Uno de los más graves problemas que provoca la recolonización capitalista actual, que el gobierno de AMLO pretende continuar en su modalidad cuarto transformista, es la profunda división de los pueblos originarios entre, por una parte, quienes son cooptados por los operadores de la ingeniería de conflictos de las corporaciones y los grupos gobernantes, […]
Uno de los más graves problemas que provoca la recolonización capitalista actual, que el gobierno de AMLO pretende continuar en su modalidad cuarto transformista, es la profunda división de los pueblos originarios entre, por una parte, quienes son cooptados por los operadores de la ingeniería de conflictos
de las corporaciones y los grupos gobernantes, y, por otra, quienes resisten ofrecimientos monetarios, programas clientelares, amenazas y agresiones violentas, y defienden, aun a costa de sus vidas, los territorios, recursos naturales y bienes comunes.
Este es el caso de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos yaquis que se declaró en resistencia ante un gasoducto que la empresa Sempra Energy Ienova, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, pretende imponer en tierras de esta aguerrida nación originaria, conocida por su lucha secular contra la Corona española y contra los gobiernos de la república, que, incluso en la dictadura porfirista, practicaron los fusilamientos en masa, y el destierro de numerosos yaquis a Yucatán y otras regiones lejanas de su natal Sonora.
Desde 2015, dirigentes yaquis afines al gobierno estatal y a los partidos gobernantes ( prianismo, le llaman ellos), firmaron contratos con la empresa, recibiendo apoyos y dinero por su cooperación
. En Loma de Bácum no se aceptó ningún contrato, y, por el contrario, se activó la lucha política y legal, recurriéndose a tribunales federales con amparos que les protegieran del gasoducto, dada su ya conocida peligrosidad y el despojo que significaría esa obra para el pueblo. Después de algunos laudos favorables a los yaquis, el fallo definitivo del juez séptimo de distrito de Ciudad Obregón fue adverso a Loma de Bácum, que, en respuesta, interpuso un recurso de revisión para que fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, mientras tanto, la obra continúa suspendida.
En 2016, los gobiernos en turno, ante la imposibilidad de convencer a las autoridades tradicionales de Loma de Bácum, y ante los fallos inicialmente favorables del recurso de amparo, urdieron, el 21 de octubre de ese año, con la complicidad de yaquis de otros pueblos, un asalto armado al recinto sagrado de la autoridad legítima, buscando imponer representantes espurios que aceptaran las negociaciones del gasoducto y llevaran a cabo los desistimientos de los amparos interpuestos. De nueva cuenta, en este caso, como en otros muchos en el territorio nacional, cuando la disyuntiva de la plata
que compra conciencias no funciona, se recurre a la letalidad del plomo
para vencer resistencias. Ese día de luto, cuyo aniversario recientemente recordamos junto con nuestros hermanos de Loma de Bácum, con una jornada de lucha y reflexiones, los atacantes, con lujo de violencia y sin respetar el juramento de la nación yaqui ni sus usos y costumbres, atacaron a golpes y con armas de fuego a los integrantes de la guardia tradicional, quienes, valientemente y con denuedo, defendieron su representación comunitaria y su recinto sagrado e hicieron fracasar el intento de imposición. Varias personas fueron golpeadas, otras resultaron con heridas de bala, 16 vehículos quedaron incendiados y un indígena del mismo pueblo, llamado Cruz Buitimea Piñas, murió en el ataque.
También, como es común en el ámbito judicial de nuestro país, la Fiscalía Estatal de Sonora abrió una investigación, e imputó esa muerte a un joven indígena yaqui, llamado Fidencio Aldama Pérez, quien, ese día, cumplía su comisión en la guardia tradicional, integrando, con inusitada rapidez, la carpeta penal por el delito de homicidio simple intencional, respaldada por testigos falsos y pruebas fabricadas, incurriendo en graves faltas procesales y de criminalística. Destacan las versiones de diversos testigos, incluyendo las hermanas y la viuda del occiso, quienes exoneran de responsabilidad a Fidencio, entre otros datos de prueba y peritaje que no fueron considerados por el juez de origen. Paralelamente, presiones de orden político sobre el Poder Judicial, han resultado en la apertura de carpetas de investigación penal contra las autoridades tradicionales, como amenaza latente sobre sus integrantes. Todos los poderes del Estado se imponen contra los pueblos originarios en rebeldía.
La CNTE ha asumido la liberación de Fidencio como reivindicación del gremio, exigiendo del gobierno federal intervenir ante la Judicatura, sin resultados hasta ahora. Asimismo, la visita a Loma de Bácum del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos no arrojó nada en claro.
En la reciente gira presidencial a Sonora fue revelador que no se aludiera la oposición al gasoducto ni mucho menos se hiciera una declaración sobre Fidencio Aldama Pérez, símbolo de la lucha de un pueblo que no se somete, no se rinde ni se vende. En Loma de Bácum, la llama de la resistencia secular de los yaquis sigue más viva que nunca.
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2019/11/01/opinion/026a2pol
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