Desde el gobierno de México vuelve a aparecer la idea de que “el fracking y una mayor apuesta por el gas fósil podrían resolver los problemas energéticos del país”. El argumento parece sencillo e incluso demasiado obvio, pero la idea de fondo es que si México importa una parte muy importante del gas que consume, y eso genera una dependencia estructural de un actor que se ha vuelto particularmente errático, entonces debería extraer su propio gas, incluso mediante fracturación hidráulica, para reducir dicha dependencia. La cuestión es que se parte de una solución aparente y se dejan fuera las condiciones en las que operaria dicho proceso de extracción, pues si bien México ya tiene antecedentes en el uso del fracking, eso no significa que cuente con las capacidades necesarias para convertirlo en una estrategia capaz de cubrir la demanda interna nacional.
Quizá el mayor de los problemas del fracking es el riesgo socioambiental inherente que presenta, y que no se puede eliminar ni con nuevas técnicas o procesos que todavía no se han explicado o presentado a la sociedad. Y es que la fracturación hidráulica requiere perforar pozos en formaciones de lutitas e inyectar grandes volúmenes de agua, arena y sustancias químicas a alta presión para liberar gas atrapado en rocas de baja permeabilidad. Es una técnica intensiva en agua, territorio, infraestructura, energía y vigilancia regulatoria. Y dado que vivimos en un país con estrés hídrico creciente, desigualdad territorial y capacidades institucionales limitadas para monitorear daños ambientales, el fracking no es una solución técnica para nuestra realidad.
No se trata sólo de perforar más pozos, sino también se requeriría tecnología especializada, infraestructura de transporte y almacenamiento, capacidades regulatorias mucho más complejas, experiencia técnica para manejar riesgos ambientales y operativos, disponibilidad de agua y un sistema institucional capaz de vigilar una actividad altamente compleja, por lo que se está pensando demasiado en los supuestos beneficios sin revisar a fondo cómo los vamos a obtener.
Y la pregunta no es si necesitamos más soberanía energética, por supuesto que la necesitamos, tampoco se está cuestionando si el gas tiene un papel importante en la generación actual de eléctrica nacional, es un hecho que lo tiene, lo que debemos saber es, si profundizar en la ruta gasífera con más ductos, más importaciones, más proyectos de exportación y más fracking, realmente fortalece al país o lo vuelve más vulnerable. Y me parece que la respuesta es clara, no solamente no fortalece la seguridad energética, sino que la debilita en el largo plazo, ya que el gas obtenido mediante fracking tampoco es infinito, no elimina la dependencia tecnológica y territorial, además no necesariamente ofrece un costo menor frente a otras opciones energéticas, especialmente las renovables, que podríamos impulsar frente a las extractivas.
Para muestra basta un botón, el caso estadounidense nos permite observar con claridad esta contradicción, pues desde 2008, Estados Unidos intensificó de manera acelerada la extracción de gas mediante fracking y logró convertirse en uno de los grandes productores mundiales. Sin embargo, esa experiencia no prueba que el fracking sea una solución permanente; al contrario, empieza a mostrar sus propios límites. En los últimos años han surgido reportes que advierten que algunos de los mejores yacimientos no convencionales están llegando a su pico productivo o que podrían haberlo alcanzado, lo que obliga a perforar más, extender la frontera ya extractiva y buscar nuevos mecanismos para sostener una producción cada vez más costosa. Si eso ocurre en un país que cuenta con mayor experiencia (EUA), infraestructura, capital privado y capacidad tecnológica para desarrollar esta técnica, resulta poco realista pensar que nosotros podríamos convertir el fracking en una salida sencilla, barata y segura para resolver nuestra dependencia gasífera.
En este punto es importante destacar algunos datos de nuestra capacidad gasífera para tenerlos en consideración. La producción nacional alcanzó su máximo reciente en 2009, con alrededor de 7,000 millones de pies cúbicos diarios, pero para 2024 cayó a poco más de 3,400 millones de pies cúbicos diarios. Es decir, se redujo más de la mitad, y el consumo nacional siguió creciendo hasta alcanzar más de 9 mil millones de pies cúbicos diarios, impulsado principalmente por la generación eléctrica y la industria, por lo que la diferencia se está cubriendo con importaciones, sobre todo desde Estados Unidos.
A ello se suma que las reservas nacionales no permiten sostener una narrativa de autosuficiencia, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las reservas 2P de gas natural al 1 de enero de 2024 se ubicaron en 23,302 miles de millones de pies cúbicos. Si se comparan con el ritmo actual de extracción, el horizonte reservas-producción ronda apenas 13 años si no se invierte fuertemente en exploración y ampliación de nuestros depósitos nacionales (Azamar, 2026; CNH, 2024). Es evidentemente que esos 13 años crecerán de acuerdo a cómo se desarrollen los planes del gobierno, pero es una buena medida para entender que estamos pendiendo de un hilo, que en caso de crisis, conflictos, problemáticas y/o situaciones completamente ajenas a nuestro control, este energético no es una base sólida para construir una estrategia energética de largo plazo, mucho menos si se pretende aumentar la extracción mediante una técnica extremadamente compleja y riesgosa como el fracking para sostener el consumo interno, alimentar nuevas centrales eléctricas, además de participar en cadenas de exportación, como se está planeando con las plantas de reexportación de gas que se están desarrollando en colaboración con Estados Unidos.
Por eso el fracking aparece como una salida tentadora, porque en el discurso promete desbloquear recursos no convencionales, aumentar la producción, entre otras supuestas bondades. Por ejemplo, uno de los argumentos más repetidos a favor del gas es que contamina menos que el carbón y que puede funcionar como “combustible puente” hacia una matriz más limpia. Y si bien es cierto que, al quemarse, el gas emite menos dióxido de carbono que el carbón por unidad de energía generada, esa comparación es incompleta ya que la cadena del gas fósil no empieza en la planta eléctrica; empieza en la extracción, continúa con el procesamiento, el transporte por ductos, la compresión, las fugas, la combustión y, en algunos casos, la licuefacción y hasta la reexportación. En todas esas etapas puede liberarse metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO₂ en el corto plazo. De hecho, la Agencia Internacional de Energía señala que el metano tiene un potencial de calentamiento global entre 84 y 87 veces mayor que el CO₂ en un horizonte de 20 años, según el IPCC (IEA, 2021).
Dado que sólo el proceso de extracción del gas presenta fugas relevantes de metano, sus supuestas ventajas climáticas se reducen o incluso desaparecen, dado que las emisiones fugitivas a lo largo de la cadena de suministro pueden volver al gas tan problemático como otros combustibles fósiles en términos climáticos, especialmente cuando se evalúa su impacto de corto plazo (Alvarez et al., 2012; Howarth et al., 2011).
Ahora bien, si a lo anterior se suma que el proceso de extracción mediante fractura hidráulica tendría que desarrollarse en regiones donde el agua ya es un factor de conflicto, y dado que el fracking utiliza grandes volúmenes de agua por pozo, genera aguas residuales con químicos y puede afectar acuíferos si no existe una regulación estricta y una vigilancia permanente, por lo que es una receta para el desastre. La experiencia internacional muestra riesgos de contaminación de agua, aumento de actividad sísmica inducida, fragmentación territorial, incremento del tráfico pesado, emisiones atmosféricas y afectaciones a comunidades cercanas a las zonas de extracción (Osborn et al., 2011; Shonkoff et al., 2014). Desde mi perspectiva es ingenuo pensar que podríamos expandir a nivel nacional esta técnica sin reproducir daños socioambientales iguales o peores a los ya conocidos.
Ahora bien, el problema también es económico, apostar por el fracking implicaría destinar enormes recursos públicos y privados a una infraestructura fósil que podría quedar atrapada en una transición energética global que parece que está avanzando de forma acelerada ante los recientes conflictos en Medio Oriente que han mostrado la fragilidad de la economía que depende excesivamente de fósiles. Nuevos pozos, gasoductos, plantas de compresión, infraestructura de procesamiento y sistemas de transporte requieren inversiones costosas y de largo plazo, y si esas inversiones se realizan hoy, el país podría quedar comprometido durante décadas con un combustible que lógicamente debería reducir progresivamente su peso en la matriz energética, no sólo por cuestiones ambientales, también porque va a terminar siendo excesivamente costoso.
