El pasado 25 de mayo se cumplieron 10 años de la detención y desaparición forzada, en la ciudad de Oaxaca, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). Una década en que familiares, la sociedad civil y organizaciones sociales y políticas, y claro, el […]
El pasado 25 de mayo se cumplieron 10 años de la detención y desaparición forzada, en la ciudad de Oaxaca, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). Una década en que familiares, la sociedad civil y organizaciones sociales y políticas, y claro, el propio grupo armado, han exigido su presentación con vida, así como juicio y castigo a los responsables de este execrable crimen de Estado y lesa humanidad, cometido en el contexto de ese extraordinario levantamiento cívico-ciudadano dirigido por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Diez años de lucha, alegatos jurídicos, denuncias, protestas, indignación, dolor, temor, solidaridad y fraternidad, permeados por hostigamientos, amenazas, persecución, vigilancia, indiferencia, negligencia, cinismo, indolencia y, sobre todo, impunidad. Hasta la fecha, nada se sabe del paradero de los dos luchadores sociales, ni ningún funcionario del Estado ha sido juzgado por dicho crimen, pese a la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no obstante que el noveno tribunal colegiado de la Federación emitió la resolución judicial 29/2014, en la que se ordena la apertura de los cuarteles militares para su búsqueda y localización, y se cita a comparecer a los entonces (2007) mandos superiores de las fuerzas armadas, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y otras instituciones públicas del país. Un total de 48 funcionarios, nada menos.
El caso es paradigmático, porque se trata de dos miembros de una organización político-militar que los reconoce y solicita, en abril de año 2008, mediante un comunicado público, la integración de una comisión de mediación (Comed), que fue constituida, entre otros, por los entrañables compañeros Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados y Samuel Ruiz, y quien escribe, demostrándose fehacientemente en numerosas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, principalmente, que Gabriel y Edmundo fueron detenidos, y posteriormente desaparecidos por el Estado mexicano, y, en consecuencia, se configura el delito conocido como desaparición forzada.
La Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y firmada por México precisamente hace una década, en 2007, y ratificada al año siguiente, señala en sus primeros artículos: «1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, como estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. 2. Para los efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».
Ante la carencia total de resultados y llegando a su fin el sexenio de Felipe Calderón, la Comed decide disolverse en octubre de 2012, no sin antes hacer una diligencia fracasada de exhumación en mayo de ese año, publicar un libro editado por Serapaz, sobre las desapariciones forzadas en México, en el que se ofrece una gran cantidad de información sobre el caso de Gabriel y Edmundo, y en el que se reitera, por varias fuentes y testimonios, que el Estado mexicano es el responsable de la detención-desaparición forzada de los dos militantes del PDPR-EPR.
Con todo, en 2014 esta organización armada me solicita, también mediante un comunicado, conformar una nueva comisión. En carta publicada en La Jornada respondo: En relación con el comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, de fecha 14 de julio del presente año, informo que acepto convocar a la formación de una comisión civil de seguimiento y verificación de la búsqueda, localización y presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, con base en la resolución emitida por el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en la cual ordena a las autoridades responsables la creación de comisiones especiales. En tal virtud, propongo a las siguientes personas: doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria; doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México); Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, representantes legales de los familiares de los desaparecidos; Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, del equipo de Serapaz. Igualmente, me sumo a las propuestas de los familiares de los desaparecidos en cuanto al acompañamiento de organismos internacionales y expertos de reconocido prestigio a dicha comisión, y reitero su llamado al secretario de Gobernación para que proceda a la conformación de la comisión especial de búsqueda
(Correo Ilustrado, 15 de julio de 2014). Coordinada por la organización Hasta Encontrarlos, conformada principalmente por los familiares de Gabriel y Edmundo, la comisión civil ha desarrollado múltiples tareas, que incluyen conferencias de prensa, mesas redondas sobre el caso, giras nacionales y reuniones con el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, sin que hasta la fecha se haya logrado avanzar un ápice en la investigación. Mientras tanto, México es uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo. El segundo más letal después de Siria.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/02/opinion/019a2pol
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