«Respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer (por el 24 de octubre de 2018, en la movilización contra la aprobación en el Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste y despojo al pueblo argentino), ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado […]
(Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, 25 de octubre de 2018)
«Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país.»
(Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, 25 de octubre de 2018)
El presidente Mauricio Macri también se manifestó «de acuerdo» con «endurecer las leyes migratorias» y establecer «criterios de reciprocidad» porque, en su opinión, «a veces uno tiene la sensación de que se es demasiado generoso y abierto frente a otras realidades». «Queremos gente que venga con la vocación de trabajar, como nuestros abuelos, y protegernos de otros que vienen con otras intenciones que nos complican la existencia a todos y le dan un trabajo enorme a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich», dijo.
El jefe de Estado manifestó su posición al ser consultado en una conferencia de prensa sobre si está «a favor de endurecer las leyes migratorias». «Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que debatir el manejo migratorio en nuestro país», respondió.
«En esta Argentina madura no tenemos que tener miedo, tenemos que debatir cómo son las reciprocidades» con otros países que establecen restricciones para el ingreso de extranjeros, dijo e instó al Congreso a debatir al respecto.
Pronunciamientos
Desde la «Campaña Nacional Migrar No es Delito» respondieron al Presidente: «En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo en la región trata de ser frenada, entre otros, por el activismo político transnacional a través de artistas, organismos de Derechos Humanos y partidos políticos de distintos lugares del mundo que manifiestan su preocupación por lo acontecido en estas geografías, nuestros mandatarios promueven rápidamente la expulsión del país de extranjeros en función de su presunta actividad política.
Mientras que nos conmovemos por aquellas intervenciones solidarias de mexicanxs con migrantes centroamericanos que nos confirman que la búsqueda de un mundo más solidario y justo trasciende fronteras, otras formas de participar en política parecen poder ser cuestionadas y merecer una sanción ejemplificadora: la expulsión del territorio.
[…] No nos interesa despolitizar a los extranjeros y migrantes. Al contrario: defendemos el derecho a participar de la vida política como algo inherente al ser humano. Como algo inherente a nuestro ser en el mundo.
Fue esa participación política la que contribuyó a principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a todo para terminar de implantar una política de hambre y despojo. Los derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de «extranjeros». Los mismos que la Ley de Residencia luego expulsó. Los mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar».
También desde el «Movimiento de los Pueblos» sostuvieron: acompañamos la lucha de las personas migrantes y les decimos ¡NO ESTAN SOLXS! Migrar y luchar no son delitos. ¡SON DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS!
La Ley de Residencia de 1902
La llamada «Ley de Residencia» (22/9/1902) autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar del país a todo extranjero que perturbara el orden público.
Esta ley de carácter represivo fue la respuesta que el Gobierno y los patrones de empresas dieron a las luchas obreras surgidas desde fines del siglo XIX en todo el país. Se inspiraba en un proyecto elaborado en 1899 por el escritor Miguel Cané a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y disponía la salida del territorio «a todo extranjero por crímenes o delitos de derecho común» y de «todo extranjero que comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público». Como delito se interpretaba cualquier movimiento de protesta o de petición colectiva y aun la actitud pasiva de la huelga, usada como recurso de defensa. Las pocas voces críticas argumentan que la distinción entre nativos y extranjeros es inconstitucional. La Ley es acompañada con la declaración del «estado de sitio».
Con la llegada de los primeros inmigrantes se había producido un profundo cambio en las relaciones laborales del país ya que muchos de ellos pertenecían a movimientos anarquistas o socialistas que tenían conciencia del valor de su trabajo y de su dignidad como personas. La mayor parte de la clase dirigente veía como una amenaza a sus intereses económicos las reivindicaciones de salarios o limitaciones de horario en el trabajo. A partir de 1901 las huelgas de obreros se multiplicaron y fueron protagonizadas por muchos gremios, entre ellos los de panaderos, estibadores del puerto de Buenos Aires y Rosario y peones del Mercado Central. Los reclamos iban dirigidos a aumentar los magros salarios que no cubrían ni siquiera las necesidades básicas, a limitar los horarios de trabajo y a lograr tiempo de descanso.
