Resulta interesante verificar la fuerte iniciativa económica, mediática y política del poder más concentrado en la economía y la política local para avanzar en su proyecto estratégico.
En estas horas, todo ello se define con acciones orientadas a lograr un tipo de cambio más alto (devaluación), favorable a la rentabilidad de los grandes productores y exportadores. Al mismo tiempo promueven la afirmación de la liberalización de la economía, contra todo tipo de control estatal, tal como los establecidos en estos días por el BCRA, facilitando la disposición (acceso a divisas) y salida de fondos (cancelar deudas o invertir en el exterior), reproduciendo una lógica continua de fuga de capitales desde 1975/76.
En el ámbito económico presionan con las operatorias sobre las divisas, más allá de la regulación estatal del tipo de cambio. Lo hacen por canales que debieron clausurarse hace rato, sea el dólar bolsa o el contado con liquidación, operaciones para hacerse de moneda extranjera y especular con ello. Llama la atención que recién ahora se establezcan límites a la disposición de divisas de grandes empresas deudoras en el mercado financiero mundial. Ahora solo podrán disponer del 40% de la deuda a cancelar. Es lo que el BCRA reglamentó y acotó así la disponibilidad de fondos. Son tiempos de internacionalización de la producción y de transnacionalización del capital, por lo que esas empresas privadas debieran demostrar la incapacidad de hacerse de fondos propios en el exterior para cancelar sus deudas. Solo bajo esas condiciones de imposibilidad de recursos, cuando así ocurriera, y con investigación del caso por parte del BCRA es que debiera discutirse la asignación de reservas.
¿Por qué?
Es que las reservas internacionales no son ni del BCRA, ni de los deudores privados, ni de los exportadores, sino del conjunto de la sociedad, quien con la actividad económica general es la generadora de esas divisas que gestiona el BCRA. Los vencimientos del sector privado “…de deuda externa se estiman en US$14.000 millones para lo que resta de 2020 y 2021”, según señala el Informe de Política[1] Monetaria de agosto pasado, y desde ya, el BCRA no debería destinar reservas para esos fines, más cuando existe un informe[2] que remite a la fuga de capitales de los últimos años, convergente con la transferencia de una deuda pública que funge como hipoteca para el conjunto de la sociedad. Además, debe registrarse que los grandes exportadores mantienen retenido en el exterior parte de lo obtenido por exportaciones, eludiendo su liquidación en el país, lo que engrosaría las reservas internacionales.
La presión se juega en el plano mediático para intervenir en la disputa de consenso político hacia las posiciones en pro de la liberalización de la economía y la plena mercantilización. Aun cuando los economistas “libertarios”, verdaderos liberales ortodoxos, critican al gobierno Macri, se encargan de divulgar el ideario favorable a la liberalización, el aperturismo y en beneficio de la rentabilidad del inversor capitalista privado. Esa defensa de la “propiedad privada de los medios de producción” es lo que estuvo en juego en el caso Vicentin y en el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. Los “banderazos” en defensa de la propiedad responden a un consenso explícito que hasta ahora no se hacía visible. Quienes defendían la sacrosanta propiedad privada lo hacía con discreción o directamente constituían una minoría ultra liberal regodeada en su marginalidad.
Cae la producción y crecen las miserias sociales
Es curioso constatar la fuerte presión económica y política, precisamente en momentos en que se difunden alarmantes datos sobre la evolución del PBI, con un -16,2% para el segundo trimestre del 2020 y un índice interanual del -12,6%. En esos registros se destaca una caída del consumo privado del -18,9%, y del -10,4% para el consumo público; una baja de la inversión del -27,5%; una merma de las exportaciones del -7,9% y del -19,1% para las importaciones[3]. Es un cuadro preocupante, con fuerte caída de la actividad económica que supone 2,5 millones menos de ocupados. La tasa de desocupación alcanza al 13,1% y resulta grave cuando se pone el acento en grandes centros urbanos, caso de Rosario con el 17,9%; Córdoba con el 19,1%; Santa Fe con el 20,3%; Ushuaia con el 22% y Mar del Plata con el 26%.[4]
La caída de la producción y el impacto regresivo en el empleo se siente en pérdida de ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales. En efecto, la distribución personal del ingreso confirma que el 30% de mayores ingresos percibe la misma magnitud que el 70% restante de la población. En ese mismo registro se puede ver cómo mientras el 10% de mayores ingresos percibe un 22,8% del total, el 10% de menores ingresas apenas percibe el 2,8%, e incluso el 40% de menores ingresos percibe en conjunto un 22,5%, que es todavía menor a la percepción del 10% de mayores ingresos[5]. Son datos que confirman la inequidad en la distribución del ingreso y que en el marco de la emergencia son los más enriquecidos los que deben sostener el financiamiento de la política pública.
Necesidad de ejercer la presión social
Ante la iniciativa del poder y la cruda realidad que impacta a millones de personas, cuando la pandemia incluye a más de 700.000 contagiados y más de 15.000 fallecidos, se impone la necesaria intervención social para ejercer presión en sentido contrario, favoreciendo una reorientación de la carga económica y financiera para sostener y modificar el actual estado de situación.
En ese plano se juega el debate por el impuesto a las grandes fortunas, aun cuando lo llamen aporte voluntario, del mismo modo que se requiere retomar la iniciativa por el cambio de modelo productivo que acompañaba el anuncio por la intervención y expropiación a Vicentin. A la movilización en defensa de la propiedad privada de los medios de producción más concentrados se debe oponer una lógica de producción y reproducción asentada en derechos sociales.
Se trata de ejercer presión social en la búsqueda no de un acuerdo de gobernabilidad que afirme un modelo productivo construido desde las reformas estructurales de 1975/76. Lo democrático y popular apunta a desbaratar la presión existente para un gran acuerdo que derive en profundizar reaccionarios cambios en la legislación laboral y previsional para otorgarles seguridad a potenciales inversores. Venimos señalando las ilusiones en torno a la potencialidad de esos inversores, pero, de hecho, actúa como un dulce que se pone delante para entusiasmar y gestar reaccionarios cambios a favor de la rentabilidad del capital. Si luego, esos inversores no llegan, para los que hoy actúan en el mercado local, supone una lógica de mejora en las ganancias.
Lo que ocurre, es en definitiva una cuestión de lucha política por estabilizar el modelo productivo de extranjerización y subordinación al gran capital, o transitar la búsqueda de un nuevo bloque social que sustente y dispute un nuevo orden político con beneficiarios mayoritarios en la economía, la producción y distribución, de ingresos y riqueza.
Quienes pregonan “políticas de estado” y un gran acuerdo pretenden estabilizar un rumbo iniciado en 1975/76 y que genera amplias resistencias que impiden su consolidación. Por eso los recurrentes ciclos inflacionarios que explican la disputa de poder en el país. Contra ese consenso se juega una estrategia alternativa de poder para la emancipación.
Notas:
[1] BCRA, en: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM0820.pdf (consultado el 26/09/2020)
[2] BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, en:
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf (consultado el 26/09/2020)
[3] INDEC. Informe de avance del nivel de actividad, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_203A30C37E8E.pdf (consultado el 26/0972020)
[4] INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Segundo trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf (consultado el 26/0972020)
[5] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Segundo trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim203E26BE94AC.pdf (consultado el 26/09/2020)
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP