Si Fabián Gianola y Claudio Morgado aún estuvieron al frente de TVR, se hubieran agrandado luego que el presidente Kirchner usara su frase registrada para referirse a los militares procesistas. El país no les tiene miedo a éstos, pero debe tomar medidas. «No tengo miedo, no les tengo miedo» le espetó Néstor Kirchner a la […]
Si Fabián Gianola y Claudio Morgado aún estuvieron al frente de TVR, se hubieran agrandado luego que el presidente Kirchner usara su frase registrada para referirse a los militares procesistas. El país no les tiene miedo a éstos, pero debe tomar medidas.
«No tengo miedo, no les tengo miedo» le espetó Néstor Kirchner a la audiencia en el día del Ejército, durante el acto realizado en El Palomar. Obviamente no estaba desafiando a toda la concurrencia sino a quienes habían protagonizado la reivindicación del terrorismo de Estado el 24 de mayo último en la plaza San Martín.
El párrafo más duro del mandatario fue el que reivindicó al Ejército de San Martín y Belgrano, y cuestionó al de Videla, Galtieri, Viola y Bignone «que asesinaron a sus propios hermanos (argentinos)».
Un rápido paneo de las cámaras permitió visualizar que tras esas palabras varios militares rompieron filas y empezaron a caminar dando la espalda al palco oficial, en clara señal de desobediencia.
Sin embargo los autores de esa falta no fueron individualizados por la jefatura del arma y no recibieron sanciones. Uno fue el teniente coronel Rafael Eugenio Videla, hijo del genocida Jorge Rafael Videla, pero la burda explicación que habría dado, de que salió un momento a fumar un cigarrillo, habría sido tomada por válida por la conducción. Y en consecuencia, la cría del Proceso zafó de la pena.
Los que no pudieron salir indemnes fueron cuatro oficiales a cargo de la seguridad del acto en El Palomar: recibieron arrestos de veinte días dispuestas por el jefe del Colegio Militar, general Raúl H.Gallardo. Es que se les coló Cecilia Pando de Mercado, esposa de un oficial de inteligencia dado de baja y asesora del partido del torturador Luis Patti, que empezó a los gritos contra el jefe de Estado.
Esos sancionados se suman a los otros seis que habían quedado en esa situación luego del acto procesista en Plaza San Martín. Son tres capitanes y dos tenientes que acudieron allí de uniforme, cuando se insultaba al general Roberto Bendini y se amenazaba de muerte al presidente de la Nación. Los cinco oficiales pertenecen a la Compañía de Comandos 601 de Campo de Mayo, cuyo jefe, un mayor, también fue sancionado por no prevenir lo sucedido. Esta unidad de Infantería es sospechada de ser un núcleo proclive a la reivindicación del período dictatorial, o, lo que es lo mismo, de rechazo a la política gubernamental de reivindicación de los derechos humanos.
A favor y en contra
Sin poner las manos al fuego por el general Bendini, sus mensajes parecen dotados de contenido democrático, como el pronunciado en el treinta aniversario del golpe de Estado. En esa oportunidad denunció el establecimiento en 1976 de una maquinaria represiva y dio en el clavo al ligar esos procedimientos sanguinarios con el modelo socio-económico monopolista que se benefició del baño de sangre.
Dos años antes, en un gesto político, había descolgado personalmente los cuadros de los ex dictadores Videla y Reynaldo B. Bignone de las paredes del Colegio Militar, ante una orden del presidente de la Nación. Evidentemente eso le granjeó los insultos de «traidor» y «lacayo» proferidos por los admiradores de la dictadura el 24 de mayo último. Como la mayoría de éstos son de tradición gorila, tampoco le deben haber perdonado su crítica, en otro discurso, al golpe de 1955 y los bombardeos a la Plaza de Mayo. O, en la misma sintonía, la valoración que hizo del general Enrique Mosconi en junio de 2004 en un acto del Centro de Estudios Socio-Económicos y Sindicales (Cess).
Entre los militares que reivindican la dependencia del país y el exterminio de su gente, de un lado, y los otros que critican eso, no hay lugar a dudas sobre quiénes son los peores. Con este criterio, las sanciones que se adopten en su contra, fundadas en la ley y en los reglamentos, estarán muy bien tomadas.
