Comienza el año y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, continúa en la línea de represión y sometimiento al descontento y organización popular, afirma que «La prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón es la seguridad…», sin embargo, para el pueblo organizado esa afirmación resulta un […]
Comienza el año y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, continúa en la línea de represión y sometimiento al descontento y organización popular, afirma que «La prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón es la seguridad…», sin embargo, para el pueblo organizado esa afirmación resulta un círculo de demagogia, en los hechos la seguridad y justicia no encuentra respaldo con la realidad.
¿Para quién? La «seguridad» que tanto pregona el gobierno chiapaneco, para empresarios y no para el pueblo, por esta razón, con el argumento del «desarrollo» Rutilio Escando Cadenas fortalece, adiestra, equipa y vigila a los cuerpos policíacos, para asegurar la imposición de un nuevo ciclo de desarrollo capitalista en la entidad, mientras tanto, el pueblo padece severos daños físicos y sicológicos debido a los cientos de actos de represión ejercida por los cuerpos policíaco militares. Policiaco
Los daños ocasionados en cada acto represivo durante la actual administración son incuantificables, hablamos de miles de familias víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, decenas de presos políticos que purgan condenas sin culpa alguna, graves violaciones a los derechos humanos que las fuerzas municipales, estatales y federal ejecutan contra integrantes de organizaciones populares y pueblo no organizado.
Las familias que la Fiscalía General del Estado de Chiapas deja sin hogar, las víctimas de injusta prisión, tortura, represión, persecución y desalojos violentos no contemplan en su vocabulario actual de «tranquilidad y justicia». ¿Qué pueden expresar aquellas 40 familias que fueron desalojadas recientemente en el municipio de Cintalapa? Sin tierras donde vivir o trabajar, sin techo, seis presos políticos, es decir, sin una mínima garantía de sus derechos humanos, un contexto político adverso para los desposeídos del campo y la ciudad.
La seguridad y la tranquilidad no encuentran respaldo en la realidad que viven los trabajadores chiapanecos, estrictamente, para quienes forman parte de la larga lista de víctimas durante más de un año de este gobierno. Hombres y mujeres llenan las cárceles de esta entidad pero en ningún momento se atiende las exigencias o necesidades históricas que el pueblo demanda, en este caso, tierras, vivienda, educación y salud pública y gratuita, justicia por casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial con autoría del Estado.
La seguridad que plantea el gobierno en Chiapas es más la necesidad de garantizar el proceso de concentración y centralización de la tierra como medio de producción, despojo de recursos naturales y explotación de mano de obra barata, es decir, seguridad para la inversión empresarial y sus ganancias, por tanto, someter al pueblo a punta de represión con respaldo en el estado de derecho burgués, justificar cada acto de represión y encarcelar al sujeto proclive a defender sus derechos como pueblo trabajador.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas cumple la función de instrumento de represión y sometimiento, ajustado a los marcos legales del estado de derecho burgués, puede encarcelar y torturar a quien decida imputar un delito. Si la Fiscalía se erige como el gendarme de la justicia con propaganda en todos los medios escritos y no escritos, la veracidad de los actos de tortura cometidos en contra de nuestro compañero Javier González y Armando Hernández pone en duda a más de uno.
Pero los testimonios no mienten, Javier, Armando así como el comerciante Anibar detenido en Tuxtla Gutiérrez durante la represión contra los normalistas de Mactumactza, fueron torturados y es la prueba del carácter de la Fiscalía General del Estado. Para la Fiscalía lo que importa es asegurar que nadie rompa las reglas que la clase burguesa impone para satisfacer sus mezquinos intereses tanto que puede cometer crímenes que quedan en total impunidad.
El discurso gubernamental es fundamental para tales objetivos burgueses, para el gobierno no importa las condiciones de miseria del pueblo o su exigencia de justicia por los crímenes de lesa humanidad, no existe otra voz ni otra realidad que la que propaga el gobierno actual, quien diga lo contrario es enemigo del desarrollo e incitador de la violencia, quien desenmascare la realidad es objeto de criminalización.
Para la Fiscalía, «el objetivo es de dar mejores resultados», una promesa que cumple a caciques y cámaras empresariales en el proceso de despojo violento y legal de tierras, encarcelar a luchadores sociales y criminalizar a organizaciones populares para justificar todo acto de injusticia y violaciones graves a los derechos humanos. Éste es la encomienda del año 2020, doblar el número de operativos, el número de desalojos, de presos políticos, de la elaboración de expedientes incriminatorios, es decir, eliminar todo cuando huela a organización popular.
Para el trabajador no existe resultados favorables en ningún rubro a pesar de la incansable propaganda mediática del gobierno de Rutilio Escandón, la voz populi dice no observar el cambio en sus condiciones de vida, esa es la verdad. También es una realidad que la Fiscalía al frente de Jorge Luis Llaven Abarca tiene la tarea en el gobierno actual de abrir paso a través de le represión condiciones para imponer legal y violentamente los designios de las cámaras empresariales.
La realidad chiapaneca no demuestra coincidencia con las afirmaciones del fiscal Llaven Abarca, para el pueblo organizado no existe seguridad y tranquilidad que venga de las instituciones del Estado y de las políticas del «nuevo gobierno», la incursión policíaca militar contra las comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo el segundo semestre del año pasado no es sinónimo de paz, por el contrario, representa una ofensiva del Estado mexicano para sofocar la lucha del pueblo que vive en la pobreza y miseria.
Éste es el papel del fiscal y la Fiscalía, especializada en ejecutar la ley de la represión que se ampara en un estado de derecho forjado bajo los intereses de la clase burguesa, por tanto, el organismo que representa Llaven Abarca forma parte del engranaje de opresión del Estado burgués contra las masas trabajadoras a quienes se les imputa todo tipo de delitos o conductas que el gobierno llama antisociales como una forma de criminalizar la protesta popular independientemente y las formas que éste adquiera según creatividad.
Es un hecho que las corporaciones policíacas bajo la dirección del fiscal endosan cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, donde la impunidad de sus crímenes rebasan el silencio que pretenden imponer, si la Fiscalía como institución sirve para someter y reprimir al pueblo y sus organizaciones, queda del pueblo estrechar los lazos de unidad que permita revertir los daños que genera la violencia de Estado a los trabajadores del campo y la ciudad.
Mientras las violaciones a los derechos humanos persistan, mientras no se detengas los despojos de tierras, y los presos políticos continúen detenidos de manera injusta e ilegal, motivos para organizarse y protestar habrá, es una tarea necesaria no permitir más agravios en contra del pueblo.
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