En estos días, la bronca parece ser la palabra más importante. Unos contra la corrupción televisada en directo, otros por el sufrimiento ante una política económica desbocada, junto a la «grieta» entre ambas visiones, promovida por una dirigencia agotada. Es hora de ir pensando en los ganadores y perdedores de lo que está pasando. El […]
En estos días, la bronca parece ser la palabra más importante. Unos contra la corrupción televisada en directo, otros por el sufrimiento ante una política económica desbocada, junto a la «grieta» entre ambas visiones, promovida por una dirigencia agotada. Es hora de ir pensando en los ganadores y perdedores de lo que está pasando. El «caos controlado» como una política de EE.UU. para seguir dominando en su «patio trasero».
La bronca y la indignación parecen ser la mejor síntesis de los estados de ánimo que invaden a los argentinos. Ellas se manifiestan de los modos más diversos y afloran por doquier. Como ya se dio en otras oportunidades durante nuestra historia, hoy nuevamente un duro enfrentamiento interno está dividiendo a los argentinos.
Cuando la bronca contra la soberbia y los errores cristinistas, que habían permitido el triunfo de Mauricio Macri, seguía siendo un barrial, explotado -hasta el hartazgo- por el actual gobierno, fue apareciendo su contracara. Una generalizada y justificada rabia popular contra el gobierno macrista se desató por toda la geografía nacional. Todo lo dicho se vio, en vivo y directo, en los últimos tiempos.
Las movidas contra el gobierno ya son un clásico nacional. Recorren todo el país, van desde Ushuaia, en el sur patagónico, hasta La Quiaca, en el norte. Los motivos son los más diversos y sería demasiado largo enumerarlos, pero esta semana hubo una novedad, al calor de las multiplicadas y superdifundidas denuncias sobre corrupción, se hizo una movida dirigida a pedir medidas directas contra las personas involucradas en dichos actos, particularmente respecto de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo desafuero y detención demandaban.
El detonante de los últimos hechos tiene que ver con los mentados «cuadernos Gloria», las denuncias sobre pedidos de coimas, los transportes y revoleos de bolsos, las «colas» y «codazos» de funcionarios y empresarios «arrepentidos». Todo ello conmueve a nuestros sectores medios y los grupos politizados, ante una cierta pasividad -cargada de escepticismo- de los más humildes, preocupados por otros menesteres para poder seguir sobreviviendo.
Desde el cristinismo acusan al gobierno de utilizar esas denuncias como tapadera de los problemas y para proscribir a Cristina; desde el oficialismo tratan de llevar agua a su molino ante el festival de corrupciones que tienen ante sus ojos, pero… queda por saber realmente quienes son los perdedores y ganadores de esta parafernalia.
Ganadores y perdedores
A primera vista, esta avalancha de sucesos vinculados a la corrupción deberían perjudicar al cristinismo y beneficiar al gobierno. Cuando nos adentramos en algunas consideraciones la cuestión no parece tan clara. El cristinismo aparece, de un modo bastante consistente, como el destinatario final de una vasta red de recolección de fondos. Ellos habrían servido para financiar «la política» (como suele decirse) y también habrían recalado -en buena proporción- en las cuentas privadas de varios funcionarios que incluirían el máximo nivel de decisión.
Todo ello realimenta la bronca y el odio -cargado de gorilismo- de sectores medios. La reacción de los sectores populares no es la misma, sobre todo cuando la política estatal golpea sus bolsillos. A la vista de esos padecimientos, esta situación no causa -en los sectores populares- mayores efectos y aparece como otro mecanismo de una política persecutoria respecto a una dirigencia que recientemente había gobernado y con la cual estaban mejor.
Para el macrismo, que -en principio- aparece como el gran beneficiario de lo que sucede, la cuestión no está tan clara. Es cierto que estos hechos son un muro de contención ante la fuga de votantes propios, pero también contienen varios riesgos. Uno de ellos es que el oficialismo no está totalmente fuera de las denuncias formuladas.
Una empresa (IECSA) de la familia Macri (Franco -el padre- y Mauricio -el hijo-) puede quedar «pegada» a la histórica «patria contratista», situación con la que fueron largamente privilegiados. La continuidad de esa misma empresa, gestionada por un primo -Angelo Calcaterra- antes de ser «vendida» a Marcelo Mindlin, aparece en el mismo paquete que involucra a funcionarios del gobierno kirchnerista y otros varios empresarios.
Eso hizo que Calcaterra -para no ir preso- tuviera que presentarse como «arrepentido». Le resultará muy difícil a la tuerta justicia actual sacarlos de ese lugar. Pero muchos más grave que todo ello es el hecho que las empresas involucradas forman parte de la flor y nata de las actividades de la construcción. Sobre las mismas y sus vínculos para conseguir créditos internacionales descansaba el proyecto macrista para las obras públicas del año que viene, a través del programa de Participación Público-Privada (PPP).
En medio de la actual crisis económica, sin solución a la vista, el macrismo tenía en esas obras públicas su carta electoral más importante. Todo eso ahora está fuertemente debilitado porque a ningún banco internacional le conviene aparecer vinculado a empresas tan cuestionadas en el plano legal.
Hay indicios en el sentido que la aparición de los mencionados cuadernos no sea una cuestión muy casual y que hay algo muy grueso detrás de esta operación de inteligencia. Ese «algo» tiene que ver con la política internacional y es posible que forme parte de la dura disputa actual entre los EE.UU. y China. Si eso es cierto, el gobierno de Mauricio Macri, no será el gran beneficiado.
Esta campaña avalaría la tesis de que el poder internacional le ha «soltado la mano» al macrismo. Esta metodología ya se ha aplicado en la región, se hizo en Brasil donde está en juego la presidencia de Luis Inácio «Lula» da Silva y también en Ecuador, con la persecución penal al expresidente Rafael Correa. En la jerga internacional esa política es conocida como «guerra jurídica» (Lawfare) y sería lo que está en pleno desarrollo en estos momentos en Argentina. Como ocurre con toda operación de este tipo, cada uno de los intervinientes trata de sacar algún jugo de la misma.
El poder imperial
Con la aplicación de esta política, el poder imperial, podría matar varios pájaros de un tiro. Les permitiría deshacerse de un Macri, escasamente eficiente para desarrollar de un modo sustentable las políticas imperiales; ponerle un límite moral y jurídico al avance de Cristina, usándola como «cuco» y seguramente colocar las fichas en algún candidato que les garantice la continuidad de sus políticas e intereses, aflojando un poco las tensiones que hoy están a punto de estallar.
La situación actual es suficientemente grave como para que al poder imperial le pase inadvertida. Las estadísticas dicen que en siete meses se fugaron 20 mil millones de dólares; el dólar está superando los 31 pesos; la inflación anual por encima del 35%; la pobreza está llegando a fin de año arriba del 33%. La actividad económica sigue cayendo a un ritmo frenético: el mes de junio registro una baja del 6,7% respecto de igual mes del año pasado.
De todo lo dicho se deduce que los grandes ganadores no son las fuerzas políticas que aparecen en el escenario más visible. Esta campaña apunta a la consolidación de los lazos de dependencia construidos en los últimos años.
Juan Guahán, analista político de Question Latinoamérica y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.