para la habilitación por el riego de tierras aptas para la producción agropecuaria, no acuda en primer término a las fuentes locales que acabamos de describir, a los inversores locales, cuya capacidad económica y tecnológica está a la vanguardia del planeta; y pueda someter a la región a la profundización del proceso de extranjerización de la tierra, sumada a la tendencia a la especialización orientada por el mercado internacional. 

Sabemos que, felizmente, sectores del oficialismo y de la oposición están trabajando en un proyecto que termine con la extranjerización de la tierra rural. La acción del gobernador de Río Negro es un timbre de alarma que debe acelerar este proceso para evitar lo que puede ser irreversible. Como todos sabemos, la extranjerización es una hipoteca colectiva: recibimos algo por lo que nos pertenecía y deberemos pagar sin límite de tiempo por ello en forma de remesas. La inversión extranjera acompañada de tecnología es otra cosa, en la medida en que recibimos algo que no teníamos y que trae aparejada a una transferencia de tecnología de la que no disponíamos. En materia de producción agraria somos exportadores netos no sólo de producción sino de tecnología. Es imperioso que se tome conciencia que ésta es la punta de un iceberg cuyas consecuencias pueden ser realmente muy graves a mediano plazo. La extranjerización de los recursos naturales, disfrazada de concesiones por más de una generación, es una de las herencias más nefastas que dejó el neoliberalismo en el país. Se ha instalado en el corazón de la cultura nacional, y hoy, a pesar de su aparente ocaso, se palpa en decisiones o manifestaciones como las del gobernador de Río Negro, o en la defensa de la minería con pocos límites que otros gobernadores postulan.

Celebramos que, el miércoles, el Senado haya sancionado una ley que detiene el avance del proceso de agotamiento de los recursos hídricos procedentes de los glaciares. Detiene, porque el artículo 17 del texto de Diputados fue eliminado y, por lo tanto, no queda desde ahora prohibida la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida. Estamos a la espera de más definiciones: las mineras podrán continuar con sus emprendimientos mientras se realice el inventario de las zonas protegidas a partir de lo cual lo protegible será protegido. En el presente, ¿ganaron las mineras? Lo único cierto es que la pérdida del futuro será de ellas y la ganancia para la sociedad dependerá de la celeridad del inventario. Es mejor que lo que había. Pero no todo lo necesario para garantizar el agua que, hasta la explosión de la minería, teníamos sin discusión. Nadie olvide que la minería, básicamente extranjera, es la actividad que más beneficios y privilegios fiscales ha recibido de Carlos Menem y de quienes hasta la fecha lo han sucedido. ¿Qué cambió? Esta ley es un cambio que debemos agradecer a muchos y a los que militaron por ella, Miguel Bonasso y Daniel Filmus.

Los recursos naturales, la tierra, la minería, la energía están para ser explotados. Pero del modo de su explotación depende que el beneficio no se convierta en una carga irreversible. Dice bien del gobernador de Río Negro, su preocupación por el desarrollo de las tierras aptas. Dice mal su ocupación por la asociación de ese desarrollo a la predominante demanda china. Detrás de esta posición, aunque no lo parezca, está presente la dominante cortoplacista que ganó el escenario público, el inmediatismo, el atajo, que tanto daño ha causado en nuestra economía y a nuestra sociedad, instalando desde el poder el prestigio del «milagro» de un verano, por largo que fuere, en sustitución de la construcción política de un proyecto nacional.

En definitiva, el acuerdo con el que ejemplificamos un activismo inmediatista es una versión corregida y aumentada de la pasividad inmóvil frente a la sojizacion dominante, que no es la consecuencia de un proyecto diseñado para maximizar el potencial de la Nación ni tampoco una condena de la naturaleza que nos compele a ese grado de especialización. No. Esa pasividad es la consecuencia de la adaptación a la demanda mundial derivada de las decisiones estratégicas del gobierno chino. Esas decisiones, si no se modulan con un proyecto alternativo propio -que es el único que puede maximizar el bienestar colectivo, presente y futuro- generan una articulación no maximizadora de la estructura productiva y, lo que es más grave, un mecanismo de pensamiento publico de adaptación que termina posponiendo el interés nacional al efectismo oportunista del éxito inmediato con costos sistémicos desatendidos. Esto pone de relieve lo difícil que es aceptar que en la historia, la mayoría de las veces, los costos superiores surgen de lo que no se hace. En nuestro país, el inventario de lo que no se hace hoy es una parte sustantiva de la agenda del proyecto nacional e, inevitablemente, la causa de los lamentos del futuro.

Fuente original: http://www.revistadebate.com.ar//2010/10/01/3250.php