Diversos hechos, aparentemente no interconectados, podrían estar marcando un giro en el curso del actual gobierno. Un giro necesario para la sociedad, que ha esperado demasiado tiempo, sin éxito, señales reales de combate efectivo a la corrupción y a la impunidad; y también una oportunidad a Claudia Sheinbaum para afirmar con sello propio algunos aspectos de su gestión, marcada en demasía como mera continuación de su antecesora, aun en temas injustificables.
La revelación por instancias extranjeras de importantes investigaciones que involucran a encumbrados personajes del pasado mexicano inmediato ha dado, en algunos casos, la ocasión para ajustar cuentas con quienes urdieron, en cercanía con el ex presidente López Obrador, una red de influencias y patentes de corso muchas veces insospechadas, hasta llegar a la impunidad. Pero también procesos internos pueden servir para los mismos efectos justicieros, con importantes repercusiones políticas.
Los casos son conocidos ya, desde hace varias semanas, y comienzan a configurar lo que podría ser, si no hay contraindicaciones, una política coherente, quizá selectiva, para dar satisfacción a diversas demandas sociales y, a la vez, distanciarse de las políticas de su antecesor.
En los últimos días de junio el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de Fincen (Financial Crimes Enforcement Network, su oficina de inteligencia e investigación financiera), hizo señalamientos contra tres instituciones financieras mexicanas por posible lavado de dinero para los cárteles que introducen al mercado de ese país fentanilo y otras drogas sintéticas, y les canceló la posibilidad de hacer transferencias desde o hacia territorio estadounidense. Aunque la primera reacción de Claudia Sheinbaum fue exigir pruebas de las acusaciones difundidas por el gobierno estadounidense, la rápida intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector fue una oportuna respuesta a las medidas adoptadas por Washington, y una acción que apunta en la misma dirección de afectar a los organismos posiblemente vinculados con la delincuencia organizada.
Aunque faltarían otras instituciones bancarias o financieras, pues desde el gobierno de Trump se ha hablado de diez empresas mexicanas sujetas a investigación, el caso de Vector es el más significativo, por ser propiedad del magnate regiomontano Alfonso Romo Garza, que fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el primer tramo del gobierno de López Obrador y quien tejió en favor de éste una serie de alianzas con los jerarcas del dinero, que culminó en la formación de un Consejo Asesor para el presidente de 2018 a 2024. También fue Romo quien muy posiblemente colocó a la también empresaria Tatiana Clouthier como coordinadora de campaña del tabasqueño en 2018, diputada plurinominal por Morena y, entre enero de 2021 y octubre de 2022 secretaria de Economía.
Aunque Romo salió del gabinete de López Obrador en 2020, el presidente anunció que seguiría considerándolo como su asesor en temas de negocios y política económica. Ahora, las imputaciones que se hacen a su casa de bolsa desde el Fincen llevan a la pregunta de si el presidente sabía o no de esas sospechas de transacciones de blanqueamiento de recursos de procedencia ilícita en favor del Cártel de Sinaloa. AMLO siempre proclamó que el presidente estaba enterado de todo lo que ocurría en su entorno y de los temas importantes para el país.
Más recientemente, el periódico israelí ha revelado que, dentro de un litigio entre dos empresarios de ese país, Uri Emanuel Ansbacher Bendrama y Avishal Neriah, éstos adujeron haber pagado al ex presidente Enrique Peña Nieto un soborno por 25 millones de dólares a través de la empresa fantasma Air Cap S. A. de C. V, creada por el primero de ellos, para la compra por el gobierno mexicano del malware Pegasus, fabricado en Israel, que sirvió para infectar los teléfonos celulares y espiar a políticos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y otros personajes de la vida pública del país. Air Cap recibió del gobierno de Peña Nieto y del de Alfredo del Mazo en el Estado de México contratos por alrededor de mil millones de pesos, y siguió figurando, a pesar de ser una mera fachada, en la lista de contratistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre 2019 y 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional invitó a Air Cap al menos en cuatro ocasiones a presentar cotizaciones para proveer equipos y servicios de seguridad, hasta que a mediados de 2021 una investigación periodística internacional la mencionó como parte de una red de empresas para colocar el malware en manos de gobiernos de diversos países. Según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno de AMLO terminó de pagar en 2020 el contrato que Peña había suscrito con Air Cap. Sólo en abril pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos (https://n9.cl/2dg4r1).
