Se intensifica la batalla electoral y la ‘guerra sucia’ entre los prefectos derechistas y el gobierno de Morales. Ajena a esta pugna, la Central Obrera comienza a bloquear caminos y marchar en siete de las grandes ciudades contra Evo y la oligarquía Tras poner en vilo por dos días a todo el sistema político boliviano, […]
Se intensifica la batalla electoral y la ‘guerra sucia’ entre los prefectos derechistas y el gobierno de Morales. Ajena a esta pugna, la Central Obrera comienza a bloquear caminos y marchar en siete de las grandes ciudades contra Evo y la oligarquía
Tras poner en vilo por dos días a todo el sistema político boliviano, este jueves comenzó a desinflarse el desesperado intento de los sectores más extremistas de derecha para detener por vía judicial la votación electoral que definirá el 10 de agosto si son removidos o no de sus cargos el presidente de Bolivia y sus principales opositores en las prefecturas (gobernaciones).
La Corte Nacional Electoral, por boca de su presidente, José Luis Exeni, desechó toda posibilidad de atender la demanda de suspensión del referéndum, que se ha convertido en el eje de la lucha político-electoral entre el gobierno indígena y campesino de Evo Morales y la oligarquía.
Ajenos a esta batalla, este jueves miles de trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) marchaban por las calles de las ciudades y comenzaban a cerrar caminos para exigir la atención a sus demandas y protestar contra el gobierno de Morales y contra la oligarquía y el imperialismo.
Batalla electoral
Un decreto de la única miembro del Tribunal Constitucional, instancia que virtualmente está en receso por la ausencia de casi todos sus miembros, fue lanzado este lunes en la noche para tratar de frenar el revocatorio. Aunque la medida dispuesta por la magistrada Silvia Salame no tiene validez jurídica, los principales dirigentes de la oposición política, atrincherados en el Senado Nacional, en las prefecturas y comités cívicos opositores, demandaron la interrupción del proceso eleccionario.
De inmediato, tal demanda fue rechazada por el gobierno de Morales y fue la Corte Nacional Electoral la encargada de descartar oficialmente la paralización del referéndum. ‘El decreto del Tribunal Constitucional no menciona expresamente en ninguna parte la suspensión del acto electoral. El referéndum está enmarcado en una ley expresa del Congreso y únicamente puede ser paralizado por una nueva ley del Congreso o un fallo del Tribunal Constitucional’, dijo el presidente de la Corte Electoral, José Luis Exeni.
La decisión del presidente de la Corte Electoral fue aceptada de inmediato por el Gobierno de Morales, pero cuestionada por los opositores, que reclaman ahora el pronunciamiento de los otros dos miembros de la Corte Electoral, sobre los que presionan para hacerlos cambiar de posición y así frenar el revocatorio. Por ello, si la Sala Plena de tres miembros de la Corte Electoral oficializa como suya la posición de Exeni, la intentona de la única miembro del Tribunal Constitucional para detener el referéndum habría fracasado totalmente.
Pugna por los votos
En las últimas horas, y tras la decisión del presidente de la Corte Electoral, se ha intensificado la lucha político-electoral entre el gobierno de la izquierda indigenista y la oligarquía que se encaminan a medir fuerzas en las urnas. Los unos para recuperar legitimidad y derribar a uno o dos prefectos de la derecha y los otros, bajo la batuta de la Embajada de Estados Unidos, para erosionar seriamente el peso político y electoral del presidente indígena Evo Morales con miras a su posterior caída.
Para ello, unos y otros, se valen de todo para enlodar al contrario, ensuciando a toda hora las pantallas de televisión y los medios radiales y escritos.
Guerra sucia
Usando millonarios recursos, la oligarquía boliviana emprendió una dura guerra sucia contra Evo, difundida con extrema generosidad por los principales canales de televisión, junto a un cohecho electoral que se expresa en la apresurada entrega de obras y dinero en las regiones, además de acusaciones de fraude y amenazas de juicio en los tribunales, boicot en el Parlamento, impugnaciones a la Corte Electoral y a la ley de convocatoria al referendo y movilizaciones de protesta en las calles y caminos.
El bombardeo diario de noticias e imágenes muestran a Evo y a los suyos como marionetas de presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como instigadores y actores de un terrorismo de Estado que dinamita estaciones de televisión, como destructores de la economía y de la democracia, como causantes del alza del costo de vida, como promotores de la división de la patria y como impulsores del racismo y del odio entre regiones y pueblos. La intención de esta campaña negra es lograr que las clases medias urbanas abandonen al dirigente cocalero que ganó las elecciones de fines del 2005 con el 53 por ciento de apoyo electoral.
En la otra orilla, Evo y los suyos hacen lo propio, azuzando la guerra sucia contra los opositores, entregando obras y cheques a las alcaldías y regiones, aumentando ligeramente los bonos para los ancianos y los niños para torcer los votos de los mayores y usando una millonaria campaña publicitaria que pagan con recursos del Estado.
Resultados previsibles
Hasta ahora, todos los pronósticos apuntan a que las urnas ratificarán en sus cargos a Morales, a García Linera y a sus principales adversarios, con lo que quedaría sin resolverse la dualidad de poderes que se da en Bolivia, con Evo y los suyos gobernando en el altiplano y la oligarquía en los valles y el oriente.
Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del 2010.
La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.
La tercera vía
En medio de esta batalla electoral, este jueves también comenzó a tomar forma la lucha de la Central Obrera Boliviana (COB) que demanda la aprobación de una nueva ley de pensiones y la atención de un explosivo pliego de peticiones que va desde la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y la minas así como la confiscación de las tierras de los latifundistas que conspiran contra Morales, la expropiación de los agroempresarios que lucran con el hambre del pueblo y el aumento general de salarios.
‘Ni Evo ni la oligarquía’ es la consigna que agitan los sectores más radicalizados de trabajadores que han comenzado a bloquear caminos y realizar marchas de protesta en las principales ciudades del país, en lo que constituye la primera gran manifestación nacional de protesta de obreros y trabajadores contra el ‘indio presidente’.
‘El referéndum no llegará a nada, no es la solución económica para el país (…) Daremos el voto castigo a Evo Morales y castigo a la derecha, votaremos en blanco, no votaremos por nadie’, dijo en uno de los puntos de bloqueo de los mineros en la carretera a Oruro, el dirigente de la Central Obrera, Jaime Solares, uno de los que dirigió la insurrección popular en el 2003.
Mientras tanto, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija y Potosí, miles de trabajadores marchaban en respaldo de la COB y condenando por igual la extrema debilidad del gobierno de Morales para con la oligarquía, así como su total negativa para atender las demandas de los trabajadores.
‘Este es un gobierno antiobrero’, dijo Solares, que cuestionó la negativa oficial para aumentar los míseros salarios por encima del 10 por ciento (el salario promedio mensual es de 110 dólares) y su férrea defensa del sistema privado de pensiones.
Se viene más presión
En La Paz, el principal dirigente de la COB, el progubernamental Pedro Montes, advirtió que las presiones contra Morales se intensificarían en las próximas horas. ‘Por más de dos años hemos sido muy pacientes pero no hay ninguna solución (…) Vamos a iniciar una huelga de hambre la próxima semana’, agregó durante la marcha de protesta.
En Caracollo, Oruro, los trabajadores mineros bloquearon por horas la carretera hacia La Paz, mientras los maestros y los trabajadores en salud declararon huelga indefinida a nivel nacional.
En medio del estallar de dinamitas, el dirigente Gerardo Coro de la Central Obrera de Potosí lamentó que en el gobierno de Morales ‘existan ministros neoliberales que obstaculizan los cambios’. Para mañana, la COD hará una evaluación del paro y no se descarta que desde el lunes bloqueen las carreteras, dijo.
Tres fuerzas en acción
En Oruro, el epicentro de las protestas laborales y donde se concentra la fuerza de los mineros proletarios, un masivo cabildo determinó enviar la tarde de este viernes al 25 por ciento de los afiliados a los sindicatos a cerrar los caminos que unen el oriente y los valles con La Paz. Los otros tomarían, desde el lunes, las instalaciones de las Administradoras privadas de Pensiones y la Prefectura (el gobierno local), anunció el minero Jaime Solares, apoyado en la concentración por miles de mineros de Huanuni y la Federación de Mineros.
A estas protestas, impulsadas por los sectores más radicales del sindicalismo boliviano, que han comenzado a recuperar su independencia política frente al gobierno, como los mineros proletarios y los maestros urbanos, se han sumado con notable entusiasmo las fracciones sindicales que en las regiones del oriente y los valles están trabajando directamente con los prefectos derechistas y la oligarquía local.
Así, tras las masivas marchas de protesta, en Sucre, el dirigente sindical Gonzalo Llanos, de la Central Obrera, anunció el inicio de una masiva huelga de hambre a partir del martes. ‘Si el gobierno no atiende a los trabajadores, que se atenga a las consecuencias’, agregó otra dirigente de la Central Obrera de Tarija.
Otros dirigentes, en cambio, bloquean las movilizaciones de los trabajadores. Este es el caso, por ejemplo, de la Confederación de fabriles, leal a Morales, que anunció por boca de uno de sus dirigentes, Vitaliano Mamani, que no conocen la propuesta de la COB de nueva ley de Pensiones y que por ello no participarán de los bloqueos y movilizaciones.
Ley de pensiones
La lucha laboral se da tras que el proyecto de la nueva ley de pensiones de carácter solidario y no privatista, elaborado y presentado por la COB, fuera rechazado por el gobierno de Morales, que pretende, por el contrario, mantener parcialmente el actual sistema neoliberal de pensiones, aunque con modificaciones orientadas a lograr una mayor presencia del Estado en el manejo de los recursos.
La propuesta de la COB plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, y iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
El gobierno de Morales no acepta reducir la edad de jubilación en 10 años (aunque abre la posibilidad de disminuirla en 5 años), aprueba la salida de las AFPs Zurich y Banco Bilbao y quiere que los recursos sean manejados por el Estado, pero no acepta poner fin al sistema de aportes privados y quiere mantener un esquema mixto (uno solidario para la población de bajos ingresos y otro, manteniendo el actual, de beneficio individual según la cuantía de sus propios aportes).