Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce.
Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.
Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.
A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.
Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».
Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.
García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.
Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.
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