Lo interesante es que, en la conferencia de prensa matutina del 8 de julio, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha hecho público que sí se investigará al expresidente Peña Nieto por los datos aparecidos en Israel sobre la compra de Pegasus, ya que son elementos con los que no se contaba durante el gobierno pasado, el de López Obrador. Esto último es falso, pues las investigaciones periodísticas internacionales del llamado Proyecto Pegasus, en las cuales han participado medios mexicanos como Aristegui Noticias y Proceso, revelaron desde 2020 la compra y uso de ese equipo israelí de espionaje por los gobiernos de Peña y López Obrador. Aunque Gertz Manero dice que dependerá de las pruebas que aporten las autoridades de Israel, con las cuales la relación “no ha sido fácil”, se ha hecho ineludible que las indagaciones de la FGR lleven a esclarecer las vinculaciones en esos periodos con Uri Ansbacher y sus empresas de fachada, ahora declaradas como evasoras de impuestos. Y ello debe llevar a desmontar el pacto de López Obrador con su antecesor, que le permitió asumir sin obstáculos en 2018 la presidencia, y a Peña retirarse a Europa en un dorado autoexilio en el que no se le había molestado hasta ahora.
Pero los casos no paran ahí. En los días recientes, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch, dio a conocer un operativo sin precedentes en la lucha contra el huachicol, que López Obrador había dicho que ya no existía, o casi. El aseguramiento en Coahuila de 129 carrotanques con un total de 15 millones 480 mil litros de hidrocarburos robados, es el decomiso de huachicol más grande registrado hasta ahora. Otros 880 mil litros de combustible fueron asegurados en Cunduacán, Tabasco, y se anuncian nuevos golpes a las redes de robo de combustibles. El desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, que operaba en cuatro Estados, liderada por el señalado como Cirio Sergio “N”, alias “Don Checo”, llevó a la detención de 32 personas, el aseguramiento de 12 propiedades, más de 100 vehículos, 36 armas, casi 16 millones de pesos en efectivo y animales exóticos. En una red delictiva de esa magnitud, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 30 de junio, “es imposible que no hubiera colaboración de funcionarios”. Y advirtió que “no vamos a cubrir a nadie, hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito se va a proceder, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto”.
Ya un mes antes once miembros de la Guardia Nacional fueron vinculados a proceso por robo de combustible en Apaseo el Alto, Guanajuato. Veremos, entonces, hasta dónde llegan las indagaciones sobre lo que parece haber sido una extensa red de complicidades que actuó también en el gobierno del hombre de Macuspana, seguramente llegando a personajes de alto nivel en su gabinete.
Y está también el muy sonado caso del despótico y misógino empresario Ricardo Salinas Pliego, acorralado ahora por el SAT y tribunales por su sostenida evasión de impuestos, que se remonta a 16 años atrás y podría alcanzar hasta 74 mil millones de pesos, según la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García. Eso implicaría que ya era un consuetudinario evasor cuando López Obrador, candidato a la presidencia, se acercó a él y éste le abrió espacios en TV Azteca para su campaña. Ya en la presidencia, el tabasqueño incorporó a Salinas a su equipo de asesores financieros. Al igual que Alfonso Romo, el propietario del grupo Elektra se ha caracterizado siempre por su pensamiento ultraderechista y por sus campañas, incluso contra el gobierno del país, para servir siempre a sus propios intereses. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se hizo de la televisora, se supo que había recibido un préstamo de casi 30 millones de dólares del hermano del presidente, Raúl Salinas, para completar la compra de la concesión. Ahora se encuentra de capa caída, pues además de sus adeudos con el fisco mexicano, enfrenta un arbitraje en los Estados Unidos por la demanda de sus acreedores en ese país por incumplimiento del pago de intereses de los bonos emitidos por TV Azteca por 400 millones de dólares, lo que ha llevado incluso a la suspensión temporal de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
Salinas Pliego ha dicho en entrevistas que su amistad con el ex presidente López Obrador lo llevó a creer que seguiría siendo apoyado en sus negocios, pero se distanciaron cuando el mandatario se opuso a que desarrollara proyectos de beneficencia que le permitieran obtener rebajas fiscales. Ahora afirma que el tabasqueño le mentía todo el tiempo y se aprovechaba de él. Aunque la ruptura entre esos amigos se haya dado, valdría la pena esclarecer si el tabasqueño dio pie a que Salinas pensara que su cercanía con el presidente le permitiría evadir sus obligaciones con el fisco (https://n9.cl/xbi6wz).
Sheinbaum necesita no solamente por razones económicas y administrativas, sino políticas, mostrar firmeza frente a los casos de corrupción heredados del pasado reciente, demostrados o presuntos, si quiere afirmar su poder. Hay muchos casos más que deben ser tratados con el rigor que ameritan, como el de Segalmex, el del desabasto de medicamentos, la impagable deuda de Pemex y el enriquecimiento inexplicado de altos funcionarios lopezobradoristas. Deliro dejando correr la imaginación; pero de manera indirecta, sin señalamientos concretos a su antecesor, fincar responsabilidades a quienes formaron parte del círculo más cercano de colaboradores y amigos de éste, o quienes tuvieron con él pactos de inmunidad, puede ser la vía por la que la presidenta comience a tomar distancia del maximato virtual con que el caudillo la colocó en el más alto puesto de mando del país. También sería necesario por la salud moral del país.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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