«Felipe Calderón declarando su guerra al narco, pensaba que todo iba a ser mucho más fácil», me decía en una entrevista Carlos Montemayor (1947-2009), escritor mexicano, poeta y destacado analista en temas de seguridad, poniendo aquella decisión en un amplio contexto político. Después de las elecciones de julio de 2006 el país estuvo en convulsión. […]
«Felipe Calderón declarando su guerra al narco, pensaba que todo iba a ser mucho más fácil», me decía en una entrevista Carlos Montemayor (1947-2009), escritor mexicano, poeta y destacado analista en temas de seguridad, poniendo aquella decisión en un amplio contexto político.
Después de las elecciones de julio de 2006 el país estuvo en convulsión. Según los seguidores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato de centroizquierda a la Presidencia, la victoria de Calderón y su conservador Partido de Acción Nacional (PAN), fue un fraude y una manipulación de las instituciones del Estado controladas por el saliente presidente Vicente Fox (2000-2006), también del PAN. Para muchos, Calderón llegaba al poder como un «presidente espurio», sin ninguna legitimidad.
Apenas a diez días de asumir la Presidencia, Calderón anunció «la guerra contra el narcotráfico» sacando al ejército -unos 50 mil efectivos- a las calles (primero en su natal Estado de Michoacán, luego en todo el país). «Sin duda fue un afán de legitimarse después del fraude y la razón principal por la que, de manera tan atropellada y sin ninguna inteligencia estratégica, optó por hacerlo», subraya por su parte en entrevista con Punto Final John M. Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en políticas públicas.
Calderón con la guerra pretendía cambiar la cancha. Cuando el Instituto Federal Electoral se negó de manera sospechosa a recontar los votos y dar acceso a las boletas, ya no era posible convencer a nadie que las elecciones fueron limpias. Escogió huir de la política y superar la polarización con la militarización. Creando un enemigo común -los narcotraficantes- quería llevar a toda la nación «sin divisiones» a una victoria fácil.
No es que el problema no haya sido real: el poder del narco crecía y empezaban los choques entre los cárteles por las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Pero la manera de enfrentarlo ha sido opcional. Hace un año y medio el presidente introdujo una expresión más neutral: lucha contra el crimen organizado. Pero el cambio del discurso no logra ocultar el fracaso de su guerra y sus altos costos sociales.
Las «guerras» fracasan
La actual política antidrogas, con raíces en «War on Drugs» lanzada por Nixon en 1971, por carecer de una estrategia integral y centrándose en la fuerza, ya fracasó. En junio de este año lo subrayó otra vez la Global Commission on Drug Policy, diciendo que «el problema de drogas es un conjunto de cuestiones sociales y de salud interconectadas que hay que enfrentar, y no una guerra para ganar».
También fracasó la guerra de Calderón. Como subraya John M. Ackerman, pese al discurso triunfalista faltan resultados positivos: «Las decomisos de drogas o dinero, las muertes o detenciones de delincuentes no garantizan la seguridad y no nos están acercando a ningún lugar». El cultivo y el uso de las drogas en México se dispararon y las bandas criminales se volvieron más poderosas gracias al flujo de armas de EE.UU., y al lavado de dinero en casa y afuera. «Con las instituciones debilitadas fue muy peligroso darle un palo al avispero. No sólo irresponsable, sino contraproducente. Yo no veo ninguna evidencia que diría que ahora estamos mejor que hace cinco años, o que estaríamos peor si no se hubiera hecho lo que hizo Calderón».
El reciente reporte de Human Rights Watch (HRW) titulado Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la «guerra contra el narcotráfico» en México, indica que «en vez de fortalecer la seguridad pública, la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país». El estudio señala el incremento de 65% en las tasas de homicidios, la impunidad en más del 90% de los casos y un aumento preocupante de las violaciones de derechos humanos, un reflejo de «una política de seguridad pública que fracasa seriamente».
Las disputas entre los cárteles -del Golfo, de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, La Familia Michoacana, Los Zetas y otras organizaciones menores- no cesaron con la introducción del ejército. La violencia se agudizó y transformó los cárteles en grupos paramilitares. E hizo que diversificaran sus actividades para mantener sus estructuras. Ya no sólo se dedicaban a las drogas, sino también a la trata de personas y migrantes, a extorsiones, secuestros y robos. Además, el ejército y la Marina actuaban como otro cártel, favoreciendo visiblemente a algunos frente a otros, inscribiéndose en la política de alianzas (la acusación más común es que el favorito del gobierno federal es el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán).
Empezó un verdadero festival de la crueldad: ejecuciones sumarias, decapitaciones, cuerpos desmembrados, las «narcofosas» con cientos de muertos, secuestros, asesinatos de migrantes centroamericanos y un largo etcétera.