Los medios de derecha, en cambio, han saltado como impulsados por un resorte, a favor de los sancionados y la tendencia oligárquica dentro de las instituciones castrenses. Algunos lo hicieron en forma abierta y hasta provocadora, como Guillermo Cherashny (Brokers TV) o Héctor Alderete (Seprin.com). Otros eligieron una forma algo más sutil, como Rosendo Fraga (Nueva Mayoría), Eduardo Feinman (Radio 10) y Fernando Laborda (La Nación).
Fraga, ex asesor del dictador Roberto E. Viola, sostuvo que «en los últimos meses, la política militar parece enfocarse en una suerte de castigo a los militares». Laborda dijo no entender tantas provocaciones presidenciales teniendo en cuenta que «pocos sectores de la vida nacional han hecho en los últimos años tan valorables esfuerzos en materia de autocrítica como las Fuerzas Armadas». Lo que el columnista de «La Nación» ocultó es que los sancionados no se caracterizaron precisamente por hacer autocrítica. Quien sí la hizo, Bendini, fue el blanco de sus agresiones.
Esas repercusiones mediáticas fueron un reflejo de lo que piensa la derecha política. Los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy adhirieron a la tesis de que el presidente con sus «excesos» está provocando a las FF.AA. El jefe del bloque macrista en Diputados, Federico Pinedo, dijo que Kirchner está haciendo que «sus subordinados se sientan parias en su propia tierra».
En realidad las sanciones han sido muy leves. Walter Curia, en Clarín, trajo a colación el arresto en España del teniente general José Mena Aguado, general jefe de la fuerza terrestre, por haber advertido en Sevilla que -si se aprobaba el Estatuto de Cataluña con reconocimiento de nación- las Fuerzas Armadas deberían intervenir.
¿Hay riesgos de asonada?
Ya que mencionan arrestos en España, conviene recordar una comparación hecha por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos. Dijo la entidad: «al capitán de la Guardia Civil Antonio Tejero, le dieron 30 años de prisión por haber asaltado el parlamento español en 1981 durante 37 horas. ¿Cuántos años de prisión le corresponden a Videla, Camps, Suárez Mason, Martínez de Hoz y demás responsables de la dictadura? Regla de tres simple: 17 horas, 30 años de cárcel; 67.464 horas, 119.054 años de cárcel».
Volviendo al caso argentino actual. Una cosa cierta es que no aparecen en el horizonte inmediato peligros de golpe de Estado ni de rebeliones armadas con fuerte predicamento en el Ejército como las del ex teniente coronel Aldo Rico y el coronel Mohamed Alí Seineldín entre 1987 y 1990.
También es verdad que en el panorama latinoamericano los impulsores estadounidenses de los golpes y militarismo en los ´60 y ´70 están promoviendo otra estrategia: las democracias con seguridad cuyo mejor ejemplo es el colombiano Alvaro Uribe.
Pero eso no significa que Washington haya descartado las intervenciones militares como vía para sus objetivos políticos y económicos. Basta mirar hacia Afganistán e Irak para advertir esa subsistencia de la política de los marines, los golpes e intervenciones por parte de la superpotencia que hoy amenaza a Irán. Nuestro subcontinente no está exento de esos riesgos, si se tienen en cuenta los aprestos agresivos de EE.UU. contra Cuba y Venezuela, más la presencia de militares del Comando Sur norteamericano en Colombia y en Paraguay.
A los militares que defienden el terrorismo de Estado les molesta la política oficial de derechos humanos que ha llevado a 200 de los suyos a prisión. Pero también les duele que se dinamice Astilleros Río Santiago, se reparen por cuenta propia los helicópteros y se contrate con empresas nacionales los radares para la Fuerza Aérea. Es que los procesistas cobraban «comisiones» de astilleros alemanes y franceses, compraban equipos al Pentágono y hacían lobby por los radares norteamericanos.
El debate de hoy no es sólo ideológico, o dicho de otro modo, no es sólo por la cuestión de los derechos humanos.