La Ley de Residencia estuvo en vigencia hasta 1958 y ejerció una persecución policial sobre obreros anarquistas y socialistas y muchos de ellos fueron detenidos y deportados. Se calcula que antes de fines de 1902, unos 70 militantes anarquistas fueron expulsados a Génova o Barcelona.
Alfredo Palacios contra la Ley de Residencia
En las sesiones de la Cámara de Diputados de los días 18 y 20 de julio de 1904, Alfredo Palacios se pronuncia en contra de ella.
Reproducimos fragmentos de su discurso por considerarlos de gran actualidad:
«Todo el mundo sabe hoy, que el movimiento obrero es la agitación que produce una clase para luchar por su conservación y elevación, obedeciendo a razones biológicas.
El sistema capitalista ha determinado un conjunto de circunstancias desfavorables para esta clase, que lucha y que reacciona para modificarlas.
(…)
Atacar el movimiento obrero, con más razón si es violentamente, es desconocer las leyes generales de la evolución. Más: es perjudicar los intereses de la sociedad; más todavía: es perjudicar los intereses mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en agrupaciones orgánicas con programas definidos que expresan sus anhelos, pueden dar una orientación clara y progresista a las ideas de los hombres de Estado.
(…)
El Poder Ejecutivo ha involucrado en una sola denominación, de hombres peligrosos, a los anarquistas, a los socialistas de temperamento apasionado y a los propagandistas de las huelgas. La policía ha hecho también la misma designación para todos estos individuos a que me he referido. Ha creído encontrar en los anarquistas a vulgares criminales; en los socialistas revolucionarios, como ellos los llaman, sin tener en cuenta que todos los socialistas son revolucionarios, en la acepción científica de la palabra, casi anarquistas, y a los obreros huelguistas, en la mayor parte de los casos, los han tratado como a vividores de oficio.
(…)
El vicio, pues, de la Ley de Residencia está en esa facultad discrecional que tiene el Poder Ejecutivo para aplicar por sí y ante sí, arbitrariamente, el dictado de «hombre peligroso» a todos aquellos individuos que a su juicio perturben el orden público.
(…)
Bien, señor Presidente; en presencia de las facultades extraordinarias que acuerda la ley de extrañamiento de extranjeros al Poder Ejecutivo, en presencia de un fenómeno de restricción de la producción, en presencia de la ignorancia de los funcionarios inferiores de la policía respecto de estos movimientos económicos, respecto de este fenómeno de la desocupación, es claro que los abusos serán incontables.
(…)
Se ha buscado un pretexto para matar las ideas. Pero ya sabemos que no es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma en que se presentan las ideas nuevas, cualesquiera que ellas sean, es claro que todos los valladares, que todos los obstáculos, que todos los inconvenientes que se opongan a su paso no han de hacer sino acrecentar la ola cuyo empuje es cada vez mayor».
¿Hacia una nueva Ley de Residencia?
Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirán otro fuerte debate en el inicio de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. El proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes. Aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por «detener o entorpecer» la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no cometan lesiones y daños, que no se impida «el ejercicio de derechos personalísimos» y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar al país luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años. De acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la Ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.
En La Plata, el Poder Ejecutivo municipal acaba de presentar un proyecto para modificar el Código Contravencional de 1985 e incorpora entre las sanciones posibles multas que podrían alcanzar los $ 173.000 a quienes realicen cortes y piquetes.
También la Legislatura porteña avanzó hacia la consolidación de un modelo de administrar la calle con la aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal de la Ciudad que fue objetado por la oposición porque, entre otros aspectos, incorpora la figura del «agente encubierto o agente revelador», limita el derecho a la defensa y otorga mayor discrecionalidad a los jueces.
«Este Código ataca derechos, libertades y garantías. Tiene el objetivo de implementarse en esta ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales», destacó Myriam Bregman, legisladora del FIT.
El control de la calle tiene antecedentes en el fallido «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas», más conocido como «Protocolo Antipiquetes», que intentó imponer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al comienzo de la gestión Cambiemos. Y tendrá un próximo capítulo para la Cumbre del G-20 del 30 de noviembre y 1º de diciembre con una ciudad sitiada por 20.000 efectivos nacionales y extranjeros que tratarán de impedir las protestas.
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