Ni la sentencia de cadena perpetua para Videla, ni el nuevo pedido de pruebas de ADN a los herederos de Herrera de Noble, pueden ocultar el giro a la derecha en la política de Estado del Gobierno Nacional con la creación de un Ministerio de Seguridad, nada menos que como reacción a la emergencia de […]
Ni la sentencia de cadena perpetua para Videla, ni el nuevo pedido de pruebas de ADN a los herederos de Herrera de Noble, pueden ocultar el giro a la derecha en la política de Estado del Gobierno Nacional con la creación de un Ministerio de Seguridad, nada menos que como reacción a la emergencia de la lucha por la vivienda con ocupaciones de tierra por parte de miles de trabajadores sin techo.
Una semana después del operativo conjunto para desalojar a 1600 familias de una amplia extensión del Parque Indoamericano, los gobiernos de Macri y de Cristina disputan la escena mediática alrededor de la ocupación de un pequeño club de barrio en Lugano. La nueva ministra fuerte del Gabinete, Nilda Garré, hizo debutar al Ministerio de Seguridad dando detalles del «autor intelectual» de la ocupación de una canchita de fútbol (un puntero del Pro de quinta) y atacó «el discurso xenófobo» de Macri. Fuegos artificiales navideños para distraer de que, en tanto, no hay un solo imputado por los asesinatos de los hermanos bolivianos y paraguayos, y hasta el barra de Huracán que fue parte de la banda fascista que atacó a los ocupantes está en libertad. En el mismo sentido, los jefes de la UF de Pedraza y los directivos estatales de la UGOFE están cada vez mas lejos de la cárcel en la causa del crimen de Mariano Ferreyra llevada adelante por la ahora segunda de la ministra Garré, la fiscal Caamaño, que puso en causa aparte la actuación de la Federal acusada, al menos, de complicidad. Mientras los intelectuales K de Carta Abierta se hacen gárgaras con «los reclamos ancestrales de los pueblos originarios», en Formosa hay una total impunidad para los represores de la comunidad Qom. Su dirigente Félix Díaz reclama desesperadamente por sus demandas y ha iniciado una huelga de hambre en Buenos Aires, dejado en banda por los progres K que llegaron a alardear con el pedido de intervención a la provincia, pero ni le consiguieron la prometida entrevista con la presidenta.
La presión de la derecha y el giro de CFK
El jefe de la bancada oficialista de diputados, Agustín Rossi, sostiene que «se está armando una presión para que el gobierno abandone una política señera de no reprimir la protesta social», en referencia a la campaña que fogonea la oposición mediática de Clarín y La Nación, catapultando a Macri que pide desalojos, sin más, de las tomas de tierras, y a Duhalde que sostiene que «represión no es una mala palabra». Sin llegar a adoptar enteramente esta política, de todos modos, el polo de derecha ha triunfado en imponer la agenda: ahora se discute si la protesta social se reprime directamente con balas que te agujerean un pulmón o sólo con palos que te partan el cráneo. La «doctrina» de no reprimir la protesta social -que, claro está, en los hechos los Kirchner violaron cuanto pudieron, como en Santa Cruz o ante huelgas y ocupaciones como las del Casino, Mafisa o Kraft-, se está modificando sustancialmente. Fue la propia presidenta la que en Olivos y ante el Consejo del PJ -incluido «el autor intelectual» de los crímenes de Formosa Gildo Insfrán- pidió celeridad a los jueces ante las tomas de tierras a las que calificó de «delitos». Ante semejante cambio, el anuncio de la ministra Garré sobre las directivas a la Policía Federal de «no llevar armas de fuego» (en la primera línea, por supuesto) en sus operativos contra protestas, es otro de los fuegos de artificio: como dijo el propio Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, es «algo que se aplica desde el 2004».
