Cuando Gustavo Madero -líder del Partido de Acción Nacional (PAN)- exhorta a los empresarios para que presionen a los diputados y aprueben la minuta «sin enmiendas» de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, tal petición es una señal inequívoca hacia quienes deciden realmente las leyes en este país. Sea en el Senado o […]
Cuando Gustavo Madero -líder del Partido de Acción Nacional (PAN)- exhorta a los empresarios para que presionen a los diputados y aprueben la minuta «sin enmiendas» de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, tal petición es una señal inequívoca hacia quienes deciden realmente las leyes en este país.
Sea en el Senado o en la Cámara de Diputados se percibe en ocasiones un ambiente como en la película «Gánsters contra charros», de Juan Orol. Vaya uno a saber quienes son quienes, pues hay parlamentarios que fusionan el papel de los protagonistas de uno u otro bando. En tal «enfrentamiento» existen verdaderos delincuentes políticos de «cuello blanco» por un lado, y por el otro verdaderos delincuentes-charros sindicales. Todos tratando de sacar raja del asunto.
Trabajadores contra charros.
El martes 16 de octubre hubo un violento atropello realizado por las autoridades migratorias de Ciudad Acuña, Coahuila, en contra del compañero estadounidense luchador social Pete de May, miembro del Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés). Pete de May fue deportado de manera ilegal, rápido y furiosamente, por dos años por el «delito» de estar filmando afuera, en terreno público, de una de las seis plantas maquiladoras de la empresa Arneses y Accesorios de México, filial de la PKC de capital finlandés. El «delito» era estar entrevistando a los trabajadores.
Las entrevistas se realizaban en vísperas del proceso de recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el sindicato democrático y el representativo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Un grupo numeroso de policías municipales obedeciendo las órdenes de los gerentes de la PKC -quienes en los hechos mandan en esta ciudad- detuvieron al mencionado compañero y al camarógrafo solidarios con la lucha democrática de los trabajadores de esta fábrica de arneses (sistemas de cableado) para automóviles y los llevaron a las oficina migratoria con la amenaza de detenerlos por dos semanas e imponerles una elevada multa. Estuvieron privados de su libertad por diez horas y a De May lo expulsaron injustificadamente.
El recuento por el CCT fue un fraude ganado con trampas por los charros sindicales en una de las maquiladoras más grandes de la frontera norte con más siete mil obreras y obreros, y es un ejemplo notable de explotación patronal y de trato despótico sobre los trabajadores con la complicidad y la corrupción de los charros sindicales de la CTM. En el recuento la empresa metió las manos ilegal y coercitivamente para influir en la decisión de los operarios. El proceso estuvo plagado de irregularidades e intimidaciones pues la patronal y la CTM tuvieron todo el apoyo del aparato represivo del Estado -ejército, policía federal, policía estatal y policía municipal- alrededor de las plantas intimidando a las trabajadoras y trabajadores para que no votaran por la alternativa democrática. El gobernador de una entidad plagada de violencia y de corrupción (¡Cuál no!), el funesto Rubén Moreira Valdez, declaró cínicamente que «hubo un recuento (de votos) en perfecta armonía, hubo mucha seguridad por parte del gobierno del estado, pero no hubo necesidad de aplicar correcciones por algún brote violencia. Con esto, los trabajadores se podrán expresar a través de sindicatos que garanticen salarios, estabilidad y eleven la condición de vida de Acuña.» Hubo, pues, una visible complicidad de las autoridades locales de Ciudad Acuña y del gobierno de Coahuila a favor de la fórmula PKC-CTM.
Desde luego, la deportación nunca jamás se ha aplicado a quienes si debería aplicarse con todo el peso de la ley, como a los gerentes extranjeros de las empresas transnacionales quienes violan cotidiana y flagrantemente las leyes laborales, pues cuentan con la protección del gobierno mexicano y sus sindicatos oficiales u oficiosos; sindicatos de Estado, pues estos apoyan incondicionalmente a todos los gobiernos representativos (PRI, PAN o PRD) de los intereses empresariales. La lista de empresas extranjeras beneficiadas por los contratos de protección o el outsourcing es numerosa (Wal-Mart, Honda, Pepsi, etcétera).
Lo anterior es un ejemplo de miles de contratos de protección patronal con la representatividad caciquil priísta impuestos por la fuerza o el fraude. Esta es una larga historia plagada de violencia gansteril en las zonas industriales. Es por eso que la reciente aprobación consensuada por el Senado de la iniciativa panista de una nueva Ley Federal del Trabajo, incluidos los puntos relativos a la democracia y transparencia sindical, es una mera apariencia de protección jurídica para el pueblo trabajador. El sindicalismo corporativo autoritario (CTM, CROM, CROC) no desaparecerá mágicamente con la nueva ley, pues la democracia y la transparencia sindical no pueden imponerse por decreto, pues a final de cuentas un avance significativo de tal naturaleza depende practica y absolutamente de la fuerza política organizada de los propios trabajadores en sindicatos democráticos y autónomos; es decir, independientes del Estado y de los partidos de derecha, incluidos los de la «izquierda» sistemática (del establishment) y electorera.
Va toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores democráticos de Ciudad Acuña, con la de los compañeros jaliscienses del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda (STUHM), y con nuestro compañero Pete de May.
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