Según los datos oficiales en los cinco años de guerra dos mil 268 personas vinculadas a bandas criminales han muerto en enfrentamientos con el ejército y dos mil 180 más han sido detenidas. En total se cometieron 41 mil homicidios y/o ejecuciones por disputas entre los cárteles. Pero según otros cálculos, la cifra de muertes ya llegó a los sesenta mil, más unos diez mil desaparecidos, de los que no pocos han sido civiles inocentes, víctimas por acción u omisión de agentes del Estado.
A pesar de esto, el gobierno siempre insistía que el 90% de los muertos eran criminales que «se estaban matando entre ellos». Mientras más morían, más se acercaba la victoria. Lo que fijó como único indicador de la guerra a l número creciente de muertes. Así concebida, la guerra no tenía ningún horizonte real de victoria. ¿Qué lo sería? ¿El día que nadie quede vivo? «Era una lógica perversa que estableció de facto una estrategia del exterminio social», dice Ackerman. Lo dijo el mismo Calderón calificando al crimen y a los presuntos delincuentes como una plaga que él estaba determinado a exterminar.
¿Quién es quién?
El presidente llamó a los mexicanos a cerrar filas ante el enemigo interno y apelando al patriotismo, pintó a las fuerzas armadas como salvadores, una imagen sancionada por la propaganda oficial, en sí misma una herramienta de guerra y una forma de gobernar.
Pero conforme avanzaba la ofensiva, la frontera entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se iba borrando: «Si ves militares armados en la calle con rostros cubiertos, amenazando a la población, éstas son las condiciones perfectas también para los criminales», dice Ackerman. «El uso del ejército ha sido claramente inconstitucional, violando los artículos 129 y 29. En tiempos de paz éste no puede estar desplegado por el país y mucho menos puede suplantar a las autoridades civiles», puntualiza. Lo justificaba la infiltración de la policía por los criminales (cuya depuración hasta ahora no ha avanzando mucho). Pero los militares, que no han sido entrenados para este tipo de tareas, presionados para obtener resultados, recurrieron a las prácticas de los criminales: torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Llegamos al punto donde todo se volvió confuso y ya no queda claro quién es quién. ¿Quién comete los homicidios y los secuestros? ¿Sólo los delincuentes, o el ejército y la Marina también? ¿Y quién se encarga de garantizar la seguridad y los derechos humanos? Aquí el estado de derecho se vuelve un estado de barbarie. El ya citado reporte de HRW documentó detalladamente 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y policía. Hasta los informes oficiales confirman la participación del gobierno en el acoso a la población. Entre 2010 y 2011 se duplicaron los «levantones» (secuestros) de ciudadanos por agentes del Estado. En los primeros ocho meses de 2011 fueron privadas de libertad 64 mil 820 personas. Según los defensores de derechos humanos las detenciones masivas durante la guerra al narco han derivado en una «‘fiesta punitiva» (Proceso, 26/11/2011).
Todo esto queda impune: «La inconstitucionalidad es un caldo de cultivo para la impunidad», dice Ackerman. Pero tiene su lógica y su responsable, subraya el analista Carlos Fazio, y añade: «La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo -que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos- no está exenta de responsabilidades políticas», («Terrorismo estatal e impunidad II», La Jornada, 31/10/2011).
El 25 de noviembre un grupo de 23 mil ciudadanos interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda para investigar la crisis humanitaria en México (siendo la queja ciudadana más grande en la historia de esa Corte). Proporcionando una lista de nombres de ambas partes -desde Calderón y miembros de su gabinete, hasta los capos-, piden determinar la responsabilidad tanto del Estado como de los cárteles. La respuesta del presidente fue amenazar con proceder penalmente contra los firmantes de la demanda. Pero John M. Ackerman, uno de sus promotores, defiende el derecho a cuestionar la estrategia oficial. Y subraya que es urgente esclarecer la verdad sobre la guerra declarada por Calderón en contra de la sociedad, viendo en la CPI la única vía para sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Desde el principio del sexenio se advertía que la verdadera causa de la violencia en el país no eran las disputas entre los narcos, sino la debilidad de las instituciones del Estado. Esta genera un clima de impunidad y corrupción en donde literalmente todo se vale. La responsabilidad de los gobernantes y de la clase política entera en la masacre nacional es más evidente que nunca», subraya Ackerman.
Todos delincuentes
Dados los magros resultados y la falta de un horizonte para la victoria, ahora la lucha es sólo por traspasar los costos de la guerra a la sociedad. Una de las maneras de hacerlo es criminalizando a las víctimas: desde el principio se calificaba a todos los muertos como delincuentes, que recibieron lo que merecían. Sin embargo, de los sesenta mil muertos, las autoridades han investigado apenas un 10% (sic). Según HRW la práctica institucional de tachar a todas las víctimas de delincuentes es consecuencia directa del discurso de Calderón. Y cuando no había duda que se trataba de civiles -muertos por fuego en retenes del ejército o por fuego cruzado entre militares y narcos-, Calderón decía: «Es un precio a pagar» (sic).