El problema es que solemos pensar que producir más gas garantiza automáticamente energía más barata, pero la seguridad energética no depende sólo de extraer más de este recurso, sino de contar con una matriz diversificada, infraestructura resiliente, almacenamiento suficiente, redes robustas, capacidad de gestión de la demanda y menor exposición a choques externos. Suponiendo que lográramos desarrollar una estrategia de extracción amplia, todavía faltaría contabilizar el costo de los gasoductos necesarios para transportar el recurso, ya que los que tenemos actualmente están saturados y los que se están construyendo ya están completamente comprometidos, si a ello le sumamos que nuestras capacidades de almacenamiento estratégico son básicamente nulas (apenas unos días cuando la media internacional para los que disponen de este tipo de almacenamiento es de varias semanas o meses).
Por todo lo anterior, resulta extremadamente confuso entender por qué al mismo tiempo que enfrentamos esta fragilidad, se impulsan proyectos para convertir al país en un territorio de extracción intensiva de un recurso (el gas) que cuando mucho brindará algunas cuantas décadas más del mismo, pero terminará dejándonos en el mismo o peor lugar del que partimos, con una grave dependencia, falta de infraestructura y diversificación para superarla.
Esta apuesta por más gas, desplaza recursos que podrían dirigirse a alternativas más coherentes con la seguridad energética de largo plazo, ya que cada peso destinado a prolongar la dependencia gasífera es un peso que no se invierte en transmisión eléctrica, almacenamiento con baterías, generación solar distribuida, energía eólica, eficiencia energética, gestión de la demanda o modernización de redes. Tenemos un enorme potencial renovable, especialmente en energía solar y eólica, sería mucho más interesante que se impulsaran proyectos locales y regionales para evitar la centralización excesiva, así como para desplazar la dependencia fósil, promover una infraestructura más resiliente y al mismo tiempo desarrollar una industria nacional que recupere empleos y capacidad económica.
Esto no significa negar que el gas tiene un papel actual en el sistema eléctrico, sería absurdo, ya que hoy el gas sostiene una parte importante de la generación y no puede sustituirse de un día para otro sin planificación. Pero reconocer su papel presente no implica convertirlo en eje del futuro, por lo que una estrategia responsable tendría que reducir gradualmente su centralidad, usarlo sólo como respaldo transitorio, fortalecer otras alternativas e impulsar de forma decidida renovables con criterios sociales, territoriales y públicos. Nuestro objetivo no debería ser cambiar una dependencia por otra, ni construir megaproyectos sin consulta ni beneficios locales, sino avanzar hacia una seguridad energética más democrática, descentralizada y resiliente.
El fracking va en sentido contrario a lo anterior, pues no reduce la vulnerabilidad estructural, justo sería lo opuesto, ya que profundiza y mantiene al país atado a una lógica fósil, demanda agua en un contexto de crisis hídrica, aumenta los riesgos de contaminación, abre nuevos frentes de conflicto territorial, genera emisiones de metano y absorbe recursos que podrían acelerar una transición energética justa. Además, aún si lograra incrementar temporalmente la producción, no resolvería los problemas de fondo como la alta dependencia del gas en la generación eléctrica, la falta de almacenamiento estratégico, la debilidad de la red, la exposición a precios internacionales y la necesidad de reducir emisiones.
La salida no está en fracturar el subsuelo para sostener un modelo que ya muestra sus límites, sino en diversificar la matriz eléctrica, fortalecer la transmisión, desarrollar almacenamiento, reducir pérdidas, impulsar eficiencia, democratizar la generación renovable y proteger a las comunidades frente a nuevas zonas de sacrificio. También está en dejar de pensar a la energía como simple negocio y empezar a entenderla como condición de bienestar, soberanía y justicia ambiental.
Por eso el fracking no es una opción para el país. No lo es por sus impactos ambientales, por sus costos sociales, por su presión sobre el agua, por sus riesgos climáticos y por su incapacidad para resolver la dependencia estructural. Tampoco lo es porque insistir en el gas como columna vertebral del desarrollo energético posterga las transformaciones que el país necesita.
Bibliografía
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Shonkoff, S. B. C., Hays, J., & Finkel, M. L. (2014). Environmental public health dimensions of shale and tight gas development. Environmental Health Perspectives, 122(8), 787–795. https://doi.org/10.1289/ehp.1307866
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
Correo: gioconda15 # gmail.com
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