Aquella «política señera» fue, en realidad, un reconocimiento a la relación de fuerzas que leyó el kirchnerismo entre un Estado sin autoridad en sus fuerzas armadas y la irrupción de masas del 2001. Esa relación de fuerzas fue medida, ya con el peronismo en el poder, con el rechazo masivo a los asesinatos del Puente Pueyrredón que hizo recular a Duhalde, quien, aún hoy, intenta despegarse de la masacre que precipitó su huida del poder mostrándose en viejas fotografías con las Madres de Plaza de Mayo. Los Kirchner fueron canalizadores de un desvío de las tendencias pre-revolucionarias del 2001: a partir del crecimiento económico y un plan de contención para los millones de desocupados, desactivaron la confluencia con sectores medios que se sintetizaba en la fórmula «piquete y cacerola». De un lado, la reciente aparición de la lucha por la vivienda -que expresa la emergencia de los más postergados, presentes en todos los fines de ciclo, como el de Alfonsín en el 89 y en los levantamientos de desocupados que recorrieron los tiempos finales de Menem y de De la Rúa-, y, por otro lado, el pasaje abierto de sectores significativos de las clases medias porteñas al «cacerola contra piquete», son una demostración de que el ciclo de desvío ha concluido. El crecimiento económico que lo posibilitó sobrevive, pero el «modelo» comenzó a crujir por los polos de la sociedad.
«Paz social» y aspiraciones igualitarias
«Me detuve especialmente en lo que dice el acuerdo de evitar medidas de violencia, como cortes de ruta», recalcó la presidenta ante la firma en la industria de la Construcción de un nuevo preparativo del «pacto Social» que el gobierno, las cámaras empresarias y los jefes de la CGT van ensayando, rama por rama. La subordinación de la CGT, como así también de la centroizquierda K, al giro a la derecha de Cristina no puede ser más evidente: Hugo Moyano y las 62 Organizaciones han postulado con bombos y platillos como «el mejor candidato de los trabajadores» del PJ Capital nada menos que al ministro Boudou, proveniente de las filas de la juventud neoliberal de Alsogaray en los 90.
Esta ubicación de la cúpula sindical va a contramano de las tendencias a emerger de los sectores más postergados de la clase trabajadora. Los tercerizados ferroviarios de los ramales Belgrano y San Martín han salido al corte de vías y siguen el camino del triunfo conseguido por los del Roca al pasar todos a planta permanente. El proceso se contagia en las empresas telefónicas, donde se pone en pie la organización de un sindicato de tercerizados cuyos delegados acaban de cortar la 9 de Julio reclamando la igualdad de convenio y salario. En tanto, aunque sectores de los trabajadores medios son permeados por la ideología reaccionaria contra los inmigrantes y los reclamos de «orden», su dinámica de clase es muy distinta a las capas medias que son la base de una oposición de derecha. En los trabajadores en blanco perdura la inercia de la situación previa, de luchas de presión salarial para empardarle a la inflación, pero perviven las aspiraciones igualitarias y una práctica de acción directa que tenderán a chocar con las nuevas condiciones, mas duras, que quieren imponer desde arriba.
La manifestación del pasado 11 de diciembre del sindicalismo de izquierda y el PTS que marchó a Soldati a expresar su solidaridad de clase ante la ocupación del Indoamericano, en rechazo a la campaña contra los hermanos inmigrantes, y reclamando un paro nacional a la CGT y la CTA para que toda la clase trabajadora acuda masivamente en su ayuda, fue un hito que señala una perspectiva de independencia política de la clase trabajadora que enfrente el giro reaccionario del gobierno de CFK y todas las variantes de «orden» para los ricos. Fue también una pequeña muestra en la acción de la preparación de una dirección distinta a la de los que pidieron en la Casa Rosada «que el Estado garantice la vida» (CCC y PO). Un partido formado por militantes obreros y juveniles que se preparen para batallas de la clase trabajadora capaces de quebrar la voluntad de un Estado que lleva el crimen en sus entrañas, porque le niega a millones la igualdad salarial, la tierra, la vivienda y hasta el pleno derecho a la protesta.
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