Esto causó indignación de los familiares y los llevó a organizarse: el Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad (MPJD) encabezado por el poeta y activista social Javier Sicilia (cuyo hijo fue asesinado por pistoleros de uno de los cárteles), organizó una gran marcha en la capital y una serie de Caravanas por la Paz en el país, demandando que se frene el baño de sangre y señalando el fracaso de la política actual. Sus integrantes se reunieron con Calderón. El gobierno por fin reconoció que entre los muertos hay víctimas inocentes y que sus familias también son víctimas de esta guerra. Pero no ha dejado de tratar como enemigos a los que se atreven a cuestionar su estrategia.
Los activistas y defensores de derechos humanos subrayan que cada vez que Calderón arremete contra ellos, firma una sentencia de muerte, poniéndolos en la mira de los criminales e incluso de las mismas instancias gubernamentales. Integrantes de MPJD que buscan justicia y/o familiares desaparecidos reciben amenazas de los supuestos policías. Varios han sido atacados e incluso asesinados, ante la falta de capacidad o voluntad de las autoridades de garantizar su seguridad.
Un editorial de La Jornada puntualizaba: «(…) uno de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública ha sido la colocación del país en la antesala de escenarios de guerra sucia similares a los que se vivieron durante las dictaduras militares en Centro y Sudamérica (…), y la consecuente apertura de márgenes de maniobra para el exterminio de opositores políticos y sociales con el pretexto de combatir a la delincuencia» (26/06/2011). Las mismas similitudes con el Cono del Sur de los 70 y 80 resaltó Amnistía Internacional, apuntando a la opinión del secretario (ministro. N. de PF) de Marina, Mariano Francisco Saynez, según el cual «los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones utilizando a grupos ciudadanos y la bandera de los derechos humanos, con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad» (sic). No obstante, «la maldad» detrás de las muertes de activistas como Nepomuceno Moreno, Trinidad de la Cruz o Pedro Leyva Domínguez, también proviene de las instituciones del gobierno.
Como subraya Ackerman, Calderón en uno de los discursos tuvo un momento de lucidez al afirmar que en materia de inseguridad, México ya rebasó las fases predatoria y parasitaria, dónde existen líneas divisorias entre las autoridades y los delincuentes, entrando en la fase simbiótica, donde ya no hay diferencia entre el Estado y los criminales que se apoderan de las instituciones, como la policía, para secuestrar a la gente.
La Iglesia y las FF.AA.
Según Ackerman, en el último año de su mandato Felipe Calderón se ve arrinconado. Esto deja un escenario preocupante, sobre todo ante la reincorporación a la política mexicana de dos instituciones que históricamente han sido bastiones del golpismo en América Latina: las fuerzas armadas y la Iglesia Católica, a las que Calderón recurrió para legitimarse.
Ambos sectores han sido marginados del poder por la Revolución Mexicana: durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ejército fue supeditado al poder civil autoritario y la Iglesia, dominada por el Estado laico. Su exclusión, dice Ackerman, ha sido crucial para la estabilidad de México. A diferencia de Chile o Argentina, aquí no hubo golpes de Estado, ni juntas militares. Ahora dentro del contexto democrático, Calderón esta minando estos pilares del orden político. En vez de desarmar los restos del autoritarismo -la corrupción o el caciquismo- lo que ha hecho fue desarmar los últimos cimientos de la estabilidad.
Dado que el candidato del PAN probablemente pierda, el temor es que con base a estos dos sectores, el gobierno panista busque incrementar la violencia para actuar de manera antidemocrática e imponerse el 1º de julio de 2012.
El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, desmintiendo las acusaciones de Calderón de que negociaría con los narcos, como solía hacer el PRI, aseguró que continuará la lucha contra el crimen (aunque es probable que querrá hacer algún tipo de arreglo). La situación llegó a tal punto, que muchos mexicanos ya echan de menos al gobierno autoritario que reprimía a los inconformes, pero mantenía a los delincuentes lejos de la sociedad. Por su parte AMLO, que de nuevo tratará de llegar a la Presidencia, prometió retirar el ejército de las calles durante el primer año de su gobierno.
«Las elecciones del 1º de julio serán difíciles. Se renovarán los poderes federales y habrá elecciones en varios Estados, de gobernadores o alcaldes. Se mezclarán las peleas entre caciques locales y las luchas históricas entre los intereses fácticos, propias de las elecciones presidenciales. El resultado puede ser una bomba de tiempo sumamente peligrosa que ya empieza a manifestarse a lo largo y ancho del país», dice Ackerman. Sólo un movimiento social-político y la acción ciudadana son capaces de parar esto: «Aún se puede evitar el naufragio total con la participación a favor de la paz y de la democracia, también mediante el voto», subraya.
Maciek Wisniewski. Periodista polaco desde Ciudad de México.
(Publicado en «Punto Final», edición Nº 751, 20 de enero, 